REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO San Cristóbal, 21 de julio de 2005 195 ° y 146 ° Visto el escrito consignado ante la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Penal en fecha 14 de julio de 2005, por el Defensor privado Abogado JOSÉ ROSARIO NIÑO CASANOVA, en su condición de defensor del acusado LUIS ALFREDO MACHUCA, donde solicita el cese de la medida cautelar dictada en su contra; este Juzgado conforme lo previsto en los artículos 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 264 del Código Orgánico Procesal Penal, se avoca al conocimiento de la petición, y para resolver lo peticionado, previamente hace las siguientes consideraciones: -I- En fecha 10 de febrero de 2000 el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, decretó medida judicial de privación preventiva de libertad en contra del acusado por el delito de ROBO AGRAVADO y LESIONES PERSONALES LEVES, previstos y sancionados en los artículos 460 y 418 del Código Penal reformado. En fecha 28 de junio de 2000 el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control, decretó medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad a favor del acusado imponiéndole una serie de condiciones de obligatorio cumplimiento. Posteriormente el 1 de diciembre de 2003 el Fiscal del Ministerio Público para el Régimen Procesal Transitorio presentó acusación contra el mencionado ciudadano LUIS ALFREDO MACHUCA. El día 8 de junio de 2004, vista la contumacia del acusado en presentarse a la audiencia preliminar, el Tribunal de Control revocó la medida cautelar y dictó medida privativa de libertad, librando orden de aprehensión. En fecha 14 de octubre de 2004 se presentó voluntariamente el acusado por ante el Juzgado de Control y fue impuesto de la decisión dictada por la misma. De inmediato el mismo Juzgado el día 15 de octubre de 2004 revisó la medida de coerción y la sustituyó por una Medida Cautelar. En fecha 25 de noviembre de 2004 se celebró la audiencia preliminar en donde se mantuvo en todos sus efectos la medida cautelar y se ordenó la apertura del juicio oral y público. Se recibió la causa en este Juzgado en fecha 8 de diciembre de 2004, y se dieron inicio a los trámites para la prosecución del juicio oral y público. En fecha 11 de diciembre de 2004 se realizó el acto de Sorteo de selección de escabinos, fijándose el acto de Constitución del Tribunal Mixto. El día 28 de enero de 2005 no se constituyó el Tribunal Mixto debido a la ausencia de las partes citadas. En fecha 14 de febrero de 2005 se acordó diferir el acto de Sorteo de selección de escabinos, por cuanto la fecha para el mismo coincidía con la Apertura de las Actividades Judiciales 2005. En fecha 4 de marzo de 2005 se realizó el acto de Sorteo de selección de escabinos, fijándose el acto de Constitución del Tribunal Mixto. El día 24 de marzo de 2005 no se constituyó el Tribunal Mixto debido a la ausencia de las partes citadas. En fecha 20 de abril de 2005 se realizó el acto de Sorteo de selección de escabinos, fijándose el acto de Constitución del Tribunal Mixto. El día 04 de mayo de 2005, de conformidad con lo dispuesto en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se resolvió renunciar a los trámites pertinentes a la constitución del tribunal mixto, y se asumió con poder jurisdiccional el Juez profesional de este despacho como Juez Unipersonal. En fecha 17 de mayo de 2005 el abogado JOSÉ ROSARIO NIÑO CASANOVA interpuso recurso de apelación en contra del anterior dictamen. El día 2 de Junio de 2005 se avocó a conocer de la presente causa el abogado Héctor Emiro Castillo González, quien fuera nombrado en fecha 31 de Mayo de 2005 como Juez Suplente de este Juzgado. -II- A los fines de resolver específicamente sobre el petitorio del honorable representante de la Defensa, vale decir que este tribunal se acoge plenamente a la criterio vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo exige el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mas, es deber del Juez el garantizar la realización del proceso que permita conllevar al descubrimiento de la verdad, por cuanto el artículo 257 de la Constitución prevé que el mismo “constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia”, normativa que es explanada por el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal al establecer que la finalidad del proceso es la de establecer “la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho”, por ello es imperativo tomar todas las medidas que