REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL. SAN ANTONIO
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Tribunal Penal de Control de San Antonio del Táchira
San Antonio del Táchira, 20 de Junio de 2009
199º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : SP11-P-2009-001919
ASUNTO : SP11-P-2009-001919
RESOLUCION DE AUDIENCIA DE CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
JUEZ: ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
FISCAL: ABG. BEN ALEXANDER SANCHEZ
SECRETARIO: ABG. MARIFE COROMOTO JURADO DIAZ
IMPUTADO (S): LEIVER JOSE PÁSTOR
DEFENSOR (A): ABG. REYNA COROMOTO LA CRUZ HERNANDEZ
LOS HECHOS QUE DIERON OBJETO A LA PRESENTE SOLICITUD.
Consta en actuaciones presentadas por la representante de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, Acta Policial en la que se lee que: “El día 17 de Junio del 2009; funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; Sub- Inspector CARLOS LUNA; en compañía de los funcionarios MERARDO ORTIZROOGER NIETO Y ROBERT ZAMBRANO Y MARIA VIVAS; encontrándose de servicio en el canal de circulación de vehículos que circulan de Capacho San Antonio del Táchira; siendo las 2:30 horas de la tarde; avistaron un vehiculo taxi, de la línea Fronteras donde se le solicitud al conductor que redujera la velocidad y se estacionara al margen derecho a los fines de verificar el estado legal del los ciudadanos tripulantes, y del vehiculo donde uno de los tripulantes del mismo hizo entrega de una cedula de identidad para extranjeros signada con el N° 83.034.457, a nombre de PASTOR LEIVER JOSE, la cual al verificarse se pudo observar que presenta soportes de seguridad y de impresión falsos acto seguido se consulto ante el sistema integrado policial SIPOL, obteniendo como resultado que si registra ante la ONIDEX, manifestando el ciudadano que él le pago a un funcionario de la ONIDEX en caracas quedando identificado de tal manera el ciudadano como PASTOR LEIVER JOSE, quien quedo detenido preventivamente y a ordenes de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público.-
DE LAS ACTAS PROCESALES
1.- al folio tres de las actas corre inserta acta policial sin numero de fecha 17 de Junio del 2009, donde los funcionarios aprehensores dejan constancia de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cómo se produce la aprehensión del imputado de autos.
2.- Al folio 5 de las actas procesales corre inserta Experticia de fecha 17 de Junio del 2009, efectuado al documento alusivo a una cedula de identidad el cual en conclusión resulto ser FALSO Y DE ORIGEN ILEGAL EN EL PAIS.-
3.- Al folio 06 de las actas corre inserto documento de identidad a nombre de LEIVER JOSE PASTOR
DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA
En audiencia celebrada con las formalidades de ley y en garantía de los derechos constitucionales y procesales el día viernes 19 de Junio de 2009, se constituyó el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira, Extensión San Antonio, a los fines de celebrar Audiencia de Calificación de Flagrancia, del aprehendido : LEIVER JOSE PASTOR, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, natural de Córdoba Colombia, de 32 años de edad, hijo de Ana Mery Pastor (V) y Blas Contreras (V), titular de la cedula de ciudadanía N° 11.036.552, soltero, de profesión u oficio Comerciante, residenciado en Caracas Distrito Capital, Ruiz Pineda Caricuao, sector la Montañita, casa 06, teléfono 0412-6308807, 0212-5155772; por parte de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público, con el fin de que se califique el carácter Flagrante de la detención conforme al artículo 248 del código orgánico procesal penal y asimismo comunicarle al juez de control el Procedimiento por el cual optará; Presentes: La Juez Abg. Karina Teresa ; la Secretaria, Abg. Marifé Coromoto Jurado Diaz, el Alguacil de Sala, el Fiscal Vigésimo Cuarto del Ministerio Público Abg. Ben Alexander Sanchez y el imputado
En este estado, el Tribunal impuso al imputado del derecho que le asiste de nombrar un abogado defensor para ejercer el derecho a “SER OÍDO” y para que lo asista en todos los actos del proceso, conforme lo previsto en el numeral 3 del artículo 125 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo tanto se le preguntó si tenía abogado de su confianza que lo asistiera, manifestando el imputado que no tener abogado defensor, por lo que solicita al Tribunal la designación de un defensor Público, en tal sentido el Tribunal le nombra en este acto a la Defensora Pública Abg. Reyna Coromoto La Cruz Hernández, quien estando presente manifestó: “Acepto el nombramiento que se me hace y juro cumplir fielmente las obligaciones inherentes al mismo”.
