REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS 198° y 149° DEMANDANTE: AROL JOSÉ VARGAS DEMANDADO: RICHARD ALEXANDER CASTILLO CALDERON MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA EXPEDIENTE: 9084 I ANTECEDENTES Se da inicio al presente juicio, mediante demanda por cumplimiento de contrato, interpuesta por el ciudadano RICHARD ALEXANDER CASTILLO CALDERON, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 3.827.594, asistida por la abogada ALICIA ESCOBAR, abogada en ejercicio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 47.984, en contra del ciudadano RICHARD ALEXANDER CASTILLO CALDERON, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad No. V- 11.056.744, la cual fue recibida por este despacho en fecha 17 de marzo de 2005, previa distribución de causas.- Se admitió la demanda por auto de fecha 26 de abril de 2005, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada, y dejándose constancia en el auto que no se libró la compulsa por cuanto no fueron consignados los fotostatos correspondientes. En fecha 12 de julio de 2005, el Tribunal vista la diligencia suscrita por la representación judicial de la parte actora ordenó librar la compulsa de citación de la parte demandada. En fecha 17 de abril de 2006, el Tribunal vista la diligencia suscrita por la representación judicial de la parte actora y la constancia dejada por el alguacil del Tribunal, ordenó la citación por carteles de la parte demandada. En fecha 20 de junio de 2006, la representación judicial de la parte actora, consignó publicaciones del cartel de citación efectuados en los diarios “EL UNIVERSAL” y “LA VERDAD”. En fecha 28 de septiembre de 2006, el secretario del Tribunal dejó constancia que se encontraban llenos los extremos del artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 10 de abril de 2007 se designó defensor ad litem a la parte demandada y se ordenó la notificación. En fecha 14 de mayo de 2007, el alguacil del Tribunal dejó constancia de haber practicado la notificación de la defensora ad-litem, quien en fecha 15 de mayo de 2007, aceptó el cargo y prestó juramento de ley. A los efectos de decidir el Tribunal observa: La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente: “…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.… …Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...” Y por su parte el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente: “La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”.- En el caso que nos ocupa, se observa que en fecha 10 de abril de 2007 se designó defensor ad litem a la parte demandada, y se ordenó la notificación; asimismo se observa que en fecha 14 de mayo de 2007, el alguacil del Tribunal dejó constancia de haber practicado la notificación de la defensora ad-litem, quien en fecha 15 de mayo de 2007, aceptó el cargo y prestó juramento de ley. Ahora bien, de la revisión de las actas procesales que integran el expediente se desprende que ha transcurrido un (01) año sin que la parte actora o su apoderado judicial haya realizado actuación alguna a los efectos de impulsar la citación de la defensora ad-litem de la parte demandada. Y así se decide.- En razón de lo anterior este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los ( ) días del mes de septiembre del año Dos Mil Ocho (2008). A los 198 años de la Independencia y a los 149 años de La Federación.- EL JUEZ TITULAR, LA SECRETARIA ACCIDENTAL Abg. CARLOS ELIAS ORTIZ FLORES MERLY VILLARROEL En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 2: 10 de la tarde. LA SECRETARIA ACCIDENTAL MERLY VILLARROEL CEOF/MV/af Exp. No. 9084