TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCION DE CONTROL NUMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL
DEL ESTADO TACHIRA

San Cristóbal, 09 de Mayo de 2006
195º y 147º

Vista la solicitud formulada por la Abogada YADIRA BEATRIZ MOROS RIVERA, en su condición de Defensora Pública Penal del imputado RIXON ALEXIS ANDRADE, a quien se le sigue la causa Penal signada con el Nº 9C-6645-06, el tribunal observa:

La defensa argumenta a su favor la imposibilidad material del imputado de cumplir con la Medida Cautelar que le fuera impuesta; además, alega como fundamento el amparo de los principios de Presunción de Inocencia y de Afirmación de Libertad.

Efectivamente revisado el copiador de decisiones de fecha 30 de marzo de 2006, este tribunal impuso al imputado RIXON ALEXIS ANDRADE, de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 09/11/1976, titular de la cédula de identidad Nº V.- 14.941.171, de 29 años de edad, soltero, de profesión u oficio Vendedor ambulante, hijo de Maria Celina Andrade (v) y dijo no conocer a su padre, residenciado en el pasaje catedral, vereda 6, casa Nº 9-10, de zinc y puerta verde, bajando del edificio nacional, Estado Táchira, una Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 407 numeral 1º del Código Penal, en perjuicio de Gerson Alberto Andrade (Occiso), ordenando su traslado hasta el Centro Penitenciario de Occidente de Santa Ana del Táchira; asimismo, se ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público donde fueron enviadas en su oportunidad legal.

Al efecto, el Tribunal comparte la existencia, vigencia y aplicación de los principios constitucionales y legales invocados por la defensa; sin embargo, la existencia de los mismos, en nada desnaturaliza la existencia, vigencia y aplicación de las medidas cautelares existentes en el proceso penal, justamente a los fines de garantizar el eventual cumplimiento de los posibles resultados del proceso penal y la debida estabilidad en la tramitación del proceso mediante el sometimiento del justiciable a la investigación, y el esclarecimiento debido de los hechos para la aplicación del derecho y por ende la realización de la Justicia. Es así como, el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, establece:

“El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el Juez al dictar su decisión.”

De manera que, en todo caso, tales principios de veracidad y justicia, se observarán como pilares fundamentales en el proceso penal, de allí que, las medidas cautelares en general, cobren vigencia y aplicación, ello, en nada merma el también principio constitucional de presunción de inocencia y afirmación de libertad, que a pesar de la aparente antinomia, sin embargo, la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, está sujeta al razonamiento judicial que deberá establecerse y apreciarse en el caso en concreto, por expresa disposición del artículo 44 numeral 1 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
1. Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso.” (Comillas y subrayado del Tribunal).
Con tal fundamento ello, deberá razonarse del modo establecido las circunstancias por las que debe decretarse, mantenerse, sustituirse o revocarse la medida cautelar sustitutiva, siempre, bajo el prisma integral establecido en el artículo 250 en concordancia con lo establecido en los artículos 243 y 256 del Código Orgánico Procesal Penal, a saber, primero, la existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad cuya acción no esté evidentemente prescrita, segundo, la existencia de fundados elementos de convicción para estimar la autoría o participación del imputado en tal hecho punible, y de último, la existencia de presunción razonable del Peligro de fuga o de Obstaculización en la búsqueda de la verdad. En opinión del juzgador, la existencia del particular primero y segundo permitirá abordar el razonamiento del último para determinar el tipo o clase de la medida cautelar a dictar, -sustitutiva o no-, por el contrario, la inexistencia de algunos de los primeros, impedirá abordar el último, surgiendo así una verdadera máxima jurídica; pues aceptar lo contrario implicaría someter al proceso a una persona por la mera existencia de una investigación, lo cual resultaría craso error de juzgamiento, en detrimento de los derechos fundamentales del ser humano.
Ahora bien, como derecho natural del justiciable, el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, prevé que el imputado podrá solicitar la revocación o sustitución de la medida de coerción las veces que lo considere pertinente; debiendo el Juzgador examinar la necesidad de mantener la medida o sustituirla por otra menos gravosa.
De la disposición legal enunciada, se desprende claramente, en primer lugar, el carácter de cosa juzgada formal y no material que causa el auto que decrete la medida de coerción, y en segundo el derecho irrestricto del imputado en solicitar el examen y revisión de la medida de coerción personal existente en su contra en cualquier momento, y al mismo tiempo, se establece el deber jurisdiccional en razonar y motivar el mantenimiento, revocación o su sustitución, pues permitirse lo contrario, sería dejarlo al capricho judicial, lo cual es enteramente inaceptable desde todo punto de vista.

Ahora bien, la revisión de la medida cautelar sólo es posible en virtud de la mutabilidad de la decisión judicial referida con ocasión a la cosa juzgada formal que causa la misma, sin embargo, tal mutabilidad, está constituida sobre la base o cláusula “Rebus Sic Stantibus”, según la cual ante la invariabilidad de las circunstancias que motivaron la decisión, necesariamente deberá mantenerse la misma; por interpretación en contrario, si ha sufrido alteración deberá analizarse la misma y adoptarse la medida proporcional a la situación fáctica en concreto, sea mediante su sustitución, o de ser necesario mediante su revocatoria, según sea el caso.

En el caso de autos, se aprecia que la medida cautelar sustitutiva de la privación judicial preventiva de libertad decretada en contra del imputado RIXON ALEXIS ANDRADE, adquirió cosa juzgada formal, de manera que, deberá revisarse si han variado o no las circunstancias que motivaron su imposición, las cuales observa este Juzgador no han variado, por cuanto, existe un hecho punible perseguible de oficio, no ha transcurrido el tiempo necesario para que ocurra la prescripción, existen fundados elementos de convicción que permiten al Tribunal señalar al imputado como el autor o responsable de tal hecho, y por la gravedad del daño ocasionado, el cual se trata de la muerte de un ser humano, en este caso del hermano del imputado, es pertinente mantener la vigencia de la medida de coerción impuesta.

Igualmente se observa, que desde que se decretó la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en fecha 30 de Marzo de 2006 y hasta la presente fecha, no ha transcurrido el lapso establecido en el primer aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, asimismo, se aprecia la debida proporcionalidad entre el delito objeto del proceso y su sanción probable, con la medida aplicada.

En este sentido, ante la invariabilidad de las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la medida de coerción personal decretada, es por lo que, necesariamente debe mantenerse la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL AGRAVADO, previsto y sancionado en el artículo 407 numeral 1º del Código Penal, en perjuicio de Gerson Alberto Andrade (Occiso), y así se declara.

En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO NUEVE DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: PRIMERO: Se Revisa y se NIEGA la solicitud de Sustitución de la Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en fecha 30 de Marzo de 2006 al imputado RIXON ALEXIS ANDRADE, en consecuencia mantiene con todos sus efectos la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 243, 250, y 256 del Código Orgánico Procesal Penal. Trasládese al imputado para notificarlo de la presente decisión. Notifíquese a las partes.

ABG. HECTOR EMIRO CASTILLO GONZALEZ
JUEZ (S) NOVENO DE CONTROL

ABG. EDWARD NARVAEZ GARCIA
SECRETARIO

Causa Penal Nº: 9C-6645-06