TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGION LOS ANDES
196° Y 147º

San Cristóbal, 09 de Mayo de 2006

El ciudadano JOBEL ANTONIO RAMIREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-14.708.178, en su carácter de propietaria del Fondo de Comercio FRIGORIFICO TORO REY, inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 05/03/2001, bajo el N° 89, Tomo 2-B, domiciliado en la Avenida Carabobo, Carrera 19, N° 16-62 La Romera San Cristóbal Estado Táchira, interpuso Recurso Contencioso Tributario, en contra de la Resolución RLA/DJT/ARJ/2005/0323 de fecha 31/12/2005, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Los Andes, notificada en fecha 15/11/2005.
En fecha 24/01/2006, auto de entrada; en fecha 02/02/2006, tramite ordenando las notificaciones mediante oficios al: Gerente Jurídico Tributario del SENIAT, al Contralor General de la República, al Procurador General de la República, al Fiscal 13 del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, debidamente practicadas a los folios cuarenta y nueve (49); cincuenta y siete (57); cincuenta y nueve (59); sesenta y uno (61); y al folio cuarenta y siete (47) notificación practicada al recurrente.
Siendo la oportunidad legal para decidir sobre la admisibilidad del presente Recurso, conforme lo establecen los Artículos 266 y 267 del Código Orgánico Tributario, el Tribunal observa:
De las actas procesales y analizando los requisitos de admisibilidad se observa que la resolución antes mencionada es un acto de la Administración Tributaria de efectos particulares, que aplica sanciones por ende, afecta los derechos del ciudadano JOBEL ANTONIO RAMIREZ, demostrando el interés legítimo, personal y directo por ser el propietario del Fondo de Comercio FRIGORIFICO TORO REY, tal como se evidencia en el documento constitutivo presentado ante el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, inserto al folio 5 y 6.

Ahora bien, el recurrente interpuso dicho recurso mediante escrito, el cual no se encuentra firmado por el, en este sentido el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil indica:

“Las partes harán sus solicitudes mediante diligencia escrita que extenderán en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la tablilla o Cartel a que refiere el artículo 192, y firmarán ante el Secretario; o bien por escrito que presentarán en las mismas horas al Secretario, firmado por la parte o sus apoderados”

Para mayor abundancia la sentencia de fecha 26/03/92 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil señala:

“…La diligencia antes indicada a juicio de la Sala no tiene eficacia jurídica, pues no se encuentra firmada ni por la parte diligenciante, ni por el secretario. Es una actuación inexistente y como tal no lleno la finalidad perseguida. El artículo 187 del Código de Procedimiento Civil dice que:
‘Las partes harán sus solicitudes mediante diligencia escrita que extenderán en el expediente de la causa en cualquier hora de las fijadas en la tablilla o Cartel a que refiere el artículo 192, y firmarán ante el Secretario…’
‘Para que la diligencia sea válida –explica el Dr. Arístides Rengel Romberg- es necesario que este suscrita por el compareciente, por lo que la omisión de la firma de éste afecta la validez del acto, el cual no ha quedado completo. Del mismo modo la diligencia y el escrito o memorial, entrañan la presentación personal por la parte que las formulan o de su apoderado judicial, cuando se trata de aquellos actos que estructuran el proceso y dan el impulso al mismo, como son, entre otros, la presentación del libelo, la contestación de la demanda, la promoción de pruebas, los informes, las apelaciones, etc. En principio no puede concebirse un juicio sin esos actos y, por tanto, éstos deberán celebrarse por las partes ante el juez que conoce del asunto, pues lo contrario sería admitir que se puede litigar a distancia. Pero no ocurre lo mismo con aquellas otras solicitudes o actuaciones de las partes que no contribuyan a la estructuración del juicio, esto es, que no guardan ninguna relación inmediata y directa con sus resultas. En estos casos, si los documentos que los contienen han sido otorgados por las partes ante funcionario público competente como v.gr. la revocación del poder, nada impide que no sea la parte misma o su apoderado, siempre que lo hagan con autorización concedida al afecto’ (Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Tomo II, Pág. 135).
Esta Sala en sentencia de fecha 18-4-63, estableció que:
‘Al autorizar el Secretario de un Tribunal la exposición de una de las partes, da fe, no sólo de la comparecencia del exponente, sino también de la autenticidad de su firma, por lo que si el compareciente omite ésta, el acto queda incompleto, y, por lo tanto, carente de validez. Tuvo la razón la recurrida para considerar ineficaz la exposición del apoderado actor, y en consecuencia, como no interpuesta la referida apelación…”. (Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 26-03-92. Ponente: Magistrado Dr. Luis Darío Velandia).

De lo anterior, se concluye que el quejoso al no haber firmado el recurso, no puede ser admitido, por cuanto el acto es invalido; siendo ello así carecería de recurso el presente procedimiento lo cual violaría el principio dispositivo del proceso por cuanto el juez no puede sacar elementos distintos a los de autos para sentenciar, el procesalista Eduardo J. Couture, en su obra Fundamentos del Derecho Procesal Civil señaló:

“Frente a las exigencias de nuestras leyes, viene a ser una verdad la afirmación de que la demanda es, en cierto modo, el proyecto de sentencia que quisiera el actor o, desde otro punto de vista, la respuesta homóloga del Estado a la demanda.
A la invocación de la demanda corresponde un preámbulo en la sentencia; al capítulo de hechos corresponde el capítulo de resultandos; al capítulo de derecho corresponde los considerandos; y a la petición corresponde el fallo.
En esquema:

