TSJ Regiones - Decisión

BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
CORTE DE APELACIONES

JUEZ PONENTE: JOSÉ JOAQUÍN BERMUDEZ CUBEROS

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

PENADO

ENRIQUE OMAR VARGAS, de nacionalidad venezolana, natural de San Antonio del Táchira, titular de la cédula de identidad N° V-9.134.586, residenciado en Barrio La Popita, casa N° 8-5J, San Antonio del Táchira y actualmente recluido en el Centro Penitenciario de Occidente, en Santa Ana Estado Táchira.

DE LA RECEPCIÓN Y ADMISIÓN DEL RECURSO INTERPUESTO

Subieron las presentes actuaciones a esta Corte de Apelaciones, en virtud del recurso de revisión interpuesto por la Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, a favor del penado ENRIQUE OMAR VARGAS, recluido actualmente en el Centro Penitenciario de Occidente, habiendo sido condenado en fecha 11 de agosto de 1.998, por el extinto Juzgado Superior Primero Penal, a la pena de diez años y veinticinco días de prisión, al resultar culpable de la comisión del delito de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ya derogada), además del delito de Porte Ilícito de Arma.

Recibidas las actuaciones en esta Corte, se dio cuenta en Sala el 02 de marzo de 2.006 y se designó ponente al Juez JOSE JOAQUIN BERMUDEZ CUBEROS, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.

DE LA COMPETENCIA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 470, numeral 6 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a esta Corte de Apelaciones la competencia para conocer y decidir sobre el presente recurso de revisión, toda vez que fue interpuesto según lo previsto en el artículo 473 ejusdem y en vista de que dicho recurso cumple con las exigencias del artículo 472 Ibidem, esta Alzada lo admitió el 22 de marzo de 2.006, de conformidad con lo establecido en el artículo 455 en concordancia con el artículo 474, ambos del referido Código, ya que éste ha sido interpuesto en virtud de la promulgación de la nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que prevé en su artículo 31 una reducción en la pena por la que fuera condenado el recurrente.

CIRCUNSTANCIAS OBJETO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO

En fecha 11 de agosto de 1.998, el extinto Juzgado Superior Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, dictó sentencia mediante la cual condenó al ciudadano ENRIQUE OMAR VARGAS, a cumplir la pena de diez años y veinticinco días de prisión, por encontrarlo culpable en la comisión de los delitos de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y Porte Ilícito de Arma, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal, así como a las penas accesorias de ley, luego de haberse acogido a la Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

DE LA SENTENCIA RECURRIDA

La sentencia recurrida, entre otros pronunciamientos, señala lo siguiente:

“(Omissis)
Resulta innecesario hacer un detenido recuento de lo acaecido y a lo que se contraen las actas procesales, no obstante debe descartarse de que el Fiscal del Ministerio Público, quien formuló oportunamente cargos por el delito de Distribución de Estupefacientes (COCAINA BASE Y MARIHUANA), previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal, en perjuicio del Estado Venezolano, y en la audiencia del reo admitió los hechos para hacerse acreedor de la rebaja prevista en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, al que ordenan aplicar los artículos 503 y 505 Ejusdem.
Lo antes señalado es corroborado con la Experticia Química cursante a los folios 38 al 39 y sus vueltos, donde se deja constancia que la droga incautada se trataba de: Muestra “A” COCAINA BASE y en la muestra “B” MARIHUANA, con un peso de para la muestra “A” de CUATRO GRAMOS y para la muestra “B” un peso neto de TRES GRAMOS CON CIENTO VEINTE MILIGRAMOS.