Seguidamente La Juez declara la celebración inmediata de la Audiencia de Calificación de Flagrancia e Imposición de Medida de Coerción Personal, y así determinar las circunstancias que rodearon la aprehensión del imputado, de conformidad con los artículos 248, 250 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal; advirtiendo a las partes, sobre la importancia y trascendencia de este acto, en el cual se va a administrar justicia, instándolas a litigar de buena fe y a no hacer planteamientos dilatorios o aquellos que sean propios del Juicio oral y público. Igualmente, le informa a las partes, que esta audiencia se desarrolla en forma oral y con la presencia ininterrumpida del Juez y de las partes cumpliendo, así con los principios de Oralidad e Inmediación, a lo cual sólo se dejará constancia en el acta, de lo que las partes consideren les sirva de prueba para una eventual apelación. Estando ya el imputado provisto de abogado defensor, determinadas las condiciones físicas y psicológicas del mismo y la temporalidad de su presentación ante el órgano jurisdiccional, la ciudadana Juez a los fines de resolver sobre las peticiones de las partes, declara abierto el acto cediendo el derecho de palabra al ciudadana Fiscal XXIV del Ministerio Público, Abg. Ben Alexander Sánchez, quien expuso de manera pormenorizada los hechos, el derecho y las pretensiones en las cuales funda la imputación; manifestando las circunstancias de tiempo, modo, lugar, espacio y de relación causal, entre el aprehendido y el hecho que se le imputa, y de como se produjo la aprehensión del mismo, e igualmente las razones de hecho y de derecho en las cuales fundamenta su solicitud de la calificación de flagrancia, para el imputado LEIVER JOSE PASTOR a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal, reservándose el derecho de ampliar en el acto conclusivo fiscal en caso de ser necesario. Solicitando en resumen el representante del Ministerio Público lo siguiente:
• QUE SE INFORME al imputado del hecho punible que se le atribuye, así como las alternativas a la prosecución del proceso; así mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 130, primer aparte del Código Orgánico Procesal Penal, se le oiga, previo el cumplimiento de las formalidades previstas en el artículo 131 ibídem. Así como hace en esta audiencia la imputación formal del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal al imputado de autos.-
• Que se CALIFIQUE LA FLAGRANCIA, alegando la presencia de los presupuestos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal.
• Que se acuerde la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, conforme lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Que se le imponga al imputado LEIVER JOSE PASTOR MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD de conformidad a lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal.
• Se notifique al Cónsul de la República de Colombia, por ser el imputado de nacionalidad Colombiana, conforme al articulo 44 ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Acto seguido La Juez impuso a el imputado del contenido del Precepto Constitucional y Legal, que le exime de declarar en causa propia, de reconocer culpabilidad contra si mismo y contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, de su cónyuge si la tuviere o de su concubina, de conformidad con el numeral 5 del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, le informó que su declaración no es un objeto de prueba sino un medio para su defensa, que con ella puede desvirtuar si fuere el caso, las imputaciones que le ha hecho en la audiencia el Ministerio Público, le indicó y le informó que el Código Orgánico Procesal Penal prevé unas alternativas a la prosecución del proceso, que consisten en el Principio de Oportunidad, Suspensión Condicional del Proceso, Acuerdos Reparatorios y así mismo, respecto del Procedimiento Especial de Admisión de los Hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, indicándole que la oportunidad para hacer uso de tales instituciones de composición procesal no es en la presente audiencia sino en el caso de aprobarse el Procedimiento Abreviado, en la audiencia de Juicio, o en el Procedimiento Ordinario en la Audiencia Preliminar, le informó sobre los hechos por los cuales el Ministerio Público lo presenta detenido en la audiencia y le explicó las circunstancias que para éste influyeron en la calificación jurídica, así mismo, le hizo lectura del precepto jurídico aplicable, manifestando el imputado si querer declarar y libre de juramento y coacción expuso: “ Yo declaro que los documentos que aparecen en la cedula de identidad son mis datos correspondientes como residente en este País, Venezuela e salido en varias oportunidades del país y es primera vez que me sucede, es todo”. El Fiscal del Ministerio Público y la defensora Pública no efectuaron pregunta alguna. A preguntas del Tribunal el imputado respondió: Yo adquirí mi cedula legalmente en Caracas, es todo.
