TSJ Regiones - Decisión

En fecha 09 de agosto de 2005, se recibió el presente expediente proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira. En fecha 03 de noviembre de 2005, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.), día y hora fijada, se celebró la Audiencia de Juicio Oral y Pública, dictándose el dispositivo del fallo.

ALEGATOS DE LA PARTE ACTORA

Al interponer la presente demanda el apoderado judicial del demandante señaló: Que inició la relación laboral en fecha 01 de octubre de 2002 desempeñándose como chofer de la Alcaldía del Municipio Autónomo Córdoba del Estado Táchira hasta el 22 de noviembre de 2004, de lunes a domingo en horario de 7:00 am a 7:00 pm devengando un salario de Bs.180.000,oo; que fue despedido injustificadamente por la alcaldesa Virginia Vivas, es por lo que demanda: ANTIGÜEDAD Bs.1.309.407,oo; VACACIONES Bs.347.039,85; BONO VACACIONAL FRACCIONADO Bs.168.647,88; UTILIDADES Bs.1.391.860,80; INDEMNIZACION POR DESPIDO Bs.1.284.940,80; Total CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE BOLIVARES (Bs.4.501.896,20)
Estima la presente demanda en la cantidad de CUATRO MILLONES QUINIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON VEINTE BOLIVARES (Bs.4.501.896,20). Demanda igualmente, los intereses de mora y la indexación sobre el monto reclamado.

ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA

La demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CORDOBA DEL ESTADO TACHIRA, no compareció ni por sí, ni por medio de apoderado judicial alguno a la Audiencia de Juicio fijada para el día 03 de noviembre de 2005.-

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA:

Con relación a la Prueba Testimonial de los ciudadanos: Wuilmarcioris Sáez Sanguino, Ana Victoria Sanguino Palma e Israel José Bahamonde G, cédulas de Identidad N° V-15.881.236, V-9.218.805 y V-9.466.483. Los mismos no se evacuaron por cuanto la demandada no compareció a la Audiencia de Juicio
Con relación a las Documentales consistentes en:
Constancia de Trabajo, emanada por la Alcaldía del Municipio Córdoba, de fecha 29-10-04, que corre inserta al folio dieciocho (18). Se le concede valor probatorio por cuanto la misma no fue objetada ni impugnada por la parte a la cual se le opuso. En la misma se evidencia que el ciudadano Carlos Eduardo Chávez, ingresó en fecha 01 de octubre de 2002, a prestar sus servicios para la Alcaldía del Municipio Córdoba, devengando un salario para el 29 de octubre de 2004 de Bs.180.000,oo. Y así se decide.
Con relación a la Prueba de Informe solicitada a la Inspectoría del Trabajo para que informe si por ante ese despacho se llevó a cabo la correspondiente autorización para despedir al trabajador demandante. La misma no se realizó por cuanto quien juzga consideró que dada la incomparecencia de la demandada y con los elementos de autos era suficiente para tomar decisión.

PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDADA:

La parte demandada no promovió prueba alguna en su oportunidad legal por cuanto hubo Confesión con relación a los hechos planteados por la parte demandante, al no comparecer la parte demandada a la Audiencia de Juicio, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

MOTIVACIONES PARA DECIDIR

Este sentenciador pasa a dilucidar el fondo de la controversia, evidenciándose en las actas procesales que la parte demandada no compareció ni por sí, ni por medio de Representante Judicial alguno a la Audiencia de Juicio de fecha 03 de noviembre de 2005. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 257, estableció las pautas que deben seguir las leyes procesales y de conformidad con lo establecido en el artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha operado la confesión, tal y como lo establece el mencionado artículo:

“…si fuere el demandado quien no compareciera a la audiencia de juicio, se tendrá por confeso con relación a los hechos planteados par la parte demandante, en cuanto sea procedente en derecho la petición del demandante, sentenciando la causa en forma escrita en la misma audiencia de juicio…”.

En vista de lo anterior este Tribunal declara confesa a la demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CORDOBA ESTADO TACHIRA, con relación a los hechos planteados por el demandante en el libelo de la demanda. Por lo que es impretermitible para quien juzga verificar que la demanda no sea contraria a derecho y necesario es reajustar los conceptos conforme a lo dispuesto en la Ley.
Así tenemos, con respecto al concepto de Antiguedad el demandante tenía laborando dos (2) años, un (1) mes y veintiún (21) días, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, establece que: “…omissis…después del tercer mes ininterrumpido de servicio, el trabajador tendrá derecho a una prestación de antigüedad equivalente a cinco (5) días de salario por cada mes…omissis…”. Siendo procedente en la presente reclamación. Y así se decide.
Del análisis de las actas procesales así como de los alegatos de los demandantes quedaron admitidos por la demandada la existencia de la relación de trabajo, la fecha de ingreso, la fecha de egreso, el cargo desempeñado, el salario devengado por el trabajador. Y así se decide.
Establecido lo anterior, pasa este juzgador a determinar la procedencia de los conceptos y montos demandados por la parte actora en el libelo de la demanda y a tal efecto se examina y aprecian de la siguiente manera: ANTIGÜEDAD Bs.1.309.407,oo; VACACIONES Bs.347.039,85; BONO VACACIONAL FRACCIONADO Bs.168.647,88; UTILIDADES Bs.1.391.860,80; INDEMNIZACION POR DESPIDO Bs.642.470,40; Total TRES MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.3.859.425,93)
Así las cosas, se concluye que la parte demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CORDOBA ESTADO TACHIRA, en la persona de su representante ciudadana Virginia Vivas, adeuda por concepto de Prestaciones Sociales y otros Derechos Laborales al ciudadano CARLOS EDUARDO CHÁVEZ, la cantidad de Bs.3.859.425,93. Y así se decide.
Se ordena la indexación o corrección monetaria y los intereses moratorios de la cantidad de TRES MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.3.859.425,93), para lo cual se deberá tomar en consideración el índice inflacionario acaecido en la ciudad de Caracas, entre la fecha de la admisión de la demanda y la fecha de ejecución del presente fallo, a fin de que éste se aplique sobre el monto que en definitiva corresponda a pagar. Y así se decide.
En tal sentido, nuestro Máximo Tribunal en sentencia de la Sala de Casación Social, de fecha seis (06) de febrero de 2001, estableció criterio acerca de la indexación de los juicios laborales:
“…Omissis... por tal razón establece esta Sala que lo pertinente es que la indexación debe ser calculada desde la admisión de la demanda, hasta la fecha de la ejecución de la sentencia, entendiéndose por esto último la oportunidad del pago efectivo y no el mero auto mediante el cual el Tribunal decreta la ejecución de la sentencia, pues entre ambos momentos, puede transcurrir un periodo considerable que redundaría en perjuicio del trabajador…omissis…”

Con relación a los intereses sobre la antigüedad, quien juzga acuerda el pago de la cantidad que resulte del cálculo de los intereses sobre antigüedad acumulada a la tasa promedio entre la activa y la pasiva determinada por el Banco Central de Venezuela, tomando como referencia los seis principales bancos comerciales y universales del país, la cual será determinada mediante experticia complementaria del fallo, realizada por un único experto nombrado por el Tribunal. Y así se decide.

Con relación a los intereses de mora consagrados en el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de los conceptos considerados procedentes en este fallo, se calcularán tomando en cuenta desde la respectiva fecha de extinción de la relación de trabajo hasta la fecha de ejecución de la sentencia definitivamente firme, todo lo cual se calculará mediante experticia complementaria del fallo. Y así se decide.

DISPOSITIVA

Con mérito a las consideraciones anteriores, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo, de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de Ley, declara: PRIMERO: CONFESA la demandada ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CORDOBA ESTADO TACHIRA. SEGUNDO: CON LUGAR, la demanda incoada por el ciudadano CARLOS EDUARDO CHAVEZ contra la ALCALDIA DEL MUNICIPIO AUTONOMO CORDOBA DEL ESTADO TACHIRA, en la persona de la Alcaldesa ciudadana VIRGINIA VIVAS, por Cobro de Prestaciones Sociales y Otros Conceptos Laborales. TERCERO: Se condena a la parte demandada a pagar la cantidad de TRES MILLONES OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES CON NOVENTA Y TRES CENTIMOS (Bs.3.859.425,93), más la indexación o corrección monetaria y los intereses moratorios sobre dicha cantidad. CUARTO: No hay Condenatoria en Costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio para el Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los diez (10) días del mes de noviembre de dos mil cinco. Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
El Juez

Dr. Walter Celis Castillo
El Secretario

Abg. Eloi Enrique Valduz Vivas.

En la misma fecha, siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 pm), se publicó la anterior decisión y se agrego al expediente, dejándose copia certificada de la misma para el archivo del Tribunal.

EL SECRETARIO
El Secretario

Abg. Eloi Enrique Valduz Vivas.

WACC/EEVV.-