REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Corte de Apelaciones del Estado Vargas
Macuto, 24 de marzo de 2009
198º y 150º
ASUNTO PRINCIPAL : WP01-O-2009-000004
ASUNTO : WP01-O-2009-000004
Corresponde a esta Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial, conocer y decidir en relación a la solicitud de Amparo Constitucional, interpuesta por la Abogada FEIZA TAUIL, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados PEDRO VICENTE JIMENEZ MARTINEZ Y SANTANA PARDO JULIO JOSÉ, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional. A los fines de su admisibilidad o no, previamente observa:
CAPITULO I
DE LA COMPETENCIA
Visto lo anterior, le corresponden primeramente a este Órgano Superior determinar su competencia para conocer de la presente acción de tutela constitucional y al efecto observa:
El primer aparte del artículo 64 de la Ley Adjetiva Penal es claro al establecer de manera imperativa que “…la acción de amparo…cuando el presunto agraviante sea un tribunal de la misma…el tribunal competente será el superior jerárquico…”.
Igualmente establece el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que “…la acción de amparo debe interponerse por ante un tribunal superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva…”
Ahora bien, en el caso de autos, la acción de amparo fue incoada en contra del Juzgado Primero de Control de este Circuito Judicial Penal, en virtud que dicho juzgado presuntamente violó derechos constitucionales por ello y siendo que en la solicitud interpuesta, se señala como presunto agraviante a un Tribunal de Primera Instancia, no cabe la menor duda, que esta Corte de Apelaciones, es competente para conocer en Primera Instancia de la acción propuesta contra el referido Juzgado. Y ASI SE DECLARA.
Resuelto lo anterior se pasa de seguidas a verificar los requisitos de admisibilidad que al efecto exige el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, observándose en dicho escrito:
CAPITULO II
ALEGATOS DEL ACCIONANTE
La accionante alegó lo siguiente:
“…en fecha siete (07) de febrero del presente año 2009, fue presentado por ante el alguacilazgo de este circuito en la unidad de recepción y distribución de Documentos escrito de presentación para oír al imputado por la Dra. Paudelis Solórzano Fiscal Primera del Ministerio Público constante de Once (11) folios útiles. Así las cosas en la misma fecha el Juzgado Primero de Control Auto de Apertura así como la designación y juramentación de Defensor Público para dicho acto. Así mismo fue celebrado la Audiencia para Oír al Imputado; para lo cual señalo la ciudadana Fiscal…”el cual precalifico como lesiones calificadas gravísima previsto y sancionado en el artículo 414 en concordancia con el Artículo 418 del Código Penal Vigente, razones por las cuales solicito, se estime la aprehensión como flagrante de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal, se decrete la aplicación del procedimiento ordinario…se imponga PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD…” Una vez celebrada la misma el tribunal de Control acordó…” SEGUNDO: SE ACUERDA la Privación Judicial PREVENTIVA DE LIBERTAD…TERCERO: Se declara con lugar la solicitud de la defensa y la representación fiscal en cuanto al presente procedimiento se ventile por el procedimiento ORDINARIO…” Dichas actuaciones se acompañan al presente escrito marcadas “A”. Ahora bien; en fecha Cuatro (4) de Febrero del corriente año fui Notificada mediante Boleta de Notificación Nº 457-09 de fecha 27 de Febrero de 2009, donde:…”se me hace saber en mi condición de abogada privada, que se acordó fijar para el día 06-03-2009 a las 12:00 horas de mediodía, el acto de imputación, en la presente causa seguida al ciudadano SANTANA PARDO JULIO JOSÉ, ello en virtud a la solicitud formulada por la fiscal primera del Ministerio Público del Estado Vargas en fecha 26-02-2009…”. La cual no fue celebrada por no haberse efectuado los respectivos traslados de dichos ciudadanos. Acompaño dicha Notificación marcada “B” no obstante ciudadanos magistrados nuestro ordenamiento jurídico, es claro y preciso en cuanto a los lapsos procedimentales así como de los actos propios del Ministerio Público, siendo el acto de Imputación un ACTO EXCLUSIVO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SU SEDE, cabe señalar el artículo 108 y siguientes, 131,280 y siguientes todos del Código Orgánico Procesal Penal. Cabe señalar las Jurisprudencias recientes del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional de fecha Primero (1ero) de Diciembre de 2008 expediente 080015 y de la Sala Penal expediente 08-307 de fecha 16 de Diciembre del año 2008 y expediente A 08-97. Donde se destaca en dichas sentencias: la oportunidad para llevar a cabo la imputación en l (sic) procedimiento por flagrancia o procedimiento ordinaria; La imputación fiscal y la detención o Aprehensión In franganti-procedimiento ordinario. Se acompañan dichas sentencias marcadas “C”, “D” y “E”. En tal sentido no puede entenderse jurídicamente como después de haberse materializado una audiencia de presentación para oír a los imputados específicamente en fecha siete (7) de Febrero de este año, VENTISIETE (27) días después se pretenda