REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Estado Vargas Macuto, 19 de febrero de 2004 193º y 144º ASUNTO PRINCIPAL : WP01-S-2003-207 ASUNTO : 4U-913-04 Corresponde a este Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión al escrito interpuesto por la Defensora Pública Arelis Navarro, en su carácter de Defensora de Confianza del imputado WILFREDO JOSE PANZA OSE, C.I. V-15.544.395, mediante el cual solicita la revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad, de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. En fecha 02 de diciembre del 2003, el Tribunal Segundo de Juicio de esta Circunscripción Judicial, acordó acumular las causas WP01-S-2003-207 y WK01-S-2002-20, de conformidad con el artículo 70, ordinal 4 del Código Orgánico Procesal Penal, en tal sentido el imputado WILFREDO JOSE PANZA OSE, está siendo acusado por el Ministerio Público por la comisión de los delitos de Resistencia a La Autoridad y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 219, ordinal 1y 278 del Código Penal, y en relación al último delito es por dos casos diferentes. Ahora bien, el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, establece que: “...El imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida judicial de privación preventiva de libertad las veces que lo considere pertinente…el Juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares cada tres meses, y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas…”, en base a lo cual, ésta Juzgadora, considera que la imposición de medidas cautelares sustitutivas debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello en su revisión, el Juez deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244, de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de comisión y la sanción probable. Con base a ello, debe cerciorarse que las medidas cautelares sean suficientes para asegurar las finalidades del proceso. Por otra parte, si bien es cierto que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad, contemplado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso; y siendo que las circunstancias por las cuales le fue decretada la privación judicial preventiva de libertad al imputado WILFREDO JOSE PANZA OSE no han variado, considera quien aquí decide que la medida en cuestión es la única suficiente para asegurar las resultas del presente proceso. Por lo anteriormente expuesto, esta decisora considera procedente y ajustado a derecho NEGAR la solicitud interpuesta por la Defensa, en el sentido que se le imponga a su patrocinado una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por los fundamentos arriba establecidos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por la Defensa del imputado WILFREDO JOSE PANZA OSE, en el sentido que se le imponga a su patrocinado una medida cautelar menos gravosa contemplada en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 243 y 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, diarícese, y déjese copia de la presente decisión. LA JUEZ, DRA. YARLENY MARTIN B. EL SECRETARIO ABG. ALEXIS DIAZ