REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Estado Vargas
Macuto, 27 de Junio de 2003
193º y 144º
ASUNTO PRINCIPAL : WK01-P-2003-000096
ASUNTO ANTIGUO : 4U-798-03
Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión al escrito interpuesto por el Defensor Público Penal, TRINO ARCAY, en su carácter de Defensor de Confianza del imputado EDGAR GUILLÉN PARRA, quien es de nacionalidad Venezolana, natural de La Guaira, Estado Vargas, fecha de nacimiento el 05 de Marzo de 1975, de 28 años de edad, de profesión u oficio Obrero, hijo de Inocencia Parra y Eulalio Guillén, residenciado en Barrio Arenal, calle Marisela, Casa S/N°, Parroquia Carayaca, Estado Vargas y titular de la cédula de identidad N° 13.224.148, mediante el cual manifiesta y requiere “...mi patrocinado tenía fijada audiencia de juicio oral y público el día 19 de los corrientes…fue diferida en virtud de no haber sido trasladado…a la hora señalada…dicha audiencia había sido previamente diferida…por el mismo motivo…en la audiencia de presentación el Fiscal…solicitó que se decretara el procedimiento abreviado, lo cual fue acordado, transcurrido hasta la presente fecha 93 días de detención preventiva sin que se hubiese celebrado dicho acto. En este sentido…la fiscalía precalificó erróneamente el tipo delictivo como homicidio intencional calificado…en el hipotético caso de que mi…defendido hubiera atacado al hoy occiso…este hecho hubiera debido ser calificado como homicidio en legítima defensa y bajo estado de necesidad, conforme al artículo 65 del Código Penal numeral 3 y 4…En razón de los alegatos expuestos, y de conformidad con los artículos 44 numeral 1° y 49 numeral 2° de la Constitución…264 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito…decrete medida cautelar a favor de mi patrocinado...”.
En fecha 24 de Marzo de 2003, el Ministerio Público imputó al ciudadano EDGAR GUILLÉN PARRA los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN y HOMICIDIO CALIFICADO, previstos y sancionados en el artículo 408, ordinal 1°, en relación con el artículo 80, segundo aparte, ambos del Código Penal, y en el artículo 408, ordinal 1°, ejúsdem, respectivamente, cuya pena oscila entre Quince (15) y Veinticinco (25) años de presidio, razón por la cual el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal le decretó medida de privación judicial preventiva de libertad, al encontrar llenos los extremos exigidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.
Ahora bien, el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, establece en su parte in fine: “...el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares...y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas...”. En este sentido, debe destacarse que la medida de coerción personal, sea esta privativa o restrictiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello el Juez que conoce de la solicitud de imposición de medidas cautelares sustitutivas, deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de comisión y la sanción probable.
Por otra parte, si bien es cierto que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad, contemplado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso
Establecido lo anterior, es importante analizar, a los efectos de considerar si en el caso de marras procede o no la sustitución de la medida de privación de libertad, los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto de proceso. Así tenemos que el ciudadano EDGAR GUILLÉN PARRA, se encuentra sindicado por un hecho grave y de alta sensibilidad social, como lo es el delito de HOMICIDIO CALIFICADO, ilícito penal que acarrea una pena que en su límite superior contempla Veinticinco (25) años de presidio. Por otro lado, las circunstancias por las cuales le fue decretada por el Tribunal de Control la privación judicial preventiva de libertad, a juicio de esta decisora, no han variado, pues es en el momento de la realización del juicio oral y público donde la Defensa tendrá la oportunidad de demostrar los alegatos que esgrime en la presente solicitud, amén que tal y como lo refleja la Defensa el retardo en la celebración del mismo no es imputable al Tribunal ni a las partes.
Por lo anteriormente expuesto, esta decisora considera procedente y ajustado a derecho NEGAR la solicitud interpuesta por la Defensa, a la cual se adhirió la representación fiscal, en el sentido que se le imponga a su patrocinado una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVA
Por los fundamentos arriba establecidos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por la Defensa del imputado EDGAR GUILLÉN PARRA, arriba identificado, en el sentido que se le impongan medidas cautelares a su representado, en virtud que la concesión de dichas medidas es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, diarícese, notifíquese y déjese copia de la presente decisión.
LA JUEZ,
MARLENE DE ALMEIDA SOARES
LA SECRETARIA,
ABG. IVELISE ACOSTA FARIAS
|
