Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito,
Bancario y Protección del Niño y del Adolescente
Circunscripción Judicial del Estado Táchira
199° y 150°
Ddemandante: Lucevinda Monsalve Pastran, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V-4.001.916.
Demandados: Gerardo Antonio, Nelly Smyr, Ana Mireya, Sonia Yadira, Domingo Orlando, Leddy Marisol y José Luis Vivas Chacon, Maithe del Pilar, Luis Antonio, y Jesús Alberto Vivas Monsalve, Luis Alberto Vivas Peñaranda, Edward Domingo, Giovanny Antonio, Keyla del Pilar, Yefferson José, María de los Ángeles, y Neliana Carolina Vivas.
Motivo: Unión Concubinaria, Apelación de la decisión de fecha 27 de noviembre de 2009, dictada por el Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, Juez Unipersonal número 05, que declaró con lugar la demanda de reconocimiento de comunidad concubinaria.
En fecha 18 de julio de 2007, la ciudadana Lucevinda Monsalve Pastran, asistida de abogado presento escrito de demanda por reconocimiento de unión concubinaria, en contra de los ciudadanos Gerardo Antonio, Nelly Smyr, Ana Mireya, Sonia Yadira, Domingo Orlando, Leddy Marisol y José Luis Vivas Chacon, Maithe del Pilar, Luis Antonio, y Jesús Alberto Vivas Monsalve, Luis Alberto Vivas Peñaranda, Edward Domingo, Giovanny Antonio, Keyla del Pilar, Yefferson José, María de los Ángeles, y Neliana Carolina Vivas. (f, 1 al 8). La Jueza Unipersonal N° 5 del Tribunal de Protección de Niño y del Adolescente en fecha 5 de octubre de 2007, le dio entrada y admitió la misma. (f. 44 y 45). La representación judicial de los codemandada presentaron escrito de contestación a la demanda (fs.16-17, II pieza).En fecha 27 de noviembre de 2009, el tribunal a quo, dicto decisión en la que declaro con lugar la demanda de reconocimiento de comunidad concubinaria incoada por la ciudadana Lucevinda Monsalve Pastran (fs. 229-236, II pieza). Apelando de dicha decisión el apoderado de la parte demandada, en fecha 02 de diciembre de 2009 (f.239, II pieza). En fecha 07 de diciembre de 2009, el a quo oye la misma en ambos efectos y remite el expediente al Tribunal Superior distribuidor (f.240, II pieza). recibido el expediente en este Tribunal Superior, previa distribución, según consta en auto de fecha 11 de enero de 2010. Y en auto de fecha 19 de enero de 2010, se fija oportunidad para la formalización del recurso de apelación, para el 22 de enero de 2010 (f.239, II pieza); Y en esa fecha se deja constancia de la no asistencia de la parte apelante a la formalización de la apelación (f.244, II pieza).
El Tribunal para decidir observa:
La apelación versa contra la determinación dictada en fecha 27 de noviembre de 2010, dictada por la juez unipersonal N° 5 del tribunal de protección del niño y del adolescente de la circunscripción judicial del Estado Táchira, que declara con lugar la demanda.
Punto Previo : Antes de entrar a analizar el fondo del asunto, este Tribunal observa que el apoderado de la parte demandada, mediante diligencia de fecha dos de diciembre de 2009, apela de la decisión del Tribunal a quo, estableciéndole esta alzada oportunidad para la formalización del recurso de apelación y dicha parte no se presentó. Al respecto la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en el juicio seguido por liquidación y partición de la comunidad hereditaria, en decisión N° 154, de fecha 13 de marzo de 2003, dejó establecido:
Tal disposición legal, aplicada al proceso contencioso administrativo, debió influir en la adopción, por el legislador, del artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, por lo que la jurisprudencia sobre la interpretación de aquellas disposiciones deberá orientar la aplicación de esta última. Ésta se expresa en términos más categóricos respecto a la obligación del apelante de señalar al tribunal de alzada cuál es la materia que quiere someter a su conocimiento. El artículo 489 de la citada Ley, es del tenor siguiente:
La Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente fijará, dentro de los cinco días siguientes al recibido del expediente, una oportunidad para la formalización del recurso.
El día y hora señalados, el apelante deberá formalizar oralmente el recurso ante la Sala de Apelaciones, con indicación precisa del o de los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme y las razones en las cuales se funda. Si la parte contraria asiste, se le oirá. La sentencia deberá pronunciarse dentro de los diez días siguientes.
En efecto, dispone la citada norma, que el apelante deberá formalizar oralmente el recurso con precisión del o de los puntos de la sentencia con los cuales no está conforme y las razones en las cuales se funda. La ley impone al apelante una carga, no un deber, o una obligación, o un derecho. La carga impuesta por la ley tiene que ser cumplida para que el acto al cual se refiere sea eficaz. Pero, además, el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, emplea el término formalizar, que en el lenguaje jurídico debe entenderse como la necesidad de revestir un acto con determinados requisitos legales. Tales requisitos son, en este caso, precisar el o los puntos de la sentencia con los cuales no esta conforme y las razones en las cuales se funda.
La omisión de tal formalidad, o de la defectuosa formalización, debe ser interpretadas por el juez de alzada como desistimiento de la apelación por falta de precisión de los puntos de la sentencia apelada sobre los cuales debe pronunciarse, es decir, cuál es el thema decidendum.
Lo dispuesto por la Ley, respecto a la formalización, es consecuencia del principio dispositivo que atribuye a las partes la carga de fijar los límites de la controversia. En consecuencia, el apelante ante la Corte Superior del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente, no sólo tendrá que cumplir con la carga de precisar el o los puntos de la sentencia apelada con los cuales no está conforme, sino que además deberá señalar las razones o fundamentos de su inconformidad, so pena de considerar -se insiste- desistido el recurso, pues al ser una carga, la parte tiene que realizar en su propio interés la conducta ordenada por la norma o de lo contrario, sufrirá las consecuencias perjudiciales que su incumplimiento acarrea.
El Tribunal de alzada, en virtud de la disposición aludida, se limitará a decidir sobre aquellas cuestiones señaladas por el apelante, sin poder extenderse a ninguna otra, a no ser que se trate de violaciones de naturaleza constitucional o de orden público, casos en los cuales podrá obrar de oficio.
La sentencia recurrida interpretó y aplicó correctamente el artículo 489 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, al limitarse a decidir sobre los puntos de la sentencia apelada indicados por el recurrente, conforme al contenido y alcance de la norma aplicada.
En apego a la jurisprudencia transcrita up-supra este Tribunal Superior tiene como desistida la apelación interpuesta por la representación judicial de los demandados; en consecuencia confirma la decisión apelada tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de la presente decisión y así se decide.
En mérito de las anteriores consideraciones y a la jurisprudencia supra citada, este tribunal superior primero en lo civil, mercantil, del tránsito, bancario y de protección del niño y del adolescente de esta circunscripción judicial, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley , decide
Primero: Desistida la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte demandada, contra la decisión de fecha 27 de noviembre de de 2009, dictada por la Juez Unipersonal N° 5 del Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira.
Segundo: Confirma la decisión apelada, dictada por la juez unipersonal N° 5 del tribunal de protección del niño y del adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en fecha 27 de noviembre de de 2009.
Publíquese, regístrese, déjese copia certificada conforme lo dispone el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y en su oportunidad legal, bájese el expediente.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en el Edificio Nacional de la ciudad de San Cristóbal, a los 25 días del mes de enero del año 2009. Años 199º de la Independencia y 150º de la Federación.
La Jueza Titular,
Ana Yldikó Casanova Rosales.
El secretario,
Antonio Mazuera Arias
En la misma fecha, a las diez de la mañana (10:00 a.m.) se publica la anterior sentencia y se deja copia fotostática certificada para el archivo del Tribunal.
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Exp. N. 6490
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