REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE MUNICIPIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetia, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil seis (2006).
Años: 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
I
PARTE ACTORA: INVERSIONES INTERCONTINENTAL C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripciòn Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, anotado bajo el Nº 53, Tomo 20-A-Sgdo, de fecha 23 de octubre de 1987.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: MARIA DE FATIMA GONCALVES SARDINHA, Abogado en ejercicio, de este domicilio, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nùmero 52.703.
PARTE DEMANDADA: MARIA OFELIA PEÑA ROSALES y HENRI ANTONIO RONDON TINEO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 9.994.901 y 8.294.632 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: CARLOS GUAITA, Abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nùmero 37.950.
MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
SENTENCIA: DEFINITIVA.
EXPEDIENTE Nº: 995-05.
Se inició el presente proceso mediante libelo de demanda presentado el dìa veinte (20) de septiembre de 2005, por ante el Juzgado Distribuidor de Turno de Municipio de esta Circunscripcion Judicial; sometido a distribución dicho libelo le correspondió su conocimiento a este Tribunal.
En fecha tres (03) de octubre de 2005, compareció la apoderada judicial de la parte actora y consignò recaudos anexos al libelo de demanda. El seis (6) de octubre de 2005, se admitió la demanda ordenando el emplazamiento de la parte demandada.
El once (11) de octubre de 2005, compareció el Alguacil de este Tribunal y dejó constancia de no haber podido citar personalmente a la parte demandada, razón por la cual la apoderada judicial de la demandante el diecisiete (17) de octubre de 2005 solicitó la citación de la accionada por carteles, siendo ello acordado el dieciocho (18) de octubre de 2005 y librados el respectivo cartel de citación; mediante diligencia de fecha dos (2) de noviembre de 2005 fueron consignadas las separatas de los carteles de citación publicados y el dieciséis (16) de noviembre de 2005 la Secretaria Accidental fijo cartel de citación dándole cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha veintitrés (23) de noviembre de 2005 comparecieron los demandados ciudadanos María Ofelia Peña Rosales y Henri Antonio Rondon Tineo asistidos por el abogado Carlos Guaita a quien otorgaron poder apud acta.
Por auto del catorce (14) de diciembre de 2005 se difirió la oportunidad para dictar sentencia definitiva por un lapso de diez (10) días continuos.
II
Establecido el trámite procesal correspondiente a esta instancia, y siendo la oportunidad para publicar sentencia de mérito en este proceso, el Tribunal observa que la litis quedó planteada en los siguientes términos:

PLANTEAMIENTO DE LA LITIS
La parte actora alega en el libelo de demanda que celebro un contrato de arrendamiento sobre el inmueble constituido por un apartamento destinado a oficina distinguido con el Nº PH-2, ubicado en el tercer piso del Edificio Brando, Avenida El Ejercito, Parroquia Catia La Mar, Estado Vargas, que comenzarìa a regir en fecha primero (1º) de julio de 2003.
Que en la clausula tercera se convinò que el contrato de arrendamiento tendrìa una duraciòn de un año y que se considerarìa prorrogado por periodos iguales a menos que una parte notificara a la otra con por lo menos un mes (1) de anticipaciòn antes del vencimieto del primer periodo o de cualquiera de sus prorrogas su deseo de darlo por terminado.
Que en la clausula segunda acordaron que el cánon de arrendamiento mensual serìa la cantidad de Doscientos Ochenta y Ocho mil Seiscientos Veinticinco bolìvares (Bs. (Bs. 288.625,oo), el cual serìa ajustado cuando la Direcciòn General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura dictare una resoluciòn mediante la cual regulara el canòn de arrendamiento y que èste serìa de inmediata aplicaciòn, que segùn Resoluciòn Nº 008760 dictada por la Direcciòn General Sectorial de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura en el expediente Nº 6141 en fecha 18 de enero de 2005 se establecio como canon de arrendamiento la suma de Quinientos Setenta y Seis mil Cuatrocientos Cincuenta bolìvares (Bs. 576.450,oo) mensuales.