realizar un acto de IMPUTACIÓN Y QUE EL TRIBUNAL AVALE DICHO PETITORO REALIZADO POR EL FISCAL RESPECTIVO, con lo cual le han sido violentados a mis representados todos sus derechos y garantías Constitucionales; así como violatorio ha sido previsto en los artículos 1, 12, 125 del Código Orgánico Procesal Penal. En razón de tal circunstancia, que HACE ATIPICO EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL PENAL EN ESE MOMENTO referido a esa audiencia en concreto, es por lo que ocurro a los efectos de solicitar se declare LA NULIDAD DE DICHO AUDENCIA DE PRESENTACIÓN PARA OIR AL IMPUTADO CON FUNDAMENTOS EN LOS ARTÍCULOS 190 y 191 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL, EL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA HACE INCURRIR AL TRIBUNAL EN UN ERROR PERO QUE COMO ERROR JURIDICO AL FIN, MENOSCABAR SU DERECHO A LA DEFENSA Y ES POR LO QUE FUNDAMENTADAS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA QUE CONSAGRA EL DERECHO AL AMPARO E IGUALMENTE FUNDAMENTADA EN EL ARTÍCULO 26 DE ESTA MISMA CONSTITUCIÓN, QUE CONSAGRA EL ACCESO A LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EL PRINCIPIO DE LA JUSTICIA PLENA Y LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA ES POR LO QUE SOLICITO MUY RESPETUOSAMENTE LA NULIDAD INMEDITA DE DICHA AUDIENCIA Y LA LIBERTAD INMEDIATA DE LOS MISMOS POR PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBERTAD; FUNDAMENTADO EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, SUSCRITA EN LA CONFERENCIA ESPECIALIZADA INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y CELEBRADA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA EN 1969, EN CUYO ARTÍCULO 8 QUE CONSAGRA LAS GARANTÍAS JUDICIALES EN SU APARTE PRIMERO SEÑALA:…Como quiera de que semejante omisión y error es por lo que fundamento en el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que consagra los derechos humanos, conforme al principio de progresividad los cuales señalan que son de observancia, respeto, garantía y obligatorios para todos los órganos del poder público, de conformidad con esta Constitución y con los Tratados Sobre Derechos Humanos suscritos y ratificados por la república e igualmente fundamento en el artículo 23 de esta misma Carta Magna, el cual señala que todos los Tratados, Pactos y Convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen JERARQUIA CONSTITUCIONAL Y PREVALECEN en el orden interno en la medida en que contenga normas sobre su goce y ejercicio más favorable a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República. Y que son de aplicación inmediata y directa por los Tribunales y demás Órganos del Poder Público. En razón y mérito de todo lo antes expuesto y en mi carácter de defensora privada, es por lo que solicito a este Tribunal a su digno cargo jurando la urgencia del caso LA SOLICITUD DE NULIDAD ABSOLUTA DEL ACTO DE LA AUDIENCIA PARA OIR A LOS IMPUTADOS, POR HABERSELES PIVADOS ILEGITIMAMENTE SU LIBERTAD Y SE ACUERDE SU LIBERTAD INMEDIATA, FUNDAMENTADA EN TODAS LAS NORMAS ANTES SEÑALADA ASÍ EN EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY ORGANICA DE AMPARO SOBRE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, E IGUALEMNTE EN EL ARTÍCULO 5, EN SU PRIMERA PARTE DE ESTA MISMA LEY E IGUALMENTE EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY SEÑALADA, ENTENDIENDOSE DE QUE EL REPRESENTANTE DEL MINISTERIO PUBLICO SE ENCUENTRA A DERECHO UNA VEZ QUE SE LE HAGA LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, LA CUAL SOLICITA SE REALICE JURANDO LA URGENCIA DEL CASO Y A LOS FINES LEGALES CONSIGUIENTES. Solicito igualmente, de los elementos de convicción narrados y expuestos de forma verídica tanto en los hechos como en el derecho, LA RESTITUCIÓN DE LA SITUACIÓN JURIDICA INFRINGIDA DEL MISMO MODO SE REMITA COPIA AL FISCAL PRIMERO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE ESTE CIRCUITOJUDICIAL PENAL DE LA PRESENTE SOLICITUD, QUE COMO INCIDENCIA, HA SURGIDO EN LA PRESENTE CAUSA A LA LUZ DEL ERROR POR OMISIÓN INEXCUSABLE, VIOLENTANDOSE EN RAZÓN DE ELLO NORMAS CONSTITUCIONALES Y OPACTOS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS. Solicito que la presente ACCIÓN DE AMPRO, sea admitida, substanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva presente y que lo decidido sea notificado a las partes involucradas en este proceso…”
CAPITULO III
DE LA ADMISIBILIDAD
Ahora bien, a los fines de decidir sobre la admisibilidad de la presente acción de Amparo Constitucional, este Tribunal Colegiado, pasa a resolverlo de la siguiente manera:
La acción de amparo constitucional debe tenerse como un recurso especial en virtud de su naturaleza, pues es ésta, una acción extraordinaria; en tal sentido, ella sólo procede cuando no existe un medio breve, sumario y eficaz, acorde con la protección constitucional pretendida, en otras palabras, que pueda restituirse el derecho supuestamente lesivo, por otras vías ordinarias, las cuales deben ser previamente agotadas; todo ello, en total comprensión con lo previsto en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual establece:
“…No se admitirá la acción de amparo:…Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de medios judiciales preexistentes…”
