REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA PENAL EN FUNCIÓN DE JUICIO NUMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS Macuto, viernes 24 de octubre de 2008 198º y 149º Visto el escrito presentado ante la Oficina de Alguacilazgo, por la abogada ZARFEL BEATRIZ MONGE, actuando con el carácter de Defensora Pública del acusado PADRON ORIHUELA YEFRI ,venezolano, de 31 años de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 13.673.837, natural de La Guaira, estado Vargas, casado, oficial de policía, residenciado en: en el Sector Cervecería, Parte alta, casa S/N, antigua Bodega de la Llanera, de color blanco con rejas grises, cerca del Club PERLA DE ARAYA, Maiquetía, estado Vargas; en el cual solicita la revisión de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad que les fuera impuesta desde abril de 2007, al referido ciudadano, este despacho para resolver observa lo siguiente: -I- DE LA COMPETENCIA Ante la petición de revisión de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad solicitada por el referido defensor, este Tribunal se declara competente para resolver la solicitud, dado que el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le atribuye esa competencia, y así lo declara. -II- DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL OBJETO DE REVISIÓN En fecha 30 de abril de 2007, el Tribunal de Control Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, decreta Medida Judicial Preventiva de Libertad, al referido ciudadano, después de realizada la Audiencia Oral para oír al imputado e imposición de Medida de Coerción Personal, por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADFO DE COAUTOR en perjuicio del ciudadano REINER BURGOS; LESIONES MENOS GRAVES CALIFICADAS EN GRADO DE COAUTOR, en perjuicio de ENRIQUE SISO, USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD. -III- PROCEDENCIA DE LA REVISIÓN SOLICITADA Dentro del proceso penal, las medidas de coerción personal cumplen una función instrumental para hacer efectivo el llamado ius puniendi por parte del Estado. Su finalidad, como la señala Calamandrei (citado por Silva) “... es evitar que la soberanía del Estado, en su más alta expresión que es la justicia, se reduzca a ser una tardía e inútil expresión verbal, una vana ostentación de lentos mecanismos destinados, como los guardianes de la ópera bufa, a llegar siempre demasiado tarde”. Entre las finalidades concretas que tiene la imposición de una medida cautelar en sede penal, se tienen: 1. La obtención de los elementos de convicción que serán materializados como prueba en el debate contradictorio; 2. La realización de todos los actos del proceso para arribar a una decisión de fondo con la mayor rapidez y economía posible; 3. La comparecencia del imputado a todos lo actos del proceso en los que sea necesaria su presencia; 4. La ejecución de la eventual condena impidiendo la fuga del enjuiciado, y 5. Finalmente, para algunos estudiosos del derecho, la protección del imputado de la venganza privada. Una de las características de las Medidas Cautelares Penales es su provisionalidad, ya que éstas tienen vigencia en el orden en que sean necesarias a los fines del proceso, pudiendo ser sustituidas por otras de menor gravedad, conforme las circunstancias particulares de cada situación procesal. En tal sentido, en el caso sub iudice el Tribunal en funciones de Control Nº 1, estableció en la decisión en la cual decretó Medida Judicial Preventiva de Libertad, los fundamentos de hecho y de derecho por los cuales se dictó la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad contra el imputado para el momento, indicando los elementos de convicción valorados por el Tribunal para acreditar la presencia de los tres numerales del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Para este Tribunal aún se encuentra vigentes los elementos de convicción por los cuales el Tribunal en Funciones de Control Nº 1 de esta Circunscripción decretó la Medida Judicial Preventiva de Libertad al referido ciudadano. En consecuencia de los dos primeros numerales del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, como son la presunta comisión de los referidos delitos sancionados con pena privativa de libertad, cuya acciones penales no se encuentran prescritas, y la existencia de los elementos de convicción que señalan al imputado como presunto perpetrador de la respectiva conducta típica que este Tribunal determinó respecto de él. Ahora bien, referente al tercer numeral del artículo 250 eiusdem, como es la presunción razonable de fuga o de obstaculización a la investigación, este