REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
PARTE ACTORA: FERNANDO JOSÉ ALVARADO CABRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. 5.424.972.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: LUIS REINALDO FERMÍN., abogado al servicio de la Procuraduría de Trabajadores del Estado Vargas e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 76.831.
PARTE DEMANDADA: CUSTODIA Y VIGILANCIA PRIVADA CUVIPRICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de Octubre de 1984, quedando anotado bajo el Nro. 28, tomo 14-A-Sgdo.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ANTONIO ALVARADO, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 10.740.
JUICIO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES.
EXPEDIENTE: 9131.
“Visto”, sin informes de las partes.
Por ante el Juzgado Distribuidor de Municipio fue presentada demanda, la cual efectuado el sorteo correspondiente fue asignada a este Juzgado, y admitida por auto de fecha 01 de Octubre de 2002. Citada la parte demandada, en fecha 11 de abril de 2003, presentó escrito mediante el cual solicita la perención de la instancia, de conformidad con lo establecido en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 21 de Abril de 2003, la parte demandada dio contestación a la demanda. En esa misma fecha, este Tribunal dictó auto, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de Perención de la Instancia, hecha por el apoderado judicial de la parte demandada, conforme al ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Abierto el juicio a pruebas, solo la parte actora hizo uso de ese derecho. Por auto de fecha 16 de Mayo del año 2003, se dejo constancia que ninguna de las partes presento informes y siendo esta la oportunidad legal para decidir, esta Juzgadora pasa a hacerlo previas las consideraciones siguientes:
CAPÍTULO PRIMERO
Alegó el apoderado judicial de la parte actora, en su libelo de demanda:
Que su representado fue trabajador al servicio de la empresa CUSTODIA Y VIGILANCIA PRIVADA CUVIPRICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 18 de Octubre de 1984, quedando anotado bajo el Nro. 28, tomo 14-A-Sgdo., en forma personal, subordinada e ininterrumpida, desempeñándose como vigilante, desde el 15 de Enero de 2001, devengando un salario de CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL BOLÍVARES (Bs. 144.000,oo), mensuales.
Que su representado renunció al cargo que venía desempeñando dentro de la referida empresa e hizo valer sus derechos correspondientes como trabajador ante la Inspectoría y Procuraduría Especial de Trabajadores para que de una manera amistosa se le cancelaran sus Prestaciones Sociales, resultando infructuosas las gestiones realizadas para un arreglo conciliatorio con la otra parte y por ello demandaba a la empresa CUSTODIA Y VIGILANCIA PRIVADA CUVIPRICA, C.A., para que conviniera o en su defecto fuera condenado por este Tribunal en cancelar las prestaciones sociales que le corresponden, los cuales determinó de la siguiente manera:
Trabajador: ALVARADO CABRERA FERNANDO JOSÉ.
Fecha de Ingreso: 07-09-2000.
Fecha de egreso: 06-02-2002.
Tiempo de servicio: 01 AÑOS – 04 MESES – 29 DÍAS.
Salario mensual: Bs. 144.000,oo
Salario diario: Bs. 5.280,oo
Salario Integral: Bs. 5.599,85
1. Conceptos a cancelar:
A) Diferencia de salarios mínimos establecidos por el Ejecutivo Nacional y no cancelados por la demandada.
Dado que la demandada no cumplía con la cancelación a su personal de servicio de los salarios mínimos establecidos por el Ejecutivo Nacional haciendo caso omiso a esto, desde la fecha de ingreso 07-09-2000 hasta el 1° de Mayo del año 2001, la empresa cancelaba al personal de servicio la cantidad de ciento treinta y dos mil bolívares (Bs. 132.000,oo) mensuales, siendo lo correcto: ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (Bs. 144.000,oo), de igual manera desde el 1° de Mayo de ese mismo año a la fecha de egreso de conformidad con el Decreto de aumento establecido correspondía la cantidad de ciento cincuenta y ocho mil cuatrocientos bolívares (Bs. 158.400,oo) mensuales, de los cuales CUVIPRICA cancelaba a su personal de servicio la suma de ciento cuarenta y cuatro mil bolívares (Bs. 144.000,oo) mensuales estableciéndose así la diferencia:
Desde la fecha del ingreso al 30 de abril 2001 corresponden 7 meses y 23 días los cuales fueron cancelados a razón de Bs. 132.000,oo mensuales lo que daría como resultado la cantidad pagada de Bs. 1.025.200,oo por concepto de salario en ese tiempo de servicio, siendo lo correcto la cantidad de Bs. 1.118.400,oo; esto en base a Bs. 144.000,oo, notándose una diferencia de salario de Bs. 93.200,oo.
