TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL
JUEZ EN FUNCIÓN DE JUICIO N° 1
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
San Cristóbal, 04 de Marzo de 2005
194° Y 145°

Mediante Oficio Nº TJ5-287-05 de fecha 21 de Febrero de 2005 el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 5 adscrito a este Circuito Judicial Penal se dirigió a este Tribunal con el objeto de solicitar se aplique al Abg. PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES medida disciplinaria.

Antes de proceder a resolver el fondo de lo solicitado, debe previamente el Tribunal establecer su competencia en materia disciplinaria y la admisibilidad de la aludida solicitud, a cuyo efecto formula las siguientes consideraciones:

I. DE LA COMPETENCIA

El artículo 91 de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial (Gaceta Oficial Nº 5262 Extraordinario de 11 de septiembre de 1998) concede a los Jueces la potestad de imponer sanciones correctivas y disciplinarias en los términos que se expresan a continuación:

“Los jueces podrán imponer sanciones correctivas y disciplinarias, así:
1) A los particulares que falten al respeto y orden debido en los actos Judiciales.
2) A las partes, con motivo de las faltas que cometan en agravio de los jueces o de las otras partes litigantes; y,
3) A los funcionarios y empleados judiciales, cuando cometan en el tribunal faltas en el desempeño de sus cargos, y cuando con su conducta comprometan al decoro de la judicatura”.

De la norma transcrita se infiere como principio normativo, que la potestad disciplinaria se enmarca en la competencia de los jueces (aunque, como lo ha aclarado el Máximo Tribunal de la República, tal competencia no participa de la naturaleza jurisdiccional), y que la misma puede ser ejercida sobre LOS PARTICULARES –cuando falten al respeto y orden debido en los actos judiciales-, A LAS PARTES –por faltas que cometan en agravio de los jueces o de las otras partes litigantes-, y A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES – cuando cometan faltas en el desempeño de sus cargos, y cuando con su conducta comprometan el decoro de la judicatura.
Ahora bien, tal potestad, que tiene naturaleza disciplinaria, no ha sido objeto de regulación legal que determine el procedimiento aplicable así como tampoco las reglas de competencia. Por ello, la Sala Constitucional, a la luz de “los principios fundamentales que informan el ejercicio del poder punitivo estatal” en fallo vinculante Nº 1212 de 23-06-04 (ponencia de Pedro Rafael Rondón Haaz, Voto Salvado de Jesús Eduardo Cabrera Romero) llenó tal vacío en los términos que se reproducen a continuación:

“… De allí que un nuevo análisis del punto, a la luz del Texto Constitucional, lleva a la Sala a la reformulación de su posición ante la conveniencia y necesidad del previo procedimiento frente a la aplicación de dichas sanciones disciplinarias, y por cuanto los artículos 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial no normaron expresamente el procedimiento disciplinario a seguir, debe la Sala, en cumplimiento con su deber de velar por la uniforme interpretación y cumplimiento de la Constitución (artículo 335 constitucional), propender a la aplicación de dichas normas legales a la luz del artículo 49 del Texto Fundamental. Por tanto, y de conformidad con la potestad que le otorga el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, han de analizarse las pautas procedimentales a seguir para el ejercicio de la potestad correctiva que, a los jueces, otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que, en tales casos, el supuesto infractor de conformidad con dichas normas, tiene derecho a que se le oiga para que se defienda, lo que involucra que se le notifique, aunque de inmediato, el procedimiento que se le seguirá; a disponer del tiempo, así sea breve, para su defensa y para el alegato, en su favor, de las pruebas que considere pertinentes, con salvaguarda, en todo momento, del derecho a la presunción de inocencia.
En ausencia de un procedimiento sancionador administrativo tipo en nuestro ordenamiento jurídico, considera la Sala que puede aplicarse en estos casos, mutatis mutandi, el procedimiento que dispone el artículo 607, Título III, Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, cuando un juez de la República considere que se verifica alguno de los supuestos de hecho expresamente tipificados en los artículos 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en virtud del irrespeto u ofensa que algún particular, parte en juicio o abogado profiriere respecto de su persona, respecto del resto de los funcionarios del tribunal o bien de la contraparte en juicio, en contravención del orden público tribunalicio, podrá ejercer la potestad disciplinaria que dichas normas le otorgan, previa audiencia del supuesto transgresor, a través del procedimiento que establece el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Así se declara.
(…)
La decisión del procedimiento disciplinario corresponde, según la Ley, al propio juez, quien ha de seguir las pautas que le indican el artículo 94 eiusdem y decidirá con fundamento en el arbitrio que le otorga su sana crítica si proceden o no las medidas indicadas, esto es, si procede la imposición de alguna de las sanciones disciplinarias tipificadas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, a saber, arresto o multa –y, además, suspensión y destitución en el caso de los funcionarios judiciales-.
Ahora bien, en una nueva interpretación de la norma a la luz del Texto Constitucional, el cual reconoce el principio de objetividad del órgano decisor y derecho a ser juzgado por un juez imparcial (artículo 49, cardinales 2 y 3), la competencia para la imposición de la medida disciplinaria corresponderá al juez del Tribunal en el cual ocurriere la falta, cuando el ofendido sea la contraparte, terceros o apoderados en juicio, o bien cuando sea cualquier funcionario judicial distinto al propio juez, pues, en caso de que él mismo sea el ofendido, la decisión corresponderá a otro juez de igual jerarquía, siguiendo las reglas procesales de la inhibición. Ya, en anterior oportunidad, la Sala advirtió la necesidad de salvaguarda del principio de objetividad cuando se ejerce la potestad disciplinaria judicial (s.SC de 25-3-03, caso William Albrey Mora) y, agrega en esta oportunidad, que dicha garantía debe operar no sólo en vía de recurso, esto es, para la impugnación de la sanción disciplinaria, sino incluso al momento cuando se dicte la propia decisión sancionatoria…”. (Tomado de www.tsj.gov.ve)

