REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE


JUZGADO DE LOS MUNICIPIOS INDEPENDENCIA Y LIBERTAD DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA.

201º Y 152º
EXPEDIENTE Nº 2098/2011

PARTE DEMANDANTE: La ciudadana SUSI ANDREINA MALDONADO GUALDRON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.206.805 y domiciliada en el Municipio Independencia del Estado Táchira.

PARTE DEMANDADA: El ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.099.887 y con domicilio en el Municipio Independencia, Estado Táchira.

MOTIVO: FIJACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCION A FAVOR DE NIÑO (A) EN GESTACIÓN.


PARTE NARRATIVA

A los folios 1 y 2, corre inserto escrito de solicitud presentada por la ciudadana SUSI ANDREINA MALDONADO GUALDRON, de fecha 14 de abril de 2011, mediante el cual demanda al ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, por obligación de manutención del bebe que espera, la cual solicitó se fijara en la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA BOLIVARES MENSUALES (Bs. 450,00), para la época de navidad la cantidad de SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 700,00), más el 50 % de gastos médicos y de medicina. Afirma la solicitante que tiene cinco meses de embarazo y que el referido ciudadano no quiere ayudarla con los gastos que van de exámenes médicos hasta vitaminas. Anexó recaudos, cursantes a los folios 3 al 4.

Al folio 5, corre agregado auto de fecha 25 de abril de 2011, mediante el cual se admite la solicitud de Obligación de Manutención presentada por la ciudadana SUSI ANDREINA MALDONADO GUALDRON; se acordó la citación del ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ para lo cual se libró exhorto al Juzgado de los Municipios Cárdenas, Guásimos y Andrés Bello del estado Táchira y la Notificación del Fiscal del Ministerio Público competente.

Al folio 9, corre agregada diligencia suscrita por el Alguacil de este Tribunal, ciudadano MARTÍN CONTRERAS, mediante la cual consigna Boleta de Notificación del Fiscal 13 del Ministerio Público, debidamente firmada (folio 10).

Del folio 11 al 16, rielan actuaciones relativas con la citación de la parte demandada ante el Juzgado Comisionado y se agregan con auto de fecha 15 de julio de 2011.

Al folio 17, corre inserta Acta de fecha 20 de julio de 2011, mediante la cual siendo el día y hora fijados para la celebración del Acto Conciliatorio, las partes no se hicieron presentes ni por sí, ni por medio de apoderados, en virtud de lo cual se declaró desierto el acto y de conformidad con el Artículo 517 de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, se abrió el lapso probatorio.

Al folio 18, riela diligencia presentada en fecha 01 de Agosto de 2011, por el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, a través de la cual argumentó que no pudo asistir al acto conciliatorio por razones laborales, que tiene otro núcleo familiar con la ciudadana LAURA CARRERO y un niño de nueve años llamado CRISTHIAN CONTRERAS CARRERO y que además tiene otro hijo que no ha reconocido de nombre ALEJANDRO BARRERA, que trabaja en la línea de SERVITAXI LAS VEGAS, con un salario diario de Bs. 70, 00 a Bs. 80,00 y que paga un alquiler porque no tiene vivienda propia. Por estas razones ofreció la suma de Bs. 250,00 mensuales y Bs. 500,00 en navidad, asimismo, se comprometió a sufragar los gastos del parto.

Al folio 19, riela escrito de pruebas presentado en fecha 02 de Agosto de 2011, por el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, a través del cual produjo documentales que rielan del folio 20 al 23, las cuales fueron admitidas por auto de fecha 02 de Agosto de 2011, folio 24.

PARTE MOTIVA

ESTE TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:

1º CONFESIÓN FICTA DEL OBLIGADO ALIMENTARIO:

De las actas procésales se desprende, que el obligado alimentista fue debidamente citado para celebrar el acto conciliatorio con la solicitante; sin embargo, en la oportunidad fijada para llevar a cabo dicho acto, no se hizo presente ni por sí, ni por intermedio de apoderado. De igual manera, tampoco acudió durante el lapso de pruebas, por lo cual no expuso sus excepciones y defensas en ninguna oportunidad, tal como lo señala el artículo 516 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

De manera que, ante la rebeldía presentada por el obligado alimentario en ejercer su derecho a la defensa, resulta aplicable lo previsto en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil el cual nos indica:

“Si el demandando no diere contestación a la demanda dentro de los plazos indicados en este Código, se le tendrá por confeso en cuanto no sea contraria a derecho la petición del demandante, si nada probare que le favorezca”.