Desde el 1° de Mayo de 2001, hasta la fecha de egreso corresponden 9 meses y 06 días los cuales fueron cancelados a razón de Bs. 144.000,oo mensuales, lo que daría como resultado la cantidad pagada de Bs. 1.324.800 por concepto de salario en ese tiempo de servicio, siendo lo correcto la cantidad de Bs. 1.457.280,oo, esto en base a Bs. 158.400,oo, notándose una diferencia de salario de Bs. 132.480,oo.
B) Bono nocturno. 30% de recargo sobre el salario convenido para la jornada diurna.
En este sentido alega que, la demandada cancelaba Bono Nocturno de la manera siguiente:
Desde el mes de Septiembre del año 2000 hasta el mes de abril del 2001, su representado prestó servicios en horario nocturno, correspondiéndole 07 meses de Bono Nocturno cancelados a razón de diez mil bolívares (Bs. Bs. 10.000,oo) cobrando así la cantidad de setenta mil bolívares (Bs. 70.000,oo) de bono nocturno por el tiempo antes mencionado, esto de manera global.
El Bono Nocturno, por el tiempo transcurrido (07 meses) debió ser cancelado en base a ese 30% establecido en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, tamando en consideración el debido salario mínimo establecido de la siguiente manera: 144.000,oo x 30 % de recargo = 43.200,oo x07 Meses = Bs. 302.400, menos la cantidad ya cancelada de Bs. 70.000, da una diferencia de Bono Nocturno de Doscientos Treinta y Dos Mil Cuatrocientos Bolívares (Bs. 232.400,oo)
A) Antigüedad:En base a Bs. 144.000,oo con salario diario integral 45 DIAS X 5.093,33 = Bs. 229.199,85.
En base a Bs. 158.400,oo con salario diario integral 25 DÍAS X 5.599,85 = Bs. 139.996,25.
B) Recalculo de vacaciones del primer año canceladas por la demandada, y no siendo estas calculadas con el salario correspondiente de Bs. 144.000,oo (Salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional), sino de Bs. 132.000,oo, notándose una diferencia de CUATROCIENTOS BOLIVARES DIARIOS en dicho salario (Bs. 400,oo), que multiplicados por 15 días de vacaciones al Primer Año, arroja un total de Bs. 6.000,oo: 15 DÍAS X 400 = Bs. 6.000,oo
C) REcalculo del bono vacacional del primer año cancelado por la demandada, y no siendo calculado con el salario correspondiente de Bs. 144.000,oo (Salario Mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional), sino de Bs. 132.000,oo, notándose una diferencia de CUATROCIENTOS BOLIVARES DIARIOS en dicho salario, Bs. 400,oo), que multiplicados por 07 días de Bono vacacional al Primer Año, arroja un total de Bs. 6.000,oo: 07 DÍAS X 400 = Bs. 2.800,oo.
D) Vacaciones fraccionadas. Período desde el 07-09-01 al 06-02-02
5,333 DÍAS X 5.109,67 = Bs. 27.249,90
E) Bono vacacional fraccionado. Período desde el 07-09-01 al 06-02-02.
2,33 DÍAS X 5.109,67 = Bs. 11.922,56
F) Utilidades. Diferencia Diciembre Año 2001.La fracción correspondiente desde la fecha de ingreso hasta el mes de Diciembre de ese mismo año sería 3,75 DÍAS, que multiplicados por el salario mínimo para entonces (5.280,oo diarios), daría como resultado:15 DÍAS X 5.280,oo = Bs. 79.200,oo, pero la empresa por no cancelar debidamente el salario mínimo establecido por el Ejecutivo Nacional, lo canceló a razón de 4.800,oo, lo cual da una cantidad de Bs. 72.000,oo, existiendo así una diferencia de Bs. 7.200,oo, por tal concepto.