Que en vista que el inmueble esta destinado a uso de oficina es por lo que segùn Gaceta Oficial Nº 37.999 de fecha 11 de agosto de 2004 el arrendatario tiene la obligaciòn legal de pagar el Impuesto al Valor Agregado que hasta el 31 de agosto de 2005 segùn la alicuota es del 15% por lo que el arrendatario por tal concepto debe pagar la cantidad de Ochenta y Seis mil Cuatrocientos Sesenta y Siete bolìvares con Cincuenta cèntimos (Bs. 86.467,50) mensuales y a partir del 1º de septiembre de 2005 la Ley de Reforma Parcial al Impuesto al Valor Agregado en el artìculo 62 estableciò como alìcuota del impuesto el 14% mensual, por lo que el arrendatario adeuda por tal concepto la cantidad de Ochenta mil Setecientos Tres bolìvares (Bs. 80.703,oo) mensuales.
Que el arrendatario se obligo a pagar el canon de arrendamiento al arrendador o a su orden dentro de los primeros cinco dìas siguientes al vencimiento de cada mes, que la falta de pago de una mensualidad de arrendamiento daria derecho al arrendador para optar entre pedir la resoluciòn del contrato con el pago de las indemnizaciones o exigir su cumplimiento por todo el tiempo estipulado; que los arrendatarios han dejado de pagar los canones de arrendamiento correspondientes a los meses de febrero a agosto de 2005 a razòn de Quinientos Setenta y Seis mil Cuatrocientos Cincuenta bolìvares (Bs. 576.450,oo) mensuales arrojando un total de Cuatro millones Treinta y Cinco mil Ciento Cincuenta bolìvares (Bs. 4.035.150,oo).
Que en virtud de todo lo antes expuesto demandaba a los ciudadanos Marìa Ofelia Peña Rosales y Henri Antonio Rondon Tineo, para que convengan o en su defecto sean condenados por este Tribunal a: 1- Resolver el contrato de arrendamiento y en consecuencia entreguen el inmueble arrendado libre de bienes y personas. 2-. Cancelar la cantidad de Cuatro millones Treinta y Cinco mil Ciento Cincuenta bolìvares (Bs. 4.035.150,oo) por concepto de la falta de pago de las mensualidades de arrendamiento de los meses de febrero a agosto de 2005 y la cantidad de Quinientos Setenta y Seis mil Cuatrocientos Cincuenta bolìvares (Bs. 576.450,oo) por cada mes de ocupaciòn hasta la entrega del inmueble; y 3- Las costas procesales.
En la oportunidad de dar contestacion a la demanda no comparecio la parte
demandada ni apoderado judicial alguno.

PRUEBAS APORTADAS POR LA PARTE ACTORA
1.- Original de contrato de arrendamiento autenticado ante la Notaría Pública Primera del Estado Vargas suscrito entre Inversiones Intercontinental C.A., (arrendadora) y los ciudadanos María Ofelia Peña Rosales y Henri Antonio Rondon Tineo (arrendatarios) sobre el inmueble constituido por un apartamento destinado a oficina distinguido como PH-2, ubicado en el tercer piso del Edificio Brando, situado en la Avenida El Ejercito, Parroquia Catia La Mar, Estado Vargas; y por cuanto el mismo no fue tachado ni desconocido por la parte demandada se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 1357 del Código Civil.
2.- Original de recibos signados con los Nos 1219, 1220, 1221, 1222 y 1223 por la cantidad de Cuatrocientos Dos mil Doscientos Doce bolívares con Cuarenta céntimos (Bs. 402.212,40), Trescientos Ochenta y Ocho mil Trescientos Setenta y Tres bolívares con Ochenta céntimos (Bs. 388.373,80), Trescientos Setenta y Cuatro mil Novecientos Ochenta y Un bolívares con Sesenta céntimos (Bs. 374.981,60), Trescientos Sesenta y Un mil Ciento Cuarenta y Tres bolívares (Bs. 361.143,oo), y Trescientos Cuarenta y Siete mil Trescientos Cuatro bolívares con Treinta y Ocho céntimos (Bs. 347.304,38) por concepto de cánones de arrendamiento de los meses abril, mayo, junio, julio y agosto de 2004 a nombre de la ciudadana Marìa Ofelia Peña Rosales, siendo que de las revisión de los mismos es posible constatar que éstos se encuentran sin firmar, al respecto este Tribunal observa: Los documentos antes descritos no están firmados por persona alguna, siendo que el artículo 1368 del Código Civil dispone:
“El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, (…omissis…) Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos”
Y por cuanto los recibos antes referidos no se encuentran firmados por la persona a quien van dirigidos y supuestamente obligada ciudadana María Ofelia Peña Rosales, se desechan del proceso. Así se decide.
3.- Copias certificadas emanadas de la Direcciòn General de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura las cuales no fueron tachadas ni desconocidas por la prte demandada, razòn por la cual de conformidad con el artìculo 1357 en concordancia con el artìculo 1384 ambos del Còdigo Civil se les otorga pleno valor probatorio.
4.- Original de recibos signados con los Nos 1825, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823 y 1824 por la cantidad cada una de Seiscientos Sesenta y Dos mil Novecientos Diecisiete bolívares con Cincuenta cèntimos (Bs. 662.917,50), por concepto de cánones de arrendamiento de los meses febrero a agosto de 2005 a nombre de la ciudadana Marìa Ofelia Peña Rosales, siendo que de las revisión de los mismos es posible constatar que éstos se encuentran sin firmar, al respecto este Tribunal observa: Los documentos antes descritos que rielan a los folios 14 al 18 no están firmados por persona alguna, siendo que el artículo 1368 del Código Civil dispone:
“El instrumento privado debe estar suscrito por el obligado, (…omissis…) Si el otorgante no supiere o no pudiere firmar, y se tratare de obligaciones para cuya prueba se admiten testigos, el instrumento deberá estar suscrito por persona mayor de edad que firme a ruego de aquél, y, además, por dos testigos”
Y por cuanto los recibos antes referidos no se encuentran firmados por la persona a quien van dirigidos y supuestamente obligada ciudadana María Ofelia Peña Rosales, se desechan del proceso. Así se decide.

Ahora bien, la parte demandada conformada por los ciudadanos Marìa Ofelia Peña Rosales y Henri Antonio Rondon Tineo comparecieron ante este Tribunal el veintitres (23) de noviembre de 2005 por lo que en èste caso opero la citaciòn tacita de los mismos la cual esta prevista en el artìculo 216 del Còdigo de Procedimiento Civil, sin que la parte accionada compareciera a dar contestación al fondo a la demanda en el tèrmino dispuesto en el artìculo 883 del Còdigo Adjetivo Civil, es decir, al segundo (2º) dìa de despacho siguiente el veintitres (23) de noviembre de 2005, tèrmino que se verificò el veinticinco (25) de noviembre de 2005, siendo que el artículo 33 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, es claro al establecer:
“Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto-Ley y al procedimiento breve previsto en el Libro IV, Título XII del Código de Procedimiento Civil, independientemente de su cuantía.”