Cree ésta Alzada que la disposición contenida en el artículo 37 del Código Penal, impone el término medio de la pena, en el caso que nos ocupa de acuerdo con las consideraciones que ya aquí se han dicho; el artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, prevé una pena de diez a veinte años de prisión que origina una media de quince años, siéndo (sic) éste el límite que ha de tomarse para hacer la rebaja a la que refiere el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal; al hacerse ésta rebaja a que se refiere dicho artículo, debe tomarse un tercio de la pena, por cuanto el referido encausado posee antecedentes penales, tal y como consta al folio 118 del expediente, en el Certificado de Antecedentes Penales emanado de la Dirección de Prisiones del Ministerio de Justicia; es decir, la pena impuesta para el encausado de autos en el referido delito es de DIEZ (10) AÑOS DE PRISION. Ahora bien, por cuanto existe en la presente causa la concurrencia de delitos de conformidad con el artículo 88 y 89 del Código Penal la pena impuesta por el delito de PORTE ILICITO DE ARMA es de mil quinientos bolívares que al ser llevados a prisión conforme al artículo antes mencionado nos resulta un total de cincuenta días de prisión que al hacer que al hacer (sic) la aplicación del artículo 89 que dice entre otras cosas “…se aplicará sólo la pena de ésta especie que mereciere por el hecho mas grave, pero con el aumento de la mitad del tiempo correspondiente a la otra u otras penas…” es decir, que éste último delito se aplicará la pena de VEINTICINCO DIAS DE PRISION; en consecuencia, la pena que debe cumplir el encausado VARGAS ENRIQUE OMAR, es la de DIEZ (10) AÑOS Y VEINTICINCO DIAS (25) DE PRISION, quedando modificada la Sentencia de Primera Instancia. Y así se decide…(Omissis)”

DEL RECURSO INTERPUESTO
El penado ENRIQUE OMAR VARGAS, asistido por la abogada ROSALBA GRANADOS, señala en el escrito contentivo del recurso de revisión lo siguiente:

“(Omissis)
INTERPONGO RECURSO DE REVISION contra la sentencia emanada del Juzgado Superior Primero en lo Penal del Estado Táchira, de conformidad con lo previsto en el artículo 472 del Código Orgánico Procesal Penal, en la que se me condena a cumplir la pena de 10 años de prisión por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto en el artículo 34 de la extinta Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…MOTIVO DEL RECURSO. Fui condenado a cumplir la pena de 10 años de prisión por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, delito éste, previsto en el artículo 34 de la extinta Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas…En virtud de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 475 del Código Orgánico Procesal Penal, solicito muy respetuosamente, ciudadanos magistrados miembros de la Corte de Apelaciones, se declare con lugar el presente recurso, se efectúe la rebaja de pena que proceda a mi favor y se modifique la pena que en definitiva cumplirá la misma… (Omissis)”

CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Analizados los fundamentos tanto de la sentencia recurrida, como del escrito contentivo del recurso de revisión, esta Corte pasa decidir previamente hace las siguientes consideraciones:

PRIMERA: El recurrente señala en su solicitud, que el penado fue condenado a la pena de DIEZ AÑOS Y VEINTICINCO DIAS DE PRISION, por la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en el artículo 34 de la entonces vigente Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y 278 del Código Penal, delito éste último el cual no es objeto de la presente revisión; cursando la causa ante el Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Ejecución N° 1 de Penas y Medidas de Seguridad de este Circuito Judicial Penal. Solicita en conclusión que le sea rebajada dicha pena, en virtud de la promulgación de la nueva Ley Penal sobre la materia, por ser ésta más favorable, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la Carta Magna y en el artículo 2 del Código Penal.

Con relación a estos alegatos, la Corte observa que ciertamente, en autos, cursa copia certificada de la sentencia definitiva y firme, dictada en fecha 11 de agosto de 1.998, por el Tribunal ya referido, mediante la cual condenó al ciudadano ENRIQUE OMAR VARGAS, a cumplir la pena de diez años y veinticinco días de prisión, por encontrarlo culpable en la comisión de los delitos de transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, previsto y sancionado para esa fecha en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (actualmente derogada)y 278 del Código Penal; pena impuesta en su término medio al aplicar el artículo 37 del Código Penal, rebajándose en razón de la admisión de los hechos y aplicando lo establecido en el artículo 88 del Código Penal, por haber concurrencia de delitos, quedando la misma definitivamente en diez años y veinticinco días de prisión.

SEGUNDA: El encabezamiento del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, prevé que ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, lo cual constituye una excepción al principio de irretroactividad en materia penal, es decir, que interpretando en sentido contrario el principio general de que ninguna ley debe producir efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, se llega a la conclusión que la retroactividad es lícita cuando, lejos de perjudicar, beneficia a las personas. De allí que en materia penal, las leyes que reduzcan una pena o eliminen o modifiquen un tipo delictivo, deben tener siempre efecto retroactivo, porque ese efecto beneficia al acusado o penado; casos en los que debe proceder la revisión de la sentencia, a objeto de que se dicte una nueva, que reduzca la pena a su justo límite o que ordene la libertad de quien haya sido condenado por la comisión de un delito, cuyo tipo delictivo fue suprimido en la nueva ley.