G) Utilidades fraccionadas. año 2002: 1,25 DÍAS X 5.280,oo = Bs. 6.600,oo
H) Intereses de fideicomiso. La cantidad de 61.326,41 por concepto de intereses de fideicomiso sobre las prestaciones sociales adeudadas, debidamente calculadas de acuerdo a los intereses respectivos.
Total general de las prestaciones sociales y otros beneficios, que se adeudan a su representado es por la cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLIVARES CON NOVENTA Y SIETE CENTIMOS (Bs. 950.374,97).
Indicó que además de los conceptos antes detallados, la empresa le adeuda lo siguiente:
Todos los intereses que produzca esta cantidad desde la fecha de la renuncia hasta su definitiva cancelación de acuerdo a la tasa de interés que fije el Banco Central de Venezuela.
Igualmente solicitó se acuerde la corrección monetaria de la sentencia, esto es la indexación con motivo de la inflación por retardo en el pago de las Prestaciones Sociales y otros beneficios de acuerdo a los salarios fijados por el Ejecutivo Nacional y que la misma se realice desde la fecha de la renuncia hasta el efectivo cumplimiento de la obligación.
Las costas y costos que se deriven del procedimiento.
En la oportunidad legal para ello, la parte demandada presentó escrito de contestación a la demanda, en el cual alega:
Opuso la prescripción de la acción propuesta, ya que el Tribunal admitió la demanda en fecha 1° de Octubre del año 2002, y emitió la compulsa en fecha 13 de Enero del año 2003, pero nunca se ha efectuado la citación de su poderdante, hasta el día 11 de abril del año en curso, en que su representada ha quedado legalmente citada al haber diligenciado en el expediente (artículo 216 del Código de Procedimiento Civil).
Que el actor o su apoderado pudieron haber logrado la citación de la demanda antes del año de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos meses siguientes, o haber hecho uso de las otras causas señaladas en el artículo 1.969 del Código Civil.
Que al no ejercitar sus obligaciones la parte actora, o no hacer uso de las vías especiales que conceden los literales “a”, “b” y “c” del artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, o no ejercer uso de las vías especiales en el Código Civil que le pauta el literal “d” eiusdem, necesariamente la acción propuesta esta evidentemente prescrita.
A todo evento de que la solicitud de prescripción formulada, fuere declarada sin lugar, pasó a contestar la demanda en los términos siguientes:
Contradijo y negó la pretensión del demandante, relativa a que su representada tenga que hacerle algún pago por los conceptos determinados en su libelo de demanda.
Rechazó y negó que su representada lo haya despedido injustificadamente el día 06 de febrero del 2002.
Rechazó y negó que su representada tenga que pagarle las cantidades de Bs. 93.200,oo, más Bs. 132.480, por una supuesta diferencia entre el pago que recibió y el salario mínimo.
Rechazó y negó que su representada tenga que pagarle la cantidad de Bs. 229.199,85 más Bs. 139.996,25 por concepto de prestaciones de antigüedad.
Rechazó y negó que su representada tenga que pagarle la cantidad de Bs. 70.000,oo más Bs. 232,400, por concepto de diferencia de bono nocturno.
Rechazó y negó que su representada tenga que pagarle las cantidades de Bs. 6.000,oo, por concepto de recalculo de vacaciones del primer año; Bs. 2.800,oo, por concepto de recalculo de bono vacacional del primer año; Bs. 27.249,90, por concepto de vacaciones fraccionadas; Bs. 11.922,56, por concepto de bono vacacional fraccionado; Bs. 7.200,oo, por concepto de utilidades diferencia del año 2001; Bs. 6.600,oo por concepto de utilidades fraccionadas del año 2002; Bs. 61.325,41, por concepto de intereses de fideicomiso; Bs. 950.344,97, como total general de las prestaciones sociales y de los otros beneficios antes señalados.
Como consecuencia de lo expuesto, negó que su representada tenga que hacerle algún pago al demandante por concepto de intereses de las sumas antes determinadas, como tampoco por concepto de indexación o retardo en el pago de la suma reclamada.
CAPITULO SEGUNDO
Abierto el juicio a pruebas, la parte demandante promovió:
Ratificó en todas y cada una de sus partes el libelo de demanda en todo cuanto favorezca a su representado.
