TSJ Regiones - Decisión

San Cristóbal, Treinta (30) de Mayo de 2008
197º y 149º

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

JUEZ: ABG. LUPE FERRER ALCEDO

FISCAL: ABG. MERCEDES LILIANA RIVERA
TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO

DELITO: HURTO CALIFICADO

IMPUTADOS: CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO y SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL

DEFENSOR: ABG. JUAN CARLOS HERANADEZ
DEFENSOR PUBLICO

SECRETARIO: ABG. REINALDO JOSE CHACON PACHECO

OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Tribunal a resolver sobre la solicitud formulada por el ABG. JUAN CARLOS HERNANDEZ, Defensor Publico de los imputados CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO y SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL, mediante la cual solicita al Tribunal revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, decretada en su contra.

RELACION DE LOS HECHOS

En fecha 17 de Marzo de 2008, funcionarios adscritos a la Policía del Estado Táchira, se encontraban realizando labores de patrullaje, cuando recibieron reporte de la red de emergencia 171 donde les informaban que se trasladaran hacia el Edif. Martin Roa, de la carrera 2 entre calles 4 y 5 sector catedral, piso 3 oficina 8, donde presuntamente se encontraban varios ciudadanos hurtando objetos de dicho local, procediendo a trasladarse al lugar una vez en el sitio observaron a dos ciudadanos saliendo en forma desesperada por el portón de este Edif., quien iba saliendo de primero portaba en sus manos un porta bebe de color azul, y el que lo acompañaba portaba en sus manos un libro color rojo el Código de Procedimiento Civil Tomo IV y un juego de cortinas, quienes al observar la presencia policial optaron por tomar una actitud nerviosa tratando de ingresar nuevamente a dicho local, siendo intervenidos policialmente, seguidamente subieron al piso 3, oficina 8 observando que se encontraba violentada una de sus ventanas; al lugar se hizo presente un ciudadano quien se identifico como GELVEZ TRINO ANTONIO, quien manifestó ser el propietario de los objetos antes mencionados y que en dicha oficina labora su esposa BEATRIZ LUNA, los ciudadanos intervenidos quedaron identificados como SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL, quien iba sacando el porta bebe y CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO.

En este sentido y en virtud de los hechos anteriormente descritos la Fiscal del Ministerio Publico Precalifico el delito como HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el artículo 453, numeral 4 del Código Penal, en perjuicio de la ciudadana BEATRIZ MAGDALENA LUNA DOMINGUEZ.

DE LA REVISIÓN DE LA MEDIDA DE
PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD

Revisado y analizado como ha sido el escrito presentado por el defensor ABG. JUAN CARLOS HERNANDEZ, pasa a determinar esta Juzgadora, si en el presente caso existe o no, Peligro de Fuga o de obstaculización, en base a los siguientes razonamientos:
En primer lugar, los acusados CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO y SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL, son venezolanos, con residencia fija en la Circunscripción Judicial del Estado Táchira por lo que tienen arraigo en el país.
En segundo lugar considera esta Juzgadora, que la pena que en principio pudiera llegar a imponerse, no excede de 10 años, por lo que no se esta en el supuesto de la presunción del peligro de fuga.
Tercero, vista la naturaleza del delito, el cual permite la reparación del daño a través de una de las formulas alternativas de procesución del proceso como es el acuerdo reparatorio, el cual fue propuesto en la audiencia de fecha 14 de Mayo de 2008.
Ahora bien, tampoco existe peligro de obstaculización pues de la revisión de las actuaciones no surge hasta los momentos, la grave sospecha de que los imputados puedan destruir, modificar o alterar los elementos de convicción; ni que influirán, en testigos, victima y expertos para la búsqueda de la verdad.
Observa este Tribunal que la jurisprudencia y la doctrina patria han sostenido de manera reiterada, que tales presupuestos antes mencionados deben darse de manera conjunta, vale decir, que la no demostración plena de uno de ellos hace improcedente la aplicación de la medida restrictiva de libertad y en consecuencia, operaría el otorgamiento de una de las medidas cautelares sustitutivas, de las contenidas en el artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal.
DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES:
Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 44 el juzgamiento en libertad, excepto por las razones establecidas en la ley y apreciadas por el Juez o Jueza en cada caso.
Dicha norma constitucional, es desarrollada procesalmente en los artículos 9 y 243 de la Norma Adjetiva Penal, señalando que toda persona a quien se le impute la comisión de un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso. Así mismo, el legislador ha establecido que la Privación Judicial Preventiva de Libertad es excepcional, y sólo procederá cuando las demás medidas cautelares sean insuficientes para asegurar las finalidades del proceso; ello en atención al principio de subsidiariedad que contempla el referido artículo 243.
Igualmente estima este Juzgador que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece en su artículo 49 ordinal 2° y el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 8º, plantean el Principio de Afirmación y/o presunción de la Inocencia, principio este que debe ser mantenido hasta que exista un sentencia condenatoria en contra de una persona, estimando así mismo que, si bien cualesquier decisión en este sentido debe ajustarse a los principios y garantías previstos, tanto en el texto constitucional como en la norma adjetiva penal, resulta necesario ponderar y apreciar el criterio de proporcionalidad que debe guardar cualquier medida de coerción personal y la correspondiente sustitutiva si el caso fuere, siempre estimando la gravedad del hecho que se trate, el bien jurídico tutelado y el resultado desde el punto de vista social que haya generado la conducta de quien se presume ha sido su autor.
Así mismo el artículo 263 del Código Orgánico Procesal Penal, señala que: “El Tribunal ordenará lo necesario para garantizar el cumplimiento de las medidas a que se refiere el artículo 256. En ningún caso se utilizarán estas medidas desnaturalizando su finalidad, o se impondrán otras cuyo cumplimiento sea imposible. En especial, se evitará la imposición de una caución económica cuando el estado de pobreza o la carencia de medios del imputado impidan la prestación”. Lo que significa que si bien, el tribunal debe imponer medios que garanticen el cumplimiento de las mismas éstas deben ser de posible cumplimiento, Aunado a lo anteriormente expuesto, considera el Tribunal que en la presente causa no existe peligro de fuga, ni de obstaculización, pues la imputada ha manifestado su voluntad de someterse al proceso.

