REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS SOLICITANTES: YOLANDA DEL CARMEN PEÑA y RAFAEL AMADEO GONZALEZ COLMENARES, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V.- 3.889.093 y V.- 2.970.068 respectivamente. ABOGADA ASISTENTE: FELIPE RAMON BETANCOURT, abogado en ejercicio, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 33.665. MOTIVO: DIVORCIO (185-A) DECISIÓN: PERENCIÓN EXPEDIENTE: 11567 I ANTECEDENTES Se inicia el presente juicio por solicitud fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, presentada en fecha 14 de noviembre de 2008 para su distribución. Efectuado el sorteo le corresponde conocer a este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, dándole entrada en fecha 20 de noviembre de 2008. Mediante diligencia de fecha 21 de enero de 2009, la ciudadana Yolanda DEL CARMEN PEÑA, consignó los recaudos respectivos.- De la revisión a la presente solicitud de divorcio 185-A, se observa que desde la fecha 27 de enero de 2009, el tribunal por medio de auto instó a la solicitante a consignar original o copia certificada de la partida de nacimiento de su hija ciudadana Juli Mar, por lo cual se abstenía a proveer sobre la admisión de dicha solicitud, siendo que no consta en autos actividad alguna de los solicitantes para la consignación de dicha información, por tal razón este Tribunal pasa a resolver la misma en los términos siguientes: II MOTIVACIÓN PERENCIÓN Una sentencia de vieja data emanada de la extinta Corte Suprema de Justicia en fecha 8 de febrero de 1966, dejó sentado lo siguiente: “Aunque el estado de las personas es MATERIA VINCULADA AL ORDEN PUBLICO, el impulso procesal en los juicios de divorcio corresponde no obstante, a las partes; pues no aparece en la Ley que esa clase de procesos los jueces están facultados para suplantar el papel de los litigantes” En efecto, la Corte Suprema define la materia de divorcio como de orden público; esto es, hasta donde pueda alcanzar ese orden dentro del respectivo proceso, lo cual, a juicio del suscrito no significa que los efectos de la inactividad procesal de las partes no alcance los procesos de divorcio, resultando en consecuencia, viable la perención en esta materia. Ahora bien, no existiendo en el expediente actuación alguna por las partes, desde el documento requerido por el tribunal, es lógico concluir que ha operado la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA por inactividad de las partes. Sobre la Perención, ha señalado el Dr. RICARDO HENRIQUE LA ROCHE, lo siguiente: “Un proceso puede extinguirse anormalmente no por actos, sino por omisión de las partes. Perención ( de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la Instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan. El fundamento del instituto de la Perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios.” Continúa el citado autor y transcribe al respecto algunos conceptos emitidos por el Dr. MUÑOZ ROJAS, TOMÁS sobre la Caducidad de la Instancia Judicial, del tenor siguiente: “La caducidad de la instancia no es un acto procesal, puesto que no todos los factores o causas que la originan dependen de la voluntad humana. Uno de dichos elementos es el transcurso del tiempo, esto es un hecho, natural o jurídico, según que no tenga o tenga relevancia en la esfera del Derecho. En todo caso es independiente de la voluntad del hombre y, por consiguiente, no es un acto...” La misma idea es manejada en la doctrina extranjera por el Profesor Jaime Guasp, quien señala: “Caducidad de la instancia es, pues, la extinción del proceso que se produce por su paralización durante cierto tiempo en que no se realizan actos procesales de parte.” Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 25 de marzo de 2002, señalo lo siguiente: “…Por otra parte, es oportuno destacar que, esta Sala, al referirse a inactividad procesal en estado de sentencia, en atención a lo preceptuado en el articulo 26 de la Constitución vigente, estimó que dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encontraba la pérdida de interés, la cual tendría lugar cuando la parte no quiera que se sentencia la causa, lo que se refleja en la ausencia absoluta de cualquier actividad tendente a impulsar el proceso. En tal sentido, tomado en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la actividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se sentencie, surgía en dos oportunidades procesales: a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. …omisis… En efecto, siendo que en el presente caso nunca se impartió la admisión, debido a la inactividad de la solicitante a consignar el documento solicitada por auto de fecha 27 de enero de 2009, generando sin lugar a dudas la consecuencia de una causa paralizada por más de cinco (05) meses desde el momento de la iniciación del juicio, esto es, desde el auto dándole entrada a la solicitud, y ello es justamente lo que se requiere para decretar la perención, sin que obste para ello el hecho de que la demanda haya sido o no admitida por el Tribunal llamado a conocer del asunto. En consecuencia, este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la inactividad de las partes en este proceso desde el 27 de enero de 2009, hasta la presente fecha, habiendo permanecido la causa paralizada por inercia por mas de cinco (05) meses, se DECLARA EXTINGUIDA LA INSTANCIA. ASÍ SE DECLARA. PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas a los (02) días del mes de julio del año dos mil nueve (2009). EL JUEZ LA SECRETARIA, Abg. CARLOS ORTIZ FLORES Abg. MERLY VILLARROEL En la misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.). LA SECRETARIA ACC, Abg. MERLY VILLARROEL COF/MV/mbq.- Exp. Nº 11567