REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO, DEL TRABAJO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS Maiquetía, 12 de septiembre de 2003 192° y 144° Con motivo de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano LOURDES JAQUELINE RODIL, mayor de edad, de este domicilio y titular de la cédula de identidad N° 5.573.396, en contra de l Acto Administrativo dictado por la ciudadana Ardella Mirella Morales Méndez, Notaria Pública II de Municipio del Estado Vargas, por medio del cual se aperturó un procedimiento contra su persona en fecha 1° de julio de 2003 ante el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, dicho Tribunal dictó una decisión en fecha 11 de agosto del año actual, mediante la cual declaró INADMISIBLE la acción incoada y posteriormente ordenó la remisión del expediente a este Tribunal, a los fines de la consulta de ley. Del análisis de los hechos denunciados como violatorios de los derechos constitucionales del presunto agraviado, se observa que el trascendental por el cual interpone la pretensión, es, como se dijo, por virtud del Acto Administrativo dictado contra la accionante por la Notaria Pública II de Municipio del Estado Vargas, ciudadana Ardella Mirella Morales Méndez, mediante el cual se le impuso una medida disciplinaria de amonestación escrita. A juicio de quien esta causa decide, la pretensión constitucional incoada tiene naturaleza contencioso administrativa, porque la presunta agraviada afirma su condición de funcionario público y porque la violación del derecho a la defensa a la que alude la fundamenta en el incumplimiento de las previsiones contenidas en el Estatuto de la Función Pública. De modo que, aunque se refiera a la afectación que el acto presuntamente lesivo le ocasiona tanto en su persona como en el trabajo, como lo tiene decidido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para el juez del amparo lo importante son los hechos que constituyen las violaciones de derechos y garantías constitucionales, antes que los pedimentos que realice el querellante. No resulta vinculante para el Juez Constitucional lo que pida el quejoso, sino la situación fáctica ocurrida en contravención a los derechos y garantías constitucionales y los efectos que ella produce, que el actor trata que cesen y dejen de perjudicarlo. De allí que el pedimento del querellante no vincula necesariamente al Juez del Amparo, para quien lo importante es amparar el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. Por ello, en aplicación de la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 8 de diciembre de 2000, como complemento de su fallo del 20 de enero de 2000 (caso Émery Mata Millán), considera este Juzgador que a quien corresponde conocer de la consulta ordenada por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales en el presente asunto, para que se configure la primera instancia, es a los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos de la región capital, quienes tienen atribuida competencia para conocer de los asuntos de naturaleza contencioso administrativa que se susciten en jurisdicción del Estado Vargas. En efecto, la indicada decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dice en su parte pertinente: "Sin embargo, mientras no se dicten las leyes que regulen la jurisdicción constitucional o la contencioso-administrativa, y a pesar de la letra del artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el conocimiento de los amparos autónomos afines con la materia administrativa, corresponderá en primera instancia a los Tribunales Superiores con competencia en lo Contencioso Administrativo, que tengan competencia territorial en el lugar donde ocurrieron las infracciones constitucionales, a pesar de que no se trate de jueces de primera instancia. Esta determinación de competencia se hace en aras al acceso a la justicia y a la celeridad de la misma, evitando así, que las personas lesionadas deban trasladarse a grandes distancias del sitio donde se concretó el hecho lesivo, a fin de obtener la tutela constitucional. En beneficio del justiciable, si en la localidad en que ocurrieron estas transgresiones, no existe Juez Superior en lo Contencioso Administrativo, pero sí un Juez de Primera Instancia en lo Civil, éste podrá conocer del amparo de acuerdo al procedimiento del artículo 9 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, si en la localidad en que ocurrieran las transgresiones constitucionales, tampoco existe Juez de Primera Instancia en lo Civil, conocerá de manera excepcional de la acción de amparo, el juez de la localidad, y éste, de conformidad con el artículo 9 antes citado, lo enviará inmediatamente en consulta obligatoria al Juez Superior en lo Contencioso Administrativo, para que se configure la primera instancia. "De las decisiones que dictaren los Tribunales, a que se refiere este literal, basados en el artículo 9 citado, y en las situaciones allí tratadas, corresponderá conocer en consulta a los Tribunales Superiores en lo Contencioso Administrativo, y de las decisiones que éstos dicten en primera instancia, corresponderá conocer en apelación o consulta a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. (Resaltados en el original) Por lo tanto, acogiendo el criterio vinculante de la mencionada decisión, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, con base en que los hechos presuntamente violatorios de los derechos y garantías constitucionales del demandante tienen naturaleza administrativa, declina la competencia en los Tribunales Superiores Civiles y Contencioso Administrativos de la Región Capital, con sede en la ciudad de Caracas, a tono con lo dispuesto en la transcrita sentencia de la Sala Constitucional. Publíquese y regístrese. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los 12 días del mes de septiembre del año 2003. EL JUEZ, Abg. IDELFONSO IFILL PINO LA SECRETARIA, Acc. LIXAYO MARCANO MAYORA En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las (12:50 pm). LA SECRETARIA, Acc. LIXAYO MARCANO MAYORA IIP/RZR