Tal regulación se encuentra igualmente contenida en Instrumentos Internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela, específicamente la establecida en la disposición novena de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual fue ratificado por Venezuela el 14 de julio de 1.977 según Gaceta Oficial N° 31.256 y que contempla el llamado “PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD”, cuando beneficie a las personas, en la parte final del artículo 9, dejó establecido “Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello”.

El aludido principio de retroactividad se encuentra igualmente contemplado en el numeral 1° del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual fue ratificado por Venezuela el 28 de enero de 1978 según Gaceta Oficial N° 2.146, y que resulta de obligatorio cumplimiento al igual que la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de aplicación inmediata y directa por los Tribunales de Justicia.

Con base en lo anterior, el legislador patrio, en el Libro Cuarto, Título V, en los artículos 470 al 477, ambos inclusive, del Código Orgánico Procesal Penal, estableció el recurso de revisión contra la sentencia firme.

En este mismo orden de ideas la jurisprudencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 232 de fecha 10-03-05 en el Exp. N° 04-2602, y sentencia del 03-07-03, con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera, ha dejado sentado lo siguiente:

“…Del principio de legalidad deriva el carácter irretroactivo de la ley, y como excepción su retroactividad es admitida solo en materia penal, tanto en el orden sustantivo como adjetivo, únicamente en el caso de su mayor benignidad en relación al acusado.

La retroactividad obedece a la existencia de una sucesión de leyes penales que por emanar de seres humanos y estar destinadas a controlar la conductas de éstos, su validez o vigencia se encuentran sometidas a la temporalidad, por lo cual se dan casos donde la situación fáctica acaecida en un determinado momento y bajo el imperio de una ley, al tiempo de ser sometida al juzgamiento se encuentra con que ha entrado en vigencia otro texto legal mas favorable y por ello se debe aplicar la nueva ley retrotrayendo su vigencia al momento de la comisión del delito…”

TERCERA: De esta manera y en virtud de que la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela promulgó en fecha 05 de octubre de 2005, una ley especial que disminuye la pena establecida para uno de los delitos por los cuales fue condenado el ciudadano ENRIQUE OMAR VARGAS, dispositivo legal publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.287, denominado Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, del cual se ordenó su reimpresión, publicándose esta última en Gaceta Oficial No 5789, de fecha 26 de octubre de 2005, en la que se tipifica y sanciona en el segundo aparte del artículo 31, el Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previendo una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, de donde se infiere que esta nueva Ley, en comparación con la anterior (Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas), que establecía una pena de diez (10) a veinte (20) años, la reduce para el referido delito.

CUARTA: Por todas estas razones, pasa esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira a considerar si en este caso deberá haber una reducción de la pena impuesta, ya que ahora es posible aplicar el principio de la proporcionalidad a los juicios atinentes al narcotráfico y hacer distingos entre quienes operan con una gran cantidad de drogas y quienes lo hacen con pequeñas cantidades, ya que con la nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, la conducta delictuosa del que actúa con pocas o grandes cantidades de droga, recibirá una pena proporcional a la actividad desplegada y se hará efectiva la función preventiva del Derecho Penal de defender el orden social y protegerá a la sociedad.

En Justicia, es una condición indefectible la equidad o ánimo de sentar la igualdad, esta implica ponderar los pesos de los diversos factores de la realidad fáctica y mantener un equilibrio valorativo sólo posible con la proporcionalidad. La idea o medida de proporcionalidad debe mediar entre las acciones humanas y sus consecuencias jurídicas. Éstas consisten en el castigo que debe tener todo autor de un hecho punible.

En conclusión, ante la violación de las leyes surge la imperiosa necesidad de una reacción estatal, lo contrario es la impunidad. Si no hay la debida sanción legal, se pierde autoridad, la soberanía y el estado de derecho mismo. Por ello, la rígida y estricta Justicia requiere ser impartida con el ánimo más ecuánime, pues de lo contrario será difícil discernir lo que merecen las acciones ajenas o de los justiciables. Y pueden cometerse iniquidades si olvidando esa ponderación, se aplica la ley con exceso de rigurosidad.

En ese mismo sentido, aseveró Montesquieu que “La libertad es favorecida por la naturaleza de las penas y su proporción (...) Las penas han de ser de la naturaleza de la cosa (...)” (“Del Espíritu de las Leyes”, Tomo I, págs. 252 y 255, Editorial Albatros, Buenos Aires, 1942).

La nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas es propicia para ejercer la equidad y proporcionalidad, ya que sería injusta y apartado de toda ecuanimidad que un traficante de drogas, que opere con una exigua cantidad, sea castigado con la misma pena de otro que trafique con enormes cantidades y no tuvieran un castigo acorde a la suma gravedad de sus crímenes de lesa humanidad, tal como son considerados por la Constitución venezolana, la jurisprudencia (sentencia Nº 1.712 del 12/9/01) de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y los ordenamientos jurídicos del mundo civilizado estos delitos.

Por consiguiente, opina esta Corte que debe disminuirse la pena impuesta en fecha 11 de agosto de 1.998, al ciudadano ENRIQUE OMAR VARGAS, por el delito por el cual fue condenado, para lo cual se estima, que al encontrarse definitivamente firme dicha sentencia y en virtud de la reciente promulgación de la nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que en el segundo aparte del artículo 31 tipifica y sanciona con prisión de seis (6) a ocho (8) años el transporte ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, por cuyo delito fue condenado el mencionado ciudadano a la pena de diez años, conforme a lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora derogada), lo procedente en este caso, es rebajar dicha pena en la proporción correspondiente, debiendo tomarse en cuenta la cantidad de droga incautada que arrojó un peso total neto de cuatro gramos de cocaína y tres gramos con ciento veinte miligramos de marihuana. Así como la rebaja efectuada por el juzgador, partiendo del término medio establecido en el artículo 37 del Código Penal, y rebajado a su limite inferior, quedando de esta manera revisada la sentencia recurrida, mediante la cual fuera condenado el penado a cumplir en definitiva la pena de diez años de prisión y en su lugar se le rebaja de acuerdo a la pena aplicable por la entrada en vigencia de la nueva ley la cual establece en el segundo aparte del artículo 31, una pena de prisión de seis (6) a ocho (8) años de prisión, aplicando la misma a su límite medio en razón del contenido del artículo 37 del Código Penal, es decir, siete años de prisión y rebajada en atención al artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, en razón de la admisión de los hechos, sin bajar del límite inferior que establece la Ley, más la pena impuesta por el otro delito el cual no es objeto de la revisión de la sentencia, como es el Porte Ilícito de Arma, cuya pena es de Veinticinco días de prisión, quedando en definitiva la pena en SEIS (6) AÑOS Y VEINTICINCO (25) DIAS DE PRISION, de conformidad con lo establecido en los artículos 473 y 475 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando exonerado del pago de las costas y condenado a las penas accesorias previstas en el artículo 16 del Código Penal, tal y como lo expresa la referida sentencia. Así se decide.

DECISIÓN

Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones, en su única Sala, del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide:

1.- DECLARA CON LUGAR el recurso de revisión, interpuesto por el penado ENRIQUE OMAR VARGAS, plenamente identificado en autos.

2.- SE REBAJA la pena que le fuera impuesta al ciudadano ENRIQUE OMAR VARGAS, en la sentencia definitiva y firme, dictada el 11 de agosto de 1.998, a través de la cual fuera condenado a cumplir diez (10) años y veinticinco (25) días de prisión, por encontrarlo culpable en la comisión de los delitos de Transporte Ilícito de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, previsto y sancionado en esa fecha, en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (ahora derogada) y Porte Ilícito de Arma, previsto en el artículo 278 del Código Penal; pena que en definitiva le queda en SEIS (6) AÑOS Y VEINTICINCO (25) DIAS DE PRISION, en virtud de la reciente promulgación de la nueva Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que contempla dicho delito en el segundo aparte del artículo 31, por imperativo del artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los artículos 470, numeral 6°, 473, único aparte y 475 del Código Orgánico Procesal Penal.

Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia y bájense las actuaciones en su oportunidad legal.

Dada, firmada, sellada y refrendada, en la sala de audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, a los cuatro (04) días del mes de abril del año dos mil seis. Años: 195° de la Independencia y 147° de la Federación.

Los Jueces de la Corte,

JOSE JOAQUIN BERMUDEZ CUBEROS
Juez Presidente -Ponente

JAFETH VICENTE PONS BRIÑEZ GERSON ALEXANDER NIÑO
Juez Juez (T)

JERSON QUIROZ RAMIREZ
Secretario

En la misma fecha se cumplió lo ordenado.

Jerson Quiroz Ramírez
Secretario

1-Rr-935-2006/drm