REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
JUZGADO CUARTO DE JUICIO

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio del Estado Vargas
Macuto, 26 de marzo de 2010
199º y 151º

ASUNTO PRINCIPAL : WP01-P-2008-001491
ASUNTO : WP01-P-2008-001491

Corresponde a éste Tribunal emitir pronunciamiento judicial con ocasión a la solicitud interpuesta por la Abogada FRANZULY MARIN APONTE, en fecha 15 de Marzo de 2010, en su carácter de Defensora Pública Penal del acusado WILLY BRITO PAZO AND JOSEPH, de Nacionalidad Venezolana, Natural de Caracas, Distrito Capital, nacido en fecha 16 de Enero 1988, de 22 años de edad, de estado civil Soltero, de profesión u oficio Estudiante, hijo de Zonamiliz Brito (v) y Jerry Gómez (v), residenciado en el Sector Bella Vista, Cerca del Cementerio, Casa Nº 22, la Esperanza, Carayaca, Estado Vargas y titular de la cédula de identidad N° V-18.536.482, mediante la cual manifiesta y requiere, “…en mi carácter de defensora…conforme a lo establecido en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal y los artículos 26 y 44 de nuestra Carta Magna…solicito LA INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de mi defendido, por estar ajustado a derecho…en función de que el plazo de dos (2) años es el límite máximo de PRIVACIÓN DE LIBERTAD o de cualquier otra medida de coerción personal, vale decir, es el tiempo que le legislador ha establecido como el absolutamente necesario para la realización de un proceso. Transcurrido ese tiempo sin que se haya producido sentencia condenatoria definitivamente firme, la Ley presume IPSO IURE, que ha operado el RETARDO PROCESAL INJUSTIFICADO, por lo que procede la INMEDIATA LIBERTAD SIN RESTRICCIONES.
Conforme al Código Orgánico Procesal Penal, no existe ningún delito excluido del retardo procesal injustificado, lo que obliga a los jueces a decidir, aún en los casos en que les proporcione temor a enfrentarse con la verdad. Por consiguiente, cualquiera que sea la gravedad del delito, LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD o cualquier otra medida de coerción personal, cesará por retardo procesal al cumplirse este plazo. No prevé el legislador excepción alguna a este mandato, lo que la convertiría en una pena anticipada…”.

En fecha 04 de Marzo de 2009, el Tribunal Quinto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, admitió la acusación formulada por el Ministerio Público en contra del ciudadano WILLY BRITO PAZO AND JOSEPH, por la comisión del delito de ASALTO A UNIDAD COLECTIVA EN GRADO DE CONTINUIDAD, previsto y sancionado en el artículo 357, primer aparte, en concordancia con el artículo 99, ambos del Código Penal.
Ahora bien, la revisión de las actuaciones nos lleva a verificar que sobre el ciudadano WILLY BRITO PAZO AND JOSEPH pesa una medida de coerción personal restrictiva de la libertad, la cual se ha mantenido vigente desde el día 05 de Marzo de 2008, siendo que en fecha 17 de Marzo del año en curso, se dio término al juicio oral y público en su causa, en el cual se dictó sentencia condenatoria con base a lo establecido en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal.

En este sentido, a objeto de resolver la petición incoada, debe este Tribunal realizar unas breves consideraciones de derecho, doctrina y jurisprudencia, que a continuación se explanan.

El artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que:
“…No se podrá ordenar una medida de coerción personal cuando ésta aparezca desproporcionada en relación con la gravedad del delito, las circunstancias de su comisión y la sanción probable. En ningún caso podrá sobrepasar la pena mínima prevista para cada delito, ni exceder del plazo de dos años…” (Subrayado y negrillas de los decisores).

Sobre esta norma jurídica opina el Dr. Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, lo siguiente:
“…La libertad del imputado deberá ser decretada por solicitud propia, o de su defensor, de cualquier persona y aun de oficio, tan pronto se constate el agotamiento de los límites establecidos en el presente artículo, pues de lo que aquí se trata es de procurar la diligencia en la persecución del delito y no almacenar personas en las cárceles vindicativamente y sin juicio…” (Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, pág. 343).

Visto lo anterior, se entiende entonces, que la ratio legis del artículo 244 del texto adjetivo penal, es precisamente ponerle límites al ius puniendi del Estado, otorgándole un tiempo prudencial para el desenvolvimiento de su labor coercitiva, y que una vez transcurrido el mismo sin que se haya materializado la misma, la consecuencia jurídica es el decaimiento de las medidas de coerción personal, sin que esto signifique IMPUNIDAD.

Tanto es así que la tendencia internacional, también va dirigida a establecer límites temporales a la duración de las medidas de coerción personal, y específicamente a la detención preventiva, como se puede evidenciar de los siguientes instrumentos internacionales:

 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Hombre, artículo 9.3 “…tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad…”.
 Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica, artículo 7.5 “…toda persona detenida…tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad…”
 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XXV, “…todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho a que el juez verifique sin demora la legalidad de la medida y ser juzgado sin dilación injustificada o, de lo contrario, a ser puesto en libertad…”.

Por otra parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha establecido criterios reiterados y pacíficos, que guardan relación con el thema decidendi:
“…Cuando cualquier medida de coerción sobrepasa del término establecido en el artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, ella decae automáticamente...sin embargo, es probable que para asegurar la finalidad del proceso sea necesario someter al imputado a alguna otra medida menos gravosa…” (sent. 1399, 17-07-06) (negrillas de estos decidores).

“…al no existir dilación procesal de mala fe, es dable a la defensa, salvo que el Ministerio Público o el querellante hayan solicitado la prorroga prevista en el segundo aparte del artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, solicitar se decrete automáticamente la libertad del imputado…la defensa del accionante,…debió exigir al referido Juzgado de Juicio decretara su libertad con fundamento en la doctrina establecida por esta Sala, en la decisión antes citada (Sentencia nº 361 de esta Sala, del 24 de febrero de 2003, caso Carlos Javier Marcano González)…” (Sent. 974, 28-05-07).

“…los acusados se encuentran privados de su libertad, de suerte que la comparecencia de los mismos a los actos de su proceso no era, en principio, de la responsabilidad de aquéllos sino de sus custodios…” (sent. 92, 02-03-05).
“…En efecto, es claro que toda medida de coerción personal que se imponga a una persona que esté sometida a un proceso penal, tendrá un plazo máximo de aplicación que no puede exceder de la pena mínima para cada delito ni de dos años. Esa pérdida de la vigencia se traduce en la libertad del imputado o acusado y debe ser proveída, de oficio, por el Tribunal que esté conociendo de la causa.
En tal sentido, si la libertad no es decretada, entonces, el afectado, o su defensa, debe solicitar la libertad, de conformidad con lo que dispone el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal. Si la libertad es negada por el Tribunal que conoce de la causa, ello permite que la parte afectada pueda interponer el recurso de apelación que dispone el cardinal 5 del artículo 447 eiusdem, puesto que esa negativa le produce un gravamen irreparable...” (sent. 809, 04-05-07).


Es por todo lo ya señalado, que en virtud de encontrarse el acusado WILLY BRITO PAZO AND JOSEPH, privado de su libertad desde el día 05 de Marzo de 2008, habiendo transcurrido hasta la presente fecha más de dos años, sin embargo, para darse cumplimiento a lo previsto en el artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, el cese de la medida privativa de libertad; es requisito sine qua non, que no se haya realizado aún el juicio oral y público correspondiente, situación esta que en el presente caso, como ya se dejó asentado más arriba, no opera, de manera que, al existir sentencia definitiva en la presente causa, lo ajustado y procedente es NEGAR la solicitud incoada por la Defensa y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA

En virtud de lo arriba expuesto, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud incoada por la Defensora Pública Penal del ciudadano WILLY BRITO PAZO AND JOSEPH, arriba identificado, en el sentido que se le otorgue la libertad sin restricciones a su patrocinado, conforme a lo previsto en el artículo 244 Código Orgánico Procesal, al haberse dictado sentencia definitiva en la presente causa.

Se declara SIN LUGAR la solicitud interpuesta por la Defensa.

Publíquese, Diarícese y notifíquese.
LA JUEZ,


MARLENE DE ALMEIDA SOARES

EL SECRETARIO,


ABG. LENIN DEL GIUDICE GALEANO