REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
EN FUNCIONES DE JUICIO
EN SU NOMBRE
Maiquetía, 13 de Febrero de 2003
192° y 143°
MINITERIO PUBLICO: DRA. RHINA MOROS
ACUSADO: FRANCISCO ORTIZ PEÑA
PASAPORTE: N° O1355479
DEFENSOR PUBLICO: DR. JOSE AMALIO GRATEROL
DELITO: TRANSPORTE ILICITO DE ESTUPEFACIENTE
SENTENCIA: CONDENATORIA
POR ADMISION DE LOS HECHOS
Compete a este Tribunal Primero de Juicio, de conformidad con lo establecido en el Artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, dictar sentencia condenatoria al ciudadano FRANCISCO ORTIZ PEÑA, nacido en fecha 15 de mayo de 1947,de cincuenta y dos (52) años de edad, de nacionalidad Española, hijo de Francisca Peña Segovia y Juan Antonio Ortiz Madueño, Residenciado en Madrid calle Godella, 209 tercero derecha España, titular de la cédula del pasaporte O1355479 procedimiento por admisión de los hechos efectuado en acto del juicio Oral y Público celebrado en fecha seis (6) de febrero de 2003, en el cual la DRA. RHINA MOROS Fiscal Primero del Ministerio Público, Acuso por el delito Transporte Ilícito de Estupefacientes de conformidad con lo previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánico Sobre Estupefacientes y Psicotrópicas, debidamente asistido en este acto por su Defensor Público DR. JOSE AMALIO GRATEROL.
PUNTO PREVIO
SOLICITUD DE NULIDAD
En la presente causa el Defensor Público DR. JOSE AMALIO GRATEROL al momento de iniciarse la Audiencia, a los fines de realizarse el juicio oral y público hizo el siguiente alegato:
”Solicito muy respetuosamente a este Tribunal, la nulidad de la audiencia preliminar efectuada en fecha 23 de febrero del 2000, por cuanto en la misma se le impone a mi defendido las alternativas del proceso, en este caso el procedimiento por admisión de los hechos, sin que antes se haya admitido la acusación interpuesta por el Ministerio Público, lo que a todas luces el violatorio del debido proceso, contenido en el artículo 49 de la Constitución , todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 208 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente para el momento de dicha audiencia, ello conforme a lo que establece el artículo 553 del Código Orgánico Procesal Penal, para ésta fecha. Por lo que solicito a este Tribunal que a mi defendido se le imponga nuevamente de las alternativas a la prosecución del proceso, Por otra parte debo señalar que mi defendido fue aprehendido en fecha 03-12-99, por lo que ha transcurrido más de 2 años privado de su libertad, sin que se haya decidido su responsabilidad en la presente causa, por lo que solicito la libertad de mi defendido, por ser procedente y ajustada a derecho tal como lo establecen los artículos 44 y 49 ordinal 8° de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es todo”
El Tribunal vista la solicitud de la nulidad de la audiencia preliminar, para decidir observa:
Siendo que el ciudadano Defensor, alego la nulidad de la audiencia preliminar efectuada en fecha 23 de febrero del 2000 que riela a los folios 37 al 41 de la primera pieza de la presente causa, el Tribunal debe pronunciarse previamente, por lo cual observa que efectivamente en el acta aparece que se le cede la palabra al imputado ante de haberse admitido la acusación Fiscal, en consecuencia no había la posibilidad de la admisión de los hechos. De conformidad con lo establecido en el único aparte del artículo 212 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente para la fecha de la celebración de la audiencia preliminar en referencia, acuerda el SANEAMIENTO prefiriendo esa institución a la de la nulidad, por cuanto se ha violado el debido proceso y de conformidad con lo establecido 49 ordinal 3° de la Constitución Nacional de Venezuela en concordancia con el artículo 1° del Código Orgánico Procesal Penal, en consecuencia se acuerda imponer nuevamente al acusado de las alternativas de prosecución del proceso, que en el presente caso sería la contenida en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en el procedimiento por Admisión de los Hechos. Y así se declara.
Con relación a la solicitud de libertad solicitada por la Defensa el Tribunal considera que se hace improcedente toda vez que en este acto se esta realizando la audiencia para el juicio, en consecuencia NIEGA LA SOLICITUD DE LIBERTAD. Así se Declara.
DE LA ACUSACION FISCAL
Cursa en la presente causa del folio catorce (14) al dieciséis (16), escrito de acusación Fiscal, la cual es ratificada en la audiencia preliminar en los siguientes términos:
“Ratifico en este acto el escrito de acusación que fuera presentado en su oportunidad legal, ante el Tribunal de Control, mediante el cual acuso formalmente al ciudadano FRANCISCO ORTIZ PEÑA, de nacionalidad Española, titular de la cédula del pasaporte O1355479 , por el delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, toda vez que el referido ciudadano en fecha 03-12-99, siendo aproximadamente 07:35 horas de la noche, fue aprehendido por el Guardia Nacional JESUS DIAZ RODRIGUEZ, en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, adscrito a la Unidad Especial Antidrogas de Maiquetía, durante la revisión de personas del vuelo N°667 de la Aerolínea ALITALIA, con destino a Milán, quien llevaba adherido a su cuerpo objetos irregulares entre sus partes genitales, razón por la cual se solicitó la colaboración de dos ciudadanos para que sirvieran de testigos del procedimiento, siendo éstos, PEDRO LEONIDAS ROMERO Y GUSTAVO SANTIAGO GUZMAN VARGAS, siendo trasladados al Comando Antidrogas, incautándosele al referido acusado en sus partes genitales cuatro (4) envoltorios en forma rectangular, contentivo de una sustancia, que posterior a la experticia química respectiva resultó ser CLORHIDRATO DE COCAINA, con un peso de 683 gramos con 3 décimas y una pureza de 88,5%. Así las cosas, esta Representante Fiscal, a lo largo de la presente audiencia demostrará la culpabilidad y consiguiente responsabilidad penal del hoy acusado en el mencionado delito.”
Los hechos enunciados ut supra constituyen en criterio de este Tribunal, un hecho punible que merece pena corporal, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita; y que de las actas emanan elementos que demuestran la comisión del delito, con la Experticia Química N° CO-LC-DQ-99/1886 del 9 de Diciembre de 1999, que riela al folio ciento treinta y tres (133) al ciento cuarenta (140) de la presente causa, se evidencia la corporeidad del delito, en la cual se determinó que la sustancia incautada era la denominada Cocaína con un peso de seiscientos ochenta y tres (683) gramos con 3 décimas y una pureza de ochenta y ocho punto cinco (88,5%) por ciento. y con relación a la autoría el acusado FRANCISCO ORTIZ PEÑA, antes identificado, Admitió los hechos conforme a lo pautado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo lo procedente pasar a imponer la pena. Y Así se Declara.
LA PENA A IMPONERSE, LAS COSTAS Y LOS OBJETOS DECOMISADOS
El delito de Transporte Ilícito de Estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánico Sobre Estupefacientes y Psicotrópicas que establece una pena de diez (10) a veinte (20) Años de PRISION, conforme al artículo 37 del Código Penal se aplicara la pena media que será de QUINCE (15) AÑOS y se le hace una rebaja hasta el límite mínimo del conformidad con lo establecido en el artículo 74 del Código Penal, por cuanto no posee antecedentes penales como consta en la causa al folio cincuenta y dos (52), que aparece inserta certificación emanada del Ministerio de Justicia de fecha 7 de junio de 2000 en la cual se certifica: “Que de los registros correspondientes no aparecen antecedentes penales ni probatorios del mencionado ciudadano”. Se aplicara la rebaja de pena de un tercio que establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la época de la comisión del delito, en definitiva la pena aplicable sería la de SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISION, los cuales cumplirá en el lugar de reclusión que indique el ejecutivo en fecha. De conformidad con lo establecido en el artículo 367 del Código Orgánico Procesal Penal se establece como fecha provisional de finalizar la condena el dia 3 de Julio del año 2006. Y así se declara.
Se le exime del pago de las costas procesales, conforme a lo pautado en el artículo 272 del Código Orgánico Procesal Penal, que se hace evidente que no posee recursos económicos, toda vez que se encuentra asistido por un Defensor Público. Y así se declara.
Con relación a otros objetos decomisados, de las actas que integran la presente causa no se evidencia la existencia de otros objetos ocupados o decomisados. Y así se declara.
INCINERACION DE LA DROGA
Se ACUERDA oficiar la Fiscalía Superior de la Circunscripción Judicial Penal de Estado Vargas, a los fines de ordenar lo conducente para LA DESTRUCCION de la Sustancia Incautada, de conformidad con lo establecido en el articulo 146 de la Ley Orgánico Sobre Estupefacientes y Psicotrópicas, para lo cual se deberá seguir el procedimiento de incineración señalado en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de Septiembre de 2001. Y así se declara.
DISPOSITIVA
Por las razones de hecho y derecho antes expuestas, éste Tribunal Primero de Juicio, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley CONDENA al ciudadano FRANCISCO ORTIZ PEÑA, nacido en fecha 15 de mayo de 1947,de cincuenta y dos (52) años de edad, de nacionalidad Española, hijo de Francisca Peña Segovia y Juan Antonio Ortiz Madueño, Residenciado en Madrid calle Godella, 209 tercero derecha España, titular de la cédula del pasaporte O1355479, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, a CUMPLIR LA PENA DE SEIS (6) AÑOS Y OCHO (8) MESES DE PRISION, por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Estupefacientes, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánico Sobre Estupefacientes y Psicotrópicas, las accesorias de Ley de conformidad con lo establecido en el artículo 60 ordinal 1° consistente en la expulsión del territorio Nacional después de cumplida la pena impuesta y las contenida en el ordinal 1° del artículo 16 del Código Penal.
Se acuerda la destrucción de la droga incautada para lo cual se deberá seguir el procedimiento de incineración señalado en la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 25 de Septiembre de 2001.
Publíquese, Regístrese, Diarícese la presente decisión. Ofíciese al Fiscal Superior. Remítase, por la renuncia de las partes a la apelación, de inmediato las presentes actuaciones al Tribunal de Ejecución. Cúmplase,
LA JUEZ
Dra. LILIAM QUEVEDO MARIN.
LA SECRETARIA
ABG. FREYSELA GARCIA
LQM/fg
CAUSA Nº 1U-138-00
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