REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS
TRIBUNAL CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA
EN FUNCION DE JUICIO
Macuto, 18 de agosto de 2004
194º y 145º
Vista la solicitud interpuesta por el profesional del derecho Dr. Carlos V. Morín, en su carácter de Defensor del imputado Didier Armando Torres Paiva, ampliamente identificado en autos, mediante el cual solicita la revisión de la medida cautelar privativa de libertad que pesa sobre su defendido y se le conceda al mismo el derecho a gozar de una medida cautelar sustitutiva menos gravosa prevista en nuestra norma adjetiva contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, …por subsumirse en los supuestos contemplados en la disposición del artículo 244 ejusdem., este Tribunal a los fines de decidir previamente observa y considera:
El ciudadano Torres Paiva Didier, fue aprehendido por funcionarios adscritos a la Unidad Especial Antidroga de la Guardia Nacional en fecha 14 de julio de 2002 y la Fiscalía Sexta del Ministerio Público, en fecha 27-08-2002, presentó Acusación en contra del hoy acusados por el delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el Artículo 34 de la Ley especial que rige la materia.
En fecha 13 de marzo de 2003, el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Penal en función Juicio de esta Circunscripción Judicial condenó al ciudadano Didier Armando Torres Paiva, a catorce años de prisión por la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, siendo anulado dicho fallo por la Corte de Apelaciones en fecha 07-07-2003 por no haber sido impuesto de las Alternativas a la Prosecución del Proceso.
Ahora bien, el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, reza lo siguiente:
“El estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades. Las acciones para sancionar los delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos y los crímenes de guerra son imprescriptibles. Las violaciones de derechos humanos y los delitos de lesa humanidad serán investigados y juzgados por los tribunales ordinarios. Dichos delitos quedan excluidos de los beneficios que puedan llevar a su impunidad, incluidos el indulto y la amnistía”.
Los delitos de lesa humanidad, se equiparan a los llamados crimen majestatis, infracciones penales máximas, constituidas por crímenes contra la patria o el Estado y que al referirse a la humanidad, se reputan que perjudican al género humano, motivo por el cual el tráfico de sustancias psicotrópicas y estupefacientes ha sido objeto de diversas convenciones internacionales, entre otras, la Convención Internacional del Opio, suscrita en La Haya en 1912, ratificada por la República el 23 de junio de 1912; la Convención Única sobre Estupefacientes, suscrita en las Naciones Unidas, Nueva York, el 30 de marzo de 1961; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (Convención de Viena de 1988). En el Preámbulo de esta última Convención las partes señalaron sobre el mal de la narcodependencia:
“…considerando que para ser eficaces las medidas contra el uso indebido de estupefacientes se hace necesaria una acción concertada y universal. Estimando que esa acción universal exige una cooperación internacional orientada por principios idénticos y objetivos comunes…”
En este mismo orden de ideas, es importante resaltar, que en fecha 12 de Septiembre de 2001, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, dictó decisión en la cual considera los delitos relativos al tráfico de estupefacientes como de LESA HUMANIDAD.
Trascrito lo anterior, se debe analizar, a los efectos de considerar si es procede o no la sustitución de la medida de privación de libertad, los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto del proceso y el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar la finalidad del proceso.
Asimismo, debe destacarse que la medida de coerción personal, sea esta privativa o restrictiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello el Juez que conoce de la solicitud de libertad e imposición de medidas cautelares sustitutivas, deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancia de comisión y la sanción probable.
Por todo lo anteriormente expuesto y visto que una de las cosas que se le ha garantizado al imputado es su acceso a la justicia, fijándose a cabalidad la oportunidad para la celebración del juicio oral y público en base a los principios de una justicia responsable, expedita, sin dilaciones indebidas, y en atención a que el delito por el cual se le sigue causa es considerado a juicio de nuestro mas Alto Tribunal como de lesa Humanidad, aunado a ello, ese tipo penal tiene una pena de 10 a 20 años de prisión, es por lo que este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en función de Juicio del Circuito Judicial del Estado Vargas, declara SIN LUGAR, la solicitud de la defensa, en el sentido que se le acuerde a su defendido una medida menos gravosa de las previstas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Y ASI SE DECLARA.
DISPOSITIVA
En base a las argumentaciones expuestas, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Función de Juicio del Circuito Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, considera que lo procedente y ajustado a derecho es declarar SIN LUGAR, la solicitud que formulara el profesional del derecho Dr. Carlos V. Morín,en el sentido que se le imponga al imputado Didier Armando Torres Paiva una medida menos gravosa de las contempladas en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, en acatamiento a lo contemplado en el artículo 29 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 244 ,251 y 264 todos del Código Orgánico Procesal Penal.
Publíquese, diarícese y déjese copia de la misma.
LA JUEZ CUARTA DE JUICIO
DRA. YARLENY MARTIN B.
EL SECRETARIO
ABG. ALEXIS DIAZ
Causa No. WK01-P-2002-045
|
