TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y DE PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.
Maiquetía, Veintitrés (23) de Septiembre de 2010.-
Años 200º y 151º

SOLICITANTE: MARGARITA COROMOTO VARGAS RIVAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-6.356.937 y de este domicilio, asistida por la abogada MAGALI BOZO, inscrita en el Inpreabogado con el N° 23.643.

MOTIVO: ACCION MERO DECLARATIVA DE UNIÓN CONCUBINARIA (REGULACION DE COMPETENCIA).

Han subido a esta Superioridad en fecha seis (06) de agosto de 2010, las actas que conforman el presente expediente, relativas a la Regulación de competencia surgida en la Declaración Concubinaria solicitada por la ciudadana Margarita Coromoto Vargas Rivas.

ANTECEDENTES:

Fue presentada ante el Juzgado distribuidor Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, solicitud de acción Mero Declarativa de relación estable de hecho (concubinato), por la ciudadana Margarita Coromoto Vargas Rivas; correspondiéndole el conocimiento de la presente solicitud a ese mismo Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial. Consignaron al respecto, los documentos que consideraron necesarios y pertinentes al caso.

En fecha veintidós (22) de abril de 2010, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia mediante la cual declaró lo siguiente:

“(…)
El presente caso se trata de una ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, presentada por la ciudadana MARGARITA COROMOTO VARGAS RIVAS,…en la cual solicitó mediante dicha acción sea demostrada la relación concubinaria con el ciudadano FERNANDO GUILLERMO PEREZ.
Ahora bien, actualmente fue publicada en Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela Nro. 39.152, de fecha 02 de abril del presente año, Resolución Nro. 2009-0006, en la cual señala que los juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Mercantil y del Transito en la República están experimentando un exceso de trabajo como consecuencia, entre otros aspectos de la falta de revisión y ajuste de la competencia por la cuantía y muy especialmente el gran numero de asuntos de jurisdicción voluntaria y no contenciosa que son requeridos, lo cual atenta contra la eficacia judicial, privando a los justiciables de la obtención de una verdadera tutela judicial efectiva que impone un estado social de derecho y de justicia, así pues, resuelve:
Artículo 3: (…omissis…)
En atención a las consideraciones anteriores observa el Tribunal que la Resolución antes señalada esta vigente a partir de la fecha 02 de abril del 2009, evidenciándose en autos que la ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, presentada por la ciudadana MARGARITA COROMOTO VARGAS RIVAS, fue distribuida en fecha 24 de marzo de de 2010, dándosele entrada en fecha 05 de abril de 2010, y del escrito contentivo de la solicitud se aprecia que no hay sujeto pasivo (Demandado), tampoco existe cuantía, razón por la cual difiere este Juzgador, que la actora pretende que por vía de jurisdicción voluntaria se le declare concubina del ciudadano FERNANDO GUILLERMO PEREZ, en consecuencia a tenor de lo previsto en la resolución N° 2009-0006, son competentes para conocer de toda solicitud de jurisdicción voluntaria, los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial y forzosamente esta instancia, en la dispositiva del presente fallo deberá declinar su competencia por ante el referido Tribunal. Así se establece.
III
DECISIÓN
Por las razones antes expuesta (sic),…DECLINA el conocimiento de la misma por ante el Tribunal de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas…”

Por auto de fecha 27 de mayo de 2010, el Juzgado A-quo, ordenó la remisión de las actuaciones al Juzgado distribuidor de Municipio, a quien por distribución le correspondió el conocimiento de la presente causa, al Juzgado Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, quien le dio entrada en fecha 12/03/10.-

En fecha 30 de Julio de 2010, el Juzgado Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia en los siguientes términos:

“(…)
Trata el caso bajo análisis, de una demanda de ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoada por la ciudadana: MARGARITA COROMOTO VARGAS RIVAS, fundamentada en cuanto a los hechos en que mantuvo una relaciónconcubinaria con el ciudadano: FERNANDO GUILLERMO PÉREZ, desde el mes de Febrero del año 1983, hasta el año 2001, es decir por más de 17 años, de la cual procrearon dos (2) hijos que llevan por nombres Fernando José Pérez Vargas y Guillermo José Pérez Vargas, quienes nacierosn en fecha 19/10/84, y la cual fue continua, pública, pacifica, ininterrumpida y notoria.
…Cursa a los folios 09 al 12, decisión dictada en fecha 22/04/10, por el Juzgado en cuestión, mediante la cual se declaró Incompetente para conocer de la presente demanda, declinando el conocimiento de la misma al Juzgado de Municipio de esta misma Circunscripción Judicial, a quien por distribución le corresponda, fundamentando su decisión en los términos siguientes…
(…)
En tal sentido, el artículo 3 de la Resolución N° 2009-0006, de fecha 18 de marzo de 2009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.152, de fecha 2 de abril de 2009, establece parcialmente lo siguiente:
‘(…omissis..)’
De acuerdo con la resolución ante señalada y a la jurisprudencia antes citada, este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, resulta funcionalmente incompetente para conocer de la demanda de marras…
(…)
En virtud de las disposiciones legales, jurisprudenciales y doctrinales anteriormente explanadas, advierte el Tribunal que por tratarse de una acción contenciosa la autoridad judicial competente para conocer de la demanda de marras, es el Juzgado de Primera Inatancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas; en razón de que en materia de familia, este Juzgado de Municipio sólo es competente para conocer de los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos…
(…)
No obstante los pronunciamientos anteriormente establecidos, es de acotar que el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial, el cual es el Superior común de los Tribunales cuya competencia se ventila en el presente caso, mediante decisión dictada en fecha 13/07/10, dictada en el Expediente N° 2015 (Nomenclatura de ese Juzgado), contentivo del juicio de ACCION MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, incoado por la ciudadana: LINA MERCEDES SÁNCHEZ MORALES, cuyo conocimiento le correspondió al referido Juzgado Superior, en virtud del Conflicto Negativo de Competencia planteado por este Tribunal en dicho caso, con ocasión a la Declinatoria de Competencia efectuada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, estableció su criterio en cuanto a la competencia de los Tribunales para conocer de las acciones Mero Declarativas de Unión Concubinaria, en los siguientes términos: …con el objeto de resolver el conflicto de incongruencia negativa de competencia planteado, el órgano de conocimiento de la solicitud de concubinato requerida a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción y de acceso a la jurisdicción contemplado como atributo de la tutela judicial efectiva en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial…
(…)
…Este Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, considera que es procedente y ajustado a derecho en este caso, plantear de conformidad con lo previsto en el Artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, el conflicto negativo de competencia, y por ende solicitar de oficio la regulación de la competencia, por cuanto la declinatoria planteada por el Juzgado antes señalado, es improcedente, y en consecuencia, no le corresponde a este Juzgado conocer de la presente causa, por tratarse de una ACCIÓN MERO DECLARATIVA DE CONCUBINATO, cuya naturaleza de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia invocadas, es de carácter Contenciosa. Así se decide…”

En fecha 06 de agosto de 2010, esta Superioridad le dio entrada y se reservó el lapso de diez (10) días de despacho para decidir, conforme lo establece el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil.

Previo a los trámites procedimentales, considera esta Superioridad efectuar las siguientes consideraciones.

DE LA COMPETENCIA
El artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, establece:

“Cuando la sentencia declare la incompetencia del juez que previno, por razón de la materia o por el territorio en los casos indicados en el artículo 47, si el Juez o Tribunal que haya de suplirle se considerare a su vez incompetente, solicitará de oficio la regulación de la competencia.”

En ese sentido, atendiendo lo previsto en el artículo 71 eiusdem, el cual prevé:”…En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción…” Pues bien, por ser este órgano jurisdiccional Superior común al Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, y al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, le corresponde, de acuerdo a la regla antes transcrita, conocer el conflicto planteado. Y así se declara.

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN.-

A los efectos concretos de darle respuesta al asunto sometido ante esta Superioridad, es menester señalar, que este Juzgado dictó sentencia en fecha 13/07/2010 en una causa análoga a ésta, es decir; Acción Mero Declarativa de Concubinato, expediente N° 2015, incoado por la ciudadana Lina Sánchez, ante el mismo Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta Circunscripción Judicial, lo que llama la atención a quien este conflicto conoce, debido a que el Juez a quo debió acatar el criterio explanado en dicha decisión proferida por esta Superioridad, en la cual se estableció que son los Juzgados de Primera Instancia los órganos competentes para conocer y decidir sobre las Acciones Mero Declarativas de Concubinato. Sin embargo, con apego estricto al criterio sostenido en la referida decisión, esta Superioridad pasa a formular el siguiente análisis.

Se cita in extensus el fallo dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, Sala Especial Segunda, en fecha 29 de enero de 2010, pronunciado en el Expediente N° AA10-L-2009-000154, en el cual se dejó asentado, lo siguiente: Al respecto, se observa que en anteriores oportunidades esta Sala Plena se ha pronunciado en torno a la competencia para conocer de acciones mero declarativas de reconocimiento de unión concubinaria. En efecto, en sentencia número 39 de fecha 2 de abril de 2008, publicada en fecha 21 de mayo de 2008, (caso:Gadys Florencio Reino), sostuvo que la acción mero declarativa de reconocimiento de la unión concubinaria, es de naturaleza civil, regulada por el Código Civil, en ese sentido señaló lo siguiente:

“…la regulación contenida en el Parágrafo Segundo del mencionado artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, concretamente en cuanto a los asuntos patrimoniales y del trabajo, atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente (…) el conocimiento y decisión de las demandas incoadas con relación a la administración de los bienes y representación de los hijos, es decir, que será de la competencia de la referida jurisdicción especial toda controversia judicial afín a la materia patrimonial, en la cual estén involucrados derechos o intereses los asuntos patrimoniales y del trabajo, atribuye a las Salas de Juicio de los Tribunales de Protección del Niño y del Adolescente (…) el conocimiento y decisión de las demandas incoadas con relación a la administración de los bienes y representación de los hijos, es decir, que será de la competencia de la referida jurisdicción especial toda controversia judicial afín a la materia patrimonial, en la cual estén involucrados derechos o intereses de los niños o adolescentes. Establecido lo anterior, se observa que dicho análisis no encuadra con el presente caso, toda vez que la pretensión ejercida por el actor, se suscribe a obtener la declaratoria de reconocimiento de la unión concubinaria’…para la posterior partición de la comunidad concubinaria…’, lo que no pondría en juego los derechos o intereses de niños y adolescentes alguno.
(…omissis…)
En consecuencia, por tratarse la acción mero declarativa de unión concubinaria, de una acción de naturaleza civil, regulada por el Código Civil, en la que las partes son mayores de edad, y no está afecto directamente el derecho o interés de ningún niño o adolescente que haya que salvaguardar, se declara que el tribunal competente para conocer la presente causa es el Juzgado Décimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide…”

En ese mismo sentido, en sentencia número 79, de fecha 10 de julio de 2008 (caso: Mariela Alejandra Trejo), esta Sala sostuvo que “…la naturaleza de la relación jurídica, objeto de la presente controversia, es meramente civil, ya que como se apuntó anteriormente no se afectan directa ni indirectamente los intereses de los niños habidos en la relación concubinaria, por lo que tal jurisdicción es la competente para conocer de la misma, y no la jurisdicción de protección del niño y del adolescente. En consecuencia, el Juzgado competente es el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas. Así se decide…”

Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada el 11 de julio de 2003, el expediente N° 02-1996-Sent. N° 1900, con ponencia del Dr. JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, publicada en el Tomo 201, de JURISPRUDENCIA DE RAMIREZ & GARAY, le atribuye a los Juzgado Superiores de la misma Circunscripción Judicial, el resolver la regulación de competencia y a los efectos de su aplicación al presente caso, se hace traslado parcial de la misma en los términos siguientes:
“…En el presente caso el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, ordena en forma imperativa, a los Juzgados Superiores de la Circunscripción Judicial de que se trate, el conocimiento del recurso de regulación de competencia. Siendo la competencia el factor que fija límites al ejercicio de la jurisdicción o, como se señala comúnmente, la medida de la jurisdicción, la debida competencia, en nuestro ordenamiento procesal vigente, es un presupuesto requerido para el pronunciamiento de una sentencia válida sobre el mérito; por ello, la sentencia dictada por un juez incompetente es absolutamente nula e ineficaz…”

Doctrinariamente, el Maestro CHIOVENDA, con relación a este particular, enseña, que, la medida de la jurisdicción que puede ejercer cada juez en concreto, se llama competencia; y autores de la talla de MARCOS TULIO ZANZUCCHI, han definido la competencia, en atención a la capacidad general del juez, para ejercer la función determinada, por los requisitos previstos en la Ley, para ser investido de la jurisdicción, mediante una capacidad especial, que puede ser a su vez: objetiva, determinada por la normativa de la competencia, y subjetiva, en razón de las condiciones personales del juez, en relación al objeto de la causa o a los sujetos que intervienen en ella. Cabe destacar que, en sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, nuestro Máximo Tribunal estableció que, los Jueces naturales, son aquellos a que los que la Ley ha facultado para juzgar a las personas, en los asuntos correspondientes a las actividades que legalmente pueden conocer, quienes se supone tengan conocimientos particulares sobre las materias que juzgan; siendo esta característica, vale señalar, la de la idoneidad del Juez, la que exige el artículo 255 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Continúa señalando nuestro máximo Tribunal que, para evitar un caos y ordenar la Administración de Justicia, hay reglas de competencia que se consideran de orden público e inderogable, mientras que hay otras que no lo son; encontrándose la competencia por la materia entre las primeras. (Sentencia de la Sala Constitucional del 18 de Abril de 2001, con ponencia del Magistrado JESÚS EDUARDO CABRERA ROMERO, expediente N° 00-2448, sentencia N° 559).

El tratadista AMADÍS CAÑIZALES PATIÑO, en su obra “Introducción al Derecho Procesal Civil I”, señala que, entre las características de la competencia, tenemos: 1.- El que es de naturaleza procesal, por cuanto constituye uno de los presupuestos procesales para la validez del proceso; 2.- Es inderogable, porque las partes no pueden derogar los limites de la competencia; 3.- Es indelegable, por cuanto el juez o jueza a quien se encuentre atribuida la competencia por razón de la materia, cuantía o territorio no la puede transferir o delegar; 4.- Es de orden público, porque no puede ser derogada por convenio de los particulares, salvo excepciones legales; y 5.- Es concurrente porque las diferentes formas en que se manifiesta (materia, cuantía y territorio) todas ellas deben confluir en el tribunal determinado.

Siendo que al regularla, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, dispone: “La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan”.

Nuestro ordenamiento procesal ha establecido dos formas de plantearse la regulación de competencia, una, cuando un Juez decide sobre su competencia para conocer un asunto y las partes solicitan la regulación de la competencia, lo que exige como presupuesto en este caso la existencia de una sentencia y la otra la regulación de oficio, establecida en el artículo 70 del Código de Procedimiento Civil, que es el caso donde el Juez que inicialmente conoce de la causa declara su incompetencia en razón de la materia y del territorio en los supuestos del artículo 74 eiusdem, y posteriormente el Juez considerado competente, a su vez se considera incompetente, presentándose de esa manera un conflicto de competencia por el disentimiento entre jueces.

En el caso bajo estudio, el Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, en su sentencia de fecha 22 de abril del presente año, declara su incompetencia en razón de la Resolución N° 2009-0006, publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N° 39.152, de fecha 02 de abril de 2009, en su artículo 3 que señala lo siguiente:
“Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando incólume las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.

Considerando que el presente asunto se trata de una solicitud donde se aprecia que no hay sujeto pasivo (Demandado), tampoco existe cuantía, por lo que a su decir, y en aplicación a la resolución antes transcrita, los tribunales competentes para conocer de toda solicitud de jurisdicción voluntaria, son los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial.

A su vez, el Juzgado Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial, en sentencia de fecha 30 de julio del presente año, declara su incompetencia para conocer del presente asunto, en virtud de que en el caso bajo estudio, la ciudadana Margarita Coromoto Vargas Rivas, aspira el reconocimiento de la supuesta comunidad concubinaria que según su sola afirmación, existió entre ella y el ciudadano Fernando Guillermo Pérez, aspirando obtener impretermitiblemente un pronunciamiento judicial con categoría de cosa juzgada, previa sustanciación de un verdadero juicio contradictorio en que se garantice la tutela judicial efectiva y el debido proceso.

Que de acuerdo a la resolución antes mencionada, y a la jurisprudencia ya citada, ese juzgado resulta incompetente para conocer de la demanda de marras, pues la competencia de los Juzgados de Municipio quedó modificada para conocer de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa, en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, no siendo éste el caso, ya que se trata de un verdadero juicio contradictorio.-

Ahora bien, de acuerdo a los planteamientos antes señalados, considera esta Juzgadora que el presente asunto se trata de una acción mero declarativa de unión concubinaria, por lo que la misma es de naturaleza eminentemente civil, y en tanto y en cuanto, las partes sean mayores de edad y no se involucren los intereses de niños, niñas y adolescentes la competencia para su conocimiento corresponderá a los tribunales civiles.

Aunado a lo anterior, en virtud que eventualmente una solicitud de declaración judicial concubinaria puede generar contención, y por ende, como consecuencia de las alegaciones y defensas de los conflictuantes dar paso a la sustanciación de las fórmulas probáticas allegadas al proceso para demostrar sus respectivas afirmaciones de hecho, lo que devendría en una sentencia que, una vez agotadas contra ella todos los recursos ordinarios y extraordinarios, produciría los efectos de la cosa juzgada, por lo que esta superioridad comparte el criterio planteado por la Jueza del Juzgado Cuarto de Municipio de esta Circunscripción Judicial. Y así se declara.-

En consecuencia, a tenor de los elementos reguladores y jurisprudencias, con el objeto de resolver el conflicto de incongruencia negativa de competencia planteado, el órgano de conocimiento de la solicitud de concubinato requerida a la jurisdicción en ejercicio del derecho de acción y de acceso a la jurisdicción contemplado como atributo de la tutela judicial efectiva en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe ser el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, quien en lo sucesivo deberá mantener este criterio en casos análogos que se le presenten. Y así se declara.-
DECISION.-
Por todos los razonamientos antes expuestos, y en fuerza de los argumentos vertidos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la Ley, declara: Que el Juzgado COMPETENTE para conocer del presente asunto, es el JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO VARGAS.-
Se ordena oficiar al Juzgado Cuarto de Municipio de la Circunscripción judicial del Estado Vargas, a fin de remitirle copia certificada de la presente decisión. Asimismo se le ordena remitir las actuaciones al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial.-
Se ordena remitir el presente expediente al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Agrario de esta Circunscripción Judicial, a fin que el Juicio continuo su curso legal.-

No se hace pronunciamiento sobre costas procesales por no existir prejuzgamiento sobre el derecho material, ya que se trata de una decisión ordenatoria del procedimiento para preservar el “debido proceso”

PUBLIQUESE Y REGISTRESE.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescente de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil diez (2010).
LA JUEZA SUPERIOR

DRA. MARIA CAROLINA MARIOTTO ORTIZ

LA SECRETARIA

Abg. MARYSABEL BOCARANDA
En esta misma fecha, veintitrés (23) de septiembre de 2010, siendo las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde (2:55 p.m.), se publicó y se registró la anterior decisión, dejándose copia de la misma en el copiador de sentencia de este Tribunal.
LA SECRETARIA

Abg. MARYSABEL BOCARANDA