TSJ Regiones - Decisión

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS. Maiquetía, 26 de marzo del año 2004.- Años 193° y 145°

EXPEDIENTE: C-904.

SOLICITANTES: MICHELANGELO MARTINO e IRAIDA DEL VALLE IZQUIERDO DE MARTINO.

MOTIVO: AUTORIZACION JUDICIAL

Vista la solicitud presentada por los ciudadanos MICHELANGELO MARTINO e IRAIDA DEL VALLE IZQUIERDO DE MARTINO, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las Cédulas de Identidad N° V-3.976.118 y V-4.773.229, respectivamente, actuando en nombre y representación del adolescente MIGUEL ANGEL MARTINO IZQUIERDO, de doce (12) años de edad, debidamente asistidos por la Profesional del Derecho Dra. ANALIGIA RIOS GOMEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N°65.069, esta Juez Unipersonal N° 02 Observa:

PRIMERO: El encabezamiento del articulo 267 del Código Civil establece textualmente que “el padre y la madre que ejerza la patria potestad representa en los actos civiles a sus hijos menores y aun simplemente concebidos, y administran sus bienes (...)”. Esta norma confiere dos poderes distintos: el poder de representación y el poder de administración que consiste en la facultad de dirigir o gestionar los negocios o asuntos económicos del hijo. La primera atribución, consiste en la facultad de celebrar actos jurídicos en nombre de otra persona, vale decir el hijo, de manera que los efectos activos y pasivos de los mismos recaigan directamente en ellos.

SEGUNDO: El poder de administración y representación es conferido legalmente a los titulares de la Patria Potestad, entendiendo por tal “el conjunto de deberes y derechos de los padres en relación con los hijos que no hayan alcanzado la mayoridad, que tiene por objeto el cuidado, desarrollo y educación integral de los hijos”, como la define el artículo 347 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y “comprende la guarda, la representación y la administración de los bienes de los hijos sometidos a ella”, según lo dispone el artículo 348 de la prenombrada Ley Orgánica.
En el caso de marras los ciudadanos antes identificados, solicitan del Tribunal Autorización Judicial suficiente para vender las acciones propiedad de sus representados, lo cual a criterio de este juzgador no representa una desventaja ni un perjuicio al adolescente de marras, por cuanto tal solicitud representa un medio de mejoras de sus necesidades para el prenombrado adolescente.
TERCERO: En la presente solicitud de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 del Código Civil se deben observar dos aspectos revelantes, a saber: la evidente necesidad o utilidad para el adolescente y la opinión del Ministerio Público.
En cuanto a la necesidad del adolescente de autos, se evidencia que la operación sobre la cual se solicita autorización no comporta un perjuicio para el mismo, ni una violación o amenaza de violación sobre el patrimonio de el, sino por el contrario, constituye un aporte a su patrimonio, en pro de sus derechos en virtud de que el mismo pasará a formar parte del activo de sus bienes. En relación a la opinión del Fiscal del Ministerio Público, suscrita por la Dra. SORAYA SALAS MARTINEZ, según la cual dio su opinión favorable.

Por las razones anteriormente expuesta, esta Juez Unipersonal N° 02 de la Sala de Juicio del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código Civil, previa habilitación del Tribunal durante el tiempo necesario, acuerda conceder la Autorización Judicial para vender las acciones solicitadas. En consecuencia, quedan autorizados los ciudadanos MICHELANGELO MARTINO e IRAIDA DEL VALLE IZQUIERDO DE MARTINO, en su carácter de progenitores del adolescente MIGUEL ANGEL MARTINO IZQUIERDO, de doce (12) años de edad.
Expídase por secretaria copia certificada del presente auto y entréguese a la parte interesada a los fines de que surta sus efectos legales. Cúmplase lo Ordenado.-