Seguidamente La Juez le cedió el derecho de palabra a la Defensora Pública Abg. Reyna Coromoto La Cruz Hernández, quien expuso: “Dejo a criterio del Tribunal la calificación de flagrancia, pero solicito se tome en cuanta que en el acta de investigación penal dice que mi defendido aporto una cedula de identidad donde el soporte es falso, pero también indica que el mismo registra en el sistema de ONIDEX; es decir que los datos corresponden a él; me adhiero a la solicitud del Ministerio Público respecto del Procedimiento Ordinario; no estoy de acuerdo con la precalificación del Ministerio Público, por cuanto existe la ley de identificación la cual le beneficia a mi defendido y solicitud una medida cautelar sustitutiva, de posible cumplimiento para mi defendido; solicito copia simple del acta; es todo”.
El Tribunal, una vez escuchada la solicitud formulada por el Ministerio Público y lo alegado por la Defensa, procede en este acto dictar en la presente audiencia, y en forma oral, la dispositiva de la presente audiencia de conformidad con el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando así debidamente notificadas las partes, reservándose la publicación del integro de la misma dentro del lapso de ley.
DE LA FLAGRANCIA
Corresponde en consecuencia a ésta instancia, pronunciarse en primer término sobre la solicitud formulada por el Ministerio Público de aprehensión en flagrancia del imputado de autos, en virtud de la presentación hecha por el Ministerio Público, y de los hechos anteriormente descritos.
El artículo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 44 “.....Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden Judicial a menos que sea sorprendido in fraganti, en este caso, será llevado a una autoridad policial Judicial...”.
En el presente caso no existiendo Orden Judicial, se hace necesario analizar las circunstancias del delito Flagrante. Al efecto el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
Artículo 248. “Para los efectos de este Capítulo se tendrá como delito flagrante el que se esté cometiendo o el que acaba de cometerse. También se tendrá como delito flagrante aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor.
En estos casos, cualquier autoridad deberá, y cualquier particular podrá, aprehender al sospechoso, siempre que el delito amerite pena privativa de libertad, entregándolo a la autoridad más cercana, quien lo pondrá a disposición del Ministerio Público dentro de un lapso que no excederá de doce horas a partir del momento de la aprehensión, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en relación con la inmunidad de los diputados a la Asamblea Nacional y a los Consejos Legislativos de los Estados. En todo caso, el Estado protegerá al particular que colabore con la aprehensión del imputado”
Conforme se evidencia de la norma contenida en el artículo 248 del Código Adjetivo penal, se tendrá como delito flagrante el que se está cometiendo o el que se acaba de cometer. También aquel por el cual el sospechoso se vea perseguido por la autoridad policial, por la víctima o por el clamor público, o en el que se le sorprenda a poco de haberse cometido el hecho, en el mismo lugar o cerca del lugar en donde se cometió.
Como se evidencia, en este dispositivo de manera clara y precisa se establecen los supuestos o conductas típicas para encontrarnos frente a un delito flagrante. En primer lugar requiere que el sujeto sea detenido cuando está cometiendo un hecho. Se trata de la captura e identificación del delincuente en plena comisión del hecho, es lo que la doctrina llama FLAGRANCIA REAL. De igual manera admite la flagrancia cuando el sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito, como producto de una persecución interrumpida de las autoridades o del público, que no le hayan perdido de vista, es la llamada FLAGRANCIA EX POST IPSO O CUASIFLAGRANCIA; y por último cuando se practica la detención de una persona con instrumentos o cosas provenientes del delito, tiempo después de haber cesado la persecución o sin que esta haya existido, conocida como FLAGRANCIA PRESUNTA A POSTERIORI. Por cierto, figura está muy cuestionada debido a que la flagrancia está determinada por la posesión de los objetos provenientes del delito y no en cuanto a la participación del sujeto en el hecho.
