REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, 14 de Agosto de 2009. 199° Y 150° Visto el escrito presentado por la Fiscal Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, con sede en Mérida, Estado Mérida ABG. JOSEFA MARIA CAMARGO RINCON y el Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ABG. JAIRO ESCALANTE PERNIA, mediante el cual solicita el SOBRESEIMIENTO de la presente causa, de conformidad con el artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal para resolver observa: Que en la presente causa, la victima ha narrado las circunstancias de tiempo modo y lugar del hecho investigado por el Ministerio Público, las cuales le sirvieron de fundamento para presentar el acto conclusivo, por lo que, de conformidad con lo señalado en la decisión de fecha 21/06/04, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en el expediente No. 03-1565, este Juzgador, prescinde de la celebración de la audiencia señalada en el artículo 323 del Código Orgánico Procesal Penal, y enseguida pasa a decidir lo solicitado, de la manera siguiente: La ilicitud de una conducta tiene como presupuesto sine qua non la previa descripción que de ella haya realizado el legislador en una norma positiva, es decir, la tipicidad; esto por lo demás, no es sino la aplicación del apotegma nullum crimen, nulla poena sine lege, que oriente la disciplina penal. De manera que cada vez, que un determinado comportamiento humano no se encuentre previsto en una norma, por lesivo que parezca de intereses particulares y sociales, inmoral que sea reputado, no es susceptible de sanción alguna, dícese en ésta hipótesis que la conducta es atípica. Por manera que la atipicidad es el fenómeno en virtud del cual un cierto quehacer del hombre aparentemente punible, no se adecua a ningún tipo penal, y por tanto no es susceptible de sanción. En fecha 26-10-2005 fue iniciada la presente investigación por la presunta comisión de alguno de los delitos previstos en la Ley Penal del Ambiente, en perjuicio de la Colectividad, por cuanto en el sitio denominado La Quebradita “zancuda”, sector El Socorro, habían botado varios sacos con gallinas muertas, actividad presuntamente realizada por el ciudadano Carlos Orozco, propietario de la Granja “Mi Querencia”, según información del ciudadano David Clemente Cuellar Patiño, CI V-9.217.478, encargado de dicha granja, quien manifestó que dichas gallinas provenían de esa granja y que se habían muerto, porque habían fumigado con creolina y el dueño de la granja las había mandado a botar con un señor en un vehiculo. En consecuencia dicha investigación no arrojo resultados de carácter penal por cuanto los hechos revisten de una infracción administrativa de carácter sanitario, presentándose lo que en doctrina se llama atipicidad absoluta, que no es otra cosa que una ausencia absoluta de tipicidad, por haberlo querido así el legislador, de manera que conforme a las previsiones del artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal, se decreta el sobreseimiento solicitado, y así se decide. Por todos los fundamentos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIÓN DE CONTROL TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre da la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, RESUELVE: UNICO: DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD DE SOBRESEIMIENTO, presentada por la Fiscal Sexagésima Novena del Ministerio Público a Nivel Nacional con competencia plena, con sede en Mérida, Estado Mérida ABG. JOSEFA MARIA CAMARGO RINCON y el Fiscal Primero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ABG. JAIRO ESCALANTE PERNIA, a favor de (PERSONA DESCONOCIDA), por la presunta comisión de un delito de los previstos y sancionados en la Ley Penal del Ambiente en perjuicio de la colectividad, por no ser típico el hecho investigado, todo de conformidad con el articulo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese de la presente decisión a las partes. Remítanse las presentes actuaciones al Archivo Judicial del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, una vez firme la decisión, mediante oficio. REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA. ABOG. RICHARD ENRIQUE HURTADO CONCHA JUEZ DE CONTROL TERCERO ABOG. CARLOS AROCHA GOMEZ SECRETARIO. CAUSA: 3C-10.112-09