REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL EN SU NOMBRE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS Maiquetía, trece (13) de Abril de dos mil diez (2010). Año: 199º de la Independencia y 151º de la Federación. ASUNTO PRINCIPAL: WP11-L-2009-000420. SENTENCIA INTERLOCUTORIA PARTE ACTORA: WALTER WILLIAM NIEVES MOLINA, mayor de edad, venezolano, y titular de la cédula de identidad número 15.025.496. APODERADOS JUDICIALES: MIRIAM TUA PADILLA y RAFAEL SIVIRA, Abogados en ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los números 10.167 y 118.541, respectivamente. PARTE DEMANDADA: Instituto Autónomo “Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado Vargas”, (CORPOVARGAS); ente adscrito al Ministerio de Planificación y Desarrollo, con domicilio en Maiquetía, estado Vargas; creado mediante Ley publicada en la Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, Nº 36.968 de fecha 8 de Junio de 2000. APODERADOS JUDICIALES: NO CONSTITUYÓ. MOTIVO: “Solicitud de Medida Preventiva de Prohibición de Enajenar Y Gravar”. Mediante diligencia de fecha seis (6) de Abril de dos mil diez (2010), cursante al folio cincuenta y tres (53) del expediente; los profesionales del Derecho Miriam Tua Padilla y Rafael Sivira, apoderados judiciales de trabajador accionante, ciudadano, WALTER WILLIAM NIEVES MOLINA; solicitaron a este juzgado: …omissis… “…se sirva decretar medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre bienes muebles e inmuebles pertenecientes a CORPOVARGAS, C.A., (sic) ello, con la finalidad de garantizar las resultas del presente procedimiento siendo que los mismos serán determinados cuando se declare la procedencia del embargo solicitado (sic)…”.- Visto lo peticionado por los representantes judiciales del trabajador accionante, considera pertinente este juzgador expresar las consideraciones que a continuación se indican, a saber: En el actual proceso laboral, lo relativo a las medidas cautelares está regido, en principio, por lo dispuesto en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, la cual, en su artículo 137, dispone: “A petición de parte, podrá el juez de sustanciación, mediación y ejecución acordar las medidas cautelares que considere pertinentes a fin de evitar que se haga ilusoria la pretensión, siempre que a su juicio exista presunción grave del derecho que reclama…”.- (Negrillas de este Tribunal). En tal sentido, del contenido y alcance de la norma, se observa que en el nuevo proceso laboral, el legislador a dispuesto, en primer lugar, que tales medidas deben ser solicitadas por las partes; luego, que las medidas solicitadas sólo podrán ser acordadas por el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución bajo el supuesto de que exista –a su juicio- una presunción grave del derecho que se reclama. De tal manera que se puede inferir que el legislador adjetivo laboral a establecido unos supuestos de hecho específicos para que sean decretadas las medidas cautelares en el proceso laboral, estos es, el ¿quien las puede solicitar ¿ (A petición de parte); ¿ quien las podrá acordar o decretar? (el Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución); y su condición de procedencia (que exista presunción grave del derecho que se reclama). Por otra parte, se puede observar igualmente del contenido y alcance de la norma, que si bien el legislador no exige que el solicitante acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (Fumus boni iuris); si exige, que el Juez adquiera convicción sobre la existencia del riesgo manifiesto de que queda ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora). Como consecuencia de lo antes expresado, considera este juzgador, que bajo los parámetros en que fue solicitada la Medida Cautelar por parte de la representación judicial de la parte actora, la misma resulta a todas luces improcedente, en primer lugar, por no llenarse los extremos o supuesto expresados en la norma supra transcrita; y adicionalmente, por cuanto, si bien es cierto que este juzgador por Notoriedad Judicial conoce que el Instituto Autónomo demandado, “Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado Vargas”, (CORPOVARGAS); se encuentra en proceso de liquidación, no es menos cierto, que tal situación por si sola no constituye una presunción grave de que vaya a quedar ilusoria la ejecución del fallo proferido; toda vez que sería concluir a priori, que el demandado no va a dar cumplimiento al fallo proferido por encontrarse en proceso de liquidación; por el contrario, debe presumirse (en atención al principio de la buena fe) que al encontrase el ente demandado en fase de liquidación, al tener conocimiento del fallo proferido en su contra y que está definitivamente firme, lo incluya entre los pasivos que debe liquidar conforme a la ley. Ello así, la medida cautelar solicitada, deberá ser declarada improcedente en el dispositivo del fallo. Así se decide. DISPOSITIVO Con fundamento en las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Vargas, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: IMPROCEDENTE, la Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar, solicitada por el ciudadano, WALTER WILLIAM NIEVES MOLINA, ya identificado, contra Instituto Autónomo “Corporación para la Recuperación y Desarrollo del estado Vargas”. (CORPOVARGAS); por cuanto la solicitud no cumple con los extremos de Ley. SEGUNDO: Se ordena la Notificación de la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela del presente fallo, previo cumplimiento de los requisitos y formalidades de Ley. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los trece (13) días del mes de Abril de dos mil diez (2010). Año: 199° y 151° EL JUEZ. Abg. FELIX JOB HERNANDEZ Q. LA SECRETARIA. Abg. MAGJHOLY FARIAS. En la fecha de hoy se publicó y registró la anterior decisión, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.) LA SECRETARIA. Abg. MAGJHOLY FARIAS.