Promovió marcados con las letras A1, A2, A3, A4, A5. A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13 copias certificadas de la solicitud de reclamo de Prestaciones Sociales y Otros conceptos laborales, ante la Inspectoría del Trabajo en el estado Vargas.
Promovió marcados con las letras B1, B2, B3, B4 acta levantada en fecha 28 de agosto de 2002, en donde comparecieron la parte demandada y el reclamante, con la cual pretende la parte demandada, comprobar la interrupción de la prescripción de conformidad con el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, en su literal b.
Las documentales promovidas rielan insertas del folio 42 al 58 en copia certificada expedida por la Inspectoría de Trabajo del Estado Vargas. Tales copias certificadas expedidas por el funcionario autorizado para ello, de actuaciones insertas en expediente que cursa ante la Inspectoría del Trabajo, constituyen instrumentos públicos, por lo que su medio de impugnación es el regulado en los artículos 1380 y siguientes del Código Civil, y 438 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. En el caso de autos, la parte demandada impugnó tales instrumentos mediante diligencia de fecha 5 de mayo del presente año, pero no consta en autos que dicha tacha, impugnación se haya formalizado. En consecuencia de conformidad con el artículo 1359 del Código Civil, se le atribuye pleno valor probatorio a tales instrumentos.
Promovió solicitud de supervisión así como el informe de Obstrucción con propuesta de sanción.
Del folio 59 al folio 60 rielan insertas copias fotostáticas de dichas instrumentales promovidas, las cuales fueron impugnadas, motivo por el cual de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por tratarse de copias fotostáticas impugnadas, cuyo original o copia certificada no fue traída a los autos se desecha su valor probatorio.

PUNTO PREVIO
En la oportunidad legal para contestar la demandada, la demandada opuso como defensa previa la prescripción de la acción alegando para ello, que la parte actora no logró la citación de la parte demandada antes del año de expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos meses siguientes, o hacer uso de las vías especiales previstas en el artículo 64 de la Ley Orgánica del Trabajo.
EL TRIBUNAL PARA RESOLVER OBSERVA:
Con respecto a la prescripción alegada, esta Juzgadora encuentra: la parte demandada fundamenta el alegato de prescripción, en que la demanda fue admitida el 01 de Octubre del año 2002 y la citación solo se logró el 11 del abril del año 2003.
Con respecto a la prescripción en materia laboral, el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece:
“Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (01) año contado a partir de la terminación de la prestación de los servicios”.
El artículo 64 eiusdem prevé::
“La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe: a) Por la introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (2) meses siguientes;
b) Por la reclamación intentada por ante el organismo ejecutivo competente cuando se trate de reclamaciones contra la República u otras entidades de carácter público;
c) Por la reclamación intentada por ante la autoridad administrativa del Trabajo. Para que la reclamación surta sus efectos deberá efectuarse la notificación del reclamado o de su representante antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de los dos (02) meses siguientes; y
d) Por las otras causas señaladas en el Código Civil.”.

El Código Civil, en su artículo 1969 refiriéndose a la prescripción prevé: “Se interrumpe civilmente en virtud de una demanda judicial, aunque se haga ante un Juez incompetente, de un decreto o de un acto de embargo notificado a la persona respecto de la cual se quiere impedir el curso de la prescripción, o de cualquier otro acto que la constituya en mora de cumplir la obligación. Si se trata de prescripción de créditos, basta el cobro extrajudicial”

Como puede observarse, es amplio el abanico de posibilidades establecidos por el Legislador a los fines de interrumpir la prescripción de la acción. Concretamente, en el caso bajo análisis la parte actora, durante el lapso probatorio promovió a los fines de demostrar la interrupción de la prescripción copia certificadas de la Reclamación realizada por ante la Inspectoría del Trabajo en el Estado Vargas.
De dichas instrumentales se desprende (folio 45), que la empresa reclamada fue citada en fecha 21 de marzo del año 2002. En el caso de autos, la parte reclamante afirma en su libelo que renunció a su cargo el 06 de febrero del año 2002, y durante la fase probatoria demostró que intento la reclamación ante la autoridad administrativa, efectuando la citación de la empresa demandada el 21 de marzo del año 2002, es decir, interrumpió la prescripción de la acción conforme al literal c) del artículo 64 eiusdem. En consecuencia, concluye esta Juzgadora que en el presente caso la parte actora interrumpió el lapso de prescripción y en consecuencia debe declararse sin lugar la prescripción alegada por la parte demandada en el presente juicio.. ASI SE DECIDE.
