REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL


REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL Nº 01

San Cristóbal, 03 de julio de 2006
196º y 147º.

Ref. AUTO DE DECRETO DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL PREVIA CALIFICACIÓN DE LA FLAGRANCIA

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. CARMEN DEISY CASTRO INFANTE
FISCAL: V DEL MINISTERIO PÚBLICO
ABG. SAMI HAMDAM SULEIMAM
DELITO: HOMICIDIO CULPOSO
IMPUTADO: FLORES RICO CARLOS MANUEL
DEFENSORES: ABG. NELSON EDUARDO MOROS URBINA
Defensor Privado
SECRETARIA: ABG. ELIANA FERNÁNDEZ PEÑALOZA

LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD.

En fecha 01 de Junio de 2006, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre dejan constancia en Acta de Investigación Penal por Accidente de Tránsito signada con el Nº SC-0152-06, de la ocurrencia de un accidente de tránsito consistente en una colisión entre vehículos, con el saldo de una persona muerta, hecho ocurrido a las 06:30 de la tarde, identificando a los involucrados como Carlos Manuel Flores Rico, conductor de un vehículo clase camión, quien quedó detenido en el Cuartel de Prisiones de la Policía del Estado Táchira y Yender Augusto Valero Contreras, conductor de un vehículo clase moto, quien resultó fallecido como consecuencia de la colisión; así mismo dejan constancia los funcionarios actuantes que el accidente originó cuando ambos conductores circulaban por la avenida Marginal del Torbes, cuando el ciudadano Carlos Manuel Flores colisionó a la víctima por el área trasera, por encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
En este Sentido y en virtud de los hechos anteriormente descrito, correspondió a este Tribunal, resolver sobre la situación jurídica del ciudadano CARLOS MANUEL FLORES RICO, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido el día 12-01-1977, de 29 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.972.255, hijo de José Ignacio Flores (v) y de Juana María Rico (v), de estado civil Soltero, de profesión u oficio Chofer, residenciado en Barrancas Parte Alta, calle Venezuela, casa Nº V-22, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal.

DE LA FLAGRANCIA

Conforme se evidencia de la norma contenida en el artículo 248 del Código Adjetivo penal, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar en donde se cometió. Como se evidencia, en este dispositivo de manera clara y precisa se establecen los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.
Si analizamos detenidamente el presente caso nos encontramos que en Acta de Policial de fecha 01 de Junio de 2006, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre dejan constancia de la ocurrencia de un accidente de tránsito consistente en una colisión entre vehículos, con el saldo de una persona muerta, hecho ocurrido a las 06:30 de la tarde, identificando a los involucrados como Carlos Manuel Flores Rico, conductor de un vehículo clase camión, quien quedó detenido en el Cuartel de Prisiones de la Policía del Estado Táchira y Yender Augusto Valero Contreras, conductor de un vehículo clase moto, quien resultó fallecido como consecuencia de la colisión; así mismo dejan constancia los funcionarios actuantes que el accidente se originó cuando ambos conductores circulaban por la avenida Marginal del Torbes, cuando el ciudadano Carlos Manuel Flores colisionó a la víctima por el área trasera, por encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas.
Ahora bien, ante lo expuesto en el acta policial y en las demás actuaciones que corren insertas al dossier respectivo, se determina que la detención del imputado FLORES RICO CARLOS MANUEL, se produce a poco de la comisión del delito sindicado por el Ministerio Público, esto es, a pocos momentos de la colisión producida entre el vehículo que conducía y el vehículo conducido por la víctima, produciéndose la muerte del ciudadano Valero Contreras Yender Augusto, por lo que lo procedente en este caso es CALIFICAR LA FLAGRANCIA en la aprehensión del mismo en la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, por cuanto se encuentran satisfechos los requisitos establecidos en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