DEMANDA SENTENCIA
Sr. Juez Ldo. De P. Instancia N. N., con domicilio en …,digo: Que vengo a demandar a X.X., por las siguientes razones: Fecha………………..
Vistos: Este juicio seguido por N. N. contra X. X. por
Hechos
1……………………………………………
2…………………………………………… Resultando
1……………………………………………
2……………………………………………
Derecho
1……………………………………………
2…………………………………………… Considerando
1……………………………………………
2……………………………………………
Pido:
1……………………………………………
2…………………………………………… Fallo:
1……………………………………………
2……………………………………………”

Así se tiene que el sentenciador no encontraría fundamento que le permitiera pronunciarse sobre el petitorio, en este particular la jurisprudencia ha sido conteste y el Tribunal Supremo de Justicia ha emitido opinión en diversas oportunidades, señalando:

“En copiosa jurisprudencia esta Sala ha sostenido que el formalizante tiene la carga procesal de redactar el escrito de formalización del recurso extraordinario de casación en forma clara y precisa, razonando en qué consiste cada infracción; que técnicamente, la formalización es una demanda de nulidad contra una sentencia infractora de la ley, razón por la cual la formalización debe ser un modelo precisión, claridad y pertinencia, pues las denuncia enmarañadas, enrevesadas, ininteligibles que crean confusión y dudas, como la que se analiza, a menudo deben ser desechadas por la Sala. (Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, Ponente Magistrado Antonio Ramírez Jiménez Sentencia de fecha 30-04-2002, Expediente 00896, Sentencia N° 243)

“La determinación y diafanidad son necesarias en las luchas judiciales. En ese sentido, varias disposiciones regulan la conducta de los encargados de administrar justicia, así como de quienes ocurren a los Tribunales en demanda de ella. No hay fórmulas imperativas, pero sí se requiere claridad y también precisión en lo que se pide o se impugna, y en los fundamentos que apoyan las peticiones. A esta disciplina está sujeto con especial rigor el recurso de casación, tanto por su naturaleza como por su objeto y consecuencias, pues con él, se persigue anular una decisión para corregir ilegalidades enfrentadas en ella a la ley, con prescindencia del resto de las actas procesales, todo lo cual hace que dicho recurso sea de rígido tecnicismo, porque ocurre con frecuencia que infringida la ley no se acierta en la disposición no aplicada o aplicada mal; no es congruente la razón con la violación denunciada, o no se observa la técnica requerida para fundamentar la denuncia.(Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia Sala de Casación Civil, ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, Expediente N° 01-358)”

Evidentemente que los criterios antes transcritos, hacen referencia a la formalización del Recurso Extraordinario de Casación, más, debe entenderse que tales requisitos son aplicables a todo tipo de pretensión planteada en vía judicial, por cuanto el jurisdicente no tiene, ni el deber, ni la posibilidad de interpretar mas allá de lo que se infiera del propio texto del escrito recursivo o libelo de la demanda, hacerlo implicaría una infracción al principio dispositivo que rige los actos procesales. En conclusión por la omisión de la firma del recurrente en el escrito recursivo, lo cual afecta la validez del acto, no puede ser admisible ya que transgrede el 260 del Código Orgánico Tributario y lo convertiría en contrario a la ley.
La sentencia N° 392 de la Sala Político Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 02 de Julio de 1998, deja sentado que aún cuando los requisitos de inadmisibilidad previstos en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia son propios de la naturaleza jurídica del recurso administrativo de nulidad, estos también se aplican al Recurso Contencioso Tributario, por cuanto este constituye la especie y aquel el genero. Ahora Bien, la novísima Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, estableció en el artículo 19, quinto aparte las mismas disposiciones señaladas en los artículos derogados; a saber:

ARTÍCULO 19:
“…Se declarará inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando sea manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuya al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada...”(subrayado por este tribunal)

Visto todos los fundamentos anteriores, es forzoso concluir que el presente recurso es inadmisible por ser contrario a la ley; y así se decide, sin que sea necesario pronunciarse sobre los demás requisitos exigidos por la ley.
EN CONSECUENCIA ESTE TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO DE LA REGION LOS ANDES EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO CONTENCIOSO TRIBUTARIO POR SER CONTRARIO A LA LEY, formulado por el ciudadano JOBEL ANTONIO RAMIREZ, venezolano, titular de la cédula de identidad N° V-14.708.178, en su carácter de propietaria del Fondo de Comercio FRIGORIFICO TORO REY, inscrito en el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 05/03/2001, bajo el N° 89, Tomo 2-B, domiciliado en la Avenida Carabobo, Carrera 19, N° 16-62 La Romera San Cristóbal Estado Táchira, contra la Resolución RLA/DJT/ARJ/2005/0323 de fecha 31/12/2005, emanada por la Gerencia Región de Tributos Internos de la Región los Andes, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), todo de conformidad con el artículo 19 quinto aparte de Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Notifíquese al Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, para lo cual se comisiona a la Unidad de Recepción Distribución de Documentos de los Tribunales de Municipio del Área Metropolitana de Caracas.

Dada, sellada y refrendada en la sede del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes con sede en San Cristóbal Estado Táchira, a los Nueve (09) días del mes de Mayo de Dos Mil seis. Publíquese, regístrese y déjese copia para el archivo del Tribunal.

ANA BEATRIZ CALDERON SANCHEZ
JUEZ TITULAR

BLANCA ROSA GONZALEZ GUERRERO
LA SECRETARIA

En la misma fecha se libraron oficios Nros: 9507 y 9508, siendo las 3:30 PM., se publicó la anterior sentencia dejándose copia para el archivo del Tribunal.

LA SECRETARIA

Exp N° 1049