En lo expuesto en el Acta Policial que señala: “El día 17 de Junio del 2009; funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas; sub.- Inspector CARLOS LUNA; en compañía de los funcionarios MERARDO ORTIZROOGER NIETO Y ROBERT ZAMBRANO Y MARIA VIVAS; encontrándose de servicio en el canal de circulación de vehículos que circulan de Capacho San Antonio del Táchira; siendo las 2:30 horas de la tarde; avistaron un vehiculo taxi, de la línea Fronteras donde se le solicitud al conductor que redujera la velocidad y se estacionara al margen derecho a los fines de verificar el estado legal del los ciudadanos tripulantes, y del vehiculo donde uno de los tripulantes del mismo hizo entrega de una cedula de identidad para extranjeros signada con el N° 83.034.457, a nombre de PASTOR LEIVER JOSE, la cual al verificarse se pudo observar que presenta soportes de seguridad y de impresión falsos acto seguido se consulto ante el sistema integrado policial SIPOL, obteniendo como resultado que si registra ante la ONIDEX, manifestando el ciudadano que él le pago a un funcionario de la ONIDEX en caracas quedando identificado de tal manera el ciudadano como PASTOR LEIVER JOSE, quien quedo detenido preventivamente y a ordenes de la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Público.-“
En este Sentido y en virtud de los hechos anteriormente descritos, correspondió a este Tribunal, resolver sobra la situación jurídica del ciudadano imputado LEIVER JOSE PASTOR a quien se le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal.
Ahora bien, ante lo expuesto en el acta policial así como en la denuncia que corren insertas en la presente causa, se determina que la detención del imputado de autos se produce en el momento de la comisión del hecho precalificado por el Fiscal del Ministerio Público, lo que hace presumir que es autor del mismo, por lo que se considera procedente CALIFICAR COMO FLAGRANTE, la aprehensión del ciudadano: LEIVER JOSE PASTOR quien dice ser de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, natural de Córdoba Colombia, de 32 años de edad, hijo de Ana Mery Pastor (V) y Blas Contreras (V), titular de la cedula de ciudadanía N° 11.036.552, soltero, de profesión u oficio Comerciante, residenciado en Caracas Distrito Capital, Ruiz Pineda Caricuao, sector la Montañita, casa 06, teléfono 0412-6308807, 0212-5155772, a quien el Ministerio Público IMPUTO y le atribuye la presunta comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal,
DEL PROCEDIMIENTO
En cuanto a la solicitud de aplicación del procedimiento ORDINARIO, formulado por el Representante del Ministerio Público, considera este Tribunal, que la solicitud de la referida aplicación es el ejercicio de una facultad conferida a la parte Fiscal, lo cual aunado a la Calificación de Flagrancia decretada en la aprehensión del imputado, se ordena la conducción de la presente causa por los lineamientos del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal.
DE LA MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL Y
DEL PRECEPTO JURÍDICO APLICABLE
Conforme a lo previsto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad del imputado deben concurrir las siguientes circunstancias:
PRIMERO: La existencia de un hecho punible que merezca pena privativa de libertad personal y cuya acción para perseguirlo no se encuentre evidentemente prescrita.
SEGUNDO: Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido el autor o partícipe en la comisión del hecho punible
TERCERO: Una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad en un acto concreto de la investigación.
En el presente caso, de las actuaciones se evidencia la comisión de un hecho punible que merece pena privativa de libertad, cuya acción penal no se encuentra evidentemente prescrita, como lo es el del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal.
