REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS 198º y 149º DEMANDANTE: VERNER TOURON DEMANDADO: JETZABETH MARVAL MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (PROCEDIMIENTO DE INTIMACION) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA EXPEDIENTE: Nº 11447 I SE ABRE EL CUADERNO DE MEDIDAS: Tal y como fue ordenado mediante auto de fecha 13 de agosto de 2008, el cual corre inserto al folio diecisiete (17) y dieciocho (18) de la pieza principal, y vista la diligencia anterior estampada por el profesional del derecho GERARDO PONCE, con el carácter de autos, donde ratifica la medida solicitada en el libelo, el Tribunal para proveer sobre la medida peticionada hace el siguiente razonamiento: II El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil establece textualmente lo siguiente: “Si la demanda estuviere fundada en instrumento pùblico, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagares, cheques, y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretarà embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demàs casos podrà exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecuciòn de las medidas decretadas serà urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” La norma transcrita regula el otorgamiento de medidas en el procedimiento intimatorio, en efecto tal como lo ha dejado asentado nuestro màximo tribunal en sentencia de fecha 8 de julio de 1999, en Sala de Casaciòn Civil, caso J.A. Capriata contra Weatherly Enngineering Services de Venezuela r bal einto anteriormente nos remite al artículo 585 eiusdem, el cual reza: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave se esta circunstancia y del derecho que se reclama.” Conforme a la anterior norma, este Tribunal considera que el decreto de cualesquiera de las medidas a que se refiere el artículo 588, es potestativo del Juez, quien debe basarse en ciertas condiciones para pronunciarse con respecto a la medida que se solicite, y cerciorarse de que además se llenen los siguientes extremos: Que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (PERICULUM IN MORA) y que, también exista presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS). La doctrina ha definido el “periculum in mora” como la probabilidad de peligro de que el dispositivo del fallo pueda resultar ineficaz, en razón del retardo de los procesos jurisdiccionales o de la conducta o circunstancias provenientes de las partes. Así, para la prueba del mismo, se requiere que el solicitante de la medida cautelar lo demuestre por cualquier medio y de manera sumaria. Este presupuesto requiere prueba del derecho que se reclama la cual debe acompañarse como base del pedimento si no constare ya del propio expediente, pero no vale cualquier clase de prueba; no exige la ley que sea plena, pero sí, que constituya a lo menos presunción grave de aquel derecho. La presunción, ha sido definida por la legislación, la doctrina y la jurisprudencia como la consecuencia que la ley o el Juez deducen de un hecho conocido para llegar a otro desconocido. La presente demanda se ha intentado a fin de hacer efectivo el cobro de siete (07) letras de cambio a favor del demandante, las cuales la parte actora, denomina como documento original y probatorio de la obligación contraída por la ciudadana JETZABETH MARVAL. Ahora bien, tratándose el presente caso de un Cobro de Bolívares por Procedimiento de Intimación, derivado de letras de cambio, constituye prueba suficiente a los fines de acreditar la existencia de una obligación de pago, y las exigencias contenidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil deben presumirse cumplidas, en especial la presunción grave del derecho que se reclama, por lo que forzosamente deberá este Tribunal decretar medida de Embargo Provisional sobre bienes muebles pertenecientes a la demandada, por estar llenos los extremos de ley. Así se declara. Asimismo se acuerda librar despacho al Juzgado Distribuidor de Municipio Especializado en Ejecución de Medidas, a los fines de su distribución, y una vez distribuida la presente comisión, el Juzgado a quien competa, se servirá darle cabal cumplimiento, y una vez sea cumplida remitirán original con sus resultas. Líbrese despacho. Cúmplase.- III DECISION En consecuencia, con fundamento en los motivos de hecho y de derecho expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, DECRETA: Medida de Embargo Provisional, sobre bienes muebles pertenecientes a la demandada, solicitada por el profesional del derecho GERARDO PONCE, en su carácter de Endosatario en Procuración del ciudadano VERNER TOURON, por cuanto se encuentran llenos los extremos de ley. Así se decide. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía a los (23) días del mes de septiembre del año dos mil ocho (2008). EL JUEZ, Abg. CARLOS ELIAS ORTIZ FLORES LA SECRETARIA ACC, Abg. MERLY VILLARROEL En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior sentencia siendo las 2:10 pm. LA SECRETARIA ACC, Abg. MERLY VILLARROEL CEOF/MV/nadiuska.