TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO VARGAS

200° y 150°

DEMANDANTE:

INVERSIONES ALTEA C.A.
APODERADO ACTOR
NORKA M. ZAMBRANO ROJAS y JOSÉ GREGORIO CASTELLANI
DEMANDADO: JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRO Y ROMYRR DE JESUS HERNÁNDEZ
MOTIVO: COBRO DE BOLÍVARES (TRÁNSITO)

SENTENCIA:
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

EXPEDIENTE:
Nº 11763

I
ANTECEDENTES
Se da inicio al presente juicio, mediante demanda de COBRO DE BOLÍVARES (TRÁNSITO), interpuesta por la Sociedad Mercantil INVERSIONES ALTEA C.A, debidamente inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda en fecha 31 de julio de 1.987, quedando inserta bajo el Nº 51, Tomo 34-A Pro, representada por los profesionales del derecho, abogados NORKA M. ZAMBRANO ROJAS y JOSÉ GREGORIO CASTELLANI, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 83.700 y 124.258, en contra de los ciudadanos JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRO y ROMYRR DE JESUS HERNÁNDEZ, venezolanos, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad Nros. V.-7.993.782 y V.-15.267.865, dándosele entrada en fecha 19 de junio de 2009.
En fecha 28 de julio de 2009, el Tribunal, admite la presente causa. Asimismo, se emplaza a los demandados, y en fecha 14 de agosto de 2009, se ordena librar compulsa de citación a los demandados .
En fecha 20 de octubre de 2009, el Alguacil de este Juzgado deja constancia en autos de la imposibilidad de citar a los ciudadanos JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CASTRO y ROMYRR DE JESUS HERNÁNDEZ, demandados en la presente causa.
En fecha 5 de noviembre de 2009, la apoderada judicial de la parte actora solicita la citación por carteles de la parte demandada.
En fecha 11 de noviembre de 2009, el Tribunal niega lo solicitado por la parte actora y ordena librar oficios al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), y al Consejo Nacional (CNE), a los fines de informar a este Juzgado el último domicilio de los demandados.
En fecha 26 de enero de 2010, el Alguacil de este Juzgado consigna oficio Nº 14209/09, dirigido al Presidente del Consejo Electoral, el cual fue recibido en fecha 25 de enero de 2010. Asimismo, consigna oficio Nº 14200/09, dirigido al Director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME).
En fecha 27 de abril de 2010, por recibida comunicación Nº RIIE-1-0501-0052, proveniente del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME), de fecha 26 de febrero de 2010.
Sin embargo, en vista de la falta de impulso de la parte actora, al no haberse practicado a la fecha la citación de la parte demandada, pese a que desde el 27 de abril de 2010 consta de autos la última dirección del demandado, y siendo que, desde el 28 de julio de 2009, fecha en la que se admitió la demandada y desde la cual han transcurrido más de diez (10) meses de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal observa:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente:
“…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.…
…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...”
Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó:
“…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…”

Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente:

1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”
Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
“La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”.-
En fecha de 28 de julio de 2009, el Tribunal admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, siendo que desde la fecha antes mencionada han transcurrido más de diez (10) meses. Así también se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha cumplido a cabalidad con la formalidad establecida por la Ley con respecto a la citación, ya que a la presente fecha no se ha materializado la citación de la parte demandada, aun cuando el 27 de abril de 2010, recibió comunicación de SAIME constante de la dirección de la parte demandada, desde lo cual han transcurrido más de un (01) mes. Así pues, considera este sentenciador, de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida.- Y así se decide.
En razón de lo anterior este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.
Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los (07) días del mes de junio del 2010. A los 200 años de la Independencia y a los 150 años de La Federación.-
EL JUEZ,

CARLOS E. ORTIZ F. LA SECRETARIA,

MERLY VILLARROEL
En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:30 de la tarde.
LA SECRETARIA,

MERLY VILLARROEL.
CEOF/MV//Yesi.
Exp. No. 11763