fueren necesarias para que el mismo sea posible, asegurando así el derecho que ha de corresponder a todas las partes dentro del respeto al debido proceso y al derecho de igualdad previsto en el artículo 21 de la Constitución, y 12 del Código Orgánico Procesal Penal. No es una contradicción el asumir un criterio propio que derive del análisis de la causa, por cuanto la autonomía del Juez deriva del texto constitucional en sus artículos 27, y 254, así como de la disposición prevista en el artículo 4 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, acatando la premisa normativa derivada del artículo 19 de la Constitución que impone la obligación a todos los órganos del Poder Público de respetar y garantizar los derechos humanos, y debido a que la libertad es uno de tales derechos que deriva de la esencia del hombre, consagrada como tal en el artículo 44 Ejusdem, este tribunal, teniendo siempre por norte el impartir justicia dentro del marco de la ley y del derecho, considera que en el presente caso, es pertinente hallar una solución que sea equitativa para no lesionar los derechos que corresponden no sólo a las partes dentro del proceso, sino también a los derechos que poseen todos los ciudadanos que conforman el soberano de donde proviene la jurisdicción que ostenta el Juez. En el presente caso, ya se ha asumido una resolución que tenía por objetivo salvaguardar el derecho que tiene el acusado a que las medidas que le sean impuestas no afecten el libre desarrollo al cual como persona tiene derecho conforme la garantía derivada del artículo 3 de la Constitución. El artículo 44 de la Constitución establece la protección del derecho a la libertad, destacando que la misma es inviolable, determinando asimismo, que la persona será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el Juez o jueza en cada caso. En atención a lo cual, es una atribución de este Juzgador el examinar cada caso, y por ello en el estudio de esta causa en particular, encuentra que los delitos imputados al acusado son de los denominados complejos y pluriofensivos por cuanto atentan contra diversos bienes jurídicos, entre los cuales se encuentran la vida, la propiedad, la dignidad, el orden público la integridad física, entre otros, por lo que se ha de ser prudente de no lesionar el interés de la justicia de llegar al establecimiento de la verdad, con decisiones que hagan imposible la prosecución de la causa. También es cierto, que ha transcurrido un lapso de tiempo sin que hasta el momento se haya materializado la realización de la audiencia oral y pública, lo cual atenta contra el derecho de todo individuo a que le sea resuelta su situación jurídica. Pero, no menos cierto es el deber de que esta se realice aún cuando el acusado se vea beneficiado por una medida cautelar. Es criterio de este juridiscente que el daño que se cometería en contra del proceso sería gravoso, si se señalara el cese de la medida cautelar decretada, por cuanto la alternativa del proceso constituye la vía para encontrar la verdad tal como ha quedado señalado por el artículo 257 de la Constitución en concordancia con el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal. No concurren en este caso suficientes elementos de convicción para sustentar el petitorio de la defensa; tampoco se observa que la defensa haya aportado algún alegato o argumento revestido de solidez tal, que permita infundir razonablemente en el ánimo cognitivo de este juridiscente que han cambiado en beneficio del acusado las circunstancias tenidas en cuenta para decretar la medida cautelar otorgada, por lo que no es pertinente otorgar el cese de la misma por cuanto se atentaría contra la posibilidad fáctica y material de realizar el proceso. Y ASÍ SE DECIDE.- -III- DISPOSITIVA Atendiendo las consideraciones anteriormente esbozadas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, resuelve: ÚNICO: Se mantiene en todos sus efectos y condiciones la MEDIDA CAUTELAR existente sobre el acusado LUIS ALFREDO MACHUCA, de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha: 05-01-1963, soltero, de profesión u oficio obrero, hijo de Alfredo Peñaranda y Angelvira machuca, titular de la Cédula de Identidad número V-5.680.962, residenciado en San Josecito, Barrio Los Andes, calle 5 bis, casa s/n, Estado Táchira, Déjese copia debidamente certificada del presente auto, notifíquese a las partes. El Juez Suplente Abog. HÉCTOR EMIRO CASTILLO GONZÁLEZ La Secretaria Abog. GEIBBY GARABAN OLIVARES HECG/ CAUSA 1JU-935-04