TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR PRIMERO
DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TACHIRA

SAN CRISTÓBAL, 17 DE OCTUBRE DE 2006
Exp. SP01-R-2006-000188
196º Y 147º

PARTE ACTORA: JOSÉ ARTURO LAGOS ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.634.756.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Abogadas ROSA ELISA BECERRA, ROBERTINA VARGAS DE MORENO y ALBADIA C. MÉNDEZ DE CORONEL, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 35.168, 17.803 y 59.671.

PARTE DEMANDADA: GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA

APODERADAS JUDICIALES DE LA DEMANDADA: INEYE APONTE COLLAZO, KARIM CELIS BAEZ, CATHERINE MARINET OLIVEROS BARRIOS y RAIZA MIRELA TORRES CARRILLO, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 48.374, 38.772, 31.647 y 74.452, en su orden.

MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES.

Se conoce del presente asunto en esta superior instancia, en virtud del recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de junio de 2006, por la coapoderada judicial de la parte demandante abogada ROBERTINA VARGAS DE MORENO, en contra de la decisión dictada en fecha 20 de junio del mismo año por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró: Con lugar la prescripción de la acción; sin lugar la demanda y no condenó en costas.

Ingresada y recibida la causa por el juez que suscribe, y llevada a cabo la audiencia correspondiente, con el debido pronunciamiento del dispositivo oral, se pasa a explanar los fundamentos fácticos y jurídicos de dicha decisión en el presente fallo, conforme al artículo 165 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

I
ARGUMENTOS DEL APELANTE

Señala la representante judicial de la parte recurrente que apela de la decisión por cuanto el Juez de Juicio declaró prescrita la acción, partiendo del hecho de que el expediente cursaba en el Tribunal Primero y habiendo reconocido la suspensión de la prescripción durante el cierre de los Tribunales debió descontar 28 días, no 26 como erradamente lo consideró el Tribunal de la cusa.

II
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA

El demandante alega que prestó servicio como Obrero al servicio de la Dirección de Obras del Estado (DIMO) dependiente del Ejecutivo del Estado Táchira desde el 21 de febrero de 1977 hasta el 31 de diciembre de 2000, fecha en la cual fue beneficiado con la Jubilación por Decreto Nº 252 de fecha 29 de diciembre de 2000; que ha recibido abonos a las prestaciones sociales, el primero de los cuales fue en fecha 14-09-2001, por Bs. 4.842.346,88; en fecha 25-09-2001 por Bs.4.995.111,08; 22-01-2002 recibió Bs.7.008.620,35; el 30-08-2002 recibió Bs.287.755,65; el 12-09-2002, Bs.4.110.101,01; el 21-10-2002 Bs. 10.000.000,00, en fecha 30-04-2003 recibió Bs.2.634.787,50; en fecha 31-08-2003 recibió Bs. 3.483.320,00 y el 31-03-2004 recibió Bs.8.023.662,22; para un total general de abonos recibidos de Bs.45.385.704,69. Que lo que legalmente le corresponde por concepto de diferencia de prestaciones sociales es la cantidad de Bs. 89.931.108,97, por concepto de Compensación por Transferencia; intereses sobre aquella; Antigüedad del 21-02-1977 al 18-06-1997; Intereses sobre prestaciones sociales; Antigüedad 19 de junio de 1997 al 31 de diciembre de 2000; días adicionales; vacaciones fraccionadas; disfrute vacacional fraccionado; intereses de prestaciones sociales del 19-06-1997 al 31-12-2000, intereses de mora sobre la deuda y la Indexación. Solicita se condene a la Gobernación del Estado a pagar tal cantidad, así como las costas y costos y la indexación del monto reclamado.

La representación judicial de la parte demandada en la contestación de la demanda indicó que el Estado Táchira goza de los mismos privilegios procesales que tiene la República, en virtud del artículo 33 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público por lo que solicita la aplicación del Decreto con Rango y Fuerza de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en lo relativo al procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República, por cuanto el mismo no fue cumplido siendo de orden público según se deduce del artículo 8 de la citada ley y conforme a sentencia de fecha 17 de noviembre de 2005 de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, ya que sólo se efectuaron reclamaciones genéricas por la Asociación de Jubilados, sin que se especificara la pretensión de la demandante conforme a lo previsto en la citada ley. Señala que dicha ley entró en vigencia el 13 de noviembre de 2001, por lo cual al no haberse cumplido con dicho requisito previo solicita se declare inadmisible la acción conforme al artículo 60 de la mencionada ley.
Por otra parte, señaló que el demandante terminó su relación de trabajo con el Ejecutivo del Estado Táchira el 31 de diciembre de 2000, por jubilación, tomando en cuenta el reciente criterio de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 03 de marzo de 2005, que considera como actos interruptivos de la prescripción los pagos parciales de prestaciones sociales, indica que el último pago parcial de prestaciones sociales fue el día 24 de marzo de 2004 y la accionante interpuso su demanda el 14 de julio de 2004, notificándose a la parte demandada en fecha 27 de junio de 2005 es por lo que a su decir existe prescripción de la acción, ya que no se interrumpió la misma en los términos establecidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Que la relación de trabajo culminó el 31 de diciembre de 2000 y el Ejecutivo del Estado Táchira canceló lo relativo a prestaciones sociales mediante abonos parciales, el último de los cuales tuvo lugar el día 24 de marzo de 2004, es decir que la actora podía intentar su demanda hasta el 24 de marzo de 2005 y para citar al patrono hasta dentro de los dos meses siguientes, lo cual no hizo así como tampoco registró la demanda debidamente admitida con la orden de comparecencia, por lo cual consideran que la presente acción se encuentra prescrita.

