REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Control del Estado Vargas Macuto, 28 de Abril de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2008-001642 ASUNTO : WP01-P-2008-001642 Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión a las solicitudes interpuestas por la Dra. MARÍA MUDARRA, en su condición de Defensora Pública de la ciudadana , plenamente identificados a los folios que rielan en la presente causa, mediante la cual manifiesta y requiere: Es el caso ciudadano Juez que mi defendido se encuentra detenida desde el 10-03-2008, por el presunto delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, de conformidad con lo estatuido en el articulo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas y por cuanto en fecha 21-04-2008, la sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual dictaminó sobre la medida cautelar de suspensión de efectos de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 406 y artículo 470 parte in fine, todos del Código Penal, así como el ultimo aparte de los artículos 31 y 32 Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, quedando suspendidos lo referidos artículos hasta tanto se dicte sentencia en el caso contentivo del recurso de nulidad de los artículo señalados ut supra, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de nuestra Carta Magna, la cual consagra el derecho fundamental inherente a la persona como lo es el derecho a la libertad personal, así como lo consagra el artículo 243 del Código Orgánico Procesal Penal, que consagra el estado de libertad, en virtud de lo antes expuesto, esta defensa solicita REVISIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, impuesta a mi defendida de conformidad a lo previsto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo impuesta mi representada de una medida cautelar menos gravosa de conformidad a lo señalado en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo”. En fecha 09-02-2008, el Ministerio Público imputó a la ciudadana EDGAR DAMIAN GAMARRA JIMENEZ, por el delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, de conformidad con lo estatuido en el articulo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, fuera Decretada la medida de privación judicial preventiva de libertad en contra del mismo, requerimiento este que fue totalmente acogido por este Órgano Jurisdiccional, al encontrar llenos los extremos exigidos en los artículos 250 ordinales 1°, 2° y 3° y parágrafo primero del articulo 251 ejusdem. Ahora bien, el artículo 264 del Código Adjetivo Penal, establece en su parte in fine: “...el juez deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cautelares...y cuando lo estime prudente las sustituirá por otras menos gravosas...”. En este sentido, debe destacarse que la medida de coerción personal, sea esta privativa o restrictiva de la libertad, debe ser proporcional con los hechos objetos de la investigación y por ello el Juez que conoce de la solicitud de imposición de medidas cautelares sustitutivas, deberá analizar las circunstancias contenidas en el artículo 244 de la Ley Adjetiva Penal, esto es, la gravedad del delito, las circunstancias de comisión y la sanción probable y que a juicio de este decisor las resultas de la presente causa solo pueden asegurarse con la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad. Por otra parte, si bien es cierto que el proceso penal acusatorio contempla de manera general el principio rector de afirmación de libertad, contemplado en el artículo 9 del Código Adjetivo Penal, no es menos cierto que el Legislador contempló igualmente, el carácter excepcional de la aplicación de una medida privativa de libertad, la cual deberá imponerse cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso y para la presente causa este Juzgador considera que otorgar una Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad no satisface las resultas del proceso debido a la magnitud de la pena a imponer . Establecido lo anterior, es importante analizar, a los efectos de considerar si en el caso de marras procede o no la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad, los aspectos relacionados con la proporcionalidad de los hechos objeto de proceso. Así tenemos que la ciudadana SUYIN NORALITH DIAZ BARRETO, se encuentra sindicada por la comisión de un hecho grave, como lo es el delito de DISTRIBUCIÓN ILICITA DE SUSTANCIA ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, de conformidad con lo estatuido en el articulo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que acarrea una pena que en su límite superior de diez (10) años de prisión. Así mismo considera la Defensa, que es factible la aplicación de una medida Cautelar Sustitutiva de Libertad, al ciudadano SUYIN NORALITH DIAZ BARRETO, en virtud de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia donde suspende el ultimo aparte del artículo 31 de la Ley señalada ut supra, en caso de marras, es por lo que considera este decisor que las circunstancias por las cuales le fue decretada la Privación Preventiva Judicial de libertad a la imputada de marras, a juicio de quien aquí decide, no han variado y por encontrarse llenos los extremos legales de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que este Tribunal mantiene la medida de privación judicial preventiva de libertad dictada en el caso de autos y en consecuencia declara sin lugar la solicitud de la defensa relativa a una revisión de medida a la ciudadana SUYIN NORALITH DIAZ BARRETO. Y ASI SE DECIDE. Por lo anteriormente expuesto, este decisor considera que lo procedente y ajustado a derecho es NEGAR la solicitud interpuesta por la Defensora Pública, en el sentido que se le imponga a su patrocinada una medida cautelar, ya que la concesión de la misma, es insuficiente para garantizar las resultas del proceso, así mismo considera este Juzgador que las circunstancias por la cual este Tribunal dictó la Privación Preventiva Judicial de libertad, no han variado y en consecuencia al estar llenos los extremos legales de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que este Tribunal declara sin lugar la solicitud de la defensa relativa a una revisión de medida a la ciudadana SUYIN NORALITH DIAZ BARRETO. Y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA. Por todos los razonamiento antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud interpuesta por la Defensora Público de la ciudadana, SUYIN NORALITH DIAZ BARRETO, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 10.182.677, en el sentido que le sea otorgada una mediada cautelar a su patrocinada, en virtud que no han variado las circunstancias que dieron lugar para decretar la Privación Preventiva Judicial de libertad y por estar llenos los extremos legales de los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal. Publíquese, diarícese, notifíquese a la Defensa y déjese copia de la presente decisión. EL JUEZ DE CONTROL NRO. 4 ABG. JESÚS ERNESTO DURÁN RAGA LA SECRETARIA ABG. JEANY CAMACARO.