TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, TRÁNSITO Y AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO VARGAS

199° y 150°

DEMANDANTE:
FRANCISCO JOSÉ EURRESTA
APODERADO ACTOR MAGALY BOZZO
DEMANDADO: ROBERTO WALLIS y ELÍAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ
MOTIVO: PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

SENTENCIA:
INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

EXPEDIENTE:
Nº 11011

I
ANTECEDENTES

Se da inicio al presente juicio, mediante Demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA, interpuesta por el ciudadano FRANCISCO JOSÉ EURRESTA, debidamente asistido por la profesional del derecho MAGALY BOZZO, abogada en ejercicio, de este domicilio, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 23.643, en contra de los ciudadanos ROBERTO WALLIS y ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ, correspondiendo por distribución a este Juzgado en fecha 26 de septiembre de 2007.
En fecha 10 de octubre de 2007, la apoderada judicial de la parte actora consigna recaudos.
En fecha 28 de noviembre de 2007, el Tribunal, solicita a la parte actora la consignación de la Certificación de Gravámenes emitida por el Registrador, en el cual conste el nombre, apellido y domicilio de las personas que aparecen como propietarios o titulares de cualquier derecho real sobre el inmueble objeto de litigio.
En fecha 24 de enero de 2008, el Tribunal admite la presente causa, en consecuencia, ordena el emplazamiento de los ciudadanos ROBERTO WALLIS y ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ. Asimismo, se ordenó el emplazamiento mediante edicto, de todas aquellas personas que se crean con derechos sobre el inmueble objeto del presente juicio.
En fecha 25 de enero de 2008, se libran oficios dirigidos a la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX) y al Consejo Nacional Electoral (CNE), a los fines de solicitar la dirección del último domicilio de los ciudadanos ROBERTO WALLIS y ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ.
En fecha 02 de abril de 2008, la apoderada judicial de la parte actora consigna edictos debidamente publicados en el Diario la Verdad.
En fecha 16 de junio de 2008, por recibida comunicación emitida por la Oficina Nacional de Identificación y Extranjería (ONIDEX), en el cual se indica el domicilio del ciudadano ROBERTO LEOPOLDO WALLIS OLAVARRIA.
En fecha 23 de julio de 2008, el Tribunal, ordena librar la compulsa de citación del ciudadano ROBERTO WALLIS OLAVARRIA, por lo que se ordena comisionar al Juzgado Distribuidor de Primera Instancia del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 22 de septiembre de 2008, por recibida comunicación proveniente del Consejo Nacional Electoral (CNE), en el cual se indica la dirección del ciudadano ROBERTO LEOPOLDO WALLIS OLAVARRIA.
En fecha 20 de febrero de 2009, se logra la citación del ciudadano ROBERTO WALLIS.
En fecha 07 de agosto de 2009, el Tribunal, previa solicitud de la parte actora, ordena librar oficios dirigidos a la ONIDEX, solicitando el número de cédula de identidad y residencia del ciudadano ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ.
En fecha 20 de noviembre de 2009, la apoderada judicial de la parte actora solicita se libre Boleta de Notificación, con el fin de que comparezcan todas aquellas personas que se hacen llamar ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ.
En fecha 25 de noviembre de 2009, el Tribunal niega el pedimento de la apoderada judicial de la parte actora.
Sin embargo, en vista de la falta de impulso de la parte actora, al no haberse practicado a la fecha la íntegra citación de la parte demandada, desde el 25 de Noviembre de 2010, fecha desde la cual ha transcurrido más de tres (03) meses de despacho de acuerdo a lo establecido en el artículo 218 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal observa:
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 06 de julio de 2004, expediente Nro. AA20-C-2001-000436, señaló lo siguiente:

“…En primer lugar, la que correspondía al pago de los conceptos en la elaboración de los recaudos de citación o compulsa del libelo, libramiento de boleta de citación y, las atinentes al pago del funcionario judicial Alguacil para la práctica de sus diligencias encaminadas a la obtención del acto de comunicación procesal de citación y que estaban previstas en el artículo 17, aparte I, numeral 1 y 2, y aparte II, numeral 1, respectivamente de la Ley de Arancel Judicial, que se materializaba mediante la liquidación de las respectivas planillas de los extintos derechos de arancel judicial normas que en atención al contenido y alcance de la disposición derogatoria única de la Constitución de 1999, perdieron vigencia por contrariar la garantía de la justicia gratuita que ella misma contempla en su artículo 26, por lo que dada su derogatoria no cuenta para los efectos de la perención breve; en segundo lugar, la urgente obligación lógica de suministrar por lo menos la dirección o lugar en el cual se encuentra la persona a citar, así como el transporte o traslado y gastos de manutención y hospedaje, cuando haya que cumplirse en lugares que disten más de quinientos metros de la sede del Tribunal, los cuales se cubren de diferente manera, pero, jamás mediante liquidación de recibos o planillas, pero que su incumplimiento a juicio de esta Sala generan efectos de perención.…
…Siendo así esta Sala establece que la obligación arancelaria que previó la Ley de Arancel Judicial perdió vigencia ante la manifiesta gratuidad constitucional, quedando con plena aplicación las contenidas en el precitado artículo 12 de dicha ley y que igualmente deben ser estricta y oportunamente satisfechas por los demandantes dentro de los 30 días siguientes a la admisión de la demanda, mediante la presentación de diligencias en la que ponga a la orden del alguacil los medios y recursos necesarios para el logro de la citación del demandado, cuando ésta haya de practicarse en un sitio o lugar que diste más de 500 metros de la sede del Tribunal; de otro modo su omisión o incumplimiento, acarreará la perención de la instancia, siendo obligación del Alguacil dejar constancia en el expediente de que la parte demandante le proporcionó lo exigido en la ley a los fines de realizar las diligencias pertinentes a la consecución de la citación. Queda de esta forma modificado el criterio de esta Sala a partir de la publicación de esta sentencia, el cual se aplicará para las demandas que sean admitidas al día siguiente de la fecha en la cual se produzca ésta. Así se establece...”

Asimismo, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1993, expediente Nro. 92-0439, afirmó:

“…La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del Art. 267 del C.P.C. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad por la litigiosidad, cuando no medie interés impulsivo en las partes contendientes, pues, para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor en la carrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio de las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo…”

Y por su parte el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en su ordinal primero, referente al momento de extinción de la instancia, señala lo siguiente:

1º. Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado...”

Igualmente, el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, señala lo siguiente:
“La Perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes y pueden declararse de oficio por el tribunal”.-

En fecha de 24 de enero de 2008, el Tribunal admitió la demanda, ordenando el emplazamiento de la parte demandada, siendo que desde la fecha antes mencionada han transcurrido más de dos (02) años desde la admisión de la presente causa. Así también se evidencia de las actas procesales que la parte actora no ha cumplido a cabalidad con la formalidad establecida por la Ley con respecto a la citación, ya que a la presente fecha no se ha materializado la citación de uno de los codemandados desde el 25 de noviembre de 2009, fecha a partir de la cual se negó la solicitud de expedición de una Boleta de Notificación en la cual se ordenara la citación de todas las personas que respondieran al nombre de ELIAS GENARO ACOSTA RODRÍGUEZ; desde lo cual han transcurrido más de tres (03) meses. Así pues, considera este sentenciador, de acuerdo a la doctrina antes citada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia y el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que la presente causa se encuentra extinguida.- Y así se decide.
En razón de lo anterior este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Transito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA y en consecuencia PERIMIDO EL PRESENTE PROCESO.-

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y DÉJESE COPIA DE LA PRESENTE DECISIÓN.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en Maiquetía, a los (23) días del mes de marzo del 2010. A los 199 años de la Independencia y a los 150 años de La Federación.-
EL JUEZ,

CARLOS E. ORTIZ F.
LA SECRETARIA,

MERLY VILLARROEL

En la misma fecha de hoy, se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 01:30 de la tarde.
LA SECRETARIA,

MERLY VILLARROEL.

CEOF/MV//Yesi.
Exp. No. 11011