Los párrafos transcritos revelan, en primer lugar, que hasta tanto se produzca una legislación propia en relación con la potestad disciplinaria del Juez Venezolano, el procedimiento aplicable es el previsto en el artículo 607, Título III, Libro Tercero, del Código de Procedimiento Civil; así mismo, en segundo lugar, en relación con la competencia, dispone que la misma le corresponde AL JUEZ DEL TRIBUNAL EN EL CUAL OCURRIERE LA FALTA, en los casos en los que el ofendido es la contraparte, terceros o apoderados en juicio, o bien cuando sea cualquier funcionario judicial distinto al propio juez, y cuando el ofendido es él, LA DECISIÓN CORRESPONDERÁ A OTRO JUEZ DE IGUAL JERARQUÍA, SIGUIENDO LAS REGLAS PROCESALES DE LA INHIBICIÓN.

Aclara el Máximo Tribunal, que la previsión de que sea otro Juez de igual jerarquía el que deba conocer cuando el ofendido es el propio Juez, obedece a la necesidad de salvaguarda del principio de objetividad cuando se ejerce la potestad disciplinaria, el cual no sólo opera en el ejercicio de los recursos contra las medidas disciplinarias, sino incluso al momento cuando se dicte la propia decisión sancionatoria, dilucidando cuál es el otro Juez, a través de las reglas procesales de la inhibición, vale decir, otro juez de igual jerarquía (aquel al que debe remitirse el asunto para que lo siga conociendo; no al que debe resolver la inhibición o recusación propuesta), reglas éstas contempladas: A- en el aparte único del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial –Las causas criminales no se paralizarán, sino que las actas serán enviadas a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento-, B- el artículo 94 del Código Orgánico Procesal Penal –La recusación o la inhibición no detendrán el curso del proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a quien deba sustituir conforme a la ley…”- y C- artículo 93 del Código de Procedimiento Civil –Ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, cuyo conocimiento pasará inmediatamente mientras se decide la incidencia, a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la ley”-. En la Jurisdicción Penal la determinación de cuál es el otro Juez de la misma categoría está establecida en el MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL, Anexo I, “Plan de Distribución de las Causas”, que establece en aparte segundo del literal A.3 b) que “… Cuando la recusación o inhibición sea declarada con lugar, le corresponderá conocer del fondo al juez de la misma categoría (de control, de juicio o de ejecución) con el número siguiente, y agotada la numeración, se continúa con el primero. Si sólo existe un juez de esta categoría o se agota la lista respectiva, se aplican las reglas de suplencia del Juez de Primera Instancia”. (Subrayado de este Tribunal).

De tales disposiciones jurisprudenciales con fuerza vinculante se evidencia entonces que corresponde al Juez inmediatamente siguiente al Juez ofendido, el conocimiento del procedimiento disciplinario sancionatorio contra el ofensor. En el presente caso, siendo el presunto ofendido el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 5 adscrito a este Circuito Judicial Penal, último del pool de Jueces de la Unidad de Juicio, el inmediatamente siguiente es el primero de la lista, vale decir, el Juez en Función de Juicio Nº 1, razón por la cual este Tribunal es competente para conocer de la solicitud de aplicación de medida disciplinaria formulada por el Juez Jesús Alberto Berro Velásquez contra PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES. Así se decide.

