REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO VARGAS
197º y 148º

SOLICITUD 702-03
MOTIVO TÍTULO SUPLETORIO
SOLICITANTE ROMÁN JOSÉ MONTAÑO
ABOGADO ASISTENTE ANTONIO JOSÉ RAMOS GASPAR
SENTENCIA INTERLOCUTORIA - PÉRDIDA DE INTERÉS PROCESAL

I
Presentada la anterior solicitud por el ciudadano ROMÁN JOSÉ MONTAÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. V-913.943, debidamente asistido por el Abogado ANTONIO JOSÉ RAMOS GASPAR, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 41.964, y previa distribución de solicitudes, fue asignada a este Juzgado, admitiéndose en fecha 01 de octubre de 2003, se libró oficio No. 0915, dirigido a la Unidad de Catastro e Inmueble del Estado Vargas.

En fecha 16 de octubre de 2003, se recibió respuesta emanada de la Unidad de Catastro e Inmueble del Estado Vargas, con oficio No. DCM-993-2003, de fecha 14 de octubre de 2003, en la cual informó que el terreno objeto de consulta no es propiedad del Municipio Vargas, y por auto de la misma fecha se fijó oportunidad para el acto de evacuación de testigos, y se ordena librar oficio a la Procuradora General de la República, a fin de participarle sobre la solicitud, y participe lo que a bien tenga en relación a la misma.-

En fecha 26 de abril de 2004, comparece el Abg. ANTONIO JOSÉ RAMOS GASPAR, y solicita se libre nuevo oficio al Procurador General de la República, a los efectos del otorgamiento del título supletorio.

Riela en folio dieciséis (16), oficio No. 0602/2004 librado a la Procuraduría General de la República.

En fecha 18 de noviembre de 2004, el alguacil titular de este Tribunal RAMÓN VARGAS, consigna oficio recibido por la oficina de dicho ente, el 01 de septiembre de 2004.

En fecha 23 de noviembre de 2004, es recibido oficio No. 1216, de fecha 11 de Octubre de 2004, emanado de la Procuraduría General de la República, en relación al oficio No. 001496, de este mismo ente, mediante el cual solicitan al Ministerio de Agricultura y Tierras el estudio de la condición jurídica del terreno en el cual se encuentra la bienhechuría, a los fines de poder autorizar la evacuación del título.

En fecha 13 de junio de 2006, el solicitante consignó diligencia, mediante la cual solicitó se librara oficio al Ministerio de Agricultura y Tierras, a los fines de conocer el estado del trámite de la solicitud.

II
MOTIVA
Este Tribunal conoce de la presente solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, es decir, se trata de un asunto de jurisdicción voluntaria, la cual según el maestro Carnelutti se distingue de la Contenciosa ya que “mientras en la jurisdicción contenciosa el órgano jurisdiccional actúa para la composición del conflicto de intereses, en la voluntaria solo lo hace para mejor tutelar del interés en conflicto”.
En las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del Órgano Jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlo en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad, que importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Por otra parte, es criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, atendiendo lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución vigente, en cuanto a la inactividad procesal estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quisiera que se sentencie la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso, y que considerando que el interés procesal subyace en la pretensión inicial de la parte interesada y debe subsistir en el curso del proceso; asimismo consideró que la inactividad que denotaba desinterés procesal, el cual se manifestaba por la falta de aspiración en que se le sentenciara, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin, y b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
Podemos concluir que, en las actuaciones de jurisdicción voluntaria, también media el interés de la parte que solicita la actuación del órgano jurisdiccional, y en base a dicho interés y conforme lo previsto en el artículo 937 eiusdem, es que se solicita la actuación del órgano Jurisdiccional.
En este caso de jurisdicción voluntaria resulta aplicable uno de los principios relativos a la doctrina del interés, según el cual, los tribunales se han establecido para que los habitantes de un país obtengan justicia, tal y como lo prevé el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no para que los particulares promuevan juicios innecesarios en el sentido de responsabilidad, o como en el caso de autos, soliciten una actividad del órgano jurisdiccional y posteriormente no la impulsen. El tiempo de que disponen los tribunales y sus actividades, son en cierto modo preciosos, por lo que no se debe gastarlos en cosas inútiles. Es considerable el número de personas que se ven precisadas de acudir a los jueces en demanda de justicia, por lo cual no debe permitirse a quienes no tienen esa necesidad importunen con solicitudes que posteriormente no practican, ni quiten a los demás dicho tiempo.
Tal como se señaló anteriormente, el ciudadano ROMÁN JOSÉ MONTAÑO, consignó diligencia en fecha 13 de junio de 2006, solicitando se oficiara al Ministerio de Agricultura y Tierras, a los fines de impulsar la solicitud, y de autos se desprende que hasta la presente fecha la parte interesada interesadas no ha insistido en la evacuación de la solicitud de título supletorio. En base a lo antes expuesto, concluye este sentenciador, que tal inactividad indefinida y absoluta por más de dos (02) años, demuestra que la parte interesada ha perdido el interés en la solicitud, y en consecuencia se ordena el archivo de la misma. Así se establece.

III
DECISIÓN

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la pérdida del interés de la peticionante en la actuación, se ordena el archivo de la presente solicitud. ASÍ SE DECIDE.

Publíquese, Regístrese y Déjese copia de la presente decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas. En Maiquetía, a los (30) días del mes de octubre del año Dos Mil Ocho (2008).
EL JUEZ,

Abg. CARLOS E. ORTIZ F.
LA SECRETARIA Acc.

MERLY VILLARROEL
ASISTENTE AUTORIZADA

ZAYDA MIRANDA

En la misma fecha de hoy, (30) de Octubre de 2008, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las 9:40 a.m.
LA SECRETARIA Acc.

MERLY VILLARROEL
COF/MV/ma