CAPITULO TERCERO
EL TRIBUNAL PARA RESOLVER OBSERVA:
En materia laboral la forma de contestar la demanda, esta prevista en el artículo 68 de la Ley Orgánica del Trabajo que establece:
“En el tercer día hábil después de la citación, más el término de la distancia, si lo hubiere, el demandado o quien ejerza su representación, deberá, al contestar la demanda, determinar con claridad cuáles de los hechos invocados en el libelo admite como ciertos y cuales niega o rechaza y expresar asimismo los hechos o fundamentos de su defensa que creyere conveniente alegar” . En relación a dicha norma nuestro Máximo Tribunal en sentencia de fecha 3 de marzo de 1985 estableció:
“descansa en la necesidad de reclamar del demandado que generalmente es el patrono, una posición honrada y justa dentro de la desigualdad real existente entre el trabajador y el patrono y en atención a estas circunstancias la intención del legislador fue modificar la contestación de la demanda en el juicio laboral y someter a cierta atemperación el sistema de la carga de la prueba que rige en los juicios civiles en obsequio de la justicia y de la economía y lealtad procesales”.

El Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Social en sentencia de fecha 15 de marzo del 2000 estableció la forma de interpretación de dicho artículo en los siguientes términos:

“ ... se desprende de todo lo antes expuesto que el artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimiento del Trabajo, establece la forma y el momento en que debe ser contestada la demanda en el proceso laboral, y también, cuando se invierte la carga de la prueba y cuales de los hechos alegados por el actor se tendrán por admitidos.
Es por lo expuesto en el párrafo anterior, que esta Sala de Casación Social debe esclarecer que la contestación de la demanda en materia laboral debe hacerse en forma clara y determinada, estableciendo cuales de los hechos alegados por el actor se admiten y cuales se rechazan, estando obligada la parte demandada a fundamentar el motivo del rechazo o de la admisión de los hechos.
Lo antes expresado tiene su asidero en la circunstancia de que según como el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba en el proceso laboral.
Por lo tanto, el demandado en el proceso laboral tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirven de fundamento para rechazar las pretensiones del actor.
También debe esta Sala señalar que, habrá inversión de la carga de la prueba en el proceso laboral, es decir, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos: Cuando en la contestación a la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal aun cuando el accionado no la califique como relación laboral. (Presunción iuris tantum, establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo)
Cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se invertirá la carga de la prueba en lo que se refiere a todo los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por lo tanto es el demandado quien deberá probar, y es en definitiva quien tiene en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, si le fueron pagadas las vacaciones, utilidades etc.
También debe esta Sala señalar con relación al mencionado artículo 68 de la Ley Orgánica de Tribunales y Procedimiento del Trabajo, en lo referente a cuando se tendrán por admitidos los hechos alegados por la parte actora, que en estos casos, se deberá aplicar la llamada confesión ficta.
Es decir, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el respectivo demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal alguna prueba capaz de desvirtuar dichos alegatos del actor.
En otras palabras, la demandada tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el sentenciador deberá tenerlos como admitidos”.

Establecido como ha quedado el contenido del artículo 68 eiusdem y la interpretación que del mismo ha hecho nuestro Máximo Tribunal, debe este Tribunal dejar establecido que en el caso de autos, la parte demandada al contestar la demanda acepto como cierto la existencia de la relación laboral con el demandante y en forma pura y simple niega y rechaza los alegatos formulados en el libelo de demanda, pero no fundamento el motivo del rechazo, es más, en el primer punto rechaza que su representado haya despedido injustificadamente al actor, cuando lo cierto es, según se desprende del libelo, que dicho hecho nunca fue alegado, pues expresamente acepta el actor que renuncio a su cargo. La parte demandada, además de no fundamentar el motivo del rechazo de los alegatos formulados en el libelo de demanda, abierto el lapso probatorio, no aporto ningún elemento probatorio capaz de desvirtuar los alegatos del actor, motivo por el cual se tienen por admitidos los hechos alegado por la parte accionante. ASI SE ESTABLECE
Dados por admitidos y no desvirtuados en fase probatoria, los hechos alegados por el actor en su libelo de demandada, resulta procedente la pretensión de cobro de prestaciones sociales realizada, cuya determinación se pasa de inmediato a realizar, conforme a la legislación laboral vigente:
En primer lugar la parte actora demanda diferencia de salarios mínimos establecidos por el Ejecutivo, de las siguientes cantidades: Desde la fecha de ingreso 07 de septiembre del año 2000 hasta 01 de mayo del 2001, siete meses y 23 días, tiempo en el cual le fue cancelada la cantidad de Bs. 132.000 mensuales, cuando el salario mínimo era la cantidad de Bs. 144.000, lo cual arroja una diferencia de salario de Bs. 93.200. Desde el 01 de mayo del 2001 hasta la fecha de egreso 02 de Febrero del 2002, tiempo durante el cual le fue cancelada la cantidad de Bs. 144.000 cuando por Decreto Presidencial Nro. 1.428 le correspondía por salario mínimo la cantidad de Bs. 158.400,oo mensuales, lo cual arroja una diferencia de Bs. 132.480,oo.
