TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO NÚMERO CUATRO

San Cristóbal, 09 de Abril de 2007
196° y 148°

Visto el escrito presentado en fecha veintinueve (29) de Marzo de dos mil siete (2007), contentivo de solicitud de revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, interpuesta por el Abogado Israel Chacón Rodríguez, en su carácter de DEFENSOR PRIVADO del ciudadano SÁNCHEZ LUNA DIEGO ALFONSO, quien es de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 27-10-1982, de 24 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.370.999, de profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en el Barrio Genaro Méndez, calle Principal, vereda N° 18, al lado de la Bodega “Juan”, San Cristóbal, Estado Táchira, y a quien se le imputan la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con el segundo aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio del Funcionario José Luis Duarte, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 227 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con el primer aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio de Mario Antonio Agostinelli, y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, este Juzgado para decidir observa:

La imputación fiscal en contra del ciudadano SÁNCHEZ LUNA DIEGO ALFONSO, en cuanto a dichos delitos, todos en conjunto en caso de condena conllevaría a una aplicación más allá de los tres (03) años, lo cual contraviene abiertamente a lo expresado por el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece “cuando el delito materia del proceso merezca una pena privativa de libertad que no exceda de tres años en su límite máximo, y el imputado haya tenido una buena conducta predelictual, la cual podrá ser acreditada de cualquier manera idónea, sólo procederán medidas cautelares sustitutivas”, esto es en concordancia con el artículo 251 ejusdem.
También se toma en cuenta que el Tribunal debe velar por el bien jurídico tutelado y el conflicto de intereses entre las partes por la igualdad que ellas poseen; esto es, sin dejar de apreciar el principio que ampara al acusado como lo es, el Principio de Inocencia; siendo pues estas las razones que el Tribunal ha considerado que concurren todos estos elementos o presupuestos como indicadores contrarios para acordar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad.

En otro orden, ante la invariabilidad de las circunstancias fácticas y jurídicas que motivaron la medida de coerción personal decretada, es por lo que, necesariamente debe mantenerse la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad decretada al imputado DIEGO ALFONSO SÁNCHEZ LUNA, plenamente identificado en la presente causa, a quien se le imputa la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con el segundo aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio del Funcionario José Luis Duarte, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 227 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con el primer aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio de Mario Antonio Agostinelli, y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Así se declara.

En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO CUATRO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: ÚNICO: NEGAR la solicitud de la Defensa de Revisión de la MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, por la sustitución de otra menos gravosa, decretada al imputado SÁNCHEZ LUNA DIEGO ALFONSO, quien es de nacionalidad venezolana, natural de San Cristóbal, Estado Táchira, nacido en fecha 27-10-1982, de 24 años de edad, titular de la cédula de identidad N° V-17.370.999, de profesión u oficio albañil, de estado civil soltero, residenciado en el Barrio Genaro Méndez, calle Principal, vereda N° 18, al lado de la Bodega “Juan”, San Cristóbal, Estado Táchira, y a quien se le imputan la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 405 del Código Penal, en concordancia con el segundo aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio del Funcionario José Luis Duarte, PORTE ILÍCITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 227 del Código Penal, ASOCIACIÓN, previsto y sancionado en el artículo 6 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, ROBO AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA, previsto y sancionado en el artículo 458 del Código Penal, en concordancia con el primer aparte del artículo 80 ejusdem, en perjuicio de Mario Antonio Agostinelli, y USO DE ADOLESCENTE PARA DELINQUIR, previsto y sancionado en el artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, y en consecuencia; MANTIENE CON TODOS SUS EFECTOS LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD EXISTENTE ACTUALMENTE CONTRA EL MENCIONADO IMPUTADO, de conformidad con lo señalado en el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Trasládese al imputado para notificarlo de la presente decisión, asistido de su Abogado defensor. Notifíquese a la representación fiscal y al defensor. Líbrese boleta de traslado y boletas de notificación.

ABG. RICHARD ENRIQUE HURTADO CONCHA.
JUEZ CUARTO DE JUICIO

ABG. MARIA INÉS ARTAHONA MARIÑO
SECRETARIA

CAUSA Nº 4JM-1119/06