TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA
CORTE DE APELACIONES

Juez Ponente: Dr. Jafeth V. Pons Briñez

San Cristóbal, 21 de Diciembre de 2004.
194º y 145º

En fecha 14 de diciembre de 2004 fueron recibidas de la oficina de alguacilazgo de este mismo Circuito Judicial Penal, las presentes actuaciones contentivas de solicitud de Amparo Constitucional a los derechos a la libertad personal, dirigir peticiones y obtener oportuna respuesta, debido proceso y defensa, intentada por el abogado SERGIO IVÁN BALLESTEROS, quien es venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V-9.222.682, inscrito en el inpreabogado bajo el No. 28.338, actuando en su carácter de defensor privado del ciudadano: DENNIS GRODOTZKI, alemán, de 33 años de edad, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Occidente a las ordenes del Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio No. 03 de este mismo Circuito Judicial Penal, procesado por el delito de Transporte de Estupefacientes. Fecha en la cual esta Corte admitió la solicitud interpuesta.

Recibidas las presentes actuaciones se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Juez Jafeth Pons Briñez, quien con tal carácter suscribe el presente auto.
Luego en fecha 21 de diciembre de 2004, tuvo lugar la audiencia oral y pública en la presente causa, audiencia a la cual asistieron el abogado SERGIO BALLESTEROS quien ratificó su solicitud de amparo y solicitó se declarara con lugar su pretensión; igualmente asistió al acto el procesado DENNIS GRODOTZKI.

DE LA PRETENSIÓN DEL AMPARO:

Expone el accionante que en fecha 24-12-02, el Tribunal Octavo en Funciones de Control de esta jurisdicción, dictó medida privativa de libertad a su defendido antes identificado y a su vez DESESTIMO LA CALIFICACION DE FLAGRANCIA, presentada por la Fiscalía Décima del Estado, ordenando posteriormente pasar la causa al Tribunal de Juicio para su tramitación por la vía del Juicio Ordinario.
Posteriormente la causa sube a esta superioridad por recurso de apelación que se presentó por nulidad de actuaciones procesales, ahora por razones no imputables a su defendido y que todavía no se ha dictado sentencia en el presente proceso.
Con motivo de mantener la medida privativa de libertad sin causa ni justificación alguna, ni fundamentación la Fiscalía Décima del Ministerio Público, solicita a su entender y que prórroga de la medida de coerción personal, sin basarse en las causas taxativas señaladas en la norma del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, que como caso excepcional permite bajo justificación urgente y previa explicación motivada de las razones por las cuales se procede de esta forma, lo cual se evidencia de escrito fiscal que anexa marcado “A”-
Que habiendo sido dictado auto de fecha 24 de Noviembre del 2.004 por el Tribunal Tercero de Juicio de este Circuito Judicial Penal, por medio del cual “prorroga por un año la medida de Privación Judicial preventiva de Libertad decretada al acusado a partir del 24 de Diciembre del 2.004 de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, y Segundo: acuerda mantener la medida privativa de libertad”, decisión esta que anexa en copia marcada “B”, todo lo cual dice que viola flagrantemente el derecho a la libertad, a la oportuna respuesta, al debido proceso y el derecho a la defensa de su defendido:
“PRIMERO: Porque no estando presente como defensor privado, se nombra y que un asistente para llevar a cabo tal exabrupto jurídico, ya que el referido abogado no era defensor privado de su confianza por la revocatoria que había efectuado el procesado al haber sido nombrado como nuevo defensor. Es decir que no estuvo acompañado, de su defensor de confianza para tal acto.
SEGUNDO: El A quo, no podía prorrogar dicho lapso de la medida coercitiva, por cuanto no fue prorrogada con ningún fin de los señalados en el artículo 244 Ejusdem, por lo cual se extralimitó y se excedió en sus funciones.
TERCERO: Por unas circunstancias inciertas y futuras como lo fue que no se ha podido celebrar la audiencia oral y pública, pero es caso ciudadanos Magistrados, que tales hechos no le son imputables a su defendido, sino responsabilidad del Estado, por lo comentado supra, razón por la cual no se le pueden imputar a mi defendido, en desmejoramiento de sus derechos constitucionales previamente establecidos en su beneficio y más aun sin medir el daño causado, se le priva de la libertad a su defendido, no solamente de un año como lo dice la sentencia si no de trece meses, cual es contrario a la constitución y a lo estipulado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal.
CUARTO: El referido auto como toda sentencia, no tiene ni siquiera parte motiva por lo que causa una total indefensión a mi defendido, por no saber las razones o circunstancias que motivaron al a quo a decidir de esa manera.
Alega que ésta decisión tomada alegremente por ese despacho es la que hoy en día recurre por vía de amparo por violarle de forma flagrante el derecho a la libertad debido proceso, dirigir peticiones y obtener oportuna respuesta y consecuencialmente el derecho a la defensa, por no aplicarse debidamente las normativas legales del caso subjudice ya que conforme a la ley era improcedente la prórroga de la medida de coerción personal (privación de libertad), por no referirse a ninguno de los supuestos establecidos en la norma. Y hechos que no le son imputables a mi defendido.”
Expone además, que la violación de la Constitución Nacional en nuestro caso, según las mas altas decisiones de nuestro Supremo tribunal, se derivan del propio fallo del cual recurre por esta vía extraordinaria de amparo sobrevenido, es decir, del texto de la decisión, por no haberse cumplido con las formalidades y modalidades establecidas en la ley antes señalada, por ser lesiva de la conciencia jurídica al infringir en forma flagrante la garantía a la libertad personal y al debido proceso, por haberse irrespetado el mismo, que no pueden ser renunciados por el afectado por ser de Orden Público. Lo que conlleva determinar que toda sentencia que viole el Orden Público, las buenas costumbres es nula conforme a la ley, ya que por si misma no puede ser o llamarse sentencia. (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Tribunal constitucional de fecha 15 de Enero de 1.988).
Continúa expresando que ésta garantía constitucional es violada por el ciudadano Juez Tercero de Juicio al PRORROGARSE SIN LOS EXTREMOS DE LEY, LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD de su defendido.
Aduce que sí una norma de “Orden Público”, le impone al Juez la obligación de decidir conforme a la ley respetando las garantías constitucionales y la garantía difusa de no estar privado de la libertad por mas de 2 años si no ha dictado sentencia se le está cercenando a su defendido de disfrutar de ese supuesto contenido en la norma del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, condenándolo prácticamente a un año mas, por unas causas que no le son imputables a su defendido, no puede entonces un Juez de la República subvertir estas normas o pasar por encima de ellas so protesto (sic) o desconocimiento del derecho, pues al Juez le está dado conocer el derecho, por lo cual al no habérsele cumplido con la observación de tales disposiciones en la señalada decisión. Al no haberse cumplido con tales formalidades configura una violación al derecho del Debido proceso por contravención de la ley. Garantía del debido proceso que dice dejar alegada conforme a Jurisprudencia de la extinta Corte Suprema de Justicia en Pleno de fecha 19 de Enero de 1.993.
Deja anotado que la extinta Corte Suprema de Justicia, en decisión del 2 de mayo de 1.996, al referirse al “Orden Público”, ha dicho que es jurisprudencia pacifica desde el 24 de diciembre de 1.915, ha sido su criterio al referirse al Orden Público, que aún cuando las partes litigantes manifiestan su acuerdo, no es potestativo a los Tribunales subvertir las reglas con que el legislador ha revestido la tramitación de los juicios, pues su estricta observancia es materia íntimamente ligada al “Orden público”, igualmente en tal sentencia la Sala de Casación Penal, elaboró su doctrina sobre el concepto de “ORDEN PUBLICO”, siendo éste una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observaciones incondicionales, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del Orden Público, esto es la necesidad de la observación incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuando se está, o no en el caso de infracción de una norma de Orden Público. A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden Público, tiene que hacer triunfar el interés general de la sociedad y del estado frente al particular del individuo, para asegurar la finalidad y vigencia de determinadas instituciones de rango eminente constitucional, nada que pueda hacer o dejar hacer un particular y aún una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares, de las autoridades la ejecución de voluntades de ley que demanda perentorio acatamiento…”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

En primer lugar, esta Corte pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente causa y observa que se trata de un amparo contra una decisión dictada por un Juzgado de Primera Instancia en funciones de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, y en tal sentido respetando los criterios señalados por la Sala Constitucional de nuestro mas alto Tribunal de la República sostenidos en la sentencia del 20 de enero del 2000 (caso: Emery Mata Millán) se considera competente para conocer de la presente causa, y así se declara.

