TSJ Regiones - Decisión

Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Bancario y Protección del Niño y del Adolescente
Circunscripción Judicial del Estado Táchira
Demandante: Sandra Milena Mendoza Ramírez, colombiana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 84.337.161, , con domicilio en Sabaneta, vía el Llano, Municipio Córdoba, Estado Táchira.
Asistida de la defensora pública: Abogado Gracia C. Vargas R., inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 31155, con domicilio en San Cristóbal, Estado Táchira.
Demandado: José Giovanny Hernández, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 12.456.169, con domicilio en Barquisimeto, Estado Lara.
Motivo: Obligación alimentaria-apelación de la decisión de fecha 16 de enero de 2006, dictada por el Juzgado del Municipio Córdoba , en lo que respecta a los gastos decembrinos.
La ciudadana Sandra Milena Mendoza, actuando en representación de su hijo Geovanny Hernández, de 5 años de edad, en diligencia del 19 de enero de 2006, apela de la sentencia proferida por el Juzgado del Municipio Córdoba el 16 de enero de 2006, en lo que respecta a la suma de ciento cuarenta mil bolívares (Bs. 140.000,00) fijada por concepto de gastos decembrinos y pide sea aumentada a la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00) (f. 9); apelación que es oída en un solo efecto y remitidas las actuaciones conducentes al Juzgado Superior distribuidor (f. 10); es recibido en esta alzada el 06 de febrero de 2006 (f. 13).
En diligencia del 07 de febrero de 2006, la solicitante, asistida de defensora pública, expresa que no está de acuerdo con la obligación mensual fijada por el Juzgado a quo, así como con los montos por concepto de gastos escolares y decembrinos; igualmente señala que el obligado es cabo segundo de la Guardia Nacional y fuera del salario mensual disfruta del beneficio de Cesta Ticket, bono vacacional, aguinaldos, bono de útiles escolares correspondiente a 10 unidades tributarias y bono de juguetes por 3 unidades tributarias por cada hijo hasta los 12 años, de los cuales su menor hijo no disfruta y pide se declare con lugar la apelación y se fije la suma de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00), por concepto de obligación mensual, más el doble de dicha suma en los meses de septiembre y diciembre para los gastos escolares y decembrinos, más el 50% de los demás gastos que ocasione el niño en cuanto a vestuario, médico, medicinas y se prevea el aumento automático de la obligación alimentaria cada 6 meses, tomando en cuenta las necesidades e interés del niño y la capacidad económica del obligado y sea depositado en la cuenta bancaria dispuesta para ello y se le entregue el bono de útiles escolares y el bono de juguetes que le corresponde al niño Geovanny Hernández Mendoza (fs. 14-17).
El Tribunal para decidir observa:
El caso sometido al conocimiento de esta alzada, trata de la apelación interpuesta por la solicitante Sandra Milena Mendoza, contra la decisión de fecha 16 de enero de 2006, dictada por el Juzgado del Municipio Córdoba de esta Circunscripción Judicial, en lo que respecta a la suma fijada por concepto de gastos decembrinos y pide sea aumentada a la suma de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00).
En relación a la obligación alimentaria, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, señala en sus artículos 365 y 366 establece:
Artículo 365. “La obligación alimentaria, comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente.”
La norma transcrita establece que, la pensión de alimentos comprende lo necesario para atender la subsistencia, habitación, vestido, asistencia médica, educación e instrucción del alimentado.
Artículo 366.”La obligación alimentaria es un efecto de la filiación legal o judicial establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad. Esta obligación subsiste aún cuando exista privación o extinción de la patria potestad, o no se tenga la guarda del hijo, a cuyo efecto se fijará expresamente por el juez el monto que debe pagarse por tal concepto, en la oportunidad que se dicte la sentencia de privación o extinción de la patria potestad, o se dicte alguna de las medidas contempladas en el artículo 360 de esta Ley.”
De la lectura de la anterior norma, se evidencia que es obligación de ambos padres, suministrar a sus hijos lo necesario para su manutención y que es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida.
Ahora bien, respecto a los elementos que se deben tomar en cuenta para la determinación de la obligación alimentaria, el artículo 369 ibídem, señala:
Artículo 369. “El Juez debe tomar en cuenta para la determinación de la obligación alimentaria, la necesidad e interés del niño o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado.
Cuando el obligado trabaje sin relación de dependencia, su capacidad económica se establecerá por cualquier medio idóneo.
El monto de la obligación alimentaria se fijará en salarios mínimos y debe preverse su ajuste en forma automática y proporcional, sobre la base de los elementos antes mencionados, teniendo en cuenta la tasa de inflación determinada por los índices del Banco Central de Venezuela.”

Respecto de la protección de los niños y los adolescentes, el artículo 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, señala:
Artículo 78. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y están protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollaran los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República. El Estado, las familias y la sociedad asegurarán, con prioridad absoluta, protección integral, para lo cual se tomará en cuenta su interés superior en las decisiones y acciones que les conciernan...
En el artículo objeto de comentario, se establece además, que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos y deben estar protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales deben respetar, garantizar y desarrollar los contenidos de la Constitución, la convención de los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República.
Esta norma constitucional, considera que todo niño y adolescente debe ser protegido de una manera especial, por cuanto ellos deben desarrollarse espiritual, moral, física y socialmente como integrantes de una sociedad, que les garantice sus derechos y obtenga un desenvolvimiento integral de su personalidad; es por ello que, con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, se amplían las garantías de los niños y adolescentes, exaltando su máxima como lo es el Principio del Interés Superior del Niño, establecido en el artículo 8 de la Ley antes citada, que establece:
Artículo 8. El interés superior del niño es un principio de interpretación y aplicación de esta Ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de todas las decisiones concernientes a los niños y adolescentes. Este principio está dirigido a asegurar el desarrollo integral de los niños y adolescentes, así como el disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías...
Parágrafo Segundo: En aplicación del Interés Superior del Niño, cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
Es importante señalar, con referencia a los artículos 78 de la Constitución Bolivariana de Venezuela y 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, ya mencionados, que en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 18 de mayo de 2000, se establece lo siguiente:
...En primer lugar, esta Sala, previo pronunciamiento acerca del derecho que se denuncia como transgredido, entra a hacer consideraciones acerca de los menores, como sujetos de derecho a la luz del ordenamiento jurídico vigente, visto que la presente solicitud de amparo cautelar se ejerce en virtud de la presunta violación de los derechos de unos menores. Debe destacarse que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, considera que el niño y el adolescente merecen una protección especial e integral, a los fines que puedan desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable, en condiciones dignas, e implica por parte del Estado un compromiso de brindarles protección integral, que incluye dos aspectos: protección social y la jurídica. Esta última, implica la intervención de instancias administrativas y judiciales, en caso de que los derechos de los menores sean amenazados o violados y, en este sentido, se indica que siempre en esta materia, la consideración fundamental que se atenderá será el interés superior del niño (artículo 78). Así, conforme a la vigente Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (artículo 8), el interés superior del niño, es un principio de la interpretación y aplicación de la ley, el cual es de obligatorio cumplimiento en la toma de decisiones donde estén involucrados los niños y adolescentes y al respecto, la Convención Internacional de los derechos del Niño, en su artículo 3, dice expresamente: `En todas las medidas concernientes a los niños, que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño´. Por otra parte, la protección integral del niño y del adolescente, conforme al ordenamiento vigente, implica el reconocimiento de todos los niños y adolescentes, como sujetos de plenos derechos, cuyo respeto debe ser garantizado por el Estado, la Familia y la Comunidad. En cuanto al Estado, se le impone el deber indeclinable de tomas las medidas de cualquier naturaleza necesarias para asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar; la familia, como medio natural de crecimiento y bienestar de los niños; y la sociedad, con su participación directa y activa para lograr la vigencia plena y efectiva de los derechos del niño...
(Decisiones/scc/Mayo/154-180500)(P.10).