Ahora bien, al remitirnos la norma antes transcrita al Libro IV, Titulo XII del Codigo Adjetivo Civil, se refiere al procedimiento breve, el cual en su artículo 883 dispone lo siguiente:
“El emplazamiento se hará para el segundo dia siguiente a la citación de la parte demandada, citación que se llevará a cabo conforme lo dispuesto en el Capitulo IV, Titulo IV del Libro Primero de este Código”
Siendo que la no comparecencia de la parte demanda dentro del preclusivo término que la ley le concede para defenderse conforme a derecho, se entiende como una rebeldía de ésta a excepcionarse contra la pretensión del demandante mediante el ejercicio de la contestación a la demanda, hace nacer por la omisión verificada una presunción “Iuris Tantum” de aceptación de los hechos narrados por la actora en el libelo de demanda, presunción ésta que por permitir prueba en contrario, dada su naturaleza, puede ser desvirtuada por el demandado contumaz en el respectivo lapso probatorio mediante la aportación de pruebas que le favorezca, tendentes a verificar la falsedad de los hechos imputados en el libelo de demanda, para destruir con ella la presunción de la veracidad que de dichos hechos surgieron como consecuencia de su rebeldía, todo lo cual justifica el afán de nuestro legislador adjetivo de consagrar el derecho a la defensa que tienen las partes en juicio.
Ahora bien, si la demandada no efectúa una actividad probatoria suficiente para destruir la presunción legal de aceptación de los hechos incriminados, se configura una situación compleja en su contra que luego de la verificación de un tercer elemento o requisito que analizaremos infra, deviene en la sanción prevista en el Código de Procedimiento Civil, específicamente la norma contenida en su artículo 362, el cual regula la institución procesal de la confesión ficta. Para la verificación de la mencionada confesiòn ficta tiene que concurrir simultáneamente tres requisitos a saber: 1.- que el demandado no haya dado oportuna contestación a la demanda; 2.- que el demandado contumaz no haya aportado pruebas capaces de desvirtuar la presunción legal de aceptación que surge con ocasión de su rebeldía; y 3.- que la pretensión explanada por la actora en el libelo de demanda no sea contraria a derecho y que una vez verificados estos supuestos debe producirse como consecuencia jurídica inmediata que la demanda incoada deba prosperar en derecho.
Al respecto la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 27 de marzo de 2001 con ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero en el juicio de Francisco Mujica Boza contra Mazzios Restaurant, C.A. en el expediente No. 00-2426 sentencia No. 370, estableció lo siguiente:
“La confesión requiere de una declaración expresa e inequívoca de una parte que es favorable a su contraparte y perjudicial para ella. Las declaraciones confesorias expresas son el principio insustituibles, pero por efecto del silencio procesal, el Código de Procedimiento Civil crea la figura de tener a una parte por confeso, y para que ello ocurra, previamente desplaza la carga de la prueba hacia la parte que tenía que contestar alegatos o preguntas de su contraparte, y no lo hace, bien porque se niega a hacerlo, o porque no concurre al acto, a fin que de probar algo que lo favorezca, no se consolide con su silencio el que se le tenga por confeso. En estos casos, si en el transcurso del proceso la parte que guarda silencio no prueba algo que lo favorezca, Código de Procedimiento Civil reputa que sobre el hecho afirmado por su contraparte se le tendrá por confeso; es decir, que no es realmente confeso (ya que no existe declaración expresa), sino que su silencio equivale a una confesión, y en base a ella se fijan los hechos en la sentencia definitiva..”.
Decisión ésta que comparte este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código Adjetivo Civil y la aplica al presente caso, una vez observado que en la oportunidad que la ley otorga a la parte accionada para defenderse de todas las pretensiones de la actora, la accionada no compareció a desvirtuarlos y en el lapso de pruebas no probó nada que le favoreciera, siendo que de la lectura del libelo de demanda en su petitorio se observa que la misma no es contraria a derecho, lo cual siginifica que se cumplieron los requisitos establecidos en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente:
“Si el demandado no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, ni nada probare que le favorezca..”
Con respecto al tema que nos ocupa, los artículos 1.160, 1.167, 1579 y 1592 ordinal 2° del Código Civil, disponen:
Artículo 1.160 C.C: “Los contratos debe ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se deriven de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la Ley.”
Artículo 1.167 C.C: “En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamar judicialmete la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casos si hubiere lugar a ello”.
