TSJ Regiones - Decisión

San Cristóbal, 16 de Febrero de 2009

AUTO QUE DECIDE SOLICITUD DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA
Y MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL

Vista la Audiencia de Calificación de Flagrancia este Tribunal oídas las partes pasa a hacer las siguientes consideraciones:

DE LA APREHENSIÓN EN FLAGRANCIA: En relación a las circunstancias, que rodearon la aprehensión a al ciudadano JIMENEZ BERNAL FERNEY, quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito, Estado Apure, con cédula de identidad Nº V.- 15.156.286, de 27 años de edad, nacido en fecha 21-09-1982, de estado civil soltero, de Profesión u oficio Obrero, hijo de Irma Lucía Hernández Jiménez (v) y Ramón Aurelio Jiménez Torres (v), residenciado en Pasaje Cumaná, Puente Real, calle 3, casa número 05, San Cristóbal, Estado Táchira; cabe señalar que el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, refiere:

Artículo 248. Definición. Para los efectos de este Capítulo, se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los consejos legislativos de los estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado.

De manera que, la flagrancia debe entenderse como una forma de evidencia procesal en cuanto a los participes, derivada de la oportunidad que han tenido una o varias personas de presenciar la realización del hecho o apreciar la delincuente con objetos instrumentos o huellas que indiquen fundadamente su participación en el hecho punible. Son dos entonces los requisitos fundamentales que concurren a la formación conceptual de la flagrancia, en primer término la actualidad, esto es la presencia de personas en el momento de la realización del hecho o momentos después percatándose de él y en segundo término la identificación o por lo menos la individualización del autor.

Considera este Juzgador que están llenos los extremos del mencionado artículo, por cuanto el referido imputado fue aprehendido por Funcionarios adscritos a la policía Autónoma del Estado Táchira en la zona policial Gran Mariscal de Ayacucho, quienes dejan constancia de las siguientes diligencias policiales: En fecha 14 de Febrero de 2009, aproximadamente a las 04:40 horas d la tarde horas de la mañana, se encontraban en labores de patrullaje por el sector La Llanada, cando visualizaron a un ciudadano el cual llevaba empuñado en su mano derecha unan bolsa plástica de color negro, el cual al percatarse de la Comisión policial opto por una actitud nerviosa, acelerando el paso, motivo por el cual fue intervenido policialmente manifestándole los funcionarios de sus sospechas sobre tenencias de objetos prohibidos, realizándole una inspección personal encontrondale en el interior de la bolsa que portaba en la mano derecha dos envoltorios de gran tamaño, confeccionados en material sintético, o cinta adhesiva de color tojo, contentivos en su interior de restos vegételas presunta droga, e igualmente un envoltorio de regular tamaño, confeccionado en material sintético transparente contentivo en su interior restos vegételes presunta droga, motivo por el cual quedo detenido e identificado como al ciudadano JIMENEZ BERNAL FERNEY, quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito, Estado Apure, con cédula de identidad Nº V.- 15.156.286, de 27 años de edad, nacido en fecha 21-09-1982, de estado civil soltero, de Profesión u oficio Obrero, hijo de Irma Lucía Hernández Jiménez (v) y Ramón Aurelio Jiménez Torres (v), residenciado en Pasaje Cumaná, Puente Real, calle 3, casa número 05, San Cristóbal, Estado Táchira, y a la orden de la Fiscalia Décima del Ministerio Publico.

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, se hace procedente Calificar como Flagrante la aprehensión al imputado JIMENEZ BERNAL FERNEY, quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito, Estado Apure, con cédula de identidad Nº V.- 15.156.286, de 27 años de edad, nacido en fecha 21-09-1982, de estado civil soltero, de Profesión u oficio Obrero, hijo de Irma Lucía Hernández Jiménez (v) y Ramón Aurelio Jiménez Torres (v), residenciado en Pasaje Cumaná, Puente Real, calle 3, casa número 05, San Cristóbal, Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de El Estado Venezolano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se encuentran satisfechos los extremos exigidos en el artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la disposición 248 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

DEL PROCEDIMIENTO A APLICAR: En cuanto a la solicitud de aplicación del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a los fines legales consiguientes, vencido el lapso de ley. Y así se decide.

DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE

Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias:

PRIMERO: La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita.

SEGUNDO: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible.

TERCERO: Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.

En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de El Estado Venezolano, constando en las actuaciones suficientes elementos de convicción que hacen presumir que los imputados de autos, es el autor o participes del mismo, derivados principalmente del acta policial en la que se deja constancia de la aprehensión, suscrita por funcionarios adscritos a la Policía Autónoma del Estado Táchira en la zona policial Gran Mariscal de Ayacucho y las demás actuaciones que corren insertas al dossier respectivo.
En cuanto al peligro de fuga y de obstaculización en la búsqueda de la verdad, como requisito indispensable para la procedencia de la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, y en cuanto a la solicitud de aplicación de una Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, observa este Juzgador que en el presente caso existe una presunción razonable del peligro de fuga, en virtud de la pena que pudiera llegar a imponerse, y peligro de obstaculización a la realización de la justicia por cuanto existe grave sospecha que el imputados informe falsamente y se comporten de manera reticente poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia.

En consecuencia, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NÚMERO DOS DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, ADMINISTRANDO JUSTI¬CIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORI¬DAD DE LA LEY, RESUELVE:

PRIMERO: CALIFICA DE FLAGRANCIA en la aprehensión del imputado JIMENEZ BERNAL FERNEY, en la presunta comisión del delito de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, conforme lo preceptuado en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.

SEGUNDO: Ordena la prosecución de la presente causa por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, conforme lo establece el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. Remítanse las presentes actuaciones al Tribunal de Juicio de este Circuito Judicial Penal, a los fines legales consiguientes, vencido el lapso de ley.

TERCERO: DECRETA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD al imputado JIMENEZ BERNAL FERNEY, quien dice ser de nacionalidad venezolana, natural de Guasdualito, Estado Apure, con cédula de identidad Nº V.- 15.156.286, de 27 años de edad, nacido en fecha 21-09-1982, de estado civil soltero, de Profesión u oficio Obrero, hijo de Irma Lucía Hernández Jiménez (v) y Ramón Aurelio Jiménez Torres (v), residenciado en Pasaje Cumaná, Puente Real, calle 3, casa número 05, San Cristóbal, Estado Táchira, por la presunta comisión de los delitos de TRAFICO EN LA MODALIDAD DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas en perjuicio de El Estado Venezolano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal. Y así se decide.

Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Décima del Ministerio Público del Estado Táchira, a los fines legales consiguientes, vencido el lapso de ley.

ABG. JOSE HUMBERTO CACERES MALDONADO
JUEZ SEGUNDO DE CONTROL

ABG. PEGGY MARIA PACHECO DE ARAQUE.
SECRETARIA
CAUSA 2C-9529-09