REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución del Estado Vargas Macuto, 26 de Mayo de 2008 198º y 149º ASUNTO PRINCIPAL : WL01-P-2000-000236 ASUNTO : WL01-P-2000-000236 De la revisión exhaustiva efectuada a las actuaciones que integran la presente causa, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución, de conformidad con las atribuciones que le son conferidas en el artículo 479, ordinal 1°, del Código Orgánico Procesal Penal, pasa seguidamente a emitir pronunciamiento con respecto a la extinción de la pena que le fuera impuesta al ciudadano JUAN PABLO LEON BLANCO, de nacionalidad Venezolana, natural de Caracas, Distrito Capital, donde nació en fecha 20 de Abril de 1971, de 37 años de edad, de estado civil soltero, de profesión u oficio obrero, domiciliado en el Cerro Guiriguiri, parte alta, Casa N° 23, Maiquetía, Estado Vargas y titular de la cédula de identidad N° 12.716.907. En fecha 18 de Febrero de 1992, le fue otorgado por el hoy extinto Juzgado Cuadragésimo Sexto de Primera Instancia en lo Penal y Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Municipio Vargas Distrito Federal, el Beneficio de Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena, el cual fuera revocado por ese Juzgado en 19 de Febrero de 1997, librándose como consecuencia de ello boleta de encarcelación N° 055-97 a nombre del ciudadano en cuestión. Ahora bien, señala el artículo 112 del Código Penal que: “…Las penas prescriben así: 1°. Las de presidio, prisión y arresto, por un tiempo igual al de la pena que haya de cumplirse, más la mitad del mismo…El tiempo para la prescripción de la condena comenzará a correr desde el día en que quedó firme la sentencia…”, lo cual obliga a realizar en el presente caso una simple operación matemática que deriva en la certeza que desde el día 19 de Febrero de 1997, fecha en la cual fue revocado el beneficio del cual venia gozando el ciudadano JUAN PABLO LEON BLANCO, y le fue librada la respectiva orden de encarcelación, hasta el día de hoy, ha transcurrido excesivamente el tiempo requerido legalmente para que opere la prescripción de la pena impuesta, es decir, Dos (02) Años, Tres (03) Meses, Trece (13) Días y Doce (12) Horas que se obtienen sumando el tiempo de esta (Un (01) Año, Seis (06) Meses y Nueve (09) Días) mas la mitad del mismo. En virtud de ello y como consecuencia que hasta la presente fecha, el mencionado ciudadano no se ha presentado ni ha sido habido, no existiendo en autos alguna otra actuación que interrumpiese la prescripción operada, es por lo que este Tribunal considera que lo procedente y ajustado a derecho es DECRETAR LA EXTINCION DE LA PENA impuesta al tantas veces mencionado JUAN PABLO LEON BLANCO, en sentencia dictada por el Juzgado Accidental Primero del Tribunal Superior Vigésimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy extinto), y por ende su LIBERTAD PLENA, conforme a lo establecido en el artículo 112 del Código Penal y ASI SE DECIDE. DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Ejecución de este Circuito Judicial Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EXTINCION DE LA PENA, QUE LE FALTABA POR CUMPLIR al ciudadano JUAN PABLO LEON BLANCO, arriba identificado, quien fue condenado mediante sentencia dictada por el Juzgado Accidental Primero del Tribunal Superior Vigésimo en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda (hoy extinto), a cumplir la pena de SIETE (07) AÑOS DE PRESIDIO, por la comisión del delito de HOMICIDIO CONCAUSAL, previsto y sancionado en el artículo 410 del Código Penal vigente para ese momento, al haber operado la prescripción de la misma, conforme a lo establecido en el artículo 112 ejúsdem y como consecuencia de ello su LIBERTAD PLENA. Diarícese, notifíquese, déjese copia y líbrese oficio a la Consultoría Jurídica del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, así como a la Dirección de Custodia y Rehabilitación del Recluso del Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia. Déjese sin efecto la Orden de Encarcelación. LA JUEZ, MARLENE DE ALMEIDA SOARES LA SECRETARIA, ABG. YALITZA DOMINGUEZ