TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Tercero de Ejecución del Estado Vargas
Macuto, 31 de Agosto de 2006
196º y 147º

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2005-015824
ASUNTO : WP01-P-2005-015824

Por cuanto de la revisión en la presente causa y de conformidad con lo establecido en el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal, se observa que el penado: PASTOR ALBERTO OLIVARES, Titular de la cédula de identidad N° 9.954.726, quien es de Nacionalidad Venezolana, nacido el 04-04-1970, de 35 años de edad. Soltero, comerciante, residenciado en Alta Vista, Calle Colina N° 116, Avenida Sucre, Catia, Distrito Capital, el cual reúne los requisitos exigidos en el tercer aparte del artículo 501 de la ley adjetiva penal, para otorgarle al mismo, la fórmula de cumplimiento de pena, relativa TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, prevista en el encabezamiento de la citada norma adjetiva penal, este Tribunal Tercero de Ejecución de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, previamente para acordar dicha medida de oficio y de conformidad con lo previsto en el encabezamiento del artículo supra mencionado 501 del Código Orgánico Procesal Penal, pasa a realizar las siguientes consideraciones:
En fecha 08 de Febrero de 2006, el Tribunal Primero de Primera Instancia, en función de Ejecución del Estado Vargas, condenó al penado de autos, a cumplir la pena de DOS (02) AÑOS Y OCHO (08) MESES PRISIÓN, por ser autor del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, así como al cumplimiento de la pena accesoria contemplada en el artículo, 16 del Código Penal, quedando definitivamente firme, es por lo que se acordó su inmediata ejecución, conforme a lo dispuesto en el ordinal 1 ° del artículo 479 en concordancia con lo establecido en el artículo 482, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, donde se estableció que el penado PASTOR ALBERTO OLIVARES, que el 23-06-06, cumplió una cuarta (1/4) parte de la pena impuesta.

En fecha 30-08-2006, se recibió por ante este Tribunal, Informe Técnico, practicado por la Unidad Técnica, División de Atención al Interno, Internado Judicial, Los Teques, Estado Miranda, suscrito por los funcionarios: Licenciado JUAN CARLOS OLIVARES y TSU, CLARA LOVERA, quienes emitieron OPINIÓN FAVORABLE, para el otorgamiento de la medida solicitada.

Riela en la presente causa constancia de buena conducta expedida por la Junta de Conducta del Internado Judicial “Los Teques”, Estado Miranda, con lo cual se establece la buena conducta adoptada por el penado de autos, durante el tiempo que ha permanecido recluida en dicho Internado Judicial.

Cursa en la presente causa, Oferta Laboral de la Fundación Pro-Venezuela 2000, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Municipio Autónomo de los Salías del Estado Miranda, San Antonio de Los Altos donde le ofrece contratación al penado de autos, como mensajero de dicha empresa.

En fecha 03-04-2006, se recibió certificación de antecedentes penales del penado de autos, debidamente expedida por el Ministerio de Seguridad Jurídica, División de Antecedentes Penales, el cual acredita su buena conducta predelictual.

LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, en su artículo 272, reza lo siguiente: “El Estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna y el respeto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación; funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. En general, se preferirá en ellos el régimen abierto y el carácter de colonias agrícolas penitenciarias. En todo caso, las fórmulas de cumplimiento de penas no privativas d la libertad se aplicarán con preferencia a las medidas de naturaleza reclusoria.
El Estado creará las instituciones indispensables para la asistencia pospenitenciaria que posibilite la reinserción social del exinterno o exinterna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”.
Artículo 87.- “Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo………El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones.”
El Código Orgánico Procesal Penal, artículo 501, encabezamiento, reza lo siguiente: “El tribunal de ejecución podrá autorizar el trabajo fuera del establecimiento, a los penados que hayan cumplido, por lo menos, ¼ parte de la pena impuesta.”
Además, para cada uno de los casos anteriormente señalados, deben concurrir las circunstancias siguientes:
1.-Que el penado no tenga antecedentes por condenas anteriores a aquella por la que solicita el beneficio,
2.-Que no haya cometido algún delito o falta durante el tiempo de su reclusión;
3.-Que exista un pronóstico favorable sobre el comportamiento futuro del penado, expedido por un equipo multidisciplinario encabezado, preferentemente por un psiquiatra forense;
4.-Que no haya sido revocada cualquier fórmula alternativa de cumplimiento de pena que le hubiere sido otorgada con anterioridad; y
5.- Que haya observado buena conducta”.
El artículo 507, en su encabezamiento reza lo siguiente: “La suspensión condicional de la ejecución de la pena, la autorización para trabajar fuera del establecimiento, el destino a establecimiento abiertos y la libertad condicional, podrán ser solicitados al tribunal de ejecución, por el penado, por su defensor, o acordados de oficio por el tribunal. De ser el caso, el Juez solicitará a la dirección del establecimiento los informes que prevé la ley.
Cuando la solicitud la formule el penado ante la dirección del establecimiento, ésta la remitirá inmediatamente al tribunal.
En el escrito contentivo de la solicitud, el penado, si fuere el caso, deberá señalar el lugar o dirección donde fijará su residencia y demás informaciones que posibiliten su localización inmediata, lo que deberá ser verificado por el tribunal previamente a la concesión del beneficio o la medida……….”
Así las cosas, tanto el derecho al trabajo como el deber de trabajar son conceptos que no puede satifascerlos plenamente la sociedad ni el Estado, pues un cierto grado de desempleo y un cierto número de personas que no quieren trabajar los ha habido siempre y ningún Estado del mundo ha tenido éxito completo en este terreno, lo que si es obligación del Estado es fomentar el empleo, diseñar políticas adecuadas que hagan que la gente encuentre trabajo.
En el caso de marras, el penado de autos, reúne los requisitos exigidos por la norma como es del informe evaluativo practicado Unidad Técnica, División de Atención al Interno, Internado Judicial, Los Teques, Estado Miranda, suscrito por los funcionarios: Licenciado JUAN CARLOS OLIVARES y TSU, CLARA LOVERA, quienes entre otras cosas”……..El Equipo Técnico, luego de analizar los elementos encontrados en la presente evaluación considera que el interno dispone de los recursos básicos para cumplir con las exigencias contempladas en la fórmula alternativa para la cual opta. Se trata de una persona con comprensión de normas y límites, disposición al cambio positivo, con apoyo externo, ha iniciado cambio conductual favorable y ha extraído aprendizajes de la experiencia recibida. CONCLUSIONES: Sobre la base del estudio psicosocial realizado, el equipo técnico emite una opinión FAVORABLE, al otorgamiento de la medida solicitada…”

Asimismo observa este Tribunal que el penado de autos, según el cómputo correspondiente, ha cumplido una Cuarta 1/4 parte de la pena impuesta, aunado al hecho de poseer buena conducta predelictual, motivo por el cual, se ACUERDA Y AUTORIZA, a trabajar fuera del Establecimiento en San Francisco de Yare, Estado Miranda como fórmula alternativa del cumplimiento de la pena, obligándose el mismo al estricto acatamiento de las condiciones siguientes:

1. Presentarse ante la Sede del Tribunal Segundo de Ejecución del Estado Vargas, cada quince (15) días, o cuando así sea requerido.

2. Mantener como lugar de residencia Alta Vista, Calle Colina N° 116, Avenida Sucre, Catia, Distrito Capital, teniendo la obligación de no cambiar de la misma sin previa autorización de este Tribunal.

3.-Cumplir con todas las condiciones que le imponga el Delegado de Prueba.

4.-No ausentarse del Territorio de la República sin la debida autorización del Tribunal, en virtud de lo cual se le prohíbe la salida del país.

5.-Consignar en un plazo no mayor de treinta (30) días, la constancia de trabajo correspondiente ante este Despacho y actualizarla cada dos (02) meses.

6.-Realizar estudios de capacitación en el área laboral.

7. Abstenerse de consumir drogas o sustancias estupefacientes y de abusar de las bebidas alcohólicas.

8.-No poseer ni portar armas de fuego o armas blancas.

9.- Deberá pernoctar en el Centro para Destacamentarios correspondiente

Condiciones éstas, que son de estricto cumplimiento so pena de la revocatoria del régimen otorgado, con el solo incumplimiento de una de ellas. Y ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

En virtud de lo antes expuesto, este Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, hace los siguientes pronunciamientos PRIMERO: AUTORIZA EL TRABAJO FUERA DEL ESTABLECIMIENTO en el Estado Miranda, al penado PASTOR ALBERTO OLIVARES, titular de la cédula de identidad N° 9.954.726, quien es de Nacionalidad Venezolana, nacido el 04-04-1970, de 35 años de edad. Soltero, comerciante, residenciado en Alta Vista, Calle Colina N° 116, Avenida Sucre, Catia, Distrito Capital, como fórmula de cumplimiento de pena, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 501 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: deberá pernoctar dicho ciudadana en el Centro de destinado para tal efecto. TERCERO: el misma cumplirá las condiciones establecidas en la presente decisión, según lo prevé el artículo 511, las cuales son del tenor siguiente: 1.- Presentarse ante la Sede del Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Estado Vargas, cada quince (15) días, o cuando así sea requerido. 2.-Mantener como lugar de residencia Alta Vista, Calle Colina N° 116, Avenida Sucre, Catia, Distrito Capital, teniendo la obligación de no cambiar la misma sin previa autorización de este Tribunal. 3.-Cumplir con todas las condiciones que le imponga el Delegado de Prueba. 4.-No ausentarse del Territorio de la República sin la debida autorización del Tribunal, en virtud de lo cual se le prohíbe la salida del país. 5.-Consignar en un plazo no mayor de treinta (30) días, la constancia de trabajo correspondiente 6.-Realizar estudios de capacitación en el área laboral. 7.-Abstenerse de consumir drogas o sustancias estupefacientes y de abusar de las bebidas alcohólicas. 8.-No poseer ni portar armas de fuego o armas blancas. ASI SE DECIDE.
Regístrese, publíquese, notifíquese a las partes y déjese copia. Líbrese la correspondiente boleta de Pre-libertad a nombre del penado de autos y ofíciese lo conducente.
Dada, firmada y sellada en el Juzgado Tercero de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas. En Macuto a los treinta y uno (31) días del mes de agosto de dos mil Seis (2006). Año 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
LA JUEZA DE EJECUCIÓN, SUPLENTE ESPECIAL

DRA. MARIA ESTHER ROA SILVA

EL SECRETARIO,

ABG. JORGE NOVOA

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede.

EL SECRETARIO,

ABG. JORGE NOVOA