Tribunal observa que estas circunstancias son determinantes para dictar, ya sea la Medida de Coerción Personal de mayor entidad, como lo es la Privación Judicial Preventiva de Libertad, o una medida menos gravosa, es decir, alguna cautelar sustitutiva de la privación de libertad. Es por ello que el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 251 y 252, respectivamente, enuncia los presupuestos del peligro de fuga y del peligro de obstaculización; además, en el ordinal tercero del artículo 254, sobre los requisitos del auto de privación judicial preventiva de libertad, se establece la obligación de indicar los presupuestos a que se refieren los artículos 251 o 252. En la decisión del 29 de octubre de 2007, al finalizar la celebración de la Audiencia Preliminar, la Juez de Primera Instancia en Funciones de Control Nº 1 de esta Circunscripción Judicial consideró la existencia de la presunción de peligro de fuga, por parte del imputado, la referida Medida de Coerción personal estuvo cimentada en tres elementos completamente objetivos: 1) Las sanciones previstas para los tipos penales en los cuales consideró el Tribunal que se subsumían los hechos, ya que los delitos imputados: HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO EN GRADO DE COAUTOR en perjuicio del ciudadano REINER BURGOS; USO INDEBIDO DE ARMA DE FUEGO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD, el primero de ellos tiene una pena asignada que supera los parámetros establecidos en el parágrafo primero del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal lo que podría constituir un motivo para que el referido ciudadano no se presentara a los actos subsiguientes actos del proceso, obstaculizando el mismo. 2) Un daño considerable, toda vez que se trata de varios delitos que lesionan bienes jurídicos tan preciados como la integridad física y el orden público. 3) Elementos de Convicción en la Acusación de la Fiscalía Décima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial. Entre ellos se mencionan: a) Pruebas Testifícales de los ciudadanos: * Oficiales (PEV) Marcano Jonathan, Omar Agorrea, Andul Lizcano, Jean Rodríguez en calidad de funcionarios aprehensores. * Jean Carlos Moreno Núñez, Mildred Laya de Burgos, Anderson Jesús Millán, Víctor Burgos, en su condición de testigos presenciales. * Reiner Burgos Romero y Enrique Siso, en su condición de Víctimas. b) Pruebas documentales: * Resultado del informe médico de fecha 7 de junio de 2007, suscrito por el médico adjunto del Hospital “Dr. Rafael Medina Jiménez” en donde se deja constancia que en fecha 28 de abril de 2007, ingresó a ese centro el ciudadano Reiner Burgos, debido a que presentaba una herida por arma de fuego. Entre otros medios de Prueba. Los elementos anteriormente expuestos en la Acusación por la Fiscalía Décima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas fueron admitidos por el Juez de Primera Instancia en funciones de control Nº 1 de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en fecha 29 de octubre de 2007, en la Audiencia Preliminar. Al analizar el escrito consignado por la defensa del imputado, se asoman al proceso una serie de elementos que no estuvieron presentes en la oportunidad en que se dictó la referida decisión, evidenciándose la probabilidad de lo que se denomina en la teoría general del proceso, una contra-cautela o contra-garantía, o dicho en la terminología usada por el legislador en el encabezamiento del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, la posibilidad razonable de satisfacer los supuestos que motivan la Privación Judicial Preventiva de Libertad, con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado. Para analizar tal posibilidad, este Juzgador, del escrito consignado por la defensa del imputado, realiza el análisis de la siguiente manera: En el escrito contentivo de la solicitud ya mencionada, la referida defensora alega entre otras cosas que de conformidad con lo establecido en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal le sea reconsiderada la medida Privativa de libertad por una menos gravosa, teniendo en cuenta que las víctimas en la presente causa no han podido ser notificadas de la audiencia oral y pública, motivado a que a pesar de que el Tribunal comisionó a la Guardia Nacional Bolivariana, los mismos no fueron efectivamente citados, a fin de dar inicio a la correspondiente audiencia oral y pública, no pudiendo su defendido acarrear con las consecuencias procesales de la ausencia de las víctimas no notificadas para el acto procesal de marras. De igual forma señaló que el compañero de