REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCION DE JUICIO CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Maiquetía, 5 de Diciembre de 2003 193º y 143º ASUNTO PRINCIPAL: WP01-S-2003-000832 Visto el escrito presentado por el profesional del derecho Dr. ROMULO ENRIQUE SAA. I El Tribunal Observa: En fecha 2 de Junio de 2003 el acusado EUCLIDES RIVERO TORRES, solicitó al Tribunal Primero de Control se le designara un Defensor Público, se designó a la Dra. ANA CECILIA MILLAN, quien aceptó y se juramentó en esa misma fecha, según consta al folio once (11) de la presente causa. En fecha 22 de julio de 2003 fue consignado escrito en el cual revocan a la Defensora Pública y designan a los Profesionales del Derecho DURGA OCHOA Y ROMULO ENRIQUE SAA, los cuales hasta la presente fecha no se han juramentado de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. Por lo antes expuesto se evidencia que los mencionados Abogados no tiene cualidad para actuar en la presente causa. Y así se declara. II El artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal establece el examen de la medida, en consecuencia el Tribunal para decidir observa: El Representante de la Fiscalía del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, formuló acto conclusivo, presentando escrito de acusación en contra del acusado de marras por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, quedando evidenciado con el mismo, la pretensión fiscal y sus fundamentos, así como la posibilidad real para la Defensa de acceder al control de los medios probatorios, antes del juicio oral y publico. Debemos señalar igualmente que, en criterio reiterado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se ha establecido que el delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, debe considerarse por su connotación y por el especial trato que le otorga el artículo 271 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como un delito de lesa humanidad, el cual queda excluido del otorgamiento de medidas cautelares sustitutivas, llegando incluso a determinar que en aquellos casos en los cuales ocurre el vencimiento del plazo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, debe igualmente determinarse los motivos que dieron lugar la plazo a los fines de considerar la procedencia o no de la libertad, circunstancia esta que comparativamente se trae a colación en relación al caso que nos ocupa por tratarse de un norma igualmente adjetiva que no conlleva el otorgamiento de la libertad como un beneficio, sino como una consecuencia jurídica de la omisión de un acto procesal, por lo que mal podría acordarse la Medida cautelar sustitutiva de libertad del ciudadano EUCLIDES RIVERO TORRES , formalmente acusado por la presunta comisión del delito antes mencionado, pues ello conllevaría inexorablemente a la impunidad en ilícitos pluriofensivos y de tan alta sensibilidad social. En consecuencia, este Juzgado considera procedente y ajustado a derecho es mantener la Medida Judicial privativa de libertad, del mencionado ciudadano. Y así se decide. En este mismo orden de ideas, se observa igualmente, que las condiciones o motivos que determinaron la imposición de la medida cautelar de privación de libertad no han variado a la fecha, en virtud de lo cual se hace necesario la comparecencia del imputado a juicio, manteniendo así de esta forma la Medida Privativa de Libertad que fue decretada en su oportunidad. Y así se declara. DISPOSITIVA Este Tribunal Unipersonal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: La solicitud del Dr. ROMULO ENRIQUE SAA, no es procedente actuar en la presente causa, por no tener cualidad de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: Se mantiene la Medida Judicial Privativa de Libertad de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, Diarícese, notifíquese la presente decisión y déjese copia de la misma. LA JUEZ DRA. LILIAM QUEVEDO MARIN EL SECRETARIO ABG. ORLIMAR CARREÑO