En mérito de los precedentes razonamientos este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA. San Cristóbal, veintiocho de Enero de dos mil Nueve 198º y 149º De la revisión que este Tribunal realiza a los expedientes, se observa: Que por auto de fecha 26 de septiembre de 200ocho, se admitió la demanda intentada por el ciudadano JORGE ALBERTO MALDONADO contra la Empresa TRANSPORTE RHONALD INTERNACIONAL C.A., representada por la ciudadana BETTY MARIA ENRIQUETA DAVILA por AMPARO CONSTITUCIONAL. Por diligencia de fecha 29 de Septiembre de 2008, el Alguacil del Tribunal informa que el abogado FRANKLIN ASDRUBAL ROA, consignó los emolumentos para elaborar la boleta de notificación de la parte demandada. En fecha 01 de Octubre de 2008, se libraron boleta de notificación a la parte demandada, y oficio N° 1711 al Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Táchira. Por diligencia de fecha 02 de octubre de 2008, el ciudadano JORGE ALBERTO MALDONADO, le confiere Poder Apud-Acta a los abogados FRANKLIN ASDRUBAL ROA BECERRA y JUAN CARLOS GARCIA VERA. Por auto de fecha 02 de Octubre de 2008, el Tribunal acordó tener en lo adelante a los abogados FRANKLIN ASDRUBAL ROA BECERRA y JUAN CARLOS GARCIA VERA, como apoderados judiciales de la parte demandante. En fecha 07 de Octubre de 2008, el Tribunal acordó abrir Cuaderno de Medidas en la presente causa, conforme a lo acordado por escrito de fecha 02 de octubre de 2008, presentado por la parte demandante. Corre al folio 55, diligencia de fecha 13 de Octubre de 2008, suscrito por el alguacil del Tribunal, mediante la cual hace constar que fue entregado el Oficio N° 1711 de fecha 01-10-2008, librado al ciudadano Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Táchira, en la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, recibido y firmado por la funcionaria THAIZ GONZALEZ. Por diligencia de fecha 22 de octubre de 2008, el abogado FRANKLIN ASDRUBAL ROA BECERRA, solicitó el desglose del documento original inserto a los folios 16 y 17 ambos inclusive, en la presente causa. En fecha 22 de octubre de 2008, los abogados FRANKLIN ASDRUBAL ROA BECERRA y JUAN CARLOS GARCIA VERA, consignaron escrito donde reformaron la demanda. Por auto de fecha 23 de octubre de 2008, el Tribunal admitió la Reforma de demanda, acordando la citación de la Empresa TRANSPORTE RHONALD INTERNACIONAL C.A., representada por la ciudadana BETTY MARIA ENRIQUETA DAVILA, y la del Fiscal Superior del Ministerio Público del Estado Táchira. En fecha 27 de octubre de 2008, el abogado FRANKLIN ASDRUBAL ROA, consignó escrito donde manifiesta, que por cuanto ha sido imposible notificar a la ciudadana BETTY MARIA ENRIQUETA DAVILA, representante de la empresa TRANSPORTE RHONALD INTERNACIONAL C.A., solicita que se notifique de la interposición de la presente Acción de Amparo Constitucional al ciudadano FROILAN ONOFRE PEREZ CHACON, en su condición de accionista mayoritario de la referida empresa. Por diligencia de fecha 29 de octubre de 2008, el abogado FRANKLIN ASDRUBAL ROA, solicita que el Alguacil de este Juzgado informe sobre las diligencias pertinentes realizadas en cuanto a la notificación de la parte demandada. Corre al folio 77, diligencia suscrita por el Alguacil del Tribunal donde expuso: Informo al Tribunal que consigno boleta de notificación con sus respectivos recaudos, librada a la Empresa TRANSPORTE RHONALD INTERNACIONAL C.A., representada por la ciudadana BETTY MARIA ENRIQUETA DAVILA, por cuanto se reformo la demanda. Por auto de fecha 26 de Noviembre de 2008, el Tribunal instó a la parte presuntamente agraviada, a agotar la notificación personal de la parte presuntamente agraviante, en virtud de la dirección señalada por la parte interesada, para lo cual se acuerda comisionar amplia y suficientemente al Juzgado del Municipio García de Hevia del Estado Táchira, a donde se acuerda enviar despacho con sus debidas inserciones. Por sentencia de fecha 07 de octubre de 2008, el Tribunal decretó Con Lugar la Medida Cautelar Innominada, realizada por el ciudadano JORGE ALBERTO MALDONADO. Que la parte demandante desde el 29 de octubre de 2008, no ha realizado las gestiones tendentes para lograr la notificación de la demandada, ya que no impulso debidamente la misma; es decir, no había dado cumplimiento a las obligaciones impuestas por la ley para la práctica de la citación de la parte demandada, tal y como lo establece el artículo 267, ordinal 1°: … También se extingue la instancia: “Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.” Al respecto el Tribunal Supremo de Justicia ha establecido: “En el sub iudice, denuncia el recurrente que el Juez de Alzada, interpretó de manera errónea la preceptiva legal contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al decidir consumada la perención de la instancia, por el hecho de que el demandante, aún habiendo cancelado oportunamente los derechos arancelarios correspondientes a la compulsa para la citación, aportó la dirección del demandado pasados treinta (30) días después de realizado el pago aludido. No obstante, dado en principio constitucional actual respecto a la gratuidad de la justicia y de la naturaleza que había entre las obligaciones (previstas en la ley para el logro de la citación cuando ésta haya de practicarse en un sitio que diste más de 500 metros de la sede el Tribunal), se robustece la tesis planteada argumentando que los ingresos públicos o tributos se satisfacían dinerariamente, vale decir, pagando con dinero el monto de la obligación tributaria, no siendo posible pagarla en especie o de otra forma, entre tanto que la obligación que aun subsiste de transportación de los funcionarios o auxiliares de justicia que impone el artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial, puede satisfacerse poniendo a disposición del funcionario o auxiliar de justicia los vehículos necesarios para la transportación, satisfaciéndose de esta manera la obligación legal, mediante una forma diferente a la del dinero, lo cual deviene jurídicamente imposible en materia tributaria o de ingreso público. Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece. En relación a lo transcrito el artículo 267 ordinal 1º, de la Ley Adjetiva Civil, establece: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. También se extingue la instancia: 1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...” Como se observa, el legislador impone una dura sanción a la negligencia de las partes, lo cual evidentemente redunda en agilizar los procesos, puesto que obliga a los litigantes a impulsarlos bajo la amenaza de la perención, evitando así en gran medida, las paralizaciones de las causas por largos períodos, tal y como ocurría anteriormente. Ahora bien, dada la severidad del castigo, este Supremo Tribunal ha considerado de aplicación e interpretación restrictiva, las normas relativas a la perención y bajo estos lineamientos ha establecido, mediante su doctrina, que por cuanto la ley habla de las obligaciones que debe cumplir el demandante, basta que éste ejecute alguna de ellas a los efectos de la practica de la citación, para evitar que se produzca la perención. En este sentido se pronunció la sentencia Nº. 172, de fecha 22 de junio de 2001, expediente Nº.00-373, en el juicio de Raúl Esparza y otra contra Marco Puglia Morgguese y otros… … A propósito de las obligaciones o cargas procesales que el demandante debe cumplir dentro del lapso de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda o de la reforma de la misma, esta Sala estima necesario y oportuno conciliarlas bajo el nuevo principio de la justicia gratuita contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la doctrina que ha considerado que no ha lugar la perención por la gratuidad de los procedimientos. (SIC)El precitado artículo 12 de la Ley de Arancel Judicial señala: “Cuando haya de cumplirse un acto o evacuarse alguna diligencia fuera de la población en que tenga asiento el Tribunal, Registro Mercantil y Notarías Públicas la parte promovente o interesada proporcionará a los funcionarios y auxiliares de justicia que intervengan en ellos, los vehículos necesarios y apropiados para su traslado, y proveerá los gastos de manutención y hospedaje que ocasione. Igualmente se proporcionará vehículo, cuando el acto o diligencia se efectúe en la misma población en que resida el Tribunal, Registros Mercantiles y Notarías Públicas en lugares que disten más de quinientos (500) metros de su recinto. El Consejo de la Judicatura y el Ministerio de Justicia, respectivamente fijarán, periódicamente, mediante resolución el monto de los gastos de manutención y de hospedaje que habrán de pagar los interesados”. (SIC) Las obligaciones a que se contrae el ordinal primero del artículo 267 aludido, son de dos órdenes; pero, ambas destinadas a lograr la citación del demandado”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, a los seis (06) días del mes de julio de dos mil cuatro. Exp. Nº. AA20-C-2001-000436. En el presente caso, se observa que transcurrieron más de Treinta (30) días continuos, sin que la parte demandante realizara impulso procesal alguno para la not6ificación de la parte demandada, es decir, que desde el 29 de Octubre de 2008, se verificó la PERENCIÓN POR TREINTA DÍAS referida anteriormente, por lo que este Tribunal procede a declarar de oficio, conforme a lo ordenado por el artículo 267 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil, LA EXTINCIÓN DEL PROCESO Y LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA Y ASÍ SE DECIDE Por los razonamientos anteriormente expuestos, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, con la facultad establecida en el artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA Y EXTINGUIDO EL PROCESO de conformidad con lo dispuesto en el artículo 267 ordinal 1 del Código de Procedimiento Civil y Extinguido el presente proceso de acuerdo a lo contemplado en el artículo 270 ejusdem. En consecuencia: 1.- La parte demandante podrá volver a proponer la demanda si así lo creyere conveniente a sus intereses. 2.- La perención no extingue los efectos de las decisiones que hayan sido dictadas en el presente procedimiento. 3.- La parte demandante podrá volver a proponer la demanda, luego de transcurridos noventa (90) días continuos contados a partir de la presente fecha. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, déjese copia certificada para el archivo del Tribunal, de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, Firmada, Sellada y Refrendada en la Sala de Despacho del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, en San Cristóbal, a los veintiocho (28) días del mes de Enero de dos mil nueve. Años 198º de la Independencia y 149º de la Federación. LA JUEZ TEMPORAL ABOG. YITTZA Y. CONTRERAS BARRUETA LA SECRETARIA ABG. JEINNYS MABEL CONTRERAS P.