El Tribunal para resolver observa:
De conformidad con el artículo 167 y 169 de la Ley Orgánica del Trabajo, corresponde al Ejecutivo fijar el monto del salario mínimo. El artículo 87 de la Constitución de la República consagra esa orden dirigida al legislador de establecer normas para asegurar a todo trabajador por lo menos un salario mínimo, es decir, aquella cantidad de dinero debajo de la cual es ilícito trabajar por cuenta de otro y que garantiza al trabajador y su núcleo familiar la satisfacción de sus necesidades básicas. Así pues, una vez que se fija el salario mínimo, toda estipulación o práctica que conlleve a que el trabajador, en desarrollo de su jornada ordinaria de labores perciba menos que la cantidad fijada como salario mínimo, violentaría el ordenamiento jurídico laboral.
En el caso de autos, la parte actora según lo hechos admitidos, percibió durante la existencia de la relación laboral una cantidad menor al salario mínimo, en consecuencia conforme a los previsto en la norma constitucional citada y por mandato legal el patrono demandado debe cancelarle al actor reclamante por concepto de salarios retenidos, la diferencia existente entre el salario cancelado y el salario mínimo fijado por el Ejecutivo que alcanza la suma de Bs. NOVENTA Y TRES MIL BOLÍVARES (93.000.oo) desde el 07 de septiembre del año 2000 al 30 de abril del año 2001. Y la cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs.132.480) desde el 01 de Mayo del año 2001 hasta el 06 de febrero del año 2002. ASI SE ESTABLECE.
En virtud de las diferencias de salario mínimo antes expresadas, resultan procedente igualmente el cobro de las diferencias de: a) bono nocturno previsto en el artículo 156 de la Ley Orgánica del Trabajo, por la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 232.400,oo), ya que según lo alegado por la actora y dado por admitido por la demandada, por tal concepto solo se le cancelo la cantidad de Bs. 70.000. b) Recalculo de vacaciones del primer año, previstas en el artículo 219 eiusdem que establece: “Cuando el trabajador cumpla un (01) año de trabajo ininterrumpido para el patrono, disfrutará de un período de vacaciones remuneradas de quince (15) días hábiles….”., una diferencia de Bs. 400 diarios que multiplicado por 15 días de vacaciones del primer año, da la suma de SEIS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.000,oo). Recalculo de Bono Vacacional del primer año, previsto en el artículo 223 eiusdem que prevé ”Los patronos pagarán en la oportunidad de sus vacaciones, además del salario correspondiente, una bonificación especial para su disfrute equivalente a un mínimo de siete días de salario más un (1) día por cada año a partir de la vigencia de esta Ley y hasta un total de veintiún (21) días de salario…” ,la suma de DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs.2.800.00), correspondiente la diferencia de Bs. 400,oo diarios de salario multiplicado por 7 días. c) Diferencia de las utilidades a Diciembre del año 2001, las cuales le fueron pagadas en base a un salario inferior al salario mínimo, y por tal diferencia le corresponde la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 7.200,00).