A mayor abundamiento, en el capítulo relativo a las disposiciones sobre derechos y garantías, la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece:
Artículo 10. Todos los niños y adolescentes son sujetos de derecho; en consecuencia gozan de todos los derechos y garantías consagrados a favor de las personas en el ordenamiento jurídico, especialmente aquellos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño.
Artículo 12. Los derechos y garantías de los niños y adolescentes reconocidos y consagrados en esta Ley son inherentes a la persona humana, en consecuencia son:
de orden público
a) intransigibles
b) irrenunciables
c) interdependientes entre si
d) indivisibles
Artículo 13. Se reconoce a todos los niños y adolescentes el ejercicio de sus derechos y garantías, de manera progresiva y conforme a su capacidad evolutiva. De la misma forma se le exigirá el cumplimiento de sus deberes.
Parágrafo Primero: Los padres, representantes o responsables tienen el deber y el derecho de orientar a los niños y adolescentes en el ejercicio progresivo de sus derechos y garantías, así como en el cumplimiento de sus deberes, de forma que contribuya a su desarrollo integral y a su incorporación a la ciudadanía activa.

De la normativa precedente, se infiere que la ley reconoce que los niños y adolescentes son sujetos de los derechos y garantías vinculados a la persona humana y más aún, acepta que la población infantil y adolescente defienda sus derechos y haga uso de los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a su capacidad evolutiva, tal como lo establecen los artículos 86 y 87 eiusdem.
En conclusión, considera procedente este Tribunal Superior fijar como cuota extraordinaria para el mes de diciembre la cantidad de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00), fuera de la obligación mensual fijada por el a quo y en apego al Interés Superior del Niño y del Adolescente consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, esta Juzgadora considera deber del padre, suministrar lo que percibe por concepto de bono de juguetes, que son 3 unidades tributarias y lo correspondiente a bono de útiles escolares, que son 10 unidades tributarias, así mismo deja establecido que debe incluir a su hijo Geovanny Hernández Mendoza en su historial, para que goce de los beneficios antes mencionados, así como de la asistencia médica que le corresponden como hijo de un funcionario adscrito al Ministerio de la Defensa; tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se resuelve.
En mérito de las anteriores consideraciones y con fundamento en las disposiciones legales expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, decide:
Primero: Declara parcialmente con lugar la apelación interpuesta por la solicitante Sandra Milena Mendoza, ya identificada.
Segundo: Modifica la decisión dictada por el Juzgado del Municipio Córdoba de esta Circunscripción Judicial, en lo que respecta al monto establecido como gastos decembrinos y los fija en la suma de doscientos mil bolívares (Bs. 200.000,00), fuera de la obligación mensual fijada por el a quo y en apego al Interés Superior del Niño y del Adolescente consagrado en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, esta Juzgadora considera deber del padre, suministrar a su hijo lo que percibe por concepto de bono de juguetes, que son 3 unidades tributarias y lo correspondiente a bono de útiles escolares, que son 10 unidades tributarias, así mismo deja establecido que debe incluir a su hijo Geovanny Hernández Mendoza en su historial, para que goce de los beneficios antes mencionados, así como de la asistencia médica que le corresponden como hijo de un funcionario adscrito al Ministerio de la Defensa.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada conforme lo establece el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en su oportunidad legal, bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada por la Secretaría en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los 16 días del mes de febrero de 2006. Años: 195° de la Independencia y 146° de la Federación.
La Jueza Titular,

Ana Yldikó Casanova Rosales
La Secretaria,

Bilma Carrillo Moreno
En la misma fecha, siendo las doce y cuarenta y cinco minutos de la tarde (12:45 p.m.), se publicó la anterior decisión y se dejó copia fotostática certificada de la misma para el archivo del Tribunal.

Mddr.
Exp. N° 5799