TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Años: 195° y 146°
PARTE ACTORA: DOMENICO VILLA CARUSI, venezolano, casado, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 4.278.150.
APODERADO DE LA PARTE ACTORA: JOSE L. VITOS SUAREZ, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 67.589.
PARTE DEMANDADA: INGENIERIA LIRKA C.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Falcón, en fecha 9/4/87, bajo el N° 76, folios 174 al 179, páginas 348 al 349, Tomo (Y) del Registro de Comercio llevado por ese Registro y posteriormente domiciliada en Caracas, según consta de inscripción efectuada ante el Registro Mercantil Quinto de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 19/1296, bajo el N° 29, Tomo 74-A Pro., y MUNICIPIO VARGAS DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Unidad Política Primaria y Autónoma dentro de la Organización Nacional establecida, instaurada con carácter democrático con finalidad de eficaz gobierno y administración de los intereses peculiares de la entidad; con personalidad jurídica y representación que la ejercen los órganos determinados por la Ley de Régimen Municipal.
SINDICO PROCURADOR DEL MUNICIPIO VARGAS: ARMANDO VALDIVIESO NUÑEZ, abogado en ejercicio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 4190.
MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS
EXPEDIENTE N° 5818
Previa distribución correspondió conocer a este tribunal de la demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS incoada por DOMENICO VILLA CARUSI contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO VARGAS e INGENIERIA LIRKA C.A.
Acompañados los recaudos respectivos, el 03/2/2004, se admitió la demanda y mediante complemento de fecha 2/3/2004, se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República.
El 21/4/2004, se ordenó la reposición de la causa al estado de admitirse nuevamente la demanda, ordenándose la notificación de la Procuradora General de la República.
Mediante comunicación N° 0222 de fecha 4/6/2004, recibida en este juzgado el 14/6/2004, la Procuraduría General de la República, señaló que se dirigió al Síndico Procurador Municipal de Vargas, con el objeto de informar lo conducente.
El 1/11/2004, el Síndico Procurador Municipal del Municipio Vargas del Estado Vargas, presentó escrito de contestación a la demanda.
El 15/11/04, se ordenó la citación de la codemandada INGENIERIA LIRKA C.A. y del nuevo Alcalde ALEXIS TOLEDO.
El 9/12/2004, la alguacil dejó constancia de haber practicado la citación del Alcalde Alexis Toledo y consignó recibo debidamente firmado por el mencionado Funcionario.
Previa solicitud de la parte actora, se ordenó la citación por carteles de Ingeniería Lirka C.A.
El 6/4/2005, en virtud de haber transcurrido más de sesenta días entre una citación y la otra, el tribunal dejó sin efecto la practicada y ordenó nuevamente la citación de los demandados.
El 1° de Noviembre el Sindico Municipal del Estado Vargas, solicitó al Tribunal se declare Incompetente para seguir conociendo del presente juicio.
Para decidir el tribunal observa:
Establece el artículo 5, literal 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, textualmente lo siguiente:
Artículo 5: Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República.
24. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.);
Con vista a la norma antes transcrita, quien esto decide, sosteniendo el criterio jurisprudencial plasmado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 2/6/2005, H.C. Catanaima contra C.A. Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), en el que se señaló lo siguiente:
“…Siendo la oportunidad para decidir, pasa esta Sala Político-Administrativa, a pronunciarse sobre su competencia para conocer la presente demanda, con ocasión a la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, mediante decisión del 16 de noviembre de 2004, con fundamento en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. A tal efecto, observa:
En el caso bajo análisis se ha ejercido una demanda por cobro de bolívares contra la empresa Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV).
Al respecto, debe señalarse que el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, vigente para la fecha de la interposición de la presente demanda, establece:
“Artículo 5: Es de la competencia del Tribunal Supremo de Justicia como más alto Tribunal de la República:
24. Conocer de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía excede de setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.); (Sala Político Administrativa)…”.
En este sentido, esta Sala en ponencias conjuntas de fechas 02 y 08 de septiembre de 2004, delimitó el alcance de los numerales 24 y 25 del referido artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, y estableció el criterio sobre la competencia para conocer las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República ejerza un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, modificando la cuantía establecida en el numeral 2 del artículo 182 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, e incluyendo como sujetos pasivos de una eventual demanda a los Estados y Municipios, en atención a lo dispuesto en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
En efecto, en la ponencia conjunta Nº 01209, del 02 de septiembre de 2004, caso: Humberto Chacón Rodríguez Vs. Venezolana de Televisión, C.A., se estableció lo siguiente:
“...El numeral 24 del artículo 5 de la nueva Ley que rige las funciones de éste Máximo Tribunal, comparándolo con la disposición contenida en el ordinal 15 del artículo 42 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, evidencia dos importantes novedades: por una parte que se incorpora como competencia de esta Sala Político-Administrativa conocer de las demandas que se interpongan contra los Estados y los Municipios, así como contra cualquier ente público en el cual la República ejerza un control decisivo y permanente en su dirección o administración (competencia ésta que ya tenía la Sala, conforme a la ley derogada y que se mantiene en la nueva ley, respecto de las demandas contra la República, los Institutos Autónomos y las empresas en las cuales el Estado tenga participación decisiva), y por la otra, que ahora el cálculo para definir la cuantía para dicho conocimiento se efectúa con base a unidades tributarias y, en tal contexto, concretamente la mencionada competencia se circunscribe a las demandas cuya cuantía sea superior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), que, en la actualidad equivale a un mil setecientos veintinueve millones veinticuatro mil setecientos bolívares (Bs. 1.729.024.700,oo) a diferencia de lo establecido en la derogada ley que refería a las demandas cuya cuantía era superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo).(
...omissis...)
Ahora bien, por cuanto esta Sala es la cúspide y rectora de la jurisdicción contencioso administrativo, a los fines de delimitar las competencias que tendrán los tribunales que conforman dicha jurisdicción para conocer de las acciones como la presente, que se interpongan contra las personas jurídicas que se indican en el numeral 24 del artículo 5 de la Ley que rige a este Máximo Tribunal, y cuya cuantía sea inferior a setenta mil una unidades tributarias (70.001 U.T.), pasa a determinar dicha competencia en la siguiente forma:
1. Los Juzgados Superiores de lo Contencioso Administrativo Regionales, conocerán de las demandas que se propongan contra la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual la República, los Estados, o los Municipios, ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, si su cuantía no excede de diez mil unidades tributarias (10.000 U.T), que actualmente equivale a la cantidad de doscientos cuarenta y siete millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 247.000.000,00), ya que la unidad tributaria equivale para la presente fecha a la cantidad de veinticuatro mil setecientos bolívares sin céntimos (Bs. 24.700,00), si su conocimiento no está atribuido a otro tribunal…”. (Resalta la Sala).
Igualmente, en la ponencia conjunta N° 01315, del 08 de septiembre de 2004, caso: Alejandro Ortega Ortega Vs. Banco Industrial de Venezuela, C.A., se dispuso que:
“…Atendiendo a los principios expuestos supra, tenemos que según el régimen especial de competencias a favor de la jurisdicción contencioso-administrativa, los tribunales pertenecientes a ésta, conocerán de aquellas acciones, que según su cuantía, cumplan con las siguientes condiciones: 1) Que se demande a la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en la cual alguna de las personas políticos territoriales (República, Estados o Municipios) ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere, y 2) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, a partir de lo cual se entiende que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la laboral, del tránsito o agraria.
En tal sentido, y aunado a las consideraciones expuestas en el fallo antes citado, en atención al principio de unidad de competencia, debe establecer esta Sala que igualmente resultan aplicables las anteriores reglas para el conocimiento de todas las demandas que interpongan cualesquiera de los entes o personas públicas mencionadas anteriormente contra los particulares o entre sí...”. (Resalta la Sala).
Es así como, de acuerdo al propio texto de la norma, en concordancia con la jurisprudencia parcialmente transcrita supra, la Sala Político- Administrativa conocerá aquellas acciones que cumplan con las siguientes condiciones: 1) Que se demande a la República, los Estados, los Municipios, o algún Instituto Autónomo, ente público o empresa, en el cual la República, los Estados o los Municipios ejerzan un control decisivo y permanente, en cuanto a su dirección o administración se refiere; 2) Que su cuantía exceda las setenta mil una unidades tributarias; y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad.
En este estado consideramos pertinente invocar la normativa contemplada en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual reza lo siguiente:
Artículo 60: “La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en el último aparte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado y grado del proceso.
La incompetencia por el valor puede declararse aun de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia.
La incompetencia por el territorio, con excepción de los casos previstos en la última parte del Artículo 47, puede oponerse solo como cuestión previa, como se indica en el Artículo 346.
La incompetencia territorial se considerara no opuesta si no se indica el Juez que la parte considera competente. Si la parte contraria se adhiere a esa indicación, la competencia del Juez indicado queda firme, y se pasarán los autos al Juez competente, ante el cual continuará el procedimiento en el quinto día después de recibidos los autos.” (Omissis) (Destacado nuestro).
Ahora bien, en virtud de lo antes expuesto, esta Juzgadora, pasa a considerar si en el caso de marras se encuentran dados los supuestos contenidos tanto en la normativa como jurisprudencias citadas y a tales efectos observa lo siguiente:
En primer lugar la acción que aquí se ventila es la de daños y perjuicios, cuya naturaleza jurídica es eminentemente civil y en tal virtud, su conocimiento corresponde a la Jurisdicción Civil Ordinaria. Sin embargo, y tal como lo señala la supra transcrita jurisprudencia citada, que acoge este Juzgado, de fecha 8 de Septiembre de 2004, al comentar sobre el trascrito artículo 5, literal 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la competencia del presente asunto ha de corresponder a la Jurisdicción Contencioso Administrativa, y así se establece.
En segundo lugar, la acción que nos ocupa ha sido incoada contra una Sociedad mercantil y, contra la Alcaldía del Municipio Vargas, ente público municipal, por lo que ella compete a nuestro Máximo Tribunal de Justicia, conforme así lo estipula el Articulo 5 numeral 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y así se establece.
En tercer lugar y conforme a las Jurisprudencias parcialmente transcritas supra, si la cuantía de la demanda excede las 70.0001 Unidades Tributarias corresponderá su conocimiento a la Sala Político Administrativa.
En tal virtud se señala, que Según la Gaceta Oficial N° 38.116 de fecha 27/1/2005, la Unidad Tributaria fue fijada en la suma de VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 29.400), por lo que setenta mil unidades tributarias ( 70.000 U.T.) equivalen a DOS MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.058.000.000).
Ahora bien, en el caso que nos ocupa la cuantía fijada por la parte actora en su libelo de demanda asciende a la cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 4.430.000.000,oo), por lo que ella supera el monto de las Setenta Mil Unidades Tributarias y en tal virtud el conocimiento del presente asunto compete al Tribunal Supremo de justicia en su Sala Político Administrativa y así se establece.
Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley se declara de conformidad con lo establecido en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el Artículo 5 Ordinal 24 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia INCOMPETENTE por la materia y la cuantía para conocer de la presente causa, por ende declina su conocimiento ante la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.
Publíquese y regístrese y una vez vencido el lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, remítase el expediente a la mencionada Sala, para que continúe el conocimiento de la presente causa.
Compúlsense las copias certificadas de la presente decisión para el Archivo del Tribunal.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho, a los diecisiete (17) días del mes de Noviembre de 2005.
LA JUEZ,

DRA. ANA TERESA AYALA
LA SECRETARIA

En esta misma fecha siendo las 2:15 pm se publicó la anterior decisión.
La Secretaria
YASMILA PAREDES
ATA/yp/ Angela
Exp: 5818