TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 18 de Junio de 2008
198º y 149º

ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2008-002238
ASUNTO : SP11-P-2008-002238

DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. RUBEN ANTONIO BELANDRIA PERNIA
FISCAL: ABG. YOLANDA ELENA PARADA
SECRETARIO: ABG. DOUGLENIS Y. LOPEZ MENDEZ
IMPUTADO: JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA
DEFENSORA: ABG. NELLY LEON RAMIREZ

DE LOS HECHOS
En fecha 14 de junio del 2008, el funcionario Meza Altuve Jaime, adscrito al tercer pelotón de la primera compañía del destacamento de fronteras N° 11, se encontraba de servicio en el Punto de Control fijo Peracal, específicamente en el canal 1 el cual conduce de san Antonio del Táchira a Peracal, practico la detención preventiva de un ciudadano quien se identifico con una cedula de identidad a nombre de MARTINEZ PEÑA JOSE GABRIEL, de nacionalidad Colombiana, con el numero de cedula de identidad N° E- 83.903.592, fecha de nacimiento 17-08-1955, quien se trasladaba a pie, procedente de la ciudad de San Antonio del Táchira, por lo que solicito ante la ONIDEX-Peracal, el numero de la referida cedula de identidad para corroborar la veracidad de la misma, y estuvo presente como testigo el ciudadano MALDONADO ROA JORGE ENRIQUE, de nacionalidad Venezolana, con el numero de cedula de identidad N° 8.108.316, Alfabeto, de 36 años de edad, fecha de nacimiento 26-10-1971, soltero, Comerciante, natural de San Félix Estado Táchira y residenciado en el sector bajo guatarparo, calle Andrés Bello, casa sin numero, Valencia Estado Carabobo, fue verificada por el funcionario Eduardo Bustamante, CI: 3.714.121, adscrito a la oficina de la ONIDEX Peracal, quien le manifestó que el mencionado documento presentaba fecha de vencimiento por el lapso de diez años algo que era irregular debido a que el periodo de vigencia establecido para las cedulas de identidad de residente era de cinco años. Razón por la cual solicito mediante oficio ante la delegación del Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalisticas la realización de la experticia de reconocimiento de la misma. Fue testigo del procedimiento el ciudadano MALDONADO ROA JORGE ENRIQUE, de nacionalidad Venezolana, con el numero de cedula de identidad N° 8.108.316, Alfabeto, de 36 años de edad, fecha de nacimiento 26-10-1971, soltero, Comerciante, natural de San Félix Estado Táchira y residenciado en el sector bajo guatarparo, calle Andrés Bello, casa sin numero, Valencia Estado Carabobo, así mis le notifico al ciudadano que quedaba detenido preventivamente, le leyeron sus derechos y notificaron al representante del Ministerio Publico.

DE LA AUDIENCIA
En el día martes 17 de junio de 2008, siendo las 09:00 horas de la mañana se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido: JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 17 de Agosto de 1955, de 53 años de edad, hijo de Pedro Martínez (F) y de Blanca Cecilia Peña (V) titular de la cedula de ciudadanía Colombiana N° 13.455.515, Soltero, de profesión u oficio Conductor, residenciado en Barrio Barranca parte alta, sector 3, casa numero B3, San Cristóbal, numero de teléfono 0276-4161175; por parte de la Fiscalía Vigésimo Quinta del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y asimismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optará. Presentes: El Juez Abg. Rubén Antonio Belandria Pernia; la Secretaria, Abg. Douglenis Y. López Méndez, el Alguacil de Sala, la Fiscal Auxiliar Vigésimo Quinta del Ministerio Público, Abg. Yolanda Elena Parada Arellano, y el imputado. En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que no, nombrándole al efecto como su defensora a la Abg. Nelly León Ramírez quien estando presente manifestó: “Acepto el nombramiento que se nos hace y juro cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo”. Seguidamente El Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión de la imputada, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejará constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya el imputado provisto de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas del mismo y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, el ciudadano Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra al ciudadano Fiscal Auxiliar Vigésimo Quinta del Ministerio Público, Abg. Yolanda Elena Parada Arellano, quien expuso de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen la representante del Ministerio Público lo siguiente:
• QUE SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem.
• Que se decrete la aprehensión del imputado en estado de FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se le imponga al imputado MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LA LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, que asegure las resultas del proceso.
Acto seguido El Juez impuso al imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, que le exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso, las imputaciones que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y así mismo, respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándole que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal no es en la presente audiencia sino en el caso de aprobarse el Procedimiento Abreviado, en la audiencia de Juicio, o en el Procedimiento Ordinario en la Audiencia Preliminar, le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo presenta detenido en la audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, así mismo, le hizo lectura del precepto jurídico aplicable, manifestando el imputado no querer declarar y al efecto expuso : “ me acojo al precepto Constitucional y le cedo el derecho de palabra a mi defensora, es todo”. Seguidamente El Juez le cedió el derecho de palabra a la defensora Pública del imputado Abg. Nelly León Ramírez, quien expuso: “Ciudadano Juez dejo a criterio del tribunal la calificación de Flagrancia, me adhiero a la solicitud de que la causa sea tramitada por el procedimiento ordinario y solicito que se le otorgue a mi defendido una medida cautelar de conformidad a lo establecido en el articulo 256 del Código Orgánico Procesal Penal y por ultimo solicito copia simple del acta de esta audiencia, es todo.”

DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.

El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:

Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.

En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:

Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”

En el anterior dispositivo se establecen los supuestos o conductas típicas para calificar como flagrante a un delito. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho, se trata entonces, de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL; de igual manera se admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución ininterrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI; por cierto, figura esta muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.

Conforme lo relatado en Acta Policial referida “ut supra”, funcionarios policiales investido de autoridad, mientras realizaban labores de rutina observaron un ciudadano quien se trasladaba a pie, procedente de la ciudad de San Antonio del Táchira, al momento de pedirle la documentación de identidad en presencia del testigo identifiqué un ciudadano con una original de cédula de identidad venezolana en condición de residente signada con el N° E- 83.903.592, perteneciente a JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, le manifesté al ciudadano que lo acompañara en compañía del testigo; fue verificada por el funcionario Eduardo Bustamante, CI: 3.714.121, adscrito a la oficina de la ONIDEX Peracal, quien le manifestó que el mencionado documento presentaba fecha de vencimiento por el lapso de diez años algo que era irregular debido a que el periodo de vigencia establecido para las cedulas de identidad de residente era de cinco años, motivo por el cual quedó detenido preventivamente el prenombrado ciudadano y puesto a ordenes del Ministerio Público.

1.- Acta de fecha 14 de junio del 2008, suscrita por el funcionario Meza Altuve Jaime, adscrito al tercer pelotón de la primera compañía del destacamento de fronteras N° 11. Corriente al folio tres (03).
2.- Acta de entrevista del ciudadano MALDONADO ROA JORGE ENRIQUE, de fecha 14 de junio del 2008, corriente al folio cinco (05).
3.- Constancia Médica del ciudadano JOSE GABRIEL MARTINEZ, de fecha 14 de junio del 2008, del Hospital Samuel Darío Maldonado, suscrita por el Dr. Agustín Becerra, corriente al folio nueve (09).
4.- Experticia Nro. 9700-062-342, de fecha 15 de junio del 2008, suscrito por la detective Daisy López Mora, adscrito al Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalisticas adscrita al Sub-Delegación de san Antonio del Táchira, donde llego a la CONCLUSIÓN: El documento de identidad, signado con el numero E- 83.903.592, corresponde a un documento FALSO Y DE USO ILEGAL EN EL PAIS. Corriente al folio catorce (14).
5.- Documento de identificación, corriente al folio quince (15).

Ahora bien, ante lo explicito de los elementos aportados en el acta policial y del acta de entrevista de la persona que sirvió como testigo del procedimiento, se determina que la detención del ciudadano JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, imputado de autos, se produce en virtud que el mismo trató de burlar los controles de seguridad del estado venezolano al identificarse con una cédula de identidad que según el sistema informatículo utilizado por el funcionario actuante es falsa igualmente se puede determinar de la experticia realizada al mencionado documento según el cual arrojo que el mismo ES FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAÍS. Es por ello que este Tribunal, considera procedente CALIFICAR; como en efecto lo hace LA FLAGRANCIA EN LA APREHENSIÓN del ciudadano JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 17 de Agosto de 1955, de 53 años de edad, hijo de Pedro Martínez (F) y de Blanca Cecilia Peña (V) titular de la cedula de ciudadanía Colombiana N° 13.455.515, Soltero, de profesión u oficio Conductor, residenciado en Barrio Barranca parte alta, sector 3, casa numero B3, San Cristóbal, numero de teléfono 0276-4161175, en la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación. Y así decide.

DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ordinario, formulado por la Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal y visto que es necesaria la practica de otras diligencias de investigación, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO todo de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenando a remisión de las presentes actuaciones a La Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Público, una vez sea vencido el lapso de ley. Y así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL
PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE
En cuanto a la medida de coerción personal solicitada por el Ministerio Publico, considera este Juzgador, que si bien el ciudadano JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, esta señalado por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, que merece pena privativa de libertad, que no se encuentra evidentemente prescrita y que no excede en su límite máximo de tres (03) años de prisión, por lo que considera este Juzgador que de conformidad con lo establecido en el artículo 44 numeral 1ro.- de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como también de conformidad con lo establecido en el artículo 8, 9 , 243 y 253 todos del Código Orgánico Procesal Penal, que lo procedente en el caso in comento es decretar una Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación Judicial de Libertad, aunado a las siguientes razones: No esta evidenciado el peligro de fuga, toda vez que se trata de un ciudadano que si bien es cierto es de nacionalidad colombiana también es cierto que tiene residencia en suelo patrio, primario en la comisión de delito, de fácil ubicación en la dirección que ha suministrado y tiene un empleo fijo; es por lo que considera quien aquí decide que con una medida sustitutiva, se resuelve la situación de carácter procesal para la asistencia del imputado a los actos del proceso, debiendo el imputado cumplir con las siguientes obligaciones: de conformidad con los artículos 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, con la obligación de: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada treinta 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial. 2.- Debe presentar una persona en calidad de custodio quien deberá consignar: constancia de trabajo, constancia de residencia y de buena conducta estas dos últimas expedidas por el consejo comunal o prefectura. 3.- No incurrir en nuevos delitos, quedando así notificado el imputado de la medida de coerción personal impuesta por este Tribunal, a lo cual manifestó el mismo de manera libre y espontánea, estar dispuesto a cumplir con las obligaciones establecidas y que en caso de incumplimiento de una de ellas le sería revocada la Medida Cautelar Sustitutiva de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y las consecuencias que ello acarrea, y así se decide.

DEL DISPOSITIV0 DE LA SENTENCIA
EN CONSECUENCIA, ESTE TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSIÓN SAN ANTONIO DEL TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECIDE:

PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 17 de Agosto de 1955, de 53 años de edad, hijo de Pedro Martínez (F) y de Blanca Cecilia Peña (V) titular de la cedula de ciudadanía Colombiana N° 13.455.515, Soltero, de profesión u oficio Conductor, residenciado en Barrio Barranca parte alta, sector 3, casa numero B3, San Cristóbal, numero de teléfono 0276-4161175; por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión de la causa a la Fiscalía Vigésimo Quinta del Ministerio Publico, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.

TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, al imputado: JOSE GABRIEL MARTINEZ PEÑA, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, natural de Cúcuta, Departamento Norte de Santander, República de Colombia, nacido en fecha 17 de Agosto de 1955, de 53 años de edad, hijo de Pedro Martínez (F) y de Blanca Cecilia Peña (V) titular de la cedula de ciudadanía Colombiana N° 13.455.515, Soltero, de profesión u oficio Conductor, residenciado en Barrio Barranca parte alta, sector 3, casa numero B3, San Cristóbal, numero de teléfono 0276-4161175; por la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 45 de la Ley Orgánica de Identificación; de conformidad con los artículos 256 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir el imputado con la siguientes obligaciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada treinta 30 días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial. 2.- Debe presentar una persona en calidad de custodio quien deberá consignar: constancia de trabajo, constancia de residencia y de buena conducta estas dos últimas expedidas por el consejo comunal o prefectura. 3.- No incurrir en nuevos delitos. se le preguntó a la Fiscal del Ministerio Público si tenía alguna objeción referente a la Medida Cautelar respondiendo que no tenía inconveniente con la misma. Líbrese el oficio a Politachira para que se sirva mantener al imputado en sede de ese Comando a los fines de dar cumplimiento a las condiciones impuestas.

Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Quinta del Ministerio Publico, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente.

ABG. RUBEN ANTONIO BELANDRIA PERNIA
JUEZ TERCERO DE CONTROL

ABG. DOUGLENIS Y. LOPEZ MENDEZ
SECRETARIA