Al respecto, ha reiterado el Tribunal Supremo de Justicia, en diversas decisiones, entre las que podemos mencionar la Nº 1242, dictada en el Exp. Nº AA50-T-2008-000807, con Ponencia de la Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO, de fecha 28 de Julio de 2008, caso Daniel Alberto Bolívar Beroes, la cual sostiene que:
“Omisis…Al respecto, debe esta Sala reiterar el criterio según el cual, la acción de amparo constitucional ejercida contra decisiones judiciales, por mandato del referido artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es inadmisible si la parte actora opta por recurrir a las vías judiciales preexistentes o, por el contrario, si se evidencia que el accionante disponía de recursos ordinarios los cuales no empleó (Vid. Sentencia N° 2.369 del 23 de noviembre de 2001, caso: “Mario Téllez García”), de allí se constata que en el presente caso, el fallo apelado se fundamentó en una causal de inadmisibilidad en la que encuadra la utilización de una vía idónea como es la vía ordinaria que la parte actora, debió utilizar en lugar de acudir a la acción de amparo. En este contexto, la Sala juzga necesario precisar que la vía judicial no empleada por el accionante, efectivamente pudo haber restituido su situación jurídica presuntamente infringida, ahora bien la preexistencia de un recurso en sede ordinaria de conformidad con el citado artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, conlleva a declarar inadmisible la pretensión de amparo constitucional ejercida. (Vid. Sentencias N° 1.703 del 20 de agosto de 2004, caso: “Náutica Profesional C.A.”, y N° 3.620 del 6 de diciembre de 2005, caso: “José Manuel Iglesias Moreda”)…”
En concordancia con el criterio anterior, esta Alzada trae a colación lo sostenido por el tratadista JOSÉ A. MARIN, en su obra: “Naturaleza jurídica del Tribunal Constitucional”, Editorial Ariel, Barcelona, España, páginas 41 y 42: “…Sólo como última ratio el Tribunal Constitucional deberá imponer la efectividad de la Constitución en materia de derechos fundamentales, vigilando desde su altura institucional la efectividad y tutela de tan cruciales derechos. Si esta protección está asegurada por las vías judiciales ordinarias la intervención del Juez constitucional será superflua, porque su función no es administrar justicia en un ámbito material propio, sino asegurar en todos ellos la eficacia de la Constitución en su contenido de libertad…”.
Pues bien del análisis efectuado al escrito presentado por la Abogada FEIZA TAUIL, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados PEDRO VICENTE JIMENEZ MARTINEZ Y SANTANA PARDO JULIO JOSÉ, se observa que su pedimento radica en solicitar ante esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, la nulidad absoluta del acto de la audiencia para oír a los imputados, por habérseles privados ilegítimamente su libertad; así como la inmediata libertad de sus defendidos, fundamentándose en los artículos 1, 5 y 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, situación jurídica esta que concatenada al criterio sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional, arriba transcrito permite establecer que la accionante omitió el cumplimiento de las vías judiciales preexistentes, por cuanto tal como lo establece nuestro ordenamiento jurídico, su pretensión debe formularla ante el Juzgado de la Causa y no invocarla de manera autónoma a través del ejercicio de una acción de amparo ante este Superior Despacho.
En sustento de lo aquí afirmado, debemos remitirnos al contenido de los artículos 190 al 196 del Código Orgánico Procesal Penal, haciéndose énfasis específicamente a los efectos contenidos en el artículo 196 del referido texto legal, donde quedan expresamente establecidas las posibilidades con las que cuenta la parte que solicita el remedio procesal de nulidad, si la misma es acordada o negada por el Tribunal ante el cual se interpone dicho pedimento; en consecuencia, cabe concluir que lo procedente y ajustado en el presente caso, es DECLARAR INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada por la Abogada FEIZA TAUIL, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados PEDRO VICENTE JIMENEZ MARTINEZ Y SANTANA PARDO JULIO JOSÉ al configurarse el supuesto legal contenido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Y ASÍ SE DECLARA.
D I S P O S I T I V A
Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrado justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, DECLARA INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por la Abogado FEIZA TAUIL, actuando en su carácter de defensora privada de los imputados PEDRO VICENTE JIMENEZ MARTINEZ Y SANTANA PARDO JULIO JOSÉ, contra el Juzgado Primero de Primera Instancia en funciones de Control Circunscripcional, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cuanto no agotó la vía judicial ordinaria.
Publíquese, regístrese y notifíquese.
LA JUEZ PRESIDENTE
RORAIMA MEDINA GARCIA
LA JUEZ INTEGRANTE LA JUEZ PONENTE
ROSA CADIZ RONDON NORMA SANDOVAL
LA SECRETARIA
FREYSELA GARCÍA
En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.
LA SECRETARIA
FREYSELA GARCÍA
ASUNTO: WP01-O-2009-000004
RMG/RC/NS/joi
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