TSJ Regiones - Decisión

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIVL, MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA. San Cristóbal, veinte (20) de Abril de dos mil cinco.

195° y 146°

Visto el escrito inserto al folio 14 al 24, y sus anexos, suscrito por la ciudadana Zenaida Del Carmen Serrano de Velásquez, parte demandada, debidamente asistida por el abogado Juan Carlos Márquez Almea, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 90.937; En cuanto a lo peticionado para resolver se observa, que la presente demanda fue admitida el 04 de Febrero de 2005, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, para lo cual se comisionó, e instando a la parte actora ha suministrar las copias para la elaboración de la compulsa.
Ahora bien, al vuelto del folio 17, se observa que en fecha 17 de Febrero de 2005, se libró oficio Nº 204, al Juzgado comisionado para la práctica de la citación de la parte demandada, anexándole la respectiva compulsa; en fecha 25 de Febrero de 2005, la parte actora procedió a retirar personalmente el oficio junto con la compulsa, para consignar directamente la comisión al Juzgado respectivo, tal como se evidencia en el libro de entrega de oficios llevado por ante este Juzgado.
En fecha 30 de Marzo de 2005, el Juzgado del Municipio García de Hevia de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, procedió a darle entrada a la comisión de citación librada por este Tribunal, tal como se evidencia en la copia fotostática certificada inserta al folio 36.
En castigo a la inactividad a cargo de las partes en el proceso, el legislador incluyó en el texto procesal el instituto de la perención de la instancia, señalando al efecto en el encabezamiento del artículo 267 y en el ordinal 1° lo siguiente:

“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado......”
De la lectura de la norma transcrita se puede observar que si transcurre un año sin acto alguno de procedimiento realizado por las partes, o sí transcurren 30 días desde la fecha de admisión de la demanda, sin que el actor cumpla con las obligaciones que le impone la ley para la practica de la citación de la parte demandada, la consecuencia jurídica prevista por el legislador ante tal quietud o inercia es la de la perención de la instancia. Además la jurisprudencia nacional ha venido sosteniendo que la perención tiene su fundamento en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de éstas, entraña una renuncia a continuar la instancia.
En el caso que nos ocupa se puede constatar que desde el día 04 de Febrero de 2005, hasta la fecha en que el Juzgado comisionado recibió la comisión de citación y le dio entrada transcurrieron más de treinta (30) días sin que la parte actora haya cumplido con su obligación de impulsar dentro del lapso legal, la citación de la parte demandada.
Por otro lado observa este juzgador, que la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha seis (06) de julio de dos mil cuatro señaló:
“ .....que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia ......”
Ahora bien, como lo ha sostenido reiteradamente nuestro más alto Tribunal de la República, el fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la Ley. Siendo entonces la perención de carácter objetivo, irrenunciable y de estricto orden público; basta que se produzcan para su declaratoria: (i) falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes, y (ii) la paralización de la causa por el transcurso de determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento. De allí tenemos, que a partir del auto de admisión de la demanda, el actor deberá cumplir las actividades y obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación de la parte demandada; cuales eran la de cancelar los emolumentos previstos en la Ley de Arancel Judicial (hoy derogada por imperativo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) y posteriormente aquellos pagos que impliquen la forma de emplazamiento que hayan de producirse, como es el pago de las copias fotostáticas de la demanda que se adjuntará a la orden de comparecencia, y poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el traslado a los fines de practicar la citación.
Ahora bien, consta en las actas procésales que fue hasta el 25 de Febrero de 2005, que el demandante procedió personalmente a retirar el oficio Nº 204, que le fue librado al Juzgado comisionado para la practica de la citación de la parte demandada, tal como se evidencia al folio 227 del libro de entrega de oficios llevado por ante este Juzgado; igualmente, se observa que la parte actora no suministro los medios y recursos necesarios para que el Alguacil procediese a la entrega o envió del oficio junto con la compulsa; pues decidió consignarlo él mismo, lo que lleva a concluir a este juzgador, que en la presente causa se observa de manera contundente y clara que la parte actora no dio cumplimiento con su obligación de poner a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el envío del citado oficio a los fines de practicar la citación, ni fue diligente en la consignación de la comisión conferida.
Por las razones de hecho, de derecho y jurisprudenciales antes expuestas este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente procedimiento judicial.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. Se levantará la medida una vez quede firme la presente decisión.

EL JUEZ TEMPORAL,

Dr. ANGEL DOZA SAAVEDRA
EL…

SECRETARIO,

Abg. GUILLERMO A. SANCHEZ M.