Analizados como han sido los argumentos en que se funda la pretensión del accionante así como también los recaudos consignados, la Corte arriba a la conclusión de que no tiene razón éste cuando sostiene que fue violado el derecho a la defensa del ciudadano DENNIS GRODOTZKI, debido a que no estuvo presente en la Audiencia el defensor que había designado, es decir, su defensor de confianza. Ciertamente, constan en autos recaudos en los que aparece acreditado que el acusado DENNIS GRODOTZKI designó como defensor al Abogado Sergio Ballesteros, y que éste aceptó dicho nombramiento. Sin embargo, ambas actuaciones fueron introducidas por ante el Alguacilazgo, sin que éste último prestara el juramento de ley ante el juez respectivo, como lo ordena el artículo 139 del Código Orgánico Procesal Penal; y si bien es cierto, el nombramiento del defensor no está sujeto a ninguna formalidad más que la de que se verifique la identidad del imputado, sí requiere expresamente la norma que el defensor debe aceptar el cargo y juramentarse ante el juez, lo cual debe constar en acta. De ello se infiere que ante el incumplimiento de las formalidades de aceptación de la defensa, el juez cumplió con su deber al proveer al acusado de defensor para que estuviera debidamente asistido en la audiencia especial para resolver la solicitud de prórroga de la medida de coerción personal, ya que al no haber prestado juramento el defensor designado por el acusado, no estaba en realidad debidamente provisto de defensor, ya que esta juramentación no es una de las formalidades de las cuales se puede prescindir, sino que lleva implícita la obligación del juez de examinar la idoneidad y competencia del defensor para ejercer su ministerio. En consecuencia, debe declararse sin lugar la denuncia de violación del derecho a la defensa. Así se decide.
En cuanto a la denuncia referida a que la decisión no fue prorrogada con ningún fin de los señalados en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, observa la Corte que el mencionado artículo hace referencia a “CAUSAS GRAVES QUE JUSTIFIQUEN LA PRÓRROGA”. Entonces, no tiene razón el recurrente en esta denuncia pues el legislador no hace ninguna enumeración de causas graves, sino que somete al prudente criterio del juez determinar en cada caso si se está en presencia de una situación grave que justifica que se prorrogue la medida coercitiva por un lapso superior a los dos años, durante los cuales se ha imposibilitado celebrar el juicio oral y público. Por ello debe declararse sin lugar la denuncia por este motivo. Así se declara.

En cuanto a la violación alegada de su derecho de petición y oportuna respuesta, observa esta Corte que en la presente causa no se observa ninguna omisión de respuesta por parte del Tribunal accionado, siendo inconsistente tal alegato de violación y así se decide.
Ahora bien, habiéndose dado el debido trámite a la solicitud de prórroga de la medida privativa de libertad por parte del Ministerio Público, en modo alguno puede considerarse la existencia de la violación al derecho a la libertad del encausado DENNIS GRODOTZKI, pues la misma previamente fue decretada de conformidad con lo dispuesto en el numeral primero del artículo 44 y artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y así se declara.
En consecuencia, lo procedente en esta causa es declarar sin lugar el amparo interpuesto y así formalmente se expone.

DECISIÓN:

Por lo anteriormente expuesto y analizado, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, actuando en sede constitucional, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA SIN LUGAR la presente acción de amparo constitucional intentada por el abogado SERGIO BALLESTEROS, actuando en representación del ciudadano DENNIS GRODOTZKI, mayor de edad, de nacionalidad alemana, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario de Occidente a las órdenes del Juzgado de Primera Instancia en función de Juicio No. 03 de este mismo Circuito Judicial Penal, procesado por el delito de Transporte de Estupefacientes. No hay Lugar a Costas.
Dada, firmada, sellada y refrendada en la sede de la Corte de Apelaciones del Estado Táchira a los veintiún días del mes de Diciembre de 2004. Años: 194º de la Independencia y 145º de la Independencia.
Publíquese, regístrese y consúltese con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

LOS JUECES DE LA CORTE,

JAFETH VICENTE PONS BRIÑEZ
PRESIDENTE-PONENTE

JAIRO A. OROZCO CORREA JOSÉ J. BERMUDEZ C.
JUEZ JUEZ

GEIBBY GARABAN OLIVARES
SECRETARIA DE CORTE