ENUNCIACIÓN DE LAS PRUEBAS:
Pruebas de la Parte Actora
Documentales:
-Copia simple de la Convención Colectiva, suscrita entre el Ejecutivo del Estado Táchira y el Sindicato Único de Obreros del Ejecutivo del Estado Táchira del año 1998.
-Planillas de cálculo emitidas por la Dirección de Recursos Humanos del Ejecutivo del Estado Táchira de fechas 11 de febrero de 2003 y 05 de junio de 2003, a nombre de José Arturo Lagos Romero.
-Documento autenticado ante la Notaría Pública Cuarta de San Cristóbal, bajo el N° 1, Tomo 18, de fecha 06 de febrero de 2004, suscrito por Banesco en su carácter de Fiduciario y la Gobernación del Estado Táchira como fideicomitente, sobre el Fideicomiso del ciudadano José Arturo Lagos Romero, por la cantidad de Bs. 7.008.620,35.
-Acta de fecha 11-07-2002, suscrita por la Dirección de Recursos Humanos y los Miembros de la Asociación de Jubilados.
-Correspondencia enviada por la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ejecutivo del Estado Táchira a la Lic. Belkys Parra Casanova, Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira, recibida el 18 de diciembre de 2002.
-Correspondencia enviada a la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira, de fecha 02 de diciembre de 2003.
-Correspondencia enviada a la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira, de fecha 12 de enero de 2004.
-Correspondencia enviada al Gobernados del Estado Táchira de fecha 20 de abril de 2004.
-Correspondencia enviada al Coronel Jaime José Escalante Hernández, Secretario General de Gobierno de fecha 25 de abril de 2002.
-Correspondencia enviada por la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Gobernación en fecha 23 de mayo de 2002, a la ciudadana Belkis Parra, Directora de Recursos Humanos del Ejecutivo del Estado Táchira.
-Correspondencia enviada por la Procuradora General del Estado a la Presidenta de AJUPET 2000, de fecha 09 de junio de 2002.
-Acta de fecha 09 de agosto de 2002.
- Oficio Nº DRH-9477 de fecha 19-12-2002.
-Correspondencia enviada por la Asociación de Jubilados de la Gobernación del Estado Táchira de fecha 04 de junio de 2003 al Gobernador del Estado Táchira.
- Oficio Nº DRH-3268, emanado de la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira, en fecha 14 de mayo de 2003, dirigido al ciudadano Coronel Jaime José Escalante, Secretario General de Gobierno.
-Oficio Nº DRH-5380 de fecha 08-07-2003, emanado de la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira a la Asociación de Jubilados y Pensionados del Ejecutivo del Estado Táchira.
-Oficio Nº DRH-327 emanado de la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira de fecha 16-01-2004.
-Oficio Nº DRH-2626 emanado de la Directora de Recursos Humanos de la Gobernación del Estado Táchira de fecha 05-05-2004.

Exhibición de Documentos: Solicitan la exhibición de los siguientes documentos
-Planilla de liquidación de naturaleza laboral de fechas 24 de enero de 2003 y 08 de junio de 2003.
-Finiquito de fecha 24 de marzo de 2004, a nombre del trabajador José Lagos Romero.
-Documento referente a vacaciones del año 1998 al 1999, correspondiente al ciudadano José Lagos.
-Acuerdo suscrito por el Gobernador del Estado Táchira, Lic. Ronald Blanco La Cruz y los Miembros de la Asociación de Jubilados del Ejecutivo del Estado 2000 (AJUPET) de fecha 09-08-2002.

Pruebas de la Parte Demandada:
Documentales:
-Planillas de cálculo y liquidación de prestaciones sociales correspondientes al ciudadano José Lagos Romero.

III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

Oídos los argumentos de las partes y verificado el curso de los actos procesales, este juzgador evidencia que el demandante culminó su relación de trabajo el día 31 de diciembre de 2000, y que sus prestaciones sociales le fueron canceladas mediante abonos parciales, el último de los cuales tuvo lugar el día 31 de marzo de 2004; que dicho pago interrumpe el curso de la prescripción conforme al artículo 1.973 del Código Civil; y por tanto, que este lapso anual reinicia a partir del pago realizado.
Del mismo modo, observa este juzgador que la demanda cabeza del presente proceso fue presentada el día 14 de julio de 2004, es decir, aún dentro del año previsto en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Trabajo y la demandada fue puesta a derecho el día 27 de junio de 2005, esto es, luego de la entrada en vigencia del nuevo proceso laboral en el Estado Táchira y de la apertura de los Tribunales Laborales el día 31 de agosto de 2004. Por tal motivo, para considerar si en el presente caso opera o no la prescripción, resulta necesario dilucidar si el tiempo transcurrido entre la suspensión de la causa en el extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia del Trabajo y Agrario de esta Circunscripción Judicial y el inicio del despacho en los nuevos Tribunales del régimen Transitorio, puede descontarse del lapso de prescripción. En tal sentido, esta alzada evidencia que efectivamente tal lapso debe ser objeto de descuento, por cuanto no es imputable a ninguna de las partes, pero sólo los 28 días continuos que transcurrieron sin despacho de uno y otro Tribunal (contados a partir del 03 de agosto de 2004, según resolución de la Juez Rectora de esta Circunscripción Judicial), omitiéndose el cómputo de cualquier interrupción por el tiempo que siguió transcurriendo en el Tribunal Sustanciador distribuido.

Por tanto, establece esta alzada que entre el último pago de prestaciones sociales hecho por la Gobernación del Estado Táchira y su notificación en la presente causa, exceptuando de dicho computo el lapso en el que la causa estuvo suspendida, transcurrió un lapso de un año, un mes y veintiocho días, y que conforme a los artículos 61 y 64 de la Ley Orgánica del Trabajo, la acción laboral ejercida por el ciudadano José Arturo Lagos Romero no se encuentra prescrita. Así se decide.

De seguidas pasa este juzgador a determinar el agotamiento de la vía administrativa de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en tal sentido en cuanto a dicho señalamiento este juzgador evidencia que el artículo 8 de dicho cuerpo normativo señala que dicha normas son de orden público y se aplican con preferencia a otras leyes.

Ahora bien, la misma Ley en su Título IV, Capítulo I, indica el procedimiento administrativo previo a las acciones contra la República, según el cual quienes pretendan instaurar demandas de contenido patrimonial contra la República deben manifestarlo previamente por escrito al órgano al cual corresponda el asunto, y exponer concretamente sus pretensiones en el caso, señalando además que la ausencia de oportuna respuesta por parte de la administración, faculta al interesado para acudir a la vía judicial. Y concluye indicando al respecto, que en el caso de que no se acredite el cumplimiento, los funcionarios judiciales deben declarar inadmisibles las acciones que se intenten contra la República.

Reconocido es tanto por la doctrina como por la jurisprudencia patria, que este antejuicio es un privilegio procedimental propio de la República, pero que por obra de la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencia de Competencias del Poder Público, también le es aplicable a los Estados y demás entes públicos descentralizados.

En el presente caso, del acervo probatorio aportado por la parte actora no se evidencia que se haya agotado la vía administrativa de manera personal, ya que según lo manifestado por ésta y según las actas las reclamaciones fueron efectuadas a través de la Asociación de Jubilados, sin poner al corriente a la Gobernación, de manera particular, acerca de cuáles eran sus pretensiones. La jurisprudencia ha flexibilizado, el procedimiento cuando el ente público es diferente a la República como tal, y en este caso en particular contra la Gobernación del Estado Táchira, no hay elementos probatorios de que por lo menos la parte actora haya agotado la vía administrativa, mediante la presentación de una reclamación de manera individualizada, es decir, no se aportó algún elemento probatorio que acredite de alguna manera que se hizo saber al patrono la pretensión del cobro de los derechos reclamados para dar oportunidad al ente público de solucionar extrajudicialmente el litigio.

Por lo demás, el artículo 1 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo establece que la protección de los trabajadores otorgada por la Justicia laboral se realizará conforme a la Constitución y las Leyes; y el artículo 12 eiusdem, norma la observancia de los funcionarios judiciales de los privilegios y prerrogativas consagrados en leyes especiales a la República.

Por todo lo anterior, es por lo que este Juzgador, en aras de respetar los privilegios y prerrogativas concedidos a la República y por ende a la Gobernación del Estado Táchira, declara parcialmente con lugar el recurso de apelación, modifica el fallo impugnado y establece que la acción intentada es inadmisible en derecho. Así se decide.

IV
DISPOSITIVO

Por los fundamentos fácticos y jurídicos explanados, este Tribunal Superior Primero del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:

PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto en fecha 26 de junio de 2006, por la abogada ROBERTINA VARGAS DE MORENO, coapoderada judicial de la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero de Transición de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 20 de junio de 2006.

SEGUNDO: Se declara INADMISIBLE la demanda interpuesta por el ciudadano JOSÉ ARTURO LAGOS ROMERO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TÁCHIRA.

TERCERO: Queda MODIFICADA la decisión apelada.

CUARTO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

Publíquese, regístrese, déjese copia certificada. Bájese el expediente en la oportunidad de ley.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Juzgado Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en San Cristóbal, a los diecisiete (17) días del mes octubre de dos mil seis (2006), años 196º de la Independencia y 147º de la Federación.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ BALLÉN
JUEZ
NIDIA MORENO
SECRETARIA

En la misma fecha, siendo las dos de la tarde, se dictó, publicó y diarizó la anterior decisión.

NIDIA MORENO SECRETARIA

Exp. No. SP01-R-2006-000188
JGHB/MVB