Además de la diferencias antes señaladas, a la parte actora le corresponde por concepto de Antigüedad dado que la duración del contrato de trabajo fue, desde el 07 de septiembre del año 2000 hasta el 06 de febrero del año 2002, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Primero del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, 60 días de salario, en base al salario integral de Bs. 5093,33 diarios, 45 días, lo que da un total de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE BOLIVARES CON OCHENTA Y CINCO CENTIMOS (Bs. 229.199,85). Y en base al salario integral diario de Bs. 5.599,85 le corresponden 25 días, lo que da un total de CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (Bs. 139.996,25). Por vacaciones fraccionadas y bono vacacional fraccionado desde el 07 de septiembre del 2001 al 6 de febrero del 2002, la cantidad de Bs. 27.249,90 y Bs. 11.992,56 respectivamente. Igualmente le corresponde al trabajador actor, por concepto de Diferencia de utilidades del año 2001, la cantidad de siete mil doscientos bolívares y utilidades fraccionadas del año 2002 la cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs.6.600,oo). Y por intereses de fideicomiso, hecho admitido por la parte demandada, la cantidad de SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 61.326,41).
Igualmente resultan procedentes los intereses demandados, conforme la legislación citada y el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece:
“Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, Toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozaran de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal”.

Por los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la demanda que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES sigue FERNANDO JOSÉ ALVARADO CABRERA, venezolano, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad Nro. 5.424.972, contra CUSTODIA Y VIGILANCIA PRIVADA CUVIPRICA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 30 de Octubre de 1984, quedando anotado bajo el Nro. 28, tomo 14-A-Sgdo. En consecuencia se condena a la parte demandada a pagar por concepto de PRESTACIONES SOCIALES:
Primero: La cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCEIENTOS SETENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (BS. 950.374,97), discriminados así: Diferencia por salarios mínimos no cancelados: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA BOLÍVARES (Bs.225.680). Diferencia de Bono nocturno: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 232.400,o). Antigüedad: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS BOLÍVARES CON DIEZ CÉNTIMOS (Bs. 369.196,10). Recalculo de Vacaciones: SEIS MIL BOLÍVARES (Bs.6000,oo). Recalculo de Bono Vacacional: DOS MIL OCHOCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 2.800,oo). Vacaciones Fraccionadas: VIENTISIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE BOLÍVARES CON NOVENTA CÉNTIMOS (Bs. 27.249,90). Bono Vacacional Fraccionado: ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS BOLÍVARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 11.922,56). Diferencia de utilidades: SIETE MIL DOSCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 7.200,oo). Utilidades Fraccionadas: SEIS MIL SEISCIENTOS BOLÍVARES (Bs. 6.600,oo). Intereses de Fideicomiso: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS BOLÍVARES CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS (Bs. 61.326,41).
Segundo: Los intereses de la cantidad señalada en el punto primero de este fallo, desde la fecha de admisión de la demanda 1 de Octubre de 2002 hasta la fecha de la fecha efectiva del pago, de acuerdo a la tasa de interés que fija el Banco Central de Venezuela y para cuyo calculo se ordena librar oficio a dicho Banco.
TERCERO: Se ordena la indexación producida sobre dicha cantidad, para lo cual igualmente se ordena oficiar al Banco Central de Venezuela, a fin de que suministre dicha información, ello en virtud de haber sido declarada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, materia relacionada con el orden público, la corrección monetaria en los juicios laborales que tengan por objeto la cancelación de las prestaciones sociales de los trabajadores y otros conceptos derivados de la relación de trabajo, reiterada en decisión de fecha 5 de febrero del presente año, la cual se efectuará desde la fecha de admisión de la demanda 01 de Octubre del año 2002 hasta la fecha de la definitiva ejecución del fallo, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre estos momentos puede transcurrir un periodo considerable que redundaría en perjuicio del trabajador, únicamente pueden ser excluidos del cálculo indexatorio los periodos en los cuales la causa se encuentra suspendida, pues en dicha suspensión si tiene responsabilidad el trabajador.
Se condena en costas a la parte demandada totalmente vencida en este fallo.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los nueve (09) días del mes de Junio del año dos mil tres (2.003). Años 192° de la Independencia y 143 de la Federación.
LA JUEZ TITULAR,
LIZBETH ALVARADO FRÍAS
LA SECRETARIA TITULAR,
ABG. HAIDEE DE MEDINA.
En la misma fecha, siendo las 2:00 p.m., se publicó y registro la anterior sentencia. La Secretaria,