Así pues al no configurarse el “peligro de fuga u obstaculización”, con base a lo antes expuesto, considerando que estamos en presencia de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción no esta prescrita, e igualmente hasta los momentos se le debe garantizar la Presunción de Inocencia a los imputados de autos es por lo que se hace procedente decretar con lugar, tal solicitud de la defensa, y como consecuencia de ello lo procedente es Revisar la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad impuesta a los imputados CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO y SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL, en fecha 18/03/2008 y en su lugar el imponerle al mismo, de una Medida de Coerción Personal Menos Gravosa a fin de asegurar las resultas del proceso, en el entendido de que su fin último es la búsqueda de la verdad y la realización de la Justicia, medida esta que tomando en cuenta el Principio de Proporcionalidad hincado supra, estaría dada en la obligación del cumplimiento de las obligaciones contempladas en las modalidades señalada en los numerales 3º, 4° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, esto es: 1) Obligación de presentarse ante este Tribunal, una vez cada quince (15) días, ante la Oficina de Alguacilazgo. 2).- Prohibición de salida del Estado Táchira, sin autorización del Tribunal. 3).- No incurrir en nuevos hechos punibles. 4).- Prohibición de consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares donde las expendan. Así se decide.-
En consecuencia este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE CONTROL NÚMERO UNO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA; ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECIDE:

ÚNICO: DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL DE LIBERTAD, impuesta a los acusados CASTELLANOS MARTINEZ LEONARDO y SANDOVAL GUZMAN DANNY MIGUEL, ya identificado; en fecha 18 de Marzo del 2008, sustituyéndola por el cumplimiento de una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, todo de conformidad con las obligaciones contempladas en las modalidades señaladas en los numerales 2°, 3º, 4° y 9° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, imponiéndosele el cumplimiento de las siguientes obligaciones: 1) Obligación de presentarse ante este Tribunal, una vez cada quince (15) días, ante la Oficina de Alguacilazgo. 2).- Prohibición de salida del Estado Táchira, sin autorización del Tribunal. 3).- No incurrir en nuevos hechos punibles. 4).- Prohibición de consumir bebidas alcohólicas y concurrir a lugares donde las expendan. 5).- Someterse al cuidado y vigilancia de una persona que se haga responsable de presentarlo al Tribunal.

Déjese copia de la presente decisión para los archivos de este Tribunal. Notifíquese a las partes y al imputado para lo cual se ordena el traslado del mismo hasta la sede de este Tribunal. Líbrese la correspondiente Boleta de Excarcelación dirigida al Centro Penitenciario de Occidente, una vez conste en autos el cumplimiento de la firma de las actas de Compromiso del imputado de autos.

ABG. LUPE FERRER ALCEDO
JUEZ PRIMERO DE CONTROL

Abg. REINALDO JOSE CHACON PACHECO
Secretario

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado.
CAUSA PENAL Nº 1C-9774-08