Artículo 1.579 C.C: “El arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra de una cosa mueble o inmueble, por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar a aquélla…”
Artículo 1592 ordinal 2° C.C: “El arrendatario tiene dos obligaciones principales: …2° Debe pagar la pensión de arrendamiento en los términos convenidos”
Aunado a ello, la norma contenida en el artículo 1.159 del Código Sustantivo Civil, consagra el principio de la “Autonomia de la voluntad de las partes en materia contractual”, estableciendo la fueza obligatoria de los contratos entre las partes que lo suscriben, entendiendose que los mismos no es que sean equiparables con la Ley en su eficacia, sino que las partes deben observar lo acordado por ellas en su conjunto y en cada una de las cláusulas que han sido pactadas, en la medida en que ese acuerdo haya sido adoptado dentro de los limites de actividad contractual fijada por el antes transcrito artículo 1160 eiusdem.
En este orden de ideas se puede concluir que la parte demandada no aportó a los autos prueba de haber cumplido con la obligacion de pagar el canon el arrendamiento de los meses de febrero a agosto del año 2005, por lo que incumplieron con su obligación de arrendatarios, previamente establecida en el ordinal 2º del articulo 1592 del Codigo Civil, ya que la carga de probar dicho pago se la atribuye en este caso a la parte demandada expresamente el artículo 506 del Código Adjetivo Civil, el cual reproduce el contenido del artículo 1.354 del Código Civil, que dispone: “... Quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación”.
Por los razonamientos antes expuestos y cumplidos como han sido los requisitos establecidos en la Ley tanto adjetiva como sustantiva; este Tribunal considera que la presente demanda debe prosperar en derecho y así debe ser declarada. Así se decide.
III
Con fuerza en los fundamentos precedentes, este Juzgado Tercero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: CON LUGAR LA DEMANDA que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoara INVERSIONES INTERCONTINENTAL C.A., sociedad mercantil inscrita ante el Registro Mercantil de la Circunscripciòn Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, anotado bajo el Nº 53, Tomo 20-A-Sgdo, de fecha 23 de octubre de 1987 contra MARIA OFELIA PEÑA ROSALES y HENRI ANTONIO RONDON TINEO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 9.994.901 y 8.294.632 respectivamente.
SEGUNDO: Se declara resuelto el contrato de arrendamiento celebrado entre Inversiones Intercontinental C.A., y los ciudadanos Marìa Ofelia Peña Rosales y Henri Antonio Rondon Tineo y en consecuencia se condena a la parte demandada a entregar a la actora un inmueble constituido por un apartamento destinado a oficina distinguido como PH-2, ubicado en el tercer piso del Edificio Brando, situado en la Avenida El Ejercito, Parroquia Catia La Mar, Estado Vargas.
TERCERO: Se condena a la parte demandada a pagar a la actora por concepto de indemnizaciòn por daños y perjuicios la cantidad de Cuatro millones Treinta y Cinco mil Ciento Cincuenta bolìvares (Bs. 4.035.150,oo) que representan los canònes de arrendamiento insolutos desde febrero a agosto de 2005; mas aquellas pensiones que se continuen venciendo hasta el decreto de ejecuciòn de la presente decisiòn, las cuales deberàn ser calculadas a Quinientos Setenta y Seis mil Cuatrocientos Cincuenta bolìvares (Bs. 576.450,oo) mensuales.
De conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil se condeana a la parte demandada al pago de las costas procesales a la actora por haber resultado totalmente vencido en el presente proceso.
Publíquese, regístrese, notifiquese y déjese copia certificada de la anterior decisión en el copiador de sentencias definitivas de este Tribunal.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Tercero Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil seis (2006). Años 195º de la Independencia y 146º de la Federación.
LA JUEZ,
ELIZABETH BRETO GONZALEZ,

LA SECRETARIA ACC,
MARIELA FAJARDO.
En esta misma fecha veinticuatro (24) días del mes de enero del año dos mil seis (2006) y siendo las 9:30 de la mañana se publicó y registró la anterior decisión.
LA SECRETARIA ACC,

Exp Nº 995-05