DEL PROCEDIMIENTO

En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por el Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesario la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose remitir las actuaciones a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO
APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias:
PRIMERO: La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita.
SEGUNDO: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible.
TERCERO: Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, constando en las actuaciones suficientes elementos de convicción que hacen presumir que el imputado de autos, es autor del mismo, derivados principalmente del acta policial en la que se deja constancia de la aprehensión del imputado de autos, suscrita por funcionarios del Cuerpo Técnico de Vigilancia de Tránsito y Transporte Terrestre.
En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, como requisito indispensable para la procedencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, observa esta Juzgadora que en el presente caso no existe una presunción razonable del peligro de fuga, en virtud de la pena que pudiera llegar a imponerse, la cual oscila entre un mes y cinco años de prisión, aunado a que el imputado es venezolano, con residencia fija en la jurisdicción del tribunal, considerando que con la imposición de una medida de coerción personal menos gravosa que la solicitada por el Ministerio Público, se satisfacen las exigencias de orden procesal para garantizar que el imputado se someterá al proceso, en consecuencia este Tribunal DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado CARLOS MANUEL FLORES RICO, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido el día 12-01-1977, de 29 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.972.255, hijo de José Ignacio Flores (v) y de Juana María Rico (v), de estado civil Soltero, de profesión u oficio Chofer, residenciado en Barrancas Parte Alta, calle Venezuela, casa Nº V-22, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, imponiéndose las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira o cada vez que sea requerido por el Tribunal o por la Fiscalía del Ministerio Público. 2.- Presentar dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral y económica, quien deberá acreditar poseer ingresos superiores a sesenta (60) unidades tributarias, debiendo consignar constancia de residencia y balance personal debidamente avalado por un Contador Público, designándose como sitio de reclusión provisional la Policía del Estado Táchira, hasta tanto se constituya la fianza ordenada, todo de conformidad con el artículo 256, numerales 3 y 8 en concordancia con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE:------------------------------------------------------------
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del imputado FLORES RICO CARLOS MANUEL, en la comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previstos y sancionados en el artículo 409 del Código Penal, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que el imputado fue aprehendido a pocos momentos de la colisión que se produjere entre el vehículo que conducía y el vehículo conducido por el ciudadano Yender Augusto Valero Contreras, colisión en la que se produjo la muerte del segundo de los nombrados.-------------------------------
SEGUNDO: Por ser una facultad de la Fiscalía Ministerio Público y por cuanto se considera que existen diligencias de investigación que realizar, se ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de las actuaciones a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público en su oportunidad legal.-------------------------------------------------
TERCERO: En virtud de los principios de presunción de inocencia y afirmación de libertad, establecidos en los artículos 8 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado CARLOS MANUEL FLORES RICO, quien es de nacionalidad venezolana, mayor de edad, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido el día 12-01-1977, de 29 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-12.972.255, hijo de José Ignacio Flores (v) y de Juana María Rico (v), de estado civil Soltero, de profesión u oficio Chofer, residenciado en Barrancas Parte Alta, calle Venezuela, casa Nº V-22, San Cristóbal, Estado Táchira, a quien el Ministerio Público le atribuye la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 409 del Código Penal, imponiéndose las siguientes condiciones: 1.- Presentaciones cada treinta (30) días ante la Oficina de Alguacilazgo del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira o cada vez que sea requerido por el Tribunal o por la Fiscalía del Ministerio Público. 2.- Presentar dos (02) fiadores de reconocida solvencia moral y económica, quien deberá acreditar poseer ingresos superiores a sesenta (60) unidades tributarias, debiendo consignar constancia de residencia y balance personal debidamente avalado por un Contador Público, designándose como sitio de reclusión provisional la Policía del Estado Táchira, hasta tanto se constituya la fianza ordenada, todo de conformidad con el artículo 256, numerales 3 y 8 en concordancia con el artículo 258 del Código Orgánico Procesal Penal.

A fin de cumplir con el principio de Preclusión de los Lapsos Procesales, una vez vencido el lapso de apelación REMÍTASE las actuaciones a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público, en su oportunidad legal. Déjese copia para el Archivo del Tribunal.



ABG. CARMEN DEISY CASTRO INFANTE
JUEZ PRIMERO DE CONTROL


Abg. Eliana Lucía Fernández Peñaloza
Secretaria

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
SRIA
CAUSA PENAL 1C-7450-06