TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Tachira, 8 de Diciembre de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2006-003279
ASUNTO : SP11-P-2006-003279

Visto el escrito presentado por el ABG. REINA COROMOTO LACRUZ HERNANDEZ, Defensor Publico de la Extensión San Antonio, Actuando como Defensor del imputado DUARTE RUEDA JAIME LIBARDO, en la cual solicita de conformidad con el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal Cese de la Medida de Coerción Personal a favor del ciudadano dictada en su contra desde el 09 de Noviembre del 2006, e incurso en la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE INTRODUCCION , previsto y sancionado en el artículo 02 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando O, mediante el cual pide el; este Tribunal para decidir observa:
En vista de lo antes expuesto, Este Tribunal posteriormente de haber verificado por el Sistema Juris 2000 se pudo constatar en el mismo, que el imputado DUARTE RUEDA JAIME LIBARDO, a cumplido con las condiciones de la fecha antes nombrada de presentarse ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial en un periodo establecido de DOS AÑOS, si que al mismo se le haya efectuado Juicio Oral y Publico.
Ahora bien, como derecho fundamental del justiciable, el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal dispone:
“No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable.
En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…”.
Nuestra Jurisprudencia cataloga a los casos como el que aquí nos ocupa, como una denuncia que es de orden público con relación a la violación al derecho a la libertad personal del imputado, por cuanto este ciudadano está cumpliendo con un régimen de presentaciones que limitan su libertad desde el año 2006, y hasta la presente fecha han transcurrido más de DOS (02) AÑOS desde la imposición de la misma.
En este mismo orden, la norma transcrita nos indica que toda medida de coerción personal que se imponga a una persona sometida a un proceso penal, tendrá un plazo máximo de aplicación que no puede exceder de la pena mínima para cada delito, ni de dos años.
El principio de proporcionalidad se refiere a la relación que debe existir entre la medida de coerción personal a ser impuesta, la gravedad del delito que se imputa, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. Es decir, ante la posible comisión de un hecho punible por parte de un individuo determinado, el juzgador debe valorar los anteriores elementos y, con criterio razonable, imponer alguna de dichas medidas; ella para evitar que quede enervada la acción de la justicia. No obstante, tal providencia debe, necesariamente, respetar los límites que contiene el artículo 244 antes citado, el cual constituye la garantía que el Legislador le ofrece al imputado de que no estará sometido indefinidamente a una medida de coerción personal, sin que en su contra pese condena firme, pues determinó que dos años era un lapso más que razonable (aún en los casos de los delitos más graves) para que en la causa que se siguiera en su contra, se hubiera producido pronunciamiento de una decisión definitivamente firme. (Sentencia de la Sala Penal N° 1626, de fecha 17-07-2002).
Aunado a lo expuesto, también observa el Tribunal de las actuaciones, que el ciudadano DUARTE RUEDA JAIME LIBARDO ha cumplido satisfactoriamente con el régimen de presentaciones impuesto, todo lo cual consta en los Libros de Registro de Presentaciones , llevados por la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, presentaciones que ha realizado por más de DOS (02) años de manera interrumpida; donde hasta la presente fecha no se ha pronunciado el Ministerio Público con un Acto Conclusivo en el presente asunto penal.
Por lo tanto, quien decide considera procedente la solicitud formulada por el ABG. REINA COROMOTO LACRUZ HERNANDEZ, decretándose en consecuencia el CESE INMEDIATO de la Medida Cautelar Sustitutiva de Libertad impuesta al ciudadano DUARTE RUEDA JAIME LIBARDO; por haber excedido el plazo de dos años desde que fue decretada, sin que hasta la presente fecha el Ministerio Público haya solicitado prórroga para el mantenimiento de la medida y sin que haya presentado el correspondiente acto conclusivo, todo de conformidad con lo establecido por el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Se exhorta a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, para que en un lapso prudencial presente el correspondiente Acto Conclusivo. Y ASI SE DECIDE.
DISPOSITIVO
ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO TERCERO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TACHIRA EXTENSIÓN SAN ANTONIO, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE:
PRIMERO.- DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DEL IMPUTADO Y SE ORDENA EL CESE INMEDIATO DE LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, decretada en fecha 09 de noviembre del 2006, contra el ciudadano JAIME LIBARDO DUARTE RUEDA, Venezolano con cédula de identidad N° 9.146.800, de 46 años de edad , de fecha de nacimiento 05-10-60, de ocupación u oficio Chef de Cocina, con residencia en el Barrio El Manicomio, calle La Pistola N° 69 de la Ciudad de Caracas, por la presunta comisión del delito de CONTRABANDO DE INTRODUCCION , previsto y sancionado en el artículo 02 de la Ley Sobre el Delito de Contrabando; todo de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Se exhorta a la Fiscalía Octava del Ministerio Público, para que en un lapso prudencial presente el correspondiente Acto Conclusivo.
SEGUNDO.- ORDENA LIBRAR OFICIO a la Coordinación de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, a los fines de dejar sin efecto el Régimen de Presentaciones que viene cumpliendo el ciudadano JAIME LIBARDO DUARTE RUEDA, de conformidad con la presente decisión.
Publíquese, regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Notifíquese a las partes y vencido el lapso, remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Octava del Ministerio Público. Cúmplase.

El Juez Tercero de Control

El Secretario

Abg. Ruben Antonio Belandria Pernia