REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, martes 12 de marzo de 2008 197º y 149º Visto el solicitud formulada en fecha 07 de marzo de 2008 ante este Tribunal en el acta donde se acuerda el diferimiento del inicio de la audiencia oral y pública , por la abogada KARLA QUIJANO, actuando con el carácter de Defensora Pública del imputado: JOAN JOSÉ SANDOVAL CEBALLOS, venezolano, de 28 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.267.852, natural de La Guaira, estado Vargas, soltero, obrero, residenciado en la Parroquia Caraballeda, Barrio Corapal, calle Juan Ortiz, casa S/N, a tres casas de la cancha, estado Vargas; en la cual solicita la INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES para su defendido, a tenor de lo dispuesto en los artículos 244 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 y 44 Constitucionales, este despacho para resolver observa lo siguiente: -I- DE LA COMPETENCIA Ante la petición de revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por el referido defensor, este Tribunal se declara competente para resolver la solicitud, dado que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le atribuye esa competencia, y así lo declara. -II- DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL OBJETO DE REVISIÓN En fecha 25 de septiembre de 2005, el Tribunal Quinto de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, decretó Medida cautelar sustitutiva a la Privación Preventiva de Libertad, al referido ciudadano, consistente en presentaciones por ante el órgano judicial cada quince (15) días, establecida en el ordinal tercero del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, así como prohibición de acercarse a la presunta víctima Juan Pedro Sandoval, prevista en el ordinal sexto del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. -III- PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN SOLICITADA Dentro del proceso penal, las medidas de coerción personal cumplen una función instrumental para hacer efectivo el llamado ius puniendi por parte del Estado. Su finalidad, como la señala Calamandrei (citado por Silva) “... es evitar que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como los guardianes de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde”. Entre las finalidades concretas que tiene la imposición de una medida cautelar en sede penal, se tienen: 1. La obtención de los elementos de convicción que serán materializados como prueba en el debate contradictorio; 2. La realización de todos los actos del proceso para arribar a una decisión de fondo con la mayor rapidez y economía posible; 3. La comparecencia del imputado a todos lo actos del proceso en los que sea necesaria su presencia; 4. La ejecución de la eventual condena impidiendo la fuga del enjuiciado, y 5. Finalmente, para algunos estudiosos del derecho, la protección del imputado de la venganza privada. Una de las características de las Medidas Cautelares Penales es su provisionalidad, ya que éstas tienen vigencia en el orden en que sean necesarias a los fines del proceso, pudiendo ser sustituidas por otras de menor gravedad, conforme las circunstancias particulares de cada situación procesal. En tal sentido, en el caso sub iudice el Tribunal en funciones de Control Nº 5, estableció en la decisión (de fecha 25 de septiembre de 2005) en la cual decretó Medida cautelar sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se dictó la Medida cautelar contra el imputado para el momento, indicando los elementos de convicción valorados por el Tribunal para dictar las medidas cautelares sustitutivas a la privación Judicial Preventiva de Libertad previstas en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el órgano jurisdiccional y prohibición de acercarse a la víctima. Para este Tribunal aún se encuentra vigentes los elementos de convicción por los cuales el Tribunal en Funciones de Control Nº 2 de esta Circunscripción decretó las Medidas cautelares sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al referido ciudadano. En consecuencia de los dos primeros numerales del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como son la presunta comisión de los referidos delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuya acciones penales no se encuentran prescritas, y la existencia de los elementos de convicción que señalan al imputado como presunto perpetrador de la respectiva conducta típica que este Tribunal determinó respecto de él. Ahora bien, referente al tercer numeral del artículo 250 eiusdem, como es la presunción razonable de fuga o de obstaculización a la investigación, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar, ya sea la Medida de Coerción Personal de mayor entidad, como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, o una medida menos gravosa, es decir, alguna cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Es por ello que el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252, respectivamente, enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; además, en el ordinal tercero del artículo 254, sobre los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, se establece la obligación de indicar los presupuestos a que se refieren los artículos 251 o 252. En la decisión del 25 de septiembre de 2005, la Juez de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 5 de esta Circunscripción Judicial decretó las medidas cautelares sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad previstas en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el órgano jurisdiccional y prohibición de acercarse a la víctima. En la solicitud ya mencionada, la referida defensora alega entre otras cosas que de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal le sea otorgada a su defendido LA INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, teniendo en cuenta los principios que rigen la presunción de inocencia y la proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción, que su defendido se encuentra bajo una medida cautelar desde hace más de dos (02) años y que hasta la fecha aún no se ha podido celebrar el juicio Oral y Público. Debe resaltarse que el hecho de que un