causa de su defendido fue favorecido con el otorgamiento de una medida cautelar sustitutiva a la privativa de libertad, y que el Ministerio Público formuló acusación en contra de los “2” y por los mismos delitos. En ese orden de ideas, este Juzgador considera que uno de los delitos por los cuales se tiene al coacusado como presunto autor, (HOMICIDIO CALIFICADO FRUSTRADO) está sancionado con una pena que sobrepasa los parámetros establecidos en el PÁRAGRAFO PRIMERO del artículo 251 del Código Orgánico Procesal Penal, configurándose además una presunción legal del peligro de fuga, estipulada en la norma en comento. En la solicitud la solicitante parte de un falso supuesto, pues su defendido tiene admitida una acusación por la presunta comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO EN GRADO DE FRUSTRACIÓN, calificación que no posee el coacusado PEÑA GUERRERO ANTONIO JOSÉ. En otro orden de ideas se debe tomar en cuenta la magnitud del daño causado, como parámetro legal para establecer si para el tribunal, el acusados de marras tiene la referida presunción del peligro de fuga y decretar en su caso una medida cautelar sustitutiva a la Privación Judicial Preventiva de Libertad, en efecto, aún cuando quien decide no está afirmando que el acusado cometió el hecho imputado, se puede evidenciar que el delito de robo vulnera dos de los bienes jurídicos con mayor relevancia de la tutela jurídica prestada por el Estado a los particulares, como son la Integridad Física y la Propiedad. Debe resaltarse que el hecho de que un imputado o acusado permanezca durante el proceso penal, privado preventivamente de su Libertad, no quiere decir que sea culpable del delito que se le imputa; pero a su vez es necesario señalar que la medidas de restricción de libertad tienen por objeto el aseguramiento del imputado, y a su vez, este aseguramiento está dirigido a dos (2) finalidades en especial como son: - La satisfacción de la finalidad del Proceso la cual se encuentra establecida en el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y consiste en “Establecer la verdad de los hechos por las vías Jurídicas, y la realización de la Justicia en la aplicación del derecho”. - La Seguridad de algunas personas en particular que intervienen en el proceso, y de la comunidad en general: Cuando se inicia un proceso contra un imputado, las personas que de alguna manera intervinieron en el hecho punible, sea como víctimas, o testigos, temen ante la posibilidad de que se les haga daño por contribuir al esclarecimiento de los hechos en el proceso. Ante tal situación el Estado, de cualquier manera idónea, evitando que ello comporte una pena anticipada o una presunción de culpabilidad, debe salvaguardar los derechos de los mismos, y una de las maneras mas eficaces es el Aseguramiento preventivo del sujeto presunto autor del delito. En la Normativa penal, en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal se establece: “No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión, y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…” En virtud de la magnitud del daño causado por el delito, y de la posible sanción que pueda aplicarse en caso de comprobarse la participación del referido acusado, este juzgador considera que la Medida Judicial Preventiva de Libertad es proporcional a la gravedad del delito, a los medios de comisión y probable sanción de los mismos. Por tal motivo este Juzgador, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal, les NIEGA LA SUSTITUCIÓN de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al referido acusado, por Medidas Cautelares Sustitutivas a la Privación de Libertad, y así se decide. En otro orden, este Tribunal en aras de salvaguardar y garantizar los derechos constitucionales del acusado a ser juzgado en un proceso sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles, se fijó la celebración de Juicio Oral y Público para el día 30-10-2008 a las 11:00 a.m. Así se decide. -IV- DECISIÓN En consecuencia, ESTE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO VARGAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: ÚNICO: NEGAR la solicitud de sustitución por otra menos gravosa de la medida de privación judicial preventiva de libertad decretada al coacusado: PADRON ORIHUELA YEFRI, plenamente identificado en autos. Asimismo, se fijó Juicio Oral y Público para el día 30-10-2008 a las11:00 a.m. Notifíquese al Defensor. ABG. LUIS EDUARDO MONCADA IZQUIERDO JUEZ SEGUNDO DE JUICIO ABG. SECRETARIO En la misma fecha se cumplió lo ordenado WP01-P-2007-739 Asunto: Revisión de Medida Judicial Preventiva de Libertad