REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS TRIBUNAL SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE JUICIO Macuto, 18 de octubre de 2005 195º y 146º Corresponde a este Tribunal Sexto de Juicio, emitir pronunciamiento en relación al decaimiento de la medida de coerción personal en la causa seguida contra el ciudadano DIMAS ALEXANDER PEREZ SUAREZ, titular de la cédula de identidad No.17.960.940, en virtud de tener mas de dos años detenido sin que exista sentencia firme en su contra, todo de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, a tal efecto este Juzgado hace las siguientes consideraciones. Este Tribunal antes de decidir, previamente observa y considera. El nueve de septiembre de 2003, el Juzgado Segundo de Control de esta circunscripción judicial decretó la privación judicial preventiva de libertad al ciudadano Johan José Márquez Urbaneja y el procedimiento ordinario de conformidad con los artículos 250 y 280 del Código Orgánico Procesal Penal. El 03 de febrero de 2004, se celebró la audiencia preliminar, el mencionado tribunal admitió la acusación fiscal por la comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Resistencia a la autoridad y Porte Ilícito de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 408, ordinal 1, 219, ordinal 1º y 278 todos del Código Penal. El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal establece entre otras cosas que la medida de coerción personal (privación judicial preventiva de libertad), en ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años, sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, según decisión No. 246, de fecha 02-03-04, indicó lo siguiente: “…En tal sentido esta Sala considera que, no se les puede permitir a los accionantes que desvirtúen lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal con respecto a la proporcionalidad, en virtud que dicha norma sería objeto de actitudes desleales por parte de los imputados y sus defensores al retardar el proceso, con el fin de poder obtener al cabo de dos (2) años el juzgamiento en libertad del mismo, sobre este particular cabe destacar que esta Sala señaló, respecto al contenido del entonces artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, (actualmente 244) en la sentencia del 12 de septiembre de 2001 (caso: Rita Alcira Coy y otros), lo siguiente: “…Sin embargo, debido a tácticas procesales dilatorias abusivas, producto del mal proceder de los imputados o sus defensores, el proceso penal puede tardar más de dos años sin sentencia firme condenatoria que sustituye la medida y, en estos casos una interpretación literal, legalista, de la norma, no puede llegar a favorecer a aquél que trata de desvirtuar la razón de la ley, obteniendo de mala fe un resultado indebido. La torpeza en el actuar, dilatando el proceso, no puede favorecer a quien así actúa”... Ahora bien, esta Sala hace notar que algunos de los diferimientos ocurridos dentro del proceso penal seguido al ciudadano Miguel Ernesto Martínez Flores, referidos a la celebración de la audiencia de juicio, se deben al actuar de la defensa técnica de dicho accionante, y tal situación se evidencia de lo señalado por el juzgado de juicio trascrito supra, por lo que se colige que parte de la dilación presentada dentro del proceso que ha llevado a superar el lapso de dos (2) años, es producto de la conducta desplegada por el abogado del acusado, por lo que en atención a lo señalado en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, referido al decaimiento de la medida de coerción personal al sobrepasar el lapso de dos años, no puede favorecer al referido ciudadano, y así se declara…” (Negrilla y cursiva de este fallo). En este mismo orden de ideas, quien aquí decide observa, luego de un estudio minucioso de la causa, que el retardo procesal no es imputable al acusado. Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en la sentencia No.2063 de fecha 04-08-03, lo siguiente: “Así, una vez transcurridos los dos años, decae automáticamente la medida cautelar, aunque es probable que para asegurar las finalidades del proceso, aún sea necesario someter al imputado o al acusado a alguna otra medida, que en todo caso debe ser menos gravosa. De modo que, una vez cumplidos los dos (2) años sin que la privación preventiva de la libertad haya cesado, ni haya terminado el proceso penal, el mismo imputado o acusado tiene el derecho de solicitar se decrete una medida cautelar sustitutiva, por haber transcurrido un lapso superior al establecido como máximo, y para evitar que una medida que fue dictada conforme a derecho se convierta en ilegítima, al vulnerar el derecho a la libertad personal consagrado en el artículo 44, numeral 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela…”. Trascrito lo anterior, es importante analizar, a los efectos de considerar si es procedente o no la sustitución de la medida privativa de libertad por una menos gravosa, tomando en consideración los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto del proceso y la sanción probable y así tenemos que el proceso seguido contra el acusado Dimas Alexander Pérez Suarez, es por la presunta comisión de los delitos de Homicidio Calificado, Resistencia a la autoridad y Porte Ilícito de Arma de Fuego, tipos penales que comporta una eventual pena de más de 15 años de prisión, por lo cual esta calificado como un delito grave. Asimismo se observa que en el presente caso se encuentran contrapuestos, por una parte, los derechos del acusado a la tutela judicial efectiva y a la libertad, y por la otra, la justicia como fin último del proceso, y en atención a que los delitos por los cuales se le sigue causa son considerados grave, en consecuencia, lo procedente y ajustado a derecho es sustituir la privación judicial preventiva de libertad decretada por el Juzgado Segundo en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 09-09-2003, en contra del imputado Dimas Alexander Pérez Suárez, por medidas menos gravosa prevista en los numerales 3, 4, y 8 del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes obligaciones: 1.- Presentarse cada quince días ante la sede de este Despacho y cuando así sea requerido. 2.- Prohibición de salida del país. 3.- Presentar caución personal, es decir, dos fiadores con capacidad económica de 40 unidades tributarias mínima mensual (cada uno), constancia de residencia y de buena conducta. 4.- Notificar al Tribunal en caso de cambiar de residencia o domicilio. Condiciones estas, que son de estricto cumplimiento so pena de revocatoria de medida cautelar sustitutiva, con el solo incumplimiento de una de ellas. Y ASI SE DECLARA. DISPOSITIVA Este Tribunal Sexto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda SUSTITUIR la privación judicial preventiva de libertad decretada por el Juzgado Segundo en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en fecha 09-09-2003, en contra del imputado DIMAS ALEXANDER PEREZ SUAREZ, titular de la cédula de identidad No.17.960.940, por medidas menos gravosa conforme a los artículos 244 y 256, ordinales 3, 4, y 8 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, diarícese, déjese copia de la misma y notifíquese.- LA JUEZ, YARLENY MARTIN B. LA SECRETARIA ABG. YUMAIRA REQUENA.