II- DE LA ADMISIBILIDAD

Determinada como fue la competencia de este Tribunal para conocer y decidir la solicitud de aplicación de medida disciplinaria formulada por el Juez Jesús Alberto Berro Velásquez contra PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES en los términos que quedaron explanados ut supra, corresponde entonces, a continuación, establecer la admisibilidad de la solicitud propuesta, a cuyo efecto se formulan las siguientes consideraciones:

El fallo vinculante del Tribunal Supremo de Justicia antes citado prevé otras consideraciones normativas que son aplicables al procedimiento disciplinario. Tales consideraciones son las que se transcriben a continuación:

“… Ahora bien, la exclusión formal de la potestad disciplinaria respecto del ius puniendi del Estado no implica, en modo alguno, que no le sean aplicables los principios fundamentales que informan el ejercicio del poder punitivo estatal, pues, en definitiva, la imposición de un castigo disciplinario repercute en detrimento de la esfera jurídica del particular, tanto como una sanción penal o una sanción administrativa -máxime cuando, como en el caso de la potestad disciplinaria judicial, la sanción puede afectar la libertad personal- y, por ende, mal podría discriminarse el respeto de garantías y derechos reconocibles cuando se impongan determinadas sanciones.
Tales consideraciones son, además, exigibles según el Texto expreso de la Constitución de 1999, cuyo artículo 49 dispone que el derecho al debido proceso y todos sus atributos se aplicará “a todas las actuaciones administrativas y judiciales” sin distinción. Por tanto, el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los jueces con fundamento en las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe forzosamente garantizar el derecho fundamental al debido proceso y, por ello también, entre otros, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oído, al juez natural, a la legalidad de la pena y al non bis in idem en los términos en que los establece el artículo 49 del Texto Fundamental…”. (Subrayado y destacado de este Tribunal de Juicio).

A partir de tales presupuestos, estima quien decide que resulta esencial iniciar la argumentación referida a la admisión de la solicitud de aplicación de sanción disciplinaria trayendo a colación los postulados jurisprudenciales antes destacados, debido a que el presente procedimiento, como queda escrito, no puede substraerse a la observancia de la garantía del debido proceso.

De ello se deriva que la solicitud de aplicación de una sanción disciplinaria debe ser sometida al control que está representado por el examen de admisibilidad, el cual permite dentro del contexto de la noción de debido proceso, garantizar que el presunto ofensor pueda conocer quién le denuncia, cuáles son los hechos que se le imputan, cuáles son las pruebas que se ofrecen en su contra y cuál sanción se pretende en su contra, todo ello con el objeto de que en buena lid pueda ejercer su derecho a la defensa, el cual tiene como contenido, de acuerdo al numeral 1º del artículo 49 de la Constitución, el siguiente: “La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”.

Estima quien decide, que la solicitud que le ha sido planteada por el Juez en Función de Juicio Nº 5 adscrito a este Circuito Judicial Penal (Abg. Jesús Alberto Berro Velásquez) debe ser objeto del control de la admisibilidad, aún cuando el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil (anterior a la vigente Constitución) no lo prevea, pues como bien lo señala el texto jurisprudencial tantas veces aludido que regula el procedimiento disciplinario, “… el ejercicio de la potestad disciplinaria por parte de los jueces con fundamento en las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debe forzosamente garantizar el derecho fundamental al debido proceso y, por ello también, entre otros, a la defensa, a la presunción de inocencia, a ser oído, al juez natural, a la legalidad de la pena y al non bis in idem en los términos en que los establece el artículo 49 del Texto Fundamental…”.

Establecido esto, el Tribunal procede a resolver el punto tratado, a cuyo efecto, observa que el solicitante plantea su pretensión mediante oficio, en los siguientes términos:

“… Tengo a bien dirigirme a usted, en la ocasión de enviarle anexo al presente, auto interlocutorio de fecha 16-02-2005, relacionado con la causa penal inventario de este Tribunal Nº 5JU-1009-04, cuyo contenido se explica por sí solo, y en esencia, solicitando la aplicación de medida disciplinaria procesal para el Abogado Pedro Pablo Ramírez Jaimes, dándole así cumplimiento a la sentencia vinculante número 1212, de fecha 23-09-2004, con ponencia del Magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz, que se refiere a la regulación del Procedimiento para la Aplicación de la Potestad Disciplinaria, por parte de los Jueces de la República, cuya fotocopia del texto denominado Doctrina Penal del Tribunal Supremo de Justicia, del autor Freddy José Díaz Chacón, me permito enviarle adjunto, para su ilustración. Así mismo le envió (sic) copia certificada del acta del Juicio Oral y Público, de fecha 14-01-2005, donde consta la actuación del abogado exhortante, copia certificada del escrito interpuesta (sic) por el abogado, a quien se le solicitad (sic) la aplicación de la medida disciplinaria y copia certificada del auto solicitante.
Solicitud y remisión que hago a usted en acatamiento a la referida Doctrina Jurisprudencial Vinculante y a las reglas procesales de la inhibición, para los fines de ley pertinentes.
Signifícole que como elementos de prueba, coloco a su disposición, todas y cada una de las diligencias que constan como legajos de actuaciones de la referida causa penal, ad efetum (sic) videndi”.

Como puede apreciarse, el solicitante no plantea su pretensión en formal escrito que facilite la comprensión, no digamos de quien decide, sino de quien constitucionalmente tiene el derecho a conocer con toda claridad los cargos que se le imputan, que es el supuesto ofensor. Sin embargo, el solicitante expresa en la comunicación transcrita, que anexa “copia certificada del auto solicitante”. Si bien es cierto, el encabezamiento del artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal establece que LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL SERÁN EMITIDAS MEDIANTE SENTENCIA O AUTO FUNDADOS, se entiende sin mayores problemas de interpretación que son aquellas determinaciones que el juez profiere EN EJERCICIO DE SU POTESTAD DE JURISDICCIÓN para resolver temas sometidos a su conocimiento, sin que le esté dado aprovechar la oportunidad de un evento procesal para hacer un planteamiento que no se refiere al asunto que debe resolver sino de un tema de índole personal, o que le afecta en lo personal; no resulta técnicamente apropiado, por decir lo menos.

Ahora bien, como quiera que el solicitante, quien siendo sujeto titular en pleno ejercicio de sus derechos y garantías fundamentales, -entre las cuales están el derecho de petición, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a una tutela judicial efectiva-, dice haber expresado su solicitud en un auto, y estando amparado por el principio constitucional según el cual NO SE SACRIFICARÁ LA JUSTICIA POR LA OMISIÓN DE FORMALIDADES NO ESENCIALES, corresponde entonces a quien decide, cumplir la obligación de examinar dicha petición contenida en el auto mencionado por el solicitante, que se transcribe a continuación.

“…Se pronuncia el Tribunal sobre la “ADMISIÓN O INADMISIÓN DE LA SOLICITUD A INHIBICIÓN” presentada por el ciudadano PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES: abogado en ejercicio, … actuando con el carácter de defensa técnica del imputado MÁXIMO GARCÍA ROMERO; … cuyo juicio oral y público se encuentra fijado para el día 21/02/05 a las 9:00 de la mañana.
(…)
3. Establecida como está la facultad del Juez inquirido para su inhibición, es menester analizar los requisitos de admisibilidad, que en caso de ser inhibible la presente causa, ha de observar el Juez lo siguiente:
• Conocimiento del funcionario judicial de la causa, en la cual puede inhibirse: … (…) …
• Falta de fundamento legal: … (…) …
B) FALTA DE LEALTAD Y PROBIDAD POR PARTE DEL SOLICITANTE: Debe tenerse, igualmente, en cuenta que, cuando se crea tener una causal legal de recusación, debe proponerse desde el primer momento en que el juez asume el conocimiento de la causa, porque si la parte no lo hace, sino que espera el devenir procesal, para hacer uso del derecho de recusación, más no de solicitud de inhibición, sólo cuando la causa se le torna adversa, estaría utilizando la recusación o esta sui generis solicitud, como una carta bajo la manga, e infringiría las normas sobre lealtad y probidad procesal, tal como en efecto, quien decide lo observa, ya que desde el 8 de noviembre de 2004, soy titular de este Juzgado, y el abogado desde antes que asumiera tal cargo, e incluso tal como lo expresé ya actuó en forma jurisdiccional, al hacer mención de tal causal de recusación o de inhibición; C) LOS HECHOS INVOCADOS POR EL ABOGADO PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES, SEÑALANDO QUE LOS MISMOS CONFIGURAN LA CAUSAL DE TENER EL JUEZ ENEMISTAD MANIFIESTA CON CUALQUIERA DE LAS PARTES NO ENCUADRAN DENTRO DEL SUPUESTO DEL NUMERAL 4º DEL ARTÍCULO 86 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL: Cuando la manifestación del impedimento para conocer, se alega con base en lo reglado a la existencia de amistad íntima o enemistad manifiesta con el Juez, en este caso, por tratarse de asuntos que tienen que ver exclusivamente con el fuero interno de las personas, su apreciación es eminentemente subjetiva, por tanto, su reconocimiento solo requerirá la expresión clara por parte del solicitante de los elementos de juicio que tornen admisible su prédica, pues “no se trata de argumentar la simple existencia de las causas descritas en el escrito; sino que por el contrario, el Juez las haya conocido, y éste nunca actuó en las mismas con dicha investidura”; debe señalarse las circunstancias bajo las cuales el ánimo del Juzgador se vería perturbado y no podría decidir con absoluta independencia e imparcialidad. De ahí que en eventos como el examinado, donde el abogado se declara enemigo manifiesto del Juez, se debe esperar que sea por razones reales, serias y deplorablemente insuperadas, hasta el momento de la solicitud, pues el objeto de protección, lo es en abstracto, la imparcialidad, la independencia y la transparencia en la administración de justicia y no porque el proponente diga que tiene el temor que va a existir una inclinación interesada por parte del juez y D) MOTIVOS GRAVES QUE AFECTEN LA IMPARCIALIDAD DEL JUEZ: En el presente caso no existen razones reales y serias que constituyan los motivos graves que afecten la imparcialidad del Juez, que pueda empañar su serenidad, que es garantía de la consecución de los ideales de independencia, imparcialidad y la transparencia, en la administración de justicia, sin duda armonizados con la vigencia de un orden justo, al cual debe orientarse, además el Estado de derecho en desarrollo del mandato contenido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Cita jurisprudencia de la sala constitucional de fecha 29/08/2003, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero:
“… Otra de esas manifestaciones del poder sancionatorio lo constituyen las sanciones correctivas y disciplinarias decretadas por los jueces, en ejercicio de la potestad disciplinaria de la cual están investidos.
Al respecto los artículos 91, 93 y 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial expresan:
Artículo 91. Los jueces podrán imponer sanciones correctivas y disciplinarias, así:
1) A los particulares que falten al respeto y orden debidos en los actos judiciales;
2) A las partes, con motivo de las faltas que cometan en agravio de los jueces o de las otras partes litigantes; y
3) A los funcionarios y empleados judiciales, cuando cometan en el tribunal faltas en el desempeño de sus cargos, y cuando con su conducta comprometan el decoro de la judicatura.
“Artículo 93. Los jueces sancionarán con multas que no excedan del equivalente en bolívares a tres unidades tributarias (U.T.), o de ocho días de arresto, a quienes irrespetaren a los funcionarios o empleados judiciales; o a las partes que ante ellos actúen; y sancionarán también a quienes perturbaren el orden de la oficina durante su trabajo.
Artículo 94. Los tribunales podrán sancionar con multa del equivalente en bolívares a cuatro unidades tributarias (U.T.), o con arresto hasta por ocho días, a los abogados que intervienen en las causas de que aquellos conocen:
1) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales;
2) Cuando en la defensa de sus clientes ofendieren de manera grave o injustificada a las personas que tengan interés o parte en el juicio, o que intervengan en él por llamado de la justicia o a los otros colegas. Todos estos hechos quedan sometidos a la apreciación del juez, quien decidirá discrecionalmente si proceden o no las medidas indicadas; pero los sancionados tendrán el derecho de pedir la reconsideración de la medida si explicaren sus palabras o su intención, a fin de satisfacer al tribunal. En caso de falta cometida por escrito, el juez ordenará testar las especies ofensivas, de manera que no puedan leerse”.
A criterio de la Sala, tales sanciones son actos disciplinarios, toda vez que el tribunal no actúa en la función jurisdiccional que originariamente le ha sido atribuida, sino en una función administrativa sancionatoria.
Siendo ello así, si bien es cierto que la situación cambia radicalmente en lo que se refiere a los arrestos disciplinarios, dentro de la potestad sancionatoria conferida a los jueces, pues en tales decisiones se ponen en juego dos valores definidos constitucionalmente: el derecho a la libertad y a la seguridad personal y el respeto a la majestad de los jueces en el ejercicio de sus funciones, no es menos cierto que aun tratándose de actos que tienen por objeto la privación de libertad, al tener los mismos su origen en la potestad sancionatoria del Poder Judicial, deben estar sometidos al control de la jurisdicción disciplinaria, en razón de que la disciplina -en todos sus aspectos- no es propia de la actividad administrativa, sino que constituye el derecho disciplinario.
Ciertamente dicha jurisdicción disciplinaria es actualmente ajena a nuestro sistema de justicia, pero ello no es óbice para que hasta tanto la misma se regule por ley, ésta corresponda al órgano jurisdiccional competente de acuerdo a la naturaleza del acto impugnado.
De acuerdo con lo anterior, el punto fundamental del asunto sería entonces no sólo precisar cuál sería el órgano jurisdiccional competente para conocer de la legalidad de los arrestos disciplinarios, sino si contra dichos arrestos opera el hábeas corpus.
Al respecto, estima la Sala preciso acotar, que el artículo 44.1 Constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a no ser detenida o arrestada sino en virtud de una orden judicial, salvo que sea sorprendida in fraganti delito.
Estima la Sala, que a la letra del precepto constitucional señalado, no es posible el arresto por vía administrativa-disciplinaria, ya que la detención de cualquier persona debe provenir de una orden judicial…”.
Además el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Plena, produjo Manifiesto… (Ilegible)… fecha 16 de julio del 2003, vinculante a todos los jueces de la República, relativos a los conceptos irrespetuosos u ofensivos a la majestad del Poder Judicial, así como señalamientos públicos contra los jueces para descalificarlos y exponerlos al desprecio público, entre otros considerandos, del Sistema de Justicia, deben lealtad, no solo a sus clientes y contrapartes, sino también respecto de los jueces rectores del proceso, que de conformidad con los preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el máximo Tribunal de la República puede dictar las medidas necesarias para el cese de cualesquiera interferencia ocasionada en el curso de los procesos ante cualquier Tribunal, en garantía de su desarrollo de su transparencia y el Juez decida con total independencia, acordó que los Tribunales del país pueden rechazar cualquier solicitud que contengan conceptos irrespetuosos u ofensivos a su majestad.
De igual manera, de considerar los jueces que se concreten las ofensas, podrán solicitar la apertura de los procedimientos civiles, penales, administrativos o disciplinarios a que hubiere lugar, y declarar excluidos del respectivo juicio al responsable de los hechos, si fuere abogado.
No obstante, la Sala Constitucional con voto salvado del Doctor Jesús Eduardo Cabrera Romero, en sentencia No. 1212, de fecha 23/06/04, con ponencia del Doctor Pedro Rondón Haaz, produjo decisión vinculante para todos los jueces de la República en el que estableció un procedimiento para la aplicación de la potestad disciplinaria por parte de los Juridiscentes, donde desarrolló el constitucional 49 ajustándolo a este procedimiento especial, en caso de considerarse lesionada la majestad judicial y que los infractores incurrieren en los tipos disciplinarios de los que habla la Ley Orgánica del Poder Judicial, y si bien es cierto, no habla del tipo previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, se debe interpretar incluido el mismo, en los supuestos previstos en la decisión señalada, de cuyo contenido quien aquí decide, está totalmente de acuerdo, por ser respetuoso del Estado de Derecho y del Debido Proceso.
El Juez aparte de ser necesariamente imparcial, es un regulador judicial del proceso al que está obligado observar, tal como se lo exige el dispositivo legal 104 del Código Orgánico Procesal Penal, y esto no es otra cosa que procurar que los actos judiciales se lleven a cabo en los lapsos, oportunidades y bajo las esenciales formas exigidas por Ley para dirimir los conflictos, las sinergias de derechos e intereses, elevados al conocimiento de la administración de justicia penal, así las cosas, en el presente caso en concreto, devenido por procedimiento ordinario, y jurisdiccionalizado en el año 2002, aún a la presente fecha, no se ha celebrado el juicio oral y público, situación que ha sido invocada por las víctimas querellantes y acusadores que les acompañan, e incluso la mismísima Defensoría del Pueblo, ha tenido intervención en busca de actividad jurisdiccional celere que garantice la tutela judicial efectiva, dejándose entender que este retardo es consecuencia de actitud impropia asumida por el justiciable perseguido.
Por los razonamientos antes expuestos, y visto que planteamientos del abogado PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES, pecan, unos más y otros menos, ya por defecto, ya por exceso, ora por círculo vicioso, sea por ignorancia del elenco, sea por sofisma de inferencia, unos más alegres mediante sofismas de simple distracción, y otros más profundos mediante dilemas sin la lógica del caso; de lo cual resulta a juicio de este jurisdicente, aparte de ofensivo e irrespetuoso, por pretender crear una aureola de hipotética e imaginaria enemistad, unilateralmente declarada pero bilateralmente inexistente, con fines inconfesables hasta ahora, pero que… (ilegible)… una táctica dilatoria a ex profeso, que desdice de la buena fe que ha de observar el abogado litigante en el uso de sus facultades, es además “temerario e infundado, la solicitud de exhortación a inhibición, desde el punto de vista fáctico, como jurídico.
La inadmisión de la presente solicitud para nada coarta la oportunidad de abrir la incidencia recusatoria manteniéndose el DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA (artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela); al contrario con la revisión de la admisibilidad de la solicitud de inhibición por parte del juez que pudiera ser recusado, se cumple con el mandato constitucional de UNA JUSTICIA EXPEDITA, SIN SACRIFICAR LA JUSTICIA POR LA OMISIÓN DE FORMALIDADES, SIN DILACIONES INDEBIDAS, preservándose el principio procesal de celeridad y si el juez a quien se le exhorta a inhibirse encuentra inadmisible dicha solicitud, evitaría un desgaste innecesario de la jurisdicción, al no darle curso a una solicitud temeraria e infundada que no llena los requisitos indispensables para su tramitación, con lo cual se cumple, con la PRIMACÍA DEL DERECHO SUSTANCIAL SOBRE EL DERECHO PROCESAL (artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
(…)
SEGUNDO: De conformidad con lo establecido en la sentencia de fecha No. 1212 de fecha 23/06/04 de la Sala Constitucional con ponencia del Magistrado Pedro Rondón Haaz, en concordancia con el artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal, en el cual, entre otras cosas dice, las partes deben litigar y actuar de buena fe, evitando los planteamientos dilatorios, meramente formales y cualquier abuso de las facultades que el Código Procesal les concede; y conforme a lo ordenado en el artículo 103 del Código Orgánico Procesal Penal, y en virtud de que quien aquí decide, estima la mala fe y la temeridad del solicitante abogad PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES, solicito se aplique el procedimiento establecido en la sentencia para que se sancione al solicitante disciplinariamente, y para ello, se ordena remitir copia certificada del escrito de solicitud de inhibición y del presente auto, al Juzgado de Primera Instancia Penal en Función de Juicio Nº 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, para que se siga el mencionado procedimiento, siguiendo las normas referidas al procedimiento de inhibición, tal como lo señala la referida sentencia. Así mismo, de resultar sancionado el referido abogado, como es mi pretensión, se ordene remitir copia certificada del escrito de solicitud de inhibición, el presente auto y de la decisión dictada al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Táchira, a los fines de Ley…”.

Como puede apreciarse, el Juez solicitante realizó una extensa disquisición cuya primera meta lo fue el resolver la solicitud de inhibición que le planteó el Abogado Pedro Pablo Ramírez Jaimes, y a tal efecto procedió a analizar en primer lugar, su potestad jurisdiccional para inhibirse, su disposición inmediata al asumir la función de Juez de Juicio de inhibirse del conocimiento en todas aquellas causas donde tuviera incompetencia subjetiva, de que nunca había tenido la oportunidad de conocer al abogado PEDRO PABLO RAMÍREZ de vista, trato o comunicación, hasta el día 14 de Enero del corriente año en que se dispuso a iniciar el Juicio oral y público en la causa donde actuaba aquél como representante de una de las partes, y que en dicha oportunidad al verificar la presencia de las partes con el objeto de determinar si podía declarar abierto el acto constató que no estaba presente la persona a ser juzgada (defendida por el abogado en cuestión) dándose entonces la situación de que el letrado hizo uso del derecho de palabra y expresó razones para justificar la ausencia de su patrocinado e incluso invocó razones de derecho “mas en ningún momento hizo alusión alguna de esa manifiesta enemistad que hoy quiere dejar entrever”, narrando el juez que al final de dicha sesión le concedió la razón a dicho abogado y procedió a diferir la celebración del acto, consignando como prueba de ello el Acta correspondiente a dicha audiencia fallida.

A continuación el Juez solicitante procedió a analizar los requisitos de la admisibilidad de dicha inhibición, a cuyo efecto evaluó dos aspectos, a saber: a- Conocimiento del funcionario judicial de la causa en la cual puede inhibirse (es decir, el juez estableció que en efecto, tenía asignado el conocimiento de la causa donde actuaba el abogado presuntamente ofensor); b- Falta de fundamento legal (falta de interés procesal del solicitante de inhibición, falta de lealtad y probidad por parte del solicitante de la inhibición, falta de adecuación de los hechos que le imputa el solicitante de la inhibición con la causa nº 4 del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal).

Cumplidos estos objetivos, el Juez solicitante procedió a invocar textos jurisprudenciales tales como la decisión nº 2427 de 29-08-03 ponencia de Jesús Eduardo Cabrera Romero, el manifiesto de la Sala Plena sobre los actos de indisciplina irrespetuosos u ofensivos de la majestad del poder judicial, y la decisión nº 1212 de 23-06-04 que estipula las reglas procesales para ejecutar la potestad disciplinaria de los jueces.

Finalmente, el Juez solicitante procedió a explicar la naturaleza de la conducta con la cual se sintió agraviado, en los siguientes términos:

“… Por los razonamientos antes expuestos, y visto que planteamientos del abogado PEDRO PABLO RAMÍREZ JAIMES, pecan, unos más y otros menos, ya por defecto, ya por exceso, ora por círculo vicioso, sea por ignorancia del elenco, sea por sofisma de inferencia, unos más alegres mediante sofismas de simple distracción, y otros más profundos mediante dilemas sin la lógica del caso; de lo cual resulta a juicio de este jurisdicente, aparte de ofensivo e irrespetuoso, por pretender crear una aureola de hipotética e imaginaria enemistad, unilateralmente declarada pero bilateralmente inexistente, con fines inconfesables hasta ahora, pero que… (ilegible)… una táctica dilatoria a ex profeso, que desdice de la buena fe que ha de observar el abogado litigante en el uso de sus facultades, es además “temerario e infundado, la solicitud de exhortación a inhibición, desde el punto de vista fáctico, como jurídico…”.

Como puede deducirse, las imputaciones que hace el Juez solicitante al presunto ofensor, Abg. Pedro Pablo Ramírez Jaimes se circunscriben a atribuirle un proceder ofensivo e irrespetuoso, al solicitarle la inhibición del conocimiento de la causa 5JU-1009-04, por considerar que mantiene con el mismo una enemistad manifiesta, pública y notoria que el Juez niega aduciendo que ni siquiera le conocía de vista, trato y comunicación antes del día 14 de Enero de 2005, fecha en la cual estando fijada dicha causa para celebrar el juicio oral y público, el Tribunal procedió a verificar la asistencia de las partes, resultando fallido el acto por la inasistencia del imputado defendido por el prenombrado abogado.

La ausencia en la legislación venezolana de una regulación expresa sobre el Derecho Disciplinario Sustancial y Procesal obliga a cubrir la necesidad de dar solución a los casos de indisciplina en la administración de justicia en base a las normas contempladas en el artículo 91 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y ante la ausencia de un procedimiento para aplicar las sanciones correspondientes, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en espera de una actividad legislativa en esta materia, ha aportado el mecanismo procedimental aplicable, indicando que lo es el contemplado en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, hizo particular énfasis el Máximo Intérprete de la Constitución, en que tal procedimiento, contemplado en una Ley anterior al Texto Constitucional de 1999, no puede sustraerse a las reglas garantistas del debido proceso contempladas en el artículo 49 de la Constitución y sólo en base a ellas debe ser juzgado quien incurra.

Luego, con base en el principio de la legalidad de los delitos –en este caso de las infracciones (numeral 6º del artículo 49 de la Constitución)- podemos afirmar en tal contexto, que el artículo 94 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece las conductas típicas, a saber:

1) Cuando en el ejercicio de la profesión faltaren oralmente, por escrito, o de obra al respeto debido a los funcionarios judiciales;
2) Cuando en la defensa de sus clientes ofendieren de manera grave o injustificada a las personas que tengan interés o parte en el juicio, o que intervengan en él por llamado de la justicia o a los otros colegas.

Los abogados que incurran en tales conductas, serán merecedores de sanciones que, según el encabezamiento de la norma antes citada, pueden ser multa del equivalente en bolívares a cuatro unidades tributarias, o con arresto hasta por ocho días (principio de legalidad de las penas, numeral 6º del artículo 49 de la Constitución).

Ahora bien, tomando en consideración que el Juez solicitante atribuye al presunto ofensor un proceder ofensivo e irrespetuoso al dirigirle mediante escrito una solicitud de inhibición con fundamento en causas que según dice no son ciertas, tal denuncia tiene su adecuación típica en el numeral 1º del artículo 94, AUNQUE NO LO EXPRESA ASÍ EN EL AUTO-LIBELO, adecuación típica que, en todo caso, es provisional y al solo efecto del pronunciamiento de admisibilidad de la solicitud, sin que ello represente un acto de parcialidad de quien decide.

De tal suerte, llega quien decide a la conclusión de que en la solicitud-oficio-auto planteada por el Juez de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 5, así como en los recaudos que en fotostato certificado consigna, se encuentran diseminados los requisitos mínimos de una solicitud de tal naturaleza, que por la vía de la analogía debería cumplir las exigencias que el legislador impone a la querella en delitos de acción pública (artículo 294 del Código Orgánico Procesal Penal) y de acción privada (artículo 401 ejusdem) para garantizar los derechos procesales fundamentales del acusado, y que seguramente en el futuro, cuando se legisle sobre el Derecho Disciplinario en la Administración de Justicia, serán obligatorios; pero que, ante la precaria regulación de un adecuado procedimiento disciplinario (véase última parte del voto salvado del Juez Jesús Eduardo Cabrera Romero respecto a la decisión Nº 1212 de 23-06-04, Sala Constitucional), y acatando quien decide su obligación de preservar la Justicia por sobre formalidades no esenciales, absteniéndose de exigir a los justiciables lo que el propio legislador no ha cumplido, debe considerar satisfechos en la siguiente forma:

1) Datos personales del solicitante, Abg. Jesús Alberto Berro Juez Titular de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 5 adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Táchira (registrados en los Archivos Administrativos del Tribunal Supremo de Justicia);
2) Datos personales del presunto ofensor, contenidos en la copia certificada del escrito de solicitud de inhibición (folios 6 a 9 de este Expediente);
3) Relación sucinta de los hechos, contenida en el auto-libelo (folios 10 a 16 de este Expediente);
4) Adecuación típica de los hechos, omitida.

Considerando además, que el Juez solicitante Jesús Alberto Berrro Velazco goza de la legitimación para plantear una solicitud de esta naturaleza, al haberse atribuido la condición de ofendido e irrespetado, vale decir, de víctima, y en uso de sus derechos constitucionales a dirigir peticiones, a acceder a los órganos de justicia y de obtener una tutela judicial efectiva, es por lo que la presente solicitud debe ser admitida y tramitada conforme a derecho. Así se decide.

DISPOSITIVO

Por los razonamientos expuestos, este Tribunal de Primera Instancia en Función de Juicio Nº 1 adscrito al Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ADMITE LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE SANCIÓN DISCIPLINARIA propuesta por el Juez de Primera Instancia en lo Penal Jesús Alberto Berro Velazco en contra del Abogado litigante Pedro Pablo Ramírez Jaimes, quien en el escrito de solicitud de inhibición que planteó en el Expediente 5JU-1009-04, dijo ser Abogao en ejercicio, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.667.740, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 50.865, y con fundamento en el artículo 607 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con la Sentencia Nº 1212 de 23-06-04, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ORDENA SU NOTIFICACIÓN para que en el primer día de Despacho siguiente, plantee alegatos en su favor y promueva las pruebas que considere pertinentes, haciendo de su conocimiento de que el Tribunal decidirá al tercer día de Despacho siguiente, salvo que se presente la necesidad de esclarecer algún hecho, supuesto en el cual se abrirá una articulación de ocho días de Despacho.

Líbrese la correspondiente boleta de notificación.

EL JUEZ,

Abg. Elizabeth Rubiano Hernández.

LA SECRETARIA,

Abg. Geibby Garabán Olivares.

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto anterior.