En el presente caso, el demandado debió acudir al acto conciliatorio o en su defecto, dar contestación a la demanda incoada en su contra; sin embargo no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial. En virtud de la inasistencia del accionado a dar contestación a la demanda dentro de su oportunidad, le es aplicable la normativa de la ley adjetiva civil, relativa a la confesión ficta del demandado; así tenemos el criterio de nuestro máximo Tribunal en Sala de Casación Civil, en reiteradas sentencias ha enumerado las circunstancias que deben concurrir para que se produzcan los efectos atribuidos por la Ley a la Confesión Ficta, estableciendo:

“… Conforme a lo anterior, es ineludible que el juez examine tres (3) situaciones, a saber: a) Que el demandado no diere contestación a la demanda; b) Que la demanda no sea contraria a derecho, o sea que la acción propuesta no esté prohibida por la ley, sino por el contrario amparada por ella; y c) Que nada probare que le favorezca, es decir, que el demandado no haya ejercido su derecho a promover y evacuar las pruebas que le favorezcan, o aun cuando las hubiese presentado y evacuado, no sean capaces de desvirtuar las alegaciones de la demandante (sentencia de fecha 27 de agosto de 2004)…” (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, año 2005, Pág. 586).

En el caso bajo estudio, se observa que el demandado se encontraba en conocimiento de la demanda interpuesta en su contra, no obstante ello, asumió una actitud de franca rebeldía, toda vez que dentro de la oportunidad de dar contestación a la misma, es decir el día 20 de julio de 2011, no se hizo presente ni por sí, ni por medio de apoderado judicial, con lo que se configuró el primer requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, por no haber dado contestación a la demanda dentro del lapso previsto en el artículo 514 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

Con respecto al segundo requisito de la norma, para que proceda la confesión ficta, abierta la causa a pruebas, la parte demandada no probó nada que le favoreciera y tampoco alegó el caso fortuito o la fuerza mayor que le hubiese impedido dar contestación a la demanda, si tal fuera el caso, configurándose otro de los requisitos de la norma invocada.

Por último, acerca del tercer requisito, se observa que la pretensión de la demandante no sólo no es contraria a derecho, sino que está amparada por la legislación especial que regula los derechos de los niños, niñas y adolescentes, normas que tienen el carácter de orden público.

Conforme con lo antes expuesto, es criterio de quien juzga que se encuentran llenos los extremos exigidos por el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil, para que el demandado SEA DECLARADO CONFESO. Y ASÍ SE DECIDE.


2º PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN:

La obligación de manutención en palabras del Dr. Raúl Sojo Bianco, es “… el derecho y correlativa obligación legal que tiene por objeto proporcionar a una persona necesitada, por parte de su pariente, los medios necesarios para su manutención y sobrevivencia…”, (Apuntes de Derecho de Familia y Sucesiones, página 58).

Este derecho que está previsto en beneficio de los niños, niñas y adolescentes, en los términos de la norma contenida en el artículo 365 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, comprende:

“… todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deportes, requeridos por el niño y el adolescente”.

Ahora bien para que sea procedente la exigencia del derecho de alimentos, entre el beneficiario y el obligado debe existir el vínculo parental, habida cuenta que es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, así lo prevé el artículo 366 de la Ley bajo estudio, al señalar:

“La obligación de manutención es un efecto de la filiación legal o judicialmente establecida, que corresponde al padre y a la madre respecto a sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad...”. (Subrayado de este Tribunal)

La norma transcrita ha sido analizada por el Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de la Sala Constitucional de fecha 23 de abril de 2003, con ponencia del magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, donde se señaló lo siguiente:

“…Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del adolescente, se estableció de manera expresa el carácter de orden público de los derechos y garantías de los niños y adolescentes. Igualmente, se instituyó el interés superior del niño como principio interpretativo para su aplicación y como garantía del desarrollo integral de los mismos.
…En tal sentido el artículo 366 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente es concordante con el Código Civil Venezolano, cuando establece que la obligación alimentaria es una consecuencia de la filiación legal o judicialmente declarada…”. (Jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, Oscar Pierre Tapia, Tomo 4, Abril de 2003, página 207 y siguientes)

A la luz de los criterios expuestos, entra esta juzgadora a determinar si en el caso de autos, se constata la existencia del primer requisito de procedencia, al respecto se observa que en el presente caso no se puede verificar mediante instrumento público la filiación de feto dada su condición, Sin embargo el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, no negó expresamente su condición progenitor, sino que por el contrario, realizó un ofrecimiento respecto con la obligación de manutención solicitada en su contra.

De esta forma resulta aplicable el contenido del artículo 367 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, que en su literal b) establece lo siguiente:

“La Obligación de Manutención procede igualmente, cuando:

b) La filiación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de éste, que conste en documento auténtico…”.

Aplicando la norma al caso bajo estudio, considera esta administradora de justicia que la filiación del niño (a) en gestación se desprende de la declaración efectuada por el demandado al folio 18 (diligencia de ofrecimiento), por tanto, corresponde a quien juzga determinar si se cumplen los otros dos requisitos de procedencia; y al efecto, considera esta sentenciadora que cuando se trata de alimentos a favor de niños, niñas o adolescentes, no hace falta probar el estado de necesidad del reclamante, pues, por mandato de la Ley, ellos tienen derecho a recibir alimentos de sus progenitores, tal como lo señala el artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al indicar:

“El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos e hijas… La Ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria.”

Finalmente, debe verificarse si el obligado tiene posibilidades económicas de proporcionar al reclamante los recursos suficientes que se le pidan, conforme se desprende del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente:

“El juez debe tomar en cuenta, para la determinación de la obligación de manutención, la necesidad e interés del niño, niña o del adolescente que la requiera y la capacidad económica del obligado”

En consonancia con lo anterior, el artículo 294 del Código Civil, dispone:

“Para fijar los alimentos se atenderá a las necesidades del que lo reclama y al patrimonio de quien haya de prestarlo”.

Por lo que respecta a la capacidad económica del obligado, observa esta operadora de justicia que de las actas procésales se verifica dicho requisito, ya que al folio 21, riela comunicación emanada la línea SERVI TAXI LAS VEGAS, TARIBA, de los cuales se verifica que el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, V- 14.099.887, en dicha línea devengando un salario básico de UN MIL SETECIENTOS BOLIVARES (Bs. 1.700,00) MENSUALES, a dicho instrumento se le confiere valor probatorio de conformidad con lo previsto en los artículos 8 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente.

Ante estos hechos y en base a las normas antes señaladas, se concluye que el criterio “INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, NIÑA Y DEL ADOLESCENTE”, constituye un principio de interpretación y aplicación de obligatorio cumplimiento para las decisiones que conciernen a niños, niñas y adolescentes, por lo que este Tribunal procede a determinar el INTERÉS SUPERIOR del beneficio de autos, para emitir su pronunciamiento a cerca de la Fijación de la Manutención.

Dentro de este marco, observa esta sentenciadora que en fecha 01 de Agosto de 2011, el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, realizó un ofrecimiento de la obligación de manutención de su hijo por nacer, estimándolo en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs. 250,00) mensuales y en navidad la suma de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00), además de cancelarle el 50% de los gastos del parto.

Observa esta sentenciadora que a pesar de que su comparecencia es extemporánea por haberse presentado fuera del lapso legal y sus alegatos no son objeto de valoración, el ofrecimiento realizado por el padre es acorde con su capacidad económica y está dirigido en beneficio de su hijo; por lo que, resulta procedente acordar las cantidades ofrecidas, habida cuenta que la madre no aportó elementos de convicción que permitieran determinar que la capacidad económica del alimentista era superior y suficiente para acordar los montos solicitados. Y ASÍ DE DECLARA.

