REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas Macuto, 30 de Mayo de 2003 193º y 144º ASUNTO PRINCIPAL : WJ01-S-2002-000047 AUTO ACORDANDO DEVOLVER CAUSA A FISCALÍA Vista la solicitud interpuesta por el Dr. Reinaldo Barazarte, en su condición de Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, el 14/11/01, en el sentido que este Juzgado cite al ciudadano JOSE RAMON VANDE CASTILLO, a fin de que sea escuchado y notificado de los cargos por los cuales se le investiga y una vez escuchado sea acordada la aplicación del procedimiento ordinario tal como lo establece el artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal y le sea acordada una Medida Cautelar Sustitutiva de la contemplada en el artículo 256 eiusdem. Este Tribunal una vez revisadas todas y cada una de las actas que conforman la presente causa, antes de emitir pronunciamiento pasa a realizar las siguientes consideraciones: La Representante del Ministerio Público a los fines de fundamentar su solicitud indica entre otras cosas lo siguiente: “...(omissis)...En virtud de haber recibido las actuaciones policiales por parte de la Unidad Estatal N° 3, de Tránsito Terrestre del Estado Vargas, cuya causa es la N° 224-01, respecto de un accidente de transito, donde aparece como presunto imputado el ciudadano JOSE RAMON VANDE CASTILLO...(omissis)...y en atención a las investigaciones realizadas en la referida causa, esta Representación Fiscal, considera que existen elementos de convicción, para estimar que el mencionado ciudadano, es responsable de la comisión de un hecho punible, Precalificado como: LESIONES GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 417 del Código Penal vigente, cometido contra la ciudadana ANDREINA DEL VALLE NIÑO…(omissis)…”. Ahora bien, el sistema instaurado en Venezuela a partir del 01 de julio de 1999, con la entrada en vigencia del novísimo Código Orgánico Procesal Penal, se define como un procedimiento acusatorio con rasgos de inquisitivo. Sistema en el cual el ejercicio de la acción penal corresponde de modo definido a un funcionario u Órgano del Estado (Ministerio Público), excepto en los casos en los cuales el ejercicio de la acción penal está reservado a los particulares. Así, se establece claramente una diferencia precisa respecto de quien detenta el poder de juzgar, correspondiéndole al fiscal la potestad del procedimiento de investigación, en el sentido de tomar las medidas necesarias para el esclarecimiento de los hechos y la realización de la pretensión punitiva estatal. En el presente caso, nos encontramos frente a una etapa procesal de carácter investigativo, pues, al revisar las actas que conforman el legajo de actuaciones, se observa la practica de diversas diligencias destinadas a descubrir la posible comisión de un hecho delictivo y sus circunstancias así como la persona o personas que los hayan podido cometer, lo cual constituye a criterio de este decisor, “actos de investigación”, concluyendo ésta etapa con la decisión fiscal sobre el resultado de las investigaciones, las cuales pueden ser: la acusación, el sobreseimiento o, el archivo de las actuaciones. En el caso de autos, el Ministerio Público consideró que existen suficientes elementos de convicción para acreditar la posible comisión de un hecho punible así como su presunto responsable, sin embargo, no presentó ningún acto conclusivo, sino que por el contrario, solicitó de manera aislada la imposición de medidas cautelares sustitutivas en la persona del presunto responsable del hecho delictivo, una vez que éste haya sido impuesto de las actas procesales. En relación a dicho planteamiento, quien aquí decide considera, que si bien es un derecho del imputado el conocer los supuestos hechos constitutivos de delito por los cuales se le investiga, ello con la finalidad de garantizarle el derecho a ser oído, no es menos cierto que dicha obligación le corresponde al Ministerio Público en la fase investigativa, como en el caso en estudio, y en ese sentido se orienta el Tratadista Maier, J. (1989), en su Texto “Derecho procesal penal argentino”, cuando al definir la Imputación necesaria advierte lo siguiente: “...(omissis)...para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de que defenderse: esto es, algo que se le atribuya haber hecho o haber omitido hacer, en el mundo fáctico, con significado en el mundo jurídico, lo que en materia procesal penal se conoce como imputación...(omissis)...”. En base a lo antes expuesto, ha quedado claro que no es deber del Tribunal cumplir con la obligación de imponer a JOSE RAMON VANDE CASTILLO, acerca de la investigación que adelanta el Ministerio Público en su contra, pues nuestro Sistema Adjetivo Penal, coloca en manos del Ministerio Público la investigación preliminar, y por lo tanto el cumplimiento de la imputación durante esa fase, tan es así que el ya citado Tratadista en la obra antes indicada, establece que “...(omissis)...La imputación, por lo demás, no debe comprometer al tribunal que juzga, esto es, no debe partir de él: para conservar su imparcialidad y evitar toda sospecha de parcialidad, todo compromiso con la hipótesis acusatoria que conforma el objeto del procedimiento...(omissis)...”. En consecuencia, mal podría este Juzgado acordar la imposición de medidas cautelares sustitutivas de libertad en la persona del imputado sin que la misma se encuentre acompañada de alguno de los actos conclusivos previstos en la Ley Adjetiva Penal, ya que, como se indicó anteriormente, la etapa investigativa concluye con la decisión fiscal sobre el resultado de las investigaciones, las cuales pueden ser: la acusación, el sobreseimiento o, el archivo de las actuaciones, en tal sentido se declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por el Dr. Reinaldo Barazarte, en su condición de Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. Y así se decide. DISPOSITIVA En base a las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Tribunal Cuarto en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, dicta los siguientes pronunciamientos: Primero: Declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por el Dr. Reinaldo Barazarte, en su condición de Fiscal Auxiliar Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas en relación a que éste Juzgado imponga de las actas o de la investigación que se adelanta en contra del ciudadano JOSE RAMON VANDE CASTILLO, toda vez que, es al Ministerio Público a quién corresponde realizar la imputación en la fase investigativa. Segundo: Declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por el Ministerio Público, relativa a la imposición de medidas cautelares sustitutivas en contra de JOSE RAMON VANDE CASTILLO, por cuanto dicha medida debe forzosamente estar acompañada de uno de los actos conclusivos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que, nos encontramos en la fase investigativa, la cual concluye con la decisión fiscal sobre el resultado de las investigaciones, las cuales pueden ser: la acusación, el sobreseimiento o, el archivo de las actuaciones. Tercero: Se ACUERDA devolver las presentes actuaciones en su estado original a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público, con el objeto de que sea dicha Fiscalía quién imponga al referido ciudadano del contenido de la investigación llevada en su contra y presente el acto conclusivo que corresponda. Remítase la presente causa en su estado original a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, anexo a Oficio. LA JUEZ DE CONTROL DRA. MARÍA ANTONIETA CROCE ROMERO EL SECRETARIO ABG. DOMENICO RUSSO En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede EL SECRETARIO ABG. DOMENICO RUSSO