De igual manera en aplicación de la constitución de la república bolivariana de Venezuela y el artículo 9 del Código Orgánico Procesal Penal, es por lo que en el presente caso quien aquí decide procede a imponer al ciudadano imputado de una medida cautelar sustitutiva a la privación de libertad de la estipulada en el artículo 256 numerales 2, 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, 2.-La obligación de asistir a todos los actos a que sea llamada por este Tribunal o por la Fiscalía del Ministerio Publico. 3.- No incurrir en nuevos delitos. 4.- Obligación de salir del país sin autorización del Tribunal.5.- Presentación de un custodio el cual deberá presentar al Tribunal copia de la cedula de identidad, constancia de residencia expedida por la junta comunal, y constancia de trabajo.
SE ORDENA NOTIFICAR AL CONSULADO COLOMBIANO a los fines de informar de la detención del imputado conforme al artículo 44 ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Y así se decide.
En consecuencia de lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL NUMERO TRES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO TÁCHIRA, EXTENSION SAN ANTONIO ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY. DECIDE
PRIMERO: CALIFICA LA FLAGRANCIA, en la aprehensión del ciudadano: LEIVER JOSE PASTOR, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, natural de Córdoba Colombia, de 32 años de edad, hijo de Ana Mery Pastor (V) y Blas Contreras (V), titular de la cedula de ciudadanía N° 11.036.552, soltero, de profesión u oficio Comerciante, residenciado en Caracas Distrito Capital, Ruiz Pineda Caricuao, sector la Montañita, casa 06, teléfono 0412-6308807, 0212-5155772; por la comisión del delito de USO DE DOCUMENTO PUBLICO FALSO, previsto y sancionado en el artículo 319 en concordancia con el 322 ambos del Código Penal, por encontrarse llenos los extremos del artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal.
SEGUNDO: Se Ordena la prosecución del proceso por los trámites del PROCEDIMIENTO ORDINARIO, de conformidad con el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la remisión a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Publico respectivo, vencido que sea el lapso de ley correspondiente.
TERCERO: SE DECRETA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en favor del ciudadano: LEIVER JOSE PASTOR, quien dice ser de nacionalidad Colombiana, mayor de edad, natural de Córdoba Colombia, de 32 años de edad, hijo de Ana Mery Pastor (V) y Blas Contreras (V), titular de la cedula de ciudadanía N° 11.036.552, soltero, de profesión u oficio Comerciante, residenciado en Caracas Distrito Capital, Ruiz Pineda Caricuao, sector la Montañita, casa 06, teléfono 0412-6308807, 0212-5155772, de conformidad a lo establecido en el articulo 256 numerales 2, 3 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, debiendo cumplir con las siguientes condiciones: 1.-Obligación de Presentarse una vez cada Quince (15) días por ante la Oficina de Alguacilazgo de esta Extensión Judicial, 2.-La obligación de asistir a todos los actos a que sea llamada por este Tribunal o por la Fiscalía del Ministerio Publico. 3.- No incurrir en nuevos delitos. 4.- Obligación de salir del país sin autorización del Tribunal.5.- Presentación de un custodio el cual deberá presentar al Tribunal copia de la cedula de identidad, constancia de residencia expedida por la junta comunal, y constancia de trabajo.
CUARTO: SE ORDENA NOTIFICAR AL CONSULADO COLOMBIANO a los fines de informar de la detención del imputado conforme al artículo 44 ordinal 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Presente el imputado expuso: “Me comprometo a cumplir cabalmente con las obligaciones que me han sido impuestas, en el entendido de que si no lo hago me será revocada la medida cautelar otorgada, es todo”.
Regístrese y déjese copia para el Archivo del Tribunal. Remítanse las presentes actuaciones a la Fiscalía Vigésima Cuarta del Ministerio Publico, una vez sea vencido el plazo de ley correspondiente. Líbrese la boleta de libertad una vez que el imputado cumpla con las obligaciones aquí contraídas. Ofíciese a poli Táchira a los fines de mantener recluido al imputado hasta tanto no cumpla con las obligaciones.
ABG. KARINA TERESA DUQUE DURAN
JUEZ TERCERO DE CONTROL
SECRETARIA