REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO PRIMERO SUPERIOR
PARA EL NUEVO RÉGIMEN PROCESAL Y TRANSITORIO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA



San Cristóbal, 02 de mayo de 2005
194º y 145º
Expediente Nº SP01-R-2005-000092



PARTE ACTORA: JESUS MANUEL DIAZ CHACÓN, ALFONSO ANTONIO VASQUEZ SÁNCHEZ, NESTOR SOCORRO COLMENARES VIVAS y MAURO RIOS CORONEL, venezolanos, mayores de edad, con cédulas de identidad Nos. 2.552.561, 2.892.772, 188.475 y 1.522.984, respectivamente, de este domicilio.


APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: IRAIMA IBARRA DE SALCEDO, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 65.803.


PARTE DEMANDADA: INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE), en la persona de su Presidente ciudadano ELIEZER OTAIZA CASTILLO, venezolano, mayor de edad, con cédula de identidad Nº 7.083.863.


APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: ANA AMELIA MOSQUERA RAMIREZ, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 35.268, de este domicilio.


MOTIVO: COBRO DE FIDEICOMISO.

Recibido el presente Recurso de Apelación por esta superioridad, mediante auto de fecha 13 de abril de 2005, procedente del Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante expediente constante de ciento treinta y ocho (138) folios útiles, fijándose las once (11:00) de la mañana, del segundo día de despacho siguiente al 21 de abril de 2005, para la celebración de la Audiencia Oral.

Se inicia la presente pieza, con ocasión del Recurso de Apelación interpuesto en fecha 21 de marzo de 2005, por la abogada IRAIMA IBARRA DE SALCEDO, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandante, contra la decisión proferida por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 14 de marzo de 2005, mediante la cual declaró: Con lugar la defensa perentoria de fondo de Prescripción; sin lugar la demanda incoada por los ciudadanos Jesús Manuel Díaz Chacón, Alfonso Antonio Vásquez Sánchez, Néstor Socorro Colmenares Vivas y Mauro Ríos Coronel, contra el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE) y no condenó en costas.

Celebrada la Audiencia Oral, y habiendo pronunciado la Juez su decisión de manera inmediata, pasa a reproducir la misma en la oportunidad establecida en el artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en los siguientes términos:

I
DE LA APELACIÓN

Indica la parte recurrente que no esta conforme con lo sentencia recurrida, por cuanto el Juez de la causa solo plasmo en su sentencia, lo formulado por la parte demandada, referente a la prescripción, obviando muchos alegatos y pruebas que se presentaron por la parte actora.

II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Por cuanto la apelación interpuesta se circunscribe a la improcedencia de la prescripción alegada por la parte demandada en su contestación, es por lo que pasa esta juzgadora a pronunciarse previamente sobre la misma, pues en caso de ser confirmada su declaratoria con lugar, no tendría objeto examinar el cuerpo completo del expediente, por lo cual a los fines de resolver dicho alegato hace esta alzada un breve resumen del libelo y su contestación.
Esgrime la representante judicial de la parte actora en el libelo, que los ciudadanos Jesús Manuel Díaz Chacón, Alfonso Antonio Vásquez Sánchez, Néstor Socorro Colmenares Vivas y Mauro Ríos Coronel, iniciaron sus relaciones laborales con la demandada en fechas 16 de junio de 1965, 10 de enero de 1977, 01 de junio de 1965 y 26 de noviembre de 1965, respectivamente, terminando las mismas por jubilación en fechas 31 de marzo de 1993, 28 de febrero de 1995 y 30 de noviembre de1990, los dos últimos.
Por su parte la apoderada judicial de la demandada al contestar, opone la Prescripción de la Acción, a tenor de lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo así como el artículo 64 eiusdem, señalando que si bien en el escrito de demanda, se indicaron como fundamento de la acción los artículos 89 y 92 de la Constitución, éstos, según jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, no guardan relación con el artículo 61 antes nombrado. Alegan que la relación de trabajo con los distintos codemandantes concluyó en fechas 31 de marzo de 1993, 28 de febrero de 1995 y 30 de noviembre de 1990, por lo cual indican que si efectivamente terminaron en dichas fechas, han debido intentar su pretensión dentro del año siguiente a dichas fechas, por tanto habiéndose incoado la demanda el día 29 de noviembre de 2002 y admitiéndose el 16 de diciembre de 2002, es por lo que las acciones que pudieron haber intentado se encuentran evidentemente prescritas.

En este orden de ideas, es necesario señalar que la prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una obligación, por el tiempo y bajo las demás condiciones determinadas por la ley, según lo estipula el artículo 1952 del Código Civil. En materia laboral, la prescripción se encuentra contemplada en el artículo 61, de la Ley Orgánica del Trabajo, el cual dispone:

Artículo 61.- Todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un (1) año contado desde la terminación de la prestación de servicios.

Asimismo, el artículo 64 eiusdem, señala:
Artículo 64.- La prescripción de las acciones provenientes de la relación de trabajo se interrumpe:
a) Por introducción de una demanda judicial, aunque se haga ante un juez incompetente, siempre que el demandado sea notificado o citado antes de la expiración del lapso de prescripción o dentro de dos meses siguientes.” (...).

Del contenido de las normas antes transcritas, se desprende el lapso de prescripción de las acciones laborales, cual es el de un año contado desde la fecha de extinción del vínculo laboral entre las partes. No obstante, dicho lapso puede ser interrumpido de varias formas, una de las cuales es mediante la introducción de una demanda judicial, estableciéndose como requisito para que prospere la misma que el accionado sea notificado o citado antes de la expiración de dicho lapso o dentro de los dos meses siguientes.

Aplicando los anteriores preceptos legales, observa esta Superioridad que el lapso de prescripción de los derechos laborales de los extintos trabajadores, comenzó a computarse a partir de las fechas de terminación de la relación laboral, y habiendo sido introducida la demanda en fecha 29 de noviembre de 2002, es decir transcurridos 7, 9 y 12 años después de haber terminado sus respectivas relaciones laborales y no habiéndose verificado la ocurrencia de un hecho capaz de interrumpir la prescripción, es forzoso concluir que la presente acción se encontraba prescrita al momento en que se introdujo la demanda, resultando por tanto inoficioso analizar el fondo de la controversia y así se establece.

III
DISPOSITIVO

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de marzo de 2005, por la Abogada Iraima Ibarra de Salcedo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 65.803, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandante, ciudadanos Jesús Manuel Díaz Chacón, Alfonso Antonio Vásquez Sánchez, Néstor Socorro Colmenares Vivas y Mauro Ríos Coronel, con cédulas de identidad Nos. 2.552.561, 2.892.772, 188.475 y 1.522.984, respectivamente, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 14 de marzo de 2005.

SEGUNDO: CON LUGAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN de conformidad con el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo, y en consecuencia, SIN LUGAR LA DEMANDA, que por cobro de Fideicomiso fue propuesta por los referidos ciudadanos Jesús Manuel Díaz Chacón, Alfonso Antonio Vásquez Sánchez, Néstor Socorro Colmenares Vivas y Mauro Ríos Coronel, ya identificados, contra el Instituto Nacional de cooperación Educativa (INCE).

TERCERO: Se CONFIRMA el fallo recurrido.

CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, en virtud de lo establecido en el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Expídase copia certificada de la presente sentencia para ser agregada al libro respectivo.

Publíquese, regístrese y bájese oportunamente el expediente al Tribunal de la causa.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los dos (02) días del mes de mayo de dos mil cinco (2005). Años 194º de la Independencia y 146º de la Federación.


ADA MIREYA VARELA MARQUEZ
LA JUEZ
NIDIA MORENO
LA SECRETARIA

NOTA: En el día de hoy, dos de mayo de dos mil cinco, siendo las 10:00 a.m., se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.

NIDIA MORENO
LA SECRETARIA
Exp. No. SP01-R-2005-000092.
AMVM/MVB