Aunado a ello, debe esta sentenciadora resaltar que para establecer el elemento relacionado con la capacidad económica del demandado de autos, deben revisarse las erogaciones que pesan sobre su patrimonio, en especial la obligación que tiene de proveer alimentos a otras personas distintas a los reclamantes; en este sentido, el artículo 373 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, establece lo siguiente:


“Equiparación de los hijos e hijas para cumplirse la obligación. El niño, niña y adolescente que, por causa justificada, no habite conjuntamente con su padre o con su madre, tiene derecho a que la obligación de manutención sea, respecto a él o a ella, en calidad y cantidad igual a la que corresponde a los demás hijos o descendientes del padre o de la madre que convivan con éstos.” (Subrayado del Tribunal).

Quedó demostrado de las actas procesales que el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, tiene otro hijo el niño CRISTHIAN XAVIER, cuya filiación consta en el acta de nacimiento que riela inserta al folio 20 del presente expediente, por tanto, no puede cercenársele el deber de cumplir con los gastos a que está obligado como efecto de la filiación, y a este hijo, el derecho a recibir alimentos de su progenitor. Y ASÍ SE DECIDE.

En consecuencia, tomando en cuenta los presupuestos procesales tanto de hecho como de derecho y en los términos de los artículos 8, 365, 366 y 369 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente, determina esta Juzgadora que deben garantizarse los derechos que tiene el beneficiario de autos de vivir en condiciones que le permitan llegar a su normal desarrollo biológico, psíquico, moral y social, dentro de un ambiente de seguridad amparado por sus progenitores, por lo que considera quien aquí juzga, que es procedente la acción intentada por la ciudadana SUSI MALDONADO GUALDRÓN, por lo cual debe ser declarada parcialmente con lugar. Y ASI SE DECLARA.

PARTE DISPOSITIVA

Por los razonamientos expuestos, este Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY y en virtud del INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO (A) EN GESTACIÓN, DECLARA:

PRIMERO: LA CONFESIÓN FICTA del ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.099.887 y con domicilio en el Municipio Independencia, Estado Táchira, de conformidad con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil.

SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de OBLIGACIÓN DE MANUTENCION presentada por la ciudadana SUSI ANDREINA MALDONADO GUALDRON, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.206.805 y domiciliada en el Municipio Independencia del Estado Táchira, contra el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, ya identificado.

TERCERO: CON LUGAR el ofrecimiento realizado por el ciudadano GENRRI CONTRERAS SANCHEZ, en la oportunidad en que se hizo presente en fecha 01 de Agosto de 2011.

CUARTO: SE FIJA LA OBLIGACIÓN DE MANUTENCION en la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA BOLÍVARES (Bs.250,00) MENSUALES, los cuales deberá depositar el obligado alimentario en la cuenta de ahorros que este Tribunal ordenará abrir para tal fin, a partir del mes de Agosto de 2011.

QUINTO: En cuanto a los gastos de la temporada navideña, se fija una cuota extraordinaria, en la cantidad de QUINIENTOS BOLÍVARES (Bs. 500,00), adicional a la cuota ordinaria mensual.

SEXTO: En cuanto a los gastos de asistencia médica, medicinas y nacimiento del bebé, éstos serán compartidos por ambos padres, es decir el 50% de los mismos cada uno.

Regístrese, publíquese y déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del Tribunal.

Dada, firmada, sellada y refrendada en la sala de Despacho del Juzgado de los Municipios Independencia y Libertad de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, en Independencia, a los diez días del mes de agosto de dos mil once. AÑOS: 201º de la Independencia y 152º de la Federación.
LA JUEZA TEMPORAL,

ABG. BETTY YAJAIRA VARELA MÁRQUEZ
LA SECRETARIA,

ABG. MAURIMA MOLINA COLMENARES
En esta misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo la (s) ________, quedando registrada bajo el N° _______, se dejó copia certificada para el archivo del Tribunal.
Abg. Maurima Molina /Secretaria
Exp. Nº 2098/2011
BYVM/mcmc.
Va sin enmienda.