imputado o acusado permanezca durante el proceso penal, bajo una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad, no quiere decir que sea culpable del delito que se le imputa; pero a su vez es necesario señalar que la medidas de restricción de libertad tienen por objeto el aseguramiento del imputado, y a su vez, este aseguramiento está dirigido a dos (2) finalidades en especial como son: - La satisfacción de la finalidad del Proceso la cual se encuentra establecida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y consiste en “Establecer la verdad de los hechos por las vías Jurídicas, y la realización de la Justicia en la aplicación del derecho”. - La Seguridad de algunas personas en particular que intervienen en el proceso, y de la comunidad en general: Cuando se inicia un proceso contra un imputado, las personas que de alguna manera intervinieron en el hecho punible, sea como víctimas, o testigos, temen ante la posibilidad de que se les haga daño por contribuir al esclarecimiento de los hechos en el proceso. Ante tal situación el Estado, de cualquier manera idónea, evitando que ello comporte una pena anticipada o una presunción de culpabilidad, debe salvaguardar los derechos de los mismos, y una de las maneras mas eficaces es el Aseguramiento preventivo del sujeto presunto autor del delito. En la Normativa penal, en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal se establece: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…” En virtud de la magnitud del daño causado por el delito, y de la posible sanción que pueda aplicarse en caso de comprobarse la participación del referido acusado, este juzgador considera que la Medida Judicial Preventiva de Libertad es proporcional a la gravedad del delito, a los medios de comisión y probable sanción de los mismos. Por tal motivo este Juzgador, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, NIEGA EL CESE DE TODA MEDIDAD DE COERCIÓN ENTIENDASE LA LIBERTAD SIN RESTRICCIÓN LA SUSTITUCIÓN, del imputado de autos, sin embargo amplía el lapso de presentaciones ante este órgano jurisdiccional a una vez cada treinta y así se decide. En otro orden, este Tribunal en aras de salvaguardar y garantizar los derechos constitucionales del acusado a ser juzgado en un proceso sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, fijó la celebración de Juicio Oral y Público para el día 01-04-2008 a las 12:00 p.m. Así se decide. -IV- DECISIÓN En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: ÚNICO: NEGAR la solicitud del CESE DE TODA MEDIDAD DE COERCIÓN Y AMPLÍA LAS PRESENTACIONES PERÍODICAS UNA VEZ POR MES, que le fuera decretada al imputado JOAN JOSÉ SANDOVAL CEBALLOS, plenamente identificado en autos. Asimismo, se fijó Juicio Oral y Público para el día 01-04-2008 a las 12:00 p.m. Notifíquese al Defensor. ABG. LUIS EDUARDO MONCADA IZQUIERDO JUEZ SEGUNDO DE JUICIO ABG. FELIX NAVARRO SECRETARIO En la misma fecha se cumplió lo ordenado WP01-P-2005-14300 Asunto: Revisión de Medida cautelar sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, martes 12 de marzo de 2008 197º y 149º Visto el solicitud formulada en fecha 07 de marzo de 2008 ante este Tribunal en el acta donde se acuerda el diferimiento del inicio de la audiencia oral y pública , por la abogada KARLA QUIJANO, actuando con el carácter de Defensora Pública del imputado: JOAN JOSÉ SANDOVAL CEBALLOS, venezolano, de 28 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.267.852, natural de La Guaira, estado Vargas, soltero, obrero, residenciado en la Parroquia Caraballeda, Barrio Corapal, calle Juan Ortiz, casa S/N, a tres casas de la cancha, estado Vargas; en la cual solicita la INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES para su defendido, a tenor de lo dispuesto en los artículos 244 del Código Orgánico Procesal Penal y 26 y 44 Constitucionales, este despacho para resolver observa lo siguiente: -I- DE LA COMPETENCIA Ante la petición de revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por el referido defensor, este Tribunal se declara competente para resolver la solicitud, dado que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le atribuye esa competencia, y así lo declara. -II- DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL OBJETO DE REVISIÓN En fecha 25 de septiembre de 2005, el Tribunal Quinto de Control de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, decretó Medida cautelar sustitutiva a la Privación Preventiva de Libertad, al referido ciudadano, consistente en presentaciones por ante el órgano judicial cada quince (15) días, establecida en el ordinal tercero del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, así como prohibición de acercarse a la presunta víctima Juan Pedro Sandoval, prevista en el ordinal sexto del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal. -III- PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN SOLICITADA Dentro del proceso penal, las medidas de coerción personal cumplen una función instrumental para hacer efectivo el llamado ius puniendi por parte del Estado. Su finalidad, como la señala Calamandrei (citado por Silva) “... es evitar que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como los guardianes de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde”. Entre las finalidades concretas que tiene la imposición de una medida cautelar en sede penal, se tienen: 1. La obtención de los elementos de convicción que serán materializados como prueba en el debate contradictorio; 2. La realización de todos los actos del proceso para arribar a una decisión de fondo con la mayor rapidez y economía posible; 3. La comparecencia del imputado a todos lo actos del proceso en los que sea necesaria su presencia; 4. La ejecución de la eventual condena impidiendo la fuga del enjuiciado, y 5. Finalmente, para algunos estudiosos del derecho, la protección del imputado de la venganza privada. Una de las características de las Medidas Cautelares Penales es su provisionalidad, ya que éstas tienen vigencia en el orden en que sean necesarias a los fines del proceso, pudiendo ser sustituidas por otras de menor gravedad, conforme las circunstancias particulares de cada situación procesal. En tal sentido, en el caso sub iudice el Tribunal en funciones de Control Nº 5, estableció en la decisión (de fecha 25 de septiembre de 2005) en la cual decretó Medida cautelar sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se dictó la Medida cautelar contra el imputado para el momento, indicando los elementos de convicción valorados por el Tribunal para dictar las medidas cautelares sustitutivas a la privación Judicial Preventiva de Libertad previstas en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el órgano jurisdiccional y prohibición de acercarse a la víctima. Para este Tribunal aún se encuentra vigentes los elementos de convicción por los cuales el Tribunal en Funciones de Control Nº 2 de esta Circunscripción decretó las Medidas cautelares sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad al referido ciudadano. En consecuencia de los dos primeros numerales del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como son la presunta comisión de los referidos delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuya acciones penales no se encuentran prescritas, y la existencia de los elementos de convicción que señalan al imputado como presunto perpetrador de la respectiva conducta típica que este Tribunal determinó respecto de él. Ahora bien, referente al tercer numeral del artículo 250 eiusdem, como es la presunción razonable de fuga o de obstaculización a la investigación, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar, ya sea la Medida de Coerción Personal de mayor entidad, como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, o una medida menos gravosa, es decir, alguna cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Es por ello que el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252, respectivamente, enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; además, en el ordinal tercero del artículo 254, sobre los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, se establece la obligación de indicar los presupuestos a que se refieren los artículos 251 o 252. En la decisión del 25 de septiembre de 2005, la Juez de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 5 de esta Circunscripción Judicial decretó las medidas cautelares sustitutivas a la Privación Judicial Preventiva de Libertad previstas en los ordinales 3° y 6° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, consistentes en presentaciones periódicas cada quince (15) días por ante el órgano jurisdiccional y prohibición de acercarse a la víctima. En la solicitud ya mencionada, la referida defensora alega entre otras cosas que de conformidad con lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal le sea otorgada a su defendido LA INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES, teniendo en cuenta los principios que rigen la presunción de inocencia y la proporcionalidad en la aplicación de las medidas de coerción, que su defendido se encuentra bajo una medida cautelar desde hace más de dos (02) años y que hasta la fecha aún no se ha podido celebrar el juicio Oral y Público. Debe resaltarse que el hecho de que un imputado o acusado permanezca durante el proceso penal, bajo una medida cautelar sustitutiva a la privación preventiva de libertad, no quiere decir que sea culpable del delito que se le imputa; pero a su vez es necesario señalar que la medidas de restricción de libertad tienen por objeto el aseguramiento del imputado, y a su vez, este aseguramiento está dirigido a dos (2) finalidades en especial como son: - La satisfacción de la finalidad del Proceso la cual se encuentra establecida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y consiste en “Establecer la verdad de los hechos por las vías Jurídicas, y la realización de la Justicia en la aplicación del derecho”. - La Seguridad de algunas personas en particular que intervienen en el proceso, y de la comunidad en general: Cuando se inicia un proceso contra un imputado, las personas que de alguna manera intervinieron en el hecho punible, sea como víctimas, o testigos, temen ante la posibilidad de que se les haga daño por contribuir al esclarecimiento de los hechos en el proceso. Ante tal situación el Estado, de cualquier manera idónea, evitando que ello comporte una pena anticipada o una presunción de culpabilidad, debe salvaguardar los derechos de los mismos, y una de las maneras mas eficaces es el Aseguramiento preventivo del sujeto presunto autor del delito. En la Normativa penal, en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal se establece: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…” En virtud de la magnitud del daño causado por el delito, y de la posible sanción que pueda aplicarse en caso de comprobarse la participación del referido acusado, este juzgador considera que la Medida Judicial Preventiva de Libertad es proporcional a la gravedad del delito, a los medios de comisión y probable sanción de los mismos. Por tal motivo este Juzgador, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, NIEGA EL CESE DE TODA MEDIDAD DE COERCIÓN ENTIENDASE LA LIBERTAD SIN RESTRICCIÓN LA SUSTITUCIÓN, del imputado de autos, sin embargo amplía el lapso de presentaciones ante este órgano jurisdiccional a una vez cada treinta y así se decide. En otro orden, este Tribunal en aras de salvaguardar y garantizar los derechos constitucionales del acusado a ser juzgado en un proceso sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, fijó la celebración de Juicio Oral y Público para el día 01-04-2008 a las 12:00 p.m. Así se decide. -IV- DECISIÓN En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: ÚNICO: NEGAR la solicitud del CESE DE TODA MEDIDAD DE COERCIÓN Y AMPLÍA LAS PRESENTACIONES PERÍODICAS UNA VEZ POR MES, que le fuera decretada al imputado JOAN JOSÉ SANDOVAL CEBALLOS, plenamente identificado en autos. Asimismo, se fijó Juicio Oral y Público para el día 01-04-2008 a las 12:00 p.m. Notifíquese al Defensor. ABG. LUIS EDUARDO MONCADA IZQUIERDO JUEZ SEGUNDO DE JUICIO ABG. FELIX NAVARRO SECRETARIO En la misma fecha se cumplió lo ordenado WP01-P-2005-14300 Asunto: Revisión de Medida cautelar sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad