REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS PARTE ACTORA: ADMINISTRADORA ANNISSAC. C.A, domiciliada en la ciudad de Caracas, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 31 de Marzo de 1.993, bajo el numero 56, Tomo 121-A PRO. Y posteriormente modificada de su Documento Constitutivo y Estatutos Sociales, registrada el 08 de Julio de 1999, bajo el Nro. 77, Tomo 37-A-CTO, ante el Registro Mercantil Cuarto de la Circunscripción Judicial del Diestrito Federal y Estado Miranda. PARTE DEMANDADA: LUIS ALFONSO ESPAÑA CORTEZ y MARÍA DE JESUS PACHECO de ESPAÑA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.609.692 y V-3.610.591, respectivamente. MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (Vía Ejecutiva). EXPEDIENTE N° 9330. Por ante el Juzgado Distribuidor de Municipio fue presentada demanda, la cual efectuada el sorteo correspondiente fue asignada a este Juzgado. Una vez consignados los recaudos, fue admitida por auto de fecha 04 de Junio de 2004. En fecha 14 de Junio de 2004, el apoderado judicial de la parte actora, ratificó la medida ejecutiva de embargo solicitada en el libelo de demanda, habiéndose proveído sobre la misma. En fecha 31 de Agosto de 2004, el abogado ANDRES B. MORENO, apoderado actor y la ciudadana MARÍA DE JESUS PACHECO de ESPAÑA, parte codemandada, celebraron transacción en el presente juicio. En fecha 03 de Septiembre de 2004, este Tribunal dictó auto en la cual dejó establecido que una vez que el cónyuge LUIS ALFREDO ESPAÑA CORTEZ, expusiera lo que a bien tenga sobre el convenimiento celebrado, se proveería sobre la homologación de la transacción celebrada, siendo esta la última actuación que riela a los autos. EL TRIBUNAL PARA RESOLVER OBSERVA: De la revisión de la actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia, que ha transcurrido más de un (1) año, desde la fecha de la última actuación en el presente caso, y siendo la perención el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso, fundamentada en: Por un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso y por otro lado, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios; resulta subsumible el caso bajo análisis en el supuesto de hecho previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que textualmente establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...” Pues tal y como lo señala el maestro Ricardo Henríquez La Roche, al tratar el tema, la perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses y cumple adicionalmente la función pública de asegurar la necesaria continuidad de derecho objetivo, declarando su contenido y haciéndolo cumplir. El interés procesal está llamado a operar como estímulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a punto muerto. La función pública del proceso exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural, que es la sentencia. Dado que, tal y como se señaló anteriormente la última actuación realizada en el caso de autos, fue de fecha 03 de Septiembre de 2004, y hasta el día de hoy, ninguna de las partes ha impulsado la continuación del juicio, resulta forzoso para esta Juzgadora declarar como en efecto declara la perención de la instancia en el presente juicio. Y ASÍ SE DECLARA. Por los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE BOLIVARES (Vía Ejecutiva), sigue la ADMINISTRADORA ANNISSAC, C.A., contra los ciudadanos LUIS ALFONZO ESPAÑA CORTEZ y MARÍA DE JESUS PACHECO de ESPAÑA. No hay condenatoria en costas por la índole del fallo. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en el copiador de sentencias llevado por este Juzgado. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los veintiún (21) días del mes de Septiembre de dos mil cinco (2005). Años 195° de la Independencia y 146° de la Federación.- LA JUEZ TITULAR, LIZBETH ALVARADO FRIAS. LA SECRETARIA; Abg. HAIDEE DE MEDINA En la misma fecha siendo las 12:00 m., se publicó